SANTO DOMINGO (República Dominicana). – A solicitud del Ministerio Público, la Oficina de Atención Permanente de Pedernales impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a cuatro hombres atrapados mientras intentaban introducir drogas y sustancias controladas a territorio dominicano.

A Luis Alberto Figueroa Ariza, de nacionalidad venezolana, Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Acosta Santana y Manolo Roselló Amador, la Fiscalía de Pedernales les imputa el delito de tráfico internacional de drogas y sustancias controladas.

En audiencia, el Ministerio Público, representado por los procuradores fiscales Eleuterio Cuevas y Carmen Virginia Felipe, bajo la coordinación del procurador titular de Pedernales, Dervio Heredia, demostró la necesidad de imponer la prisión preventiva para garantizar que los imputados respondan ante el proceso judicial.

En su imputación, el órgano persecutor explica que Figueroa Ariza y Montás Tapia fueron interceptados a 50.11 millas al suroeste de la isla Beata, provincia Pedernales, en una embarcación en la que transportaban 1,220.86 libras de marihuana y 39 kilogramos de cocaína.

En cuanto a Acosta Santana y Rosello Amador, ambos malhechores fueron interceptados a unas 79 millas al suroeste de la provincia Pedernales, en una embarcación en la que movilizaban 104.80 libras de marihuana y 326.37 kilogramos de cocaína.

Ambas embarcaciones fueron interceptadas, en flagrante delito, en un operativo realizado el pasado 5 de mayo del presente año, bajo la coordinación del Ministerio Público con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo de la Armada de la República Dominicana (ARD).

Las acciones cometidas por los imputados constituyen una violación a los artículos 5 (a), 59 párrafo I y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas

Por decisión del tribunal, los imputados cumplirán la medida de coerción en la cárcel pública de Pedernales.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal del distrito judicial de Santiago condenó a 10 años de prisión a tres hombres por el tráfico ilícito de 16 inmigrantes haitianos, en un hecho ocurrido en el municipio San José de las Matas, en enero del año 2023.

La condena fue dictada en contra de Víctor José Valenzuela Ortiz, Ronny Gabriel Santana Rosa y José Luis Familia (Dany), quienes, en asociación, intentaron transportar hacia Santiago a 16 inmigrantes haitianos indocumentados, incluyendo a dos niños.

La representante del Ministerio Público, Jenniffer Rodríguez demostró ante el Cuarto Tribunal Colegiado de esa jurisdicción la culpabilidad de los procesados, quienes incurrieron en la violación de los artículos 1 letra F y 2 párrafo de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en perjuicio del Estado dominicano.

La acusación del Ministerio Público explica que los hechos ocurrieron el 19 de enero del año 2023, cuando Valenzuela Ortiz y Santana Rosa se desplazaban en una yipeta Ford Explorer por calles de la comunidad Caobanico Inoa, en El Rubio, municipio San José de las Matas, cuando una patrulla de la Policía Nacional les ordenó detenerse, solicitud que fue ignorada por los malhechores, quienes emprendiendo la huida, lo que originó una persecución que terminó con la captura de ambos.

Tras la detención de los procesados, al inspeccionar el vehículo, las autoridades descubrieron a los 16 indocumentados, apiñados en el interior del mismo, donde también encontraron 15 bultos, en los cuales había pertenencias personales de los inmigrantes.

Al profundizar en su investigación, el Ministerio Público identificó y arrestó a José Luis Familia, quien lideraba la estructura criminal, teniendo a su cargo cobrar el dinero a los inmigrantes y coordinar el transporte ilegal de los mismos en territorio dominicano.

INFOTEP e INDRHI desarrollaron una conferencia en San Juan orientada a sensibilizar sobre la importancia de los recursos hídricos para la producción agrícola, la salud y la sostenibilidad ambiental

SAN JUAN DE LA MAGUANA. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) realizaron la conferencia “Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en la República Dominicana”, con el propósito de promover la conciencia sobre la preservación del agua y su impacto en el desarrollo económico, social y ambiental de la región.

La exposición estuvo a cargo de Jorge Mañán Rodríguez, encargado del Departamento de Cultura