Santo Domingo, 3 sep (EFE).- República Dominicana y Haití acercaron posturas este jueves y acordaron seguir las labores de «sensibilización» internacional para garantizar el despliegue completo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) y la renovación de su mandato, que vence a finales de septiembre.

Así lo anunció una declaración conjunta de los cancilleres dominicano, Víctor Bisonó, y haitiana, Raina Forbin, tras una reunión – no anunciada previamente – que sostuvieron este jueves en una zona de la frontera común.

La GSF es un operativo de 5.500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025 – con 12 votos a favor y las abstenciones de China, Pakistán y Rusia – para combatir a las bandas armadas y reemplaza un mecanismo similar anterior que consiguió resultados magros, pero actualmente solo cuenta en Haití con al menos 450 agentes procedentes de Chad.

En una reunión en la zona norte de la frontera entre ambos países, Bisonó y Forbin coincidieron en que el despliegue completo de la GSF y su renovación permitirá a esa misión «alcanzar los resultados esperados», restablecer la seguridad, fortalecer las instituciones y crear las condiciones necesarias para una «paz sostenible».

Según el representante de jefe de la Oficina Integrada de la ONU (Binuh), Carlos Ruiz Massieu, la violencia de las pandillas han dejado más de 1.400 muertos y 600 heridos en Haití solo entre abril y junio de 2026.

Por ello, en una declaración conjunta, ambos cancilleres pusieron énfasis en la «importancia» de que la GSF siga recibiendo el apoyo de la comunidad internacional, especialmente dentro del Consejo de las Naciones Unidas.

Bisonó y Forbin también expresaron su voluntad para la «normalización» de las operaciones consulares dominicanas en Haití y que puedan restablecerse «a la mayor brevedad posible», una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.

Entre otros asuntos, los cancilleres estuvieron de acuerdo en la «necesidad» de robustecer los mecanismos de cooperación que faciliten una mejor gobernanza de la seguridad fronteriza y los asuntos migratorios.

Tras la reunión, Bisonó y Forbin conversaron con una delegación de empresarios sobre la «importancia» de desarrollar actividades productivas, fomentar la creación de empleos y dinamizar las relaciones económicas entre ambos países.

Empresarios y los titulares de Exteriores destacaron el papel esencial del sector privado en el fortalecimiento de los vínculos entre República Dominicana y Haití, indicaron en su declaración.

Los dos ministerios de Exteriores señalaron que este encuentro bilateral fue de «amplia cordialidad», y ambas delegaciones reiteraron su disposición de mantener activo el diálogo bilateral como vía privilegiada para la atención de los asuntos de interés común, en un marco de respeto mutuo y buena vecindad.

Acercamiento de posturas

Este acercamiento sigue a otro el pasado 17 de abril, cuando ambos gobiernos anunciaron un acuerdo para reanudar los vuelos comerciales – suspendidos desde marzo de 2024 – que se reiniciaron el pasado 30 de mayo.

Las relaciones bilaterales han estado marcadas durante años por la tensión, luego de que en septiembre de 2023 sufrieron un importante deterioro por causa de la construcción haitiana de un canal en el fronterizo río Masacre o Dajabón, que las autoridades dominicanas calificaron de «ilegal» y contrario al Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje firmado por ambos países en 1929.

Esto llevó en su momento al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a tomar varias medidas, paulatinamente suavizadas, entre ellas el cierre total de la frontera,a lo que luego se le sumó un programa de deportaciones masivas de haitianos indocumentados desde octubre de 2024.

En mayo de 2025, Haití dispuso un nuevo embajador ante la República Dominicana tras tres años sin representante en el país vecino. EFE

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.— Con esta inauguración, el INEFI continúa fortaleciendo el desarrollo integral de los niños del nivel inicial del sistema educativo público.

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) inauguró el aula de motricidad número 12 en el Instituto Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en la Circunscripción 1 del municipio de Santiago de los Caballeros.

El acto estuvo encabezado por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, quien destacó que Las aulas de motricidad están destinadas a niños de entre 3 y 6 años de edad y disponen de equipamientos y recursos diseñados para favorecer el desarrollo de habilidades relacionadas con la movilidad, el equilibrio, la coordinación y la percepción corporal.

Rodríguez Mella estuvo acompañado por la gobernadora de la “Ciudad Corazón”, Rosa Santos, quien resaltó la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan al bienestar y desarrollo de los estudiantes desde sus primeros años de formación. Santos estuvo acompañada por varias autoridades educativas, representantes de la comunidad escolar e invitados especiales.

