SANTO DOMINGO, R.D.– Entender que el aprendizaje no solo ocurre en los libros, sino también a través del movimiento, es la premisa con la que el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) realizó el taller especializado “La mirada puesta en los reflejos”. Esta capacitación busca dotar a los maestros de educación física y nivel inicial de herramientas de vanguardia para mejorar el desarrollo de sus alumnos.

La jornada, liderada por la Dra. Paulina Buck, experta en neurorehabilitación visual, se centró en cómo los procesos visuales impactan directamente en la conducta y la capacidad de aprendizaje de los niños desde sus primeros años.

El movimiento como base de la vida

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la intervención de Ninoska Rondón, directora de “Kid’s Fitness” y anfitriona del evento, quien recordó que la psicomotricidad es el motor que impulsa el desarrollo humano desde antes de nacer.

“El movimiento lo es todo. Desde la primera patadita en el vientre materno hasta la vida adulta, nuestra capacidad de aprender, hablar y pensar depende de cómo nos movemos”, explicó Rondón.

La especialista enfatizó que entre los 0 y 6 años el cerebro vive un periodo crítico de conexiones neuronales. Una estimulación adecuada en esta etapa permite que el cerebro se organice correctamente, facilitando tareas futuras que van desde la marcha cruzada hasta el pensamiento complejo y el éxito en los deportes.

Aulas de motricidad: Del taller a la práctica

Para el INEFI, esta alianza estratégica representa un paso firme en su proyecto de “Aulas de Motricidad». El profesor Jacobo Moquete Guzmán, encargado de Proyectos Pedagógicos del Nivel Inicial, señaló que el objetivo es que el maestro sepa exactamente qué hacer cuando tiene al niño frente a los recursos didácticos.

“Esta capacitación nos indica qué técnicas utilizar para que el desarrollo de la motricidad fina y gruesa sea armónico e integral desde los dos años de edad”, afirmó Moquete Guzmán.

La actividad contó también con la presencia del director docente del INEFI, Orlando Taveras” reafirmando el compromiso institucional con la actualización constante del personal docente.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras valorar diferentes pruebas presentadas por el Ministerio Público, los jueces de un tribunal de Santo Domingo Oeste condenaron a 20 años de prisión a un hombre procesado por cometer robo con violencia en perjuicio de dos ciudadanos, en el sector Bellas Colinas, de Manoguayabo.

El sentenciado, Erick Antonio Peralta Ortega, se presentó el 23 de junio del 2025 en la calle Central del referido sector, portando un arma de fuego tipo pistola, con la cual hirió en el hombro y pierna izquierda a la víctima para despojarlo de su celular. El procesado cometió el hecho delictivo junto a otros dos hombres que se encuentran prófugos.

La fiscal Olivia Sosa, quien investigó y fundamentó la acusación, detalló que el procesado también despojó de tres celulares a otra persona que se encontraba en compañía de la víctima del asalto.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Francheska Alcántara y Brenda Reyes, presentó un video, el cual fue analizado por un perito digital que muestra la escena del asalto, así como otros elementos de prueba, incluyendo un certificado médico y los testimonios de las víctimas. 

Al demostrar la acusación contra Peralta Ortega, el Ministerio Público solicitó que fuera condenado a 20 años de prisión.

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, presidido por Julio de los Santos Morla, e integrado por las magistradas Leonarda Quezada y Clara Rivera, dictaron la sentencia al establecer que los procesados violaron los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano, así como varios artículos de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Erick Antonio Peralta Ortega recibió la condena estando en libertad, debido a que en fecha 12 de noviembre del 2025, el juez Joan Eduardo Rodríguez Cruz, del Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, varió la medida de coerción que consistía en prisión preventiva.

Los procesados Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero engañaron a cientos de personas.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público inició la presentación de la acusación en el juicio que se ventila en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra un hombre y una mujer que cometieron una estafa por más de 124 millones de pesos en perjuicio de cientos de personas.

