“Una sociedad que no puede consensuar una base objetiva para la discusión o la toma de decisiones, no puede progresar. No puede haber leyes ni votos, ni gobierno, en ciencia, ni democracia sin una interpretación común de lo que es verdad y lo que no lo es. Por supuesto, esa base objetiva común no es más que el principio. Las sociedades sin voces independientes, capaces de cuestionar o examinar tampoco son dignas de envidia”. (Alan Rusbridger).
La nuestra es una sociedad que se mueve de tumbo en tumbo, zigzaguea sin visión natural y de futuro. No existe, allí donde impera la naturaleza humana, los fenómenos lineales, empero, el corpus político –social nuestro constituye el amplio espectro del pasado como sombra que trata de eclipsar el futuro, ocultando el presente en su entera realidad. El vacío es el acantilado que nos fragua en el círculo perpetuo de un mañana sin actores.
En nuestra formación social, cuando nos adentramos en el camino de los cambios políticos-institucionales, en el cuerpo doctrinario del aparto jurídico político, la auscultación queda develada: hemos diseñado en las últimas tres décadas las más grandes mutaciones en la esfera de la superestructura. Decenas y decenas de leyes, de pautas de control, de regulación, que deberían haber configurado un poder decisional y posicional más acorde al plano del clivaje institucional bosquejado.
La cultura política definida como “El conjunto de valores, creencias, orientaciones, actitudes, prácticas y tradiciones políticas de los integrantes de una sociedad que regulan y dan significado a la vida política y a la actividad del gobierno”, en gran medida, las acciones políticas de cada uno de nosotros, vienen interpeladas, tienen como puente, la cultura política. Esta opera como un mantra de subjetividad merced, al mismo tiempo, de la operación psicológica de cada ser humano, en función de una praxis social-cultural-institucional. La cultura política como tal trasciende las meras actitudes y aptitudes, incluso, va más allá per sé de la ideología porque se cimenta de manera global y enraizada en el corpus cultural institucional de cada sociedad.
Vale decir, la cultura política no opera en el vacío. Es el resultado de una sedimentación y cimentación de lo que somos y vemos en el entorno. El modo en que uno ve que se usa o abusa del poder es lo que finalmente hacemos. La cultura política se inocula a lo largo de todo un proceso de socialización. Cultura política y comportamiento político quedan entrapadas conceptualmente, sin embargo, hay diferencias. La cultura política trasciende al comportamiento, a la conducta política, que es de naturaleza más objetiva y no dimana necesariamente ni mucho menos deriva, pues el comportamiento político se mueve en la tierra movediza de los intereses y de las individualidades que configuran la personalidad de cada sujeto social.
En nuestra sociedad el sistema político, por la visión retrograda del poder, subordina la cultura política como entramado distintivo, como la marca diferenciadora de patrones culturales que se dibujan, desdibujan y se trastocan en las avenidas de nuevos paradigmas. Es decir, la sociedad viene cambiando su fisonomía económica y social, empero, la conducta política, el comportamiento político, sigue siendo el reflejo del pasado.
La cultura política, como aura de una dimensión de la cultura, no coadyuva en Dominicana a solidificar los alcances normativos. Las normas no van cobrando espacios, ni siquiera como fisuras, en el campo de la cultura política, truncando y trastocando una cultura tradicional. Por eso la necesidad de nuevos actores políticos, sociales, que hagan más fácil, más viable y expedito una nueva cultura política donde la democracia interna, la circulación de las elites partidarias y la concepción del poder sean distintas. Veamos:
En Dominicana la cultura política se hace difícil de disminuir por el peso del personalismo y del caudillismo, hoy como ayer. ¿Cómo cambiar una cultura política que le dio éxito a actores políticos que son forja y reducto de la guerra fría, que nacieron en los años 50 del siglo pasado? La partitocracia nuestra conforma una clase política con una dominación y hegemonía de hace más de 30 años. Emergen nuevos actores, no obstante, el hegemonon es tan dilatado que niegan en sus praxis un nuevo relacionamiento que conduzca a una cultura política más eficaz, con más estabilidad, con más proyecto de nación.
La cultura política, que en función de la conducta política ha propiciado la elite política, niega la transparencia y singulariza la opacidad. Tienen como eje medular la asunción del poder como mecanismo individualizador de lo que le es dable a ellos e impedimento a los demás. Son la expresión viva de lo que el gran gurú de la gerencia y quien fuera el más alto ejecutivo de la General Electric, Jack Welch, dijera una vez “Para algunas personas, convertirse en líder puede ser una verdadera inyección del poder. Les encanta la sensación de control tanto sobre la gente como sobre la información. Y por tanto guardan secretos, revelan poco de lo que piensan sobre las personas y su rendimiento, y ocultan lo que saben sobre el negocio y su futuro. Este tipo de conducta sin duda establece al líder como jefe, pero reduce la confianza por parte del equipo”.