Durante la actividad, las palabras de exhortación estuvieron a cargo de la directora de los Niveles Inicial y Primario, Dulce María Collado Durán, quien destacó la importancia de contar con espacios adecuados para estimular las capacidades físicas, cognitivas y motrices de los niños en la etapa inicial.

Las palabras técnicas fueron ofrecidas por el profesor Jacobo Moquete Guzmán, encargado de Proyectos Pedagógicos del Nivel Inicial del INEFI e impulsor de las salas de motricidad, quien explicó la importancia de estos espacios para el desarrollo de competencias fundamentales durante los primeros años de escolaridad.

En tanto, las palabras centrales estuvieron a cargo del director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez, quien destacó el compromiso de la institución es la creación de espacios y programas que promuevan la educación física y el deporte escolar de calidad.

“Estas aulas aseguran que los niños del nivel inicial tengan acceso a ambientes especializados que les permitan fortalecer, mediante actividades físicas y pedagógicas, crear destrezas esenciales para su crecimiento, aprendizaje y desarrollo integral” afirmó.

Supervisión de obra

Posteriormente, el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez, se trasladó al Liceo Escuela Santo Hermano Miguel de La Salle, también en Santiago, donde el INEFI construye un techado destinado a fortalecer las condiciones para la práctica de actividades físicas y deportivas de los estudiantes.

Durante el recorrido, Rodríguez supervisó los avances de la obra y reafirmó el compromiso del INEFI de continuar desarrollando infraestructuras deportivas y educativas que contribuyan al bienestar y la formación integral de la comunidad estudiantil de Santiago de los Caballeros.

La Vega, – La Alcaldía del municipio de La Vega, encabezada por la licenciada Amparo Custodio, realizó el lanzamiento oficial del nuevo sistema de recolección de desechos sólidos, una iniciativa que refuerza la limpieza, el orden y la eficiencia en la ciudad.

El acto, celebrado en la emblemática plaza Duarte, contó con la presencia del vicealcalde Amado Gómez; el presidente de la Federación Vegana de Juntas de Vecinos, Eddy Flores; Danny Holguín, encargado operativo del ayuntamiento; así como regidores e invitados especiales.

Durante la actividad, la alcaldesa presentó a la ciudadanía cinco nuevos camiones recolectores y ocho contenedores de gran capacidad, adquiridos íntegramente con fondos propios del ayuntamiento. Esta adquisición se suma a la realizada hace unos meses, cuando se incorporó un camión adicional con cuatro contenedores, fortaleciendo progresivamente el parque vehicular municipal.

La inversión total supera los 34 millones de pesos, monto que, según explicó la licenciada Custodio, fue ejecutado dentro de la planificación anual del municipio con el propósito de ir sustituyendo los camiones que, por su constante uso, se han ido deteriorando, y para atender de manera definitiva la creciente cantidad de vertederos improvisados que afectan la ciudad.

“Este es un paso firme hacia una La Vega más limpia y ordenada, pero esta situación no se resuelve sola, sino entre todos los munícipes”, expresó la alcaldesa, quien hizo un llamado a la responsabilidad compartida y agradeció a las distintas comunidades, a través de la Federación Vegana de Juntas de Vecinos, por su apoyo constante para mantener una Vega sana, limpia y digna de orgullo.

La mandataria municipal destacó que el principal objetivo de esta inversión es contribuir a la preservación del medio ambiente y la salud pública, facilitando la disposición adecuada de los residuos y erradicando la mala práctica de arrojar basura en espacios abiertos, promoviendo así una cultura de limpieza y responsabilidad ciudadana.

Con esta iniciativa, la administración municipal reafirma su compromiso con la mejora de los servicios básicos y la construcción de un entorno más sostenible para todos los habitantes de La Vega.

Consideramos inapropiado cobrar por la entrega de información pública porque resulta excluyente y sienta un precedente para que mañana cualquier funcionario del SDSS establezca tarifas onerosas para bloquear el acceso a información pública de interés general

Hace más de un año la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) recibió una solicitud de información sobre la cantidad de trabajadores con cuentas inactivas en el sistema de capitalización individual (SCI). Aunque el Grupo de Medios Panorama la solicitó basado en la ley 200-04 de acceso a la información pública, la SIPEN la desestimó señalando que se trataba de información sensible protegida por el régimen de datos personales.

