Cada vez aparecen más informaciones, informes y análisis sobre el SENASA que revelan la existencia de un tramado de personas que cometen fraudes millonarios operando desde adentro y afuera de la institución, generando déficits financieros lamentables y erosionando la credibilidad y el buen nombre de la ARS pública. Más allá de la exactitud de las denuncias y evitando politizar el problema, esta penosa situación nos obliga a algunas reflexiones a la luz de las propuestas de reforma de la Ley 87-01 de Seguridad Social:
- Queda clara la existencia de bandas de mafiosos integrada por empleados y exempleados dedicados a sistematizar fraudes millonarios contra el Seguro Familiar de Salud (SFS), con la complicidad de una minoría muy activa de médicos, farmacias, clínicas y centros de diagnósticos;
- Esta conspiración contra el equilibrio del SFS no se limita sólo a la ARS pública, es muy frecuente también en las ARS privadas y en las ARS autoadministradas, aunque el mayor escándalo haya estallado en la primera por su volumen y por la complicidad interna;
- Estos actos delictivos sistematizados, por sí solos, demuestran la necesidad vital de la función de administración del riesgo de salud (ARS) para, entre otras funciones, detectar los fraudes, las sobrefacturaciones de análisis, estudios y prescripciones innecesarias y fantasmas, así como el robo de identidad de reales y supuestos afiliados;
- Que ante esta realidad concreta y una larga tradición de corrupción e impunidad pública y privada, las propuestas del otorgamiento del monopolio público tanto de la administración como de la prestación de los servicios, no garantizan ningún beneficio para la población porque solo actuarían los fraudes, la corrupción administrativa, el clientelismo y las presiones de gremios profesionales;
- Que la fórmula mixta incluida en la ley 87-01 basada en la competencia regulada entre las ARS públicas y privadas en igualdad de condiciones, si bien no es perfecta, al menos garantiza la libre elección de los afiliados, evita la entronización de monopolios públicos ineficientes, politizados y burocratizados y le transfiere al afiliado el poder de decidir sobre la asignación de los recursos, de acuerdo al nivel de desempeño y a la satisfacción de sus necesidades.
APRENDAMOS DE ESTA DOLOROSA EXPERIENCIA, Y FORMULEMOS JUNTOS PROPUESTAS VIABLES Y SOSTENIBLES ELIMINANDO LOS PRIVILEGIOS, EXCLUSIONES Y DISTORSIONES EXISTENTES, A FIN DE ACERCARNOS CADA VEZ MÁS A UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL MÁS INTEGRAL Y SOLIDARIO.