Las normas, reglas, leyes que nos hemos dado no se han alineado con la cultura política en su estructura ni como eje de ser variable dependiente e independiente en el desarrollo del comportamiento político. Hay, por así decirlo, un verdadero abismo entre las normas y la cultura política. Esto quiere decir que leyes, normas, reglas no se logran incorporar a un nuevo salto en la cultura política, cuando lo importante es repensar y rupturar la vieja cultura política e ir incorporando nuevas interactuaciones, nuevos tipos de relacionamiento como virgen y origen de un nuevo direccionamiento, que deberían pautar un nuevo modus operandi.
Cuando cultura política, normas y abismo se recrean, la atomización, la fragmentación se convierte en el eje nodal de la praxis política del sistema de partidos, cayendo a veces en el lodazal, instituciones llamadas a fortalecer una nueva dinámica de la cultura política. Veamos algunos ejemplos de leyes inobservadas que nos dificultan la existencia como sociedad. Observemos:
- En el 2020 la Junta Central Electoral, a la luz de la Ley 33-18 de Partidos políticos, evacuó la resolución que tenía que ver con la distribución del dinero público con respecto a las elecciones del 2020. Dictaminó que solo dos partidos (PRM y PLD) quedarían en la categoría de grandes, con más del 5% y, por lo tanto, solo a esos dos les tocaba el 80% como señala el artículo 61: “Distribución de los recursos económicos del estado. La distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos, se hará conforme al siguiente criterio: 1) Un ochenta por ciento (80%), distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en la última elección…”. Fuerza del Pueblo (FP) y PRD en el 2020 no les tocaba la asignación del 80%, a la luz de la ley 33-18. Sin embargo, apelaron ante Tribunal Superior Administrativo quedando entonces como partidos grandes y existiendo otra instancia: Tribunal Superior Electoral.
- Lo que hizo el PLD, que diseñó una primaria interna, prohibida por la Ley. Sin embargo, esa primaria interna fue finalmente vinculante en la elección del partido. Fue en esa primaria, no institucional a la luz de la ley, que ganó Abel Martínez.
- La Ley 33-18 de Partidos políticos contempla cuándo los partidos, movimientos y agrupaciones políticos deben comenzar el periodo de precampaña o campaña interna. Está estipulado en el artículo 40 y artículo 41. Calendarizando las mismas: Julio del año anterior a las elecciones generales y Municipales. La Presidencial, la Junta realiza una Proclama 70 días antes, mínimo. No obstante, todo lo estipulado, los partidos hacen campaña permanentemente, eternamente.
- El Reglamento del 22 de mayo de la Junta Central Electoral. Un canto a la desarmonía y la disfunción. Nadie niega la potestad que tiene el órgano electoral de reglamentar todo lo atinente a su ámbito de competencia. Sin embargo, no puede reglamentar lo que las dos leyes que le sirven de paraguas contemplan ni tampoco vulnerar la Constitución. El Reglamento viola el artículo 216 de la Ley 20-23. En ese artículo solo habla de ocho días antes de las elecciones, las prohibiciones de la divulgación de las encuestas. Desde el TITULO IX, de las encuestas y sondeos de opinión electoral que van desde los artículos 212 hasta el 216. El Reglamento aborda los referidos artículos y amplia con más rigor las encuestas que se realicen en el país. El Reglamento viola el artículo 41 de la Ley 33-18 de Partidos y “subvierte e inobservan” los artículos 49, 50, 73 y 74.2 de la Constitución, y, por ende, el 6 que señala que toda ley, decreto y resolución contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho. Obviamente, no se puede reglamentar por encima del marco normativo establecido.
Si miramos los resultaos electorales emitidos por la Junta Central Electoral del 2020 y del 2024 y comparamos con las firmas encuestadoras que divulgaron “sus estudios”, nos damos cuenta que muchas no fueron profesionales y que técnicamente no usaron este instrumento científico para captar “realmente” la percepción del electorado. Hay firmas encuestadoras que se desviaron con márgenes de error grotescos, que parecía que estaban “midiendo” cualquier cosa y en cualquier país, menos las elecciones dominicanas en ese interregno.