El Grupo Panorama solicitó un recurso de amparo al Tribunal Superior Administrativo (TSA) reclamando su derecho a recibir esas informaciones de alto interés para la opinión pública. Los abogados de la SIPEN reiteraron su negativa y solicitaron al tribunal declarar la “inadmisibilidad del recurso”, reiterando que la información vulneraba la protección legal de los afiliados del sistema dominicano de pensiones. Panorama replicó que la solicitud no incluía la identificación de los afiliados.

Mediante sentencia el TSA rechazó la “solicitud inadmisibilidad” de la SIPEN considerando que la solicitud formulada es “notoriamente procedente”, tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Además, ordenó a la SIPEN entregar la información sobre las cuentas inactivas al Grupo de Medios Panorama.

Para fundamentar esta decisión, el TSA señaló que el acceso a estas informaciones resulta esencial para que la opinión pública pueda conocer y analizar el manejo de los fondos de retiro propiedad de millones de trabajadores, “sin que ello vulnere derechos fundamentales de terceros”.

Esta privatización excluiría a las organizaciones populares del acceso a la información vital a pesar de que los trabajadores son quienes financian la SIPEN y la SISALRIL

Nuestra Fundación, siempre en defensa del derecho de los trabajadores y de la población en general, solicitó la reacción del Lic. Francisco Torres, superintendente de pensiones. Éste resaltó la apertura informativa de la SIPEN y la modernización de las estadísticas disponibles en tiempo real en su página Web, incluyendo la publicación de sus resoluciones.

Ante nuestra sugerencia de una mayor información y orientación a la opinión pública nos indicó que la SIPEN tiene como norma no responder ni polemizar, utilizando los recursos institucionales para divulgar las informaciones y exponer sus políticas y resoluciones. 

Explicó que no existen cuentas inactivas porque todas, incluyendo las de los afiliados que no están cotizando, se mantiene activas ya que sus los fondos continúan invertidos como las demás, obteniendo una rentabilidad mensual que se acumula.

Además señaló que las informaciones solicitadas requieren de un gran esfuerzo técnico, por lo que era necesario que Panorama cubriera un costo. Según nos contó, en abril pasado el TSA reconoció esta limitación técnica y dispuso el cobro de dicha suma. Se acordó un pago de 380,000 pesos con una entrega de 180 días hábiles.

La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) considera que cobrar por la entrega de información pública sobre cualquier área del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) sienta un precedente que podría resultar excluyente. Ninguna organización de la sociedad civil, sindicato o confederación podría pagar para recibir información de interés social para ser utilizada sin fines pecuniarios.

Un pago cuantioso y una larga espera podrían constituir una barrera insalvable para los auténticos defensores populares de la seguridad social. Tal es el caso de nuestra Fundación la cual, a pesar de estar al servicio de millones de afiliados sin voz ni voto, no recibe ningún subsidio oficial y se mantiene con trabajos voluntarios de profesionales calificados y aportes de las pensiones de sus fundadores.

Estamos ante una modalidad de privatización de la información pública. De mantenerse, se daría la paradoja increíble de que los afiliados tendrían que pagarles a la SIPEN y a SISALRIL para tener derecho a informaciones de su legítimo interés, a pesar de que son los trabajadores quienes financian a estas dos superintendencias con sus cotizaciones mensuales.  

Nuestra Fundación solicita reconsiderar esta decisión porque mañana cualquier funcionario del SDSS podría establecer tarifas onerosas para bloquear el acceso a informaciones públicas de interés general. Mantener esta monetización crearía un lamentable precedente y produciría un daño permanente al libre acceso a la información pública de la SIPEN. ADS/654/04/09/2026

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Despliega 25 fiscales, 190 agentes policiales, 19 inspectores de Defensa y 19 de Interior y Policía para realizar allanamientos en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este a negocios que comercializaban armas de fuego y pertrechos de manera ilícita.

El Ministerio Público desplegó el martes, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, la Operación Armum, la cual incluyó 18 allanamientos en el Distrito Nacional y otras ciudades del país contra armerías que operan de manera irregular en el territorio nacional.

En los allanamientos, que se desplegaron en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, participaron 25 fiscales, 190 miembros de la Policía Nacional, 19 inspectores del Ministerio de Defensa y 19 del Ministerio de Interior y Policía.

Dentro de las acciones ilícitas encontradas resaltan: operar sin ningún tipo de licencia, operar con licencias vencidas, realizar trabajos de taller sin licencia para hacerlo, intermediar para comercializar sin licencia y retención ilícita de armas de fuego de terceros.

En los allanamientos practicados fueron ocupadas aproximadamente 200 armas de fuego largas, cortas tipo pistola y revólveres, incluyendo una cantidad considerable sin ningún tipo de documentación ni constancia de su origen. 