El órgano acusador presenta sus alegatos, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, contra Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero.

Los procesados montaron un esquema criminal dedicado a la captación irregular de dinero mediante falsas promesas de inversión en el mercado de valores.

Según la acusación, a través del vehículo societario Pipschasers Capital, S.R.L., los procesados captaron la suma de ciento veinticuatro millones quinientos setenta y cinco mil setecientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$124,575,700), aproximadamente, proveniente de los recursos obtenidos de más de doscientas (200) víctimas que figuran en la investigación desarrollada por el Ministerio Público.

Cáceres Araujo y Cabral Romero violaron las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal, el artículo 15 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; el artículo 351, numeral 4, de la Ley núm. 249-17, sobre el Mercado de Valores, así como el artículo 3, numeral 3, y el artículo 9, numeral 2, de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público, representado por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, inició la incorporación de pruebas testimoniales, consideradas fundamentales para sustentar la acusación y demostrar los hechos atribuidos a los acusados.

“Estas pruebas forman parte de los más de cuatrocientos elementos probatorios que respaldan el expediente acusatorio y que fueron admitidos en el auto de apertura a juicio”, explicó Tavárez Gil.

Las juezas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, aplazaron para el próximo lunes, 20 de abril de 2026, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que el Ministerio Público proseguirá con la incorporación de nuevas pruebas ante el tribunal.

En el mes de diciembre del pasado año, luego de acoger la petición del Ministerio Público, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio en contra de los procesados.

Maira Morla Pineda resalta programas técnicos, diplomados y talleres que fortalecen la cultura de seguridad en el trabajo en todo el país

Santo Domingo. -La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla Pineda, afirmó que la capacitación en seguridad y salud en el trabajo se ha consolidado como una herramienta clave para reducir accidentes laborales y elevar la productividad en las empresas dominicanas.

Al participar en el Décimo Tercer Congreso Nacional sobre Riesgos Laborales, organizado por la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), en el marco de su 64 aniversario, Morla Pineda destacó que la institución ha fortalecido de manera sostenida su oferta formativa en esta área.

“En el INFOTEP hemos consolidado la seguridad y salud en el trabajo como una línea estratégica de la formación técnico profesional, impactando a miles de trabajadores y empresas en todo el país con programas orientados a la prevención de accidentes y la gestión de riesgos laborales”, expresó.

Dijo que entre estas acciones formativas se destacan programas técnicos en prevención de riesgos laborales, diplomados en seguridad e higiene industrial, así como talleres especializados en prevención de accidentes dirigidos a instituciones públicas y privadas.

Asimismo, indicó que la institución ha desarrollado capacitaciones adaptadas a sectores productivos específicos, incluyendo protocolos de prevención ante riesgos emergentes, como los implementados en el sector turístico.

Morla Pineda explicó que el INFOTEP mantiene una estrecha articulación con los sectores empresarial, sindical y gubernamental, con el objetivo de ampliar el acceso a estas capacitaciones y fortalecer la cultura de prevención en los entornos de trabajo.

Durante su intervención, también valoró el rol histórico de la CASC en la defensa de los derechos de los trabajadores dominicanos, y el liderazgo de su presidente, Gabriel del Río Doñé, miembro de la Junta de Directores del INFOTEP.

El congreso se desarrolló bajo el lema “Promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en los lugares de trabajo”, y forma parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra cada 28 de abril.

La directora general del órgano rector de la formación técnico profesional, reafirmó el compromiso institucional de continuar ampliando la cobertura y calidad de la formación en riesgos laborales, incorporando nuevas metodologías y estándares internacionales que contribuyan a proteger la vida, la salud y la dignidad de los trabajadores dominicanos.

Participantes

El acto contó con la presencia del Ministro de Trabajo, Eddy Olivares; la presidenta de la junta directiva de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Laura Peña Izquierdo.

También, el director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), Agustín Burgos; el miembro de la Junta de Directores del INFOTEP, Esperidón Villa Paredes y miembros de los más de 54 sindicatos que componen la CASC.