También, fueron ocupadas armas de fuego de terceros acopiadas de manera ilícita, aproximadamente 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje, lo que evidencia que fueron traficadas hacia República Dominicana de manera ilícita.

Además, se ocuparon armas de guerra y de uso prohibido en el país, miras telescópicas, mira láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor, armas modificadas o alteradas, así como también pertrechos de agencias de investigación del Estado, sin los debidos permisos, entre otras ilicitudes.

Debido a los hallazgos de los allanamientos fueron arrestados en flagrante delito los propietarios o representantes de las armerías contra quienes el Ministerio Público solicitará la imposición de medidas de coerción en los tribunales en las próximas horas. 

El trabajo de investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige la procuradora de corte Maura Martínez, y del mayor general del Ejército Francisco Antonio Ovalle Pichardo, director ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional.

La operación forma parte de la estrategia integral de República Dominicana para el control de las armas de fuego y sus pertrechos, conforme a la ley. En las próximas horas, el Ministerio Público someterá a los implicados ante la Oficina de Atención Permanente para solicitar la imposición de medidas de coerción y seguirá profundizando la investigación.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “Una vez más las defensas intentan rehuir al conocimiento del fondo de las acusaciones usando una herramienta procesal que ha fallado en casos anteriores”, dijo la procuradora de corte Mirna Ortiz

El Ministerio Público solicitó este miércoles a los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la petición de extinción de la acción penal con la que el procesado Donald Guerrero y compartes pretenden evadir responder ante la justicia por los hechos de corrupción administrativa que cometieron en perjuicio del Estado dominicano y de todos los contribuyentes.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuestionó que las defensas continúen utilizando la solicitud de extinción de la acción penal como una herramienta procesal para evitar debatir las pruebas en un juicio.

“Una vez más las defensas intentan rehuir al conocimiento del fondo de las acusaciones, al fondo de las pruebas; usando la extinción como una herramienta procesal; herramienta procesal que ha fallado en casos anteriores, tales como: Juan Alexis Medina y Adán Cáceres, y que tendrá, inequívocamente, la misma consecuencia en este tribunal”, dijo Ortiz a periodistas de la fuente judicial que la abordaron a la salida del tribunal.

“El tribunal rechazará la extinción, ordenará la presentación de la acusación,  y ahí nos veremos, frente a las pruebas, donde la solución será única, la condena de los imputados”, expresó Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y al procurador de corte Héctor García, así como con los fiscales Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor, Elvira Rodríguez, Arolin Lemos y Melbin Romero.

“El recurso de apelación va a cursar la misma suerte ante la corte y tendrá la decisión que sabemos: ese recurso será declarado inadmisible, rechazado por la corte y nos veremos aquí”, dijo, al responder preguntas sobre un recurso interpuesto por la defensa de Guerrero ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

“Ellos (los miembros de las defensas) parecen haber estudiado todos con el mismo libro; porque todos acuden a las mismas instancias y todos reciben las mismas respuestas del sistema de justicia: Los casos se resuelven en el tribunal, los casos van a juicio de fondo, nos enfrentaremos a las pruebas y tendrán que afrontar las consecuencias de sus actuaciones”, sostuvo. 

En la jornada de este 2 de septiembre las defensas presentaron la solicitud de extinción de la acción penal. 

Durante su intervención, Ortiz indicó al tribunal las razones que motivaron dilaciones para conocer el proceso, el cual destacó que en ningún momento se detuvo.

Sobre la cantidad de acusados, señaló que en este proceso están todos los investigados por el órgano acusador por violación a las leyes que amparan la calificación jurídica establecida por el Ministerio Público.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, fijó la lectura del fallo para el próximo lunes, 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

El proceso judicial

El pasado mes de mayo el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de 40 acusados de corrupción en el expediente de la Operación Calamar, entre ellos, contra el exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa. 

Mientras que fue apelado el auto de no ha lugar dictado en favor de los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo Terrero y otros 3 acusados en los que el tribunal entró en una errónea apreciación de varias pruebas.

El Ministerio Público acusa al grupo de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos a través de una estructura de corrupción administrativa investigada con la Operación Calamar. 

Entre los enviados a juicio, también, se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña,  Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa. 

En el proceso el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados fueran enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano.

Los acusados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la Operación Calamar el 18 de marzo de 2023, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

La estructura, además, sustrajo dinero de pagos de deudas a ministerios. Al grupo se le atribuyó también implantar un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.

El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.