Santo Domingo. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó una nueva mesa de trabajo interinstitucional que continúa consolidando el Sistema Único de Seguridad Ciudadana, con énfasis en una respuesta más efectiva frente a la violencia de género en el país.

Durante el encuentro, en el que participó la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, se presentaron avances concretos en la implementación de los Puntos Vida, una red de atención integral que sigue expandiéndose tanto en el sector público como en el privado, donde ya registra una creciente demanda de servicios.

La ministra Raful enfatizó la necesidad de acelerar la definición y aplicación de protocolos unificados de actuación, que permitan gestionar los casos de manera ágil y coordinada, sin importar el punto de entrada de la denuncia. Este enfoque busca garantizar respuestas oportunas, protección efectiva a las víctimas y una articulación más eficiente entre las instituciones del Estado.

En la sesión se priorizó, además, el abordaje de los casos que involucran a niñas y adolescentes víctimas de abuso, reforzando los mecanismos de detección, atención y judicialización, con el objetivo de asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

De su lado, la ministra Reyes subrayó la firme voluntad política del Gobierno para impulsar esta iniciativa, destacando que el fortalecimiento de la interoperabilidad institucional es clave para avanzar hacia un sistema más integrado, accesible y centrado en la protección de los derechos de las víctimas.

Esta mesa de trabajo ratificó el compromiso del Estado dominicano con la construcción de un modelo de seguridad ciudadana más articulado, moderno y eficaz, orientado a prevenir, atender y erradicar la violencia de género.

Entre las instituciones participantes estuvieron también la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) y por el Ministerio de Interior y Policía también estuvo presente la viceministra Chandrai Estévez Zorrilla, viceministra de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco “Pancho” Álvarez, afirmó que el objetivo del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa es que los tribunales conozcan el fondo de los expedientes vinculados a presunta gran corrupción y determinen la culpabilidad o inocencia de los imputados a partir de las pruebas presentadas.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el abogado explicó que la organización no busca sustituir el rol de los jueces, sino dar seguimiento a los procesos judiciales para que estos avancen y puedan concluir con una decisión en los tribunales.

Álvarez también advirtió que existe preocupación por la posibilidad de que algunos procesos se prolonguen mediante incidentes o aplazamientos hasta alcanzar el plazo máximo de duración establecido por la ley, lo que podría provocar la extinción de la acción penal sin que se llegue a conocer el fondo de los casos. De ocurrir esto, los expedientes serían archivados de forma definitiva sin que se evalúen las pruebas ni se escuche a los testigos, lo que impediría esclarecer el uso de fondos públicos en procesos de alto interés nacional.

El dirigente cívico recordó que el seguimiento a estos casos forma parte de un esfuerzo sostenido de la organización por más de tres décadas. Participación Ciudadana ha analizado durante años el comportamiento del sistema de justicia frente a los expedientes de corrupción y, en ese contexto, creó el Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, que ya ha publicado ocho informes sobre distintos procesos judiciales.

En el caso específico del proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes, Álvarez señaló que la audiencia preliminar requirió 94 aplazamientos durante aproximadamente dos años antes de decidir si el expediente debía pasar a juicio de fondo. Posteriormente, el proceso ha continuado acumulando audiencias sin que aún se inicie el conocimiento del fondo del caso, lo que —según indicó— evidencia las dificultades que enfrentan estos expedientes para avanzar en los tribunales.

Álvarez subrayó que Participación Ciudadana no emite juicios sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, ya que esa es una decisión que corresponde exclusivamente a los jueces. Sin embargo, insistió en que es fundamental que los casos lleguen a sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, para evitar que permanezcan dudas en la opinión pública.

“Si el caso se archiva porque se extinguió la acción penal, nunca se valorarán las pruebas ni se sabrá qué ocurrió con los hechos investigados”, advirtió.

El abogado también indicó que el Código Procesal Penal dominicano contiene mecanismos que permitirían que los procesos se desarrollen con mayor eficiencia. Entre ellos mencionó los plazos establecidos para fijar audiencias y resolver incidentes, disposiciones que —según explicó— buscan evitar retrasos prolongados en el conocimiento de los casos.

Las declaraciones de Álvarez se producen tras la publicación del octavo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, en el que Participación Ciudadana analiza el avance de varios expedientes de presunta gran corrupción que se encuentran en los tribunales dominicanos.

Organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la plataforma Dominican@s por Derecho (DxD) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) incluir a miles de jóvenes nacidos antes del 2010, y cuyas actas están registradas en el libro de extranjería; en el marco de proceso de cambio de la cédula de identidad y electoral.

En el marco de un encuentro de análisis de coyuntura, las organizaciones estiman que eso permitirá que sus actas puedan ser transcritas para la obtención definitiva de su cédula de identidad.

Al tiempo de que hacen un llamado a la población a que acudan masivamente al proceso de cambio de cedulación, en los tiempos y plazos establecidos por la Junta Central Electoral, ya que eso busca dotar a la ciudadanía de un documento más seguro y acorde con los nuevos tiempos.

En otro orden, las organizaciones expresaron su preocupación ante el deterioro del contexto de derechos humanos en la República Dominicana, particularmente en el avance de prácticas de repatriación indiscriminada, el discurso de odio y xenofobia, la persistencia de barreras estructurales para el acceso a derechos de personas dominicanas que están en riesgo de apatridia.

Finalmente, la plataforma Dominican@s por Derecho reiteró su compromiso de continuar reivindicando la restitución de la nacionalidad, el cumplimiento integral de la Ley 169-14 y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Sobre la plataforma

La plataforma está compuesta por: la Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad (ASCALA), el Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), por el Centro Cultural DominicoHaitiano (CCDH), el Centro de Educación para el Desarrollo (CEDUCA), el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), el Movimiento Reconoci.do, el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA, y por el Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)
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Vista parcial del encuentro realizado por la plataforma Dominican@s por Derecho

República Dominicana subastará en mayo un jet vinculado al caso «Air Cocaine», conocido por la incautación de 700 kilos de cocaína y el arresto de una tripulación de origen francés.

En marzo de 2013 autoridades dominicanas hallaron 26 maletas cargadas de droga en un jet privado en el aeropuerto del turístico balneario de Punta Cana. Su destino era Saint-Tropez, en el sur de Francia y famoso por sus playas. 

La historia de «Air Cocaine» fue plasmada en una miniserie de Netflix.

El avión, modelo Falcon 50, será ofertado por unos 1,59 millones de dólares, informó esta semana el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio. 

La subasta también incluirá apartamentos, joyas y yates decomisados en procesos por narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

A bordo del avión viajaban los pilotos franceses Pascal Fauret y Bruno Odos, junto a los también franceses Nicolas Pisapia y Alain Castany. 

Todos fueron condenados en República Dominicana a 20 años de prisión por tráfico de drogas, aunque siempre negaron conocer la presencia del cargamento.

Castany fue liberado por razones médicas, mientras que Pisapia obtuvo libertad bajo supervisión judicial, con prohibición de salir del país. 

En 2015, Fauret y Odos huyeron de República Dominicana en una lancha hacia territorio francés en el Caribe mientras estaban en libertad bajo fianza. Fueron arrestados en Francia, donde enfrentaron un nuevo juicio. 

Ambos fueron condenados a seis años de prisión, aunque finalmente fueron absueltos en 2021. 

La aeronave pertenecía a la empresa de alquileres de aviones SN-THS, de Lyon (centro-este). 

El 8 de julio de 2021, Pierre-Marc Dreyfus y Fabrice Alcaud, responsables de SN-THS, fueron declarados culpables de «importación de estupefacientes en banda organizada» y condenados a seis años de prisión.

Otras cinco personas fueron condenadas, entre ellas Ali Bouchareb, considerado el jefe de la operación, a 18 años de cárcel. También fueron condenados cuatro dominicanos.