Punta Cana, La Altagracia. –Durante la 38.ª Exposición Comercial de Asonahores, Maira Morla resaltó la capacitación que ofrece la institución para responder a las necesidades de la industria turística.

La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla, destacó el aporte de la institución a la formación y capacitación del talento humano que requiere el sector turístico, durante la apertura de la 38.ª edición de la Exposición Comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

 El encuentro, que se desarrolla del 2 al 4 de septiembre en Punta Cana, reúne a más de 300 expositores nacionales e internacionales y constituye un espacio para promover negocios, fortalecer el encadenamiento productivo y generar nuevas oportunidades para la industria turística.

La exposición congrega a suplidores de alimentos y bebidas, tecnología, servicios financieros, mobiliario, equipos de cocina, soluciones energéticas y otros bienes y servicios vinculados directamente con la actividad turística.

Formación alineada con las necesidades del sector

 En este contexto, Morla resaltó los resultados de la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá, ubicada en la zona turística de Punta Cana, donde más de 600 empleados del grupo Meliá han recibido formación y capacitación desde la puesta en funcionamiento del centro.

 Explicó que los participantes han desarrollado competencias técnicas en áreas como repostería, hotelería, camarería de pisos, bebidas y restaurantes, así como en otras especialidades vinculadas con los perfiles ocupacionales que demanda la industria turística.

“La formación que ofrecemos responde a las necesidades concretas de las empresas. El INFOTEP también desarrolla programas de capacitación en mantenimiento de piscinas, mantenimiento hotelero, electricidad industrial y plomería o fontanería, además de iniciativas dirigidas a emprendedores y personas desempleadas que buscan incorporarse al mercado laboral”, afirmó Morla Pineda.

INFOTEP exhibe talento gastronómico formado en Higüey

 Como parte de su participación en la Exposición Comercial, el INFOTEP presentó demostraciones de gastronomía y repostería a cargo de participantes de la Escuela de Gastronomía de Higüey.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el proceso de elaboración y degustar productos preparados durante su formación, entre ellos bizcochos, brownies, pastelitos y croquetas.

 La demostración permitió mostrar, de manera práctica, las competencias técnicas desarrolladas por los participantes y el aporte de la formación técnico profesional a la preparación del talento humano que requiere la industria turística.

SANTO DOMINGO (República Dominicana). –Las jornadas tienen como objetivo fomentar una convivencia pacífica y rescatar la paz en los espacios públicos.

La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) participa, junto al Ministerio de Interior y Policía, la Dirección contra el Ruido de la Policía Nacional y las Juntas de Vecinos contra el Ruido, en el programa de concientización “Hablemos de Ruido”, el cual fomenta una convivencia pacífica para rescatar la paz en los espacios públicos y las comunidades.

Las jornadas de concienciación, que se han estado desarrollando en barrios y sectores del Gran Santo Domingo, y en otros puntos del país, las encabezan el procurador titular de la Proedemaren, Francisco Contreras Núñez, y el director general de Prevención de esta procuraduría especializada, Ángel Gomera.

También, la coordinadora del colectivo Vecinos Contra el Ruido, Rossemary Bonifacio; el coronel Glauco Mercedes, comandante de Antirruidos de la Policía Nacional, y Wendy Zapata, directora de Denuncias del Ministerio de Interior y Policía.

A través de “Hablemos de Ruido”, las autoridades han sostenido encuentros con miembros de juntas de vecinos, líderes sociales y comunitarios, dueños de establecimientos comerciales y ciudadanos de los sectores de Cristo Rey, Don Bosco y Ensanche Luperón, del Distrito Nacional, así como en el sector Primaveral, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, y de otras localidades a nivel nacional.

En estos encuentros, Contreras, como representante del Ministerio Público, ha resaltado la importancia de actuar apegados a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y la Ley 90-19 (que modifica la Ley 287-04 sobre prevención de ruidos nocivos), resaltando con ello la necesidad de orientar a cada miembro de la comunidad sobre las repercusiones que causa este tipo de delito contra el medio ambiente.

En las jornadas se orientó a los participantes sobre la importancia de mantener los niveles de sonido dentro de los parámetros permitidos por la ley. También, “a crear conciencia sobre los peligros que conlleva vivir sin respetar las leyes de convivencia y cómo esto puede impactar nuestra salud y bienestar”.

Contreras también llamó a los miembros de cada comunidad a contribuir con los operativos preventivos que realiza la Proedemaren, junto a las diferentes instituciones que trabajan en la preservación del medio ambiente, así como también a denunciar los delitos ambientales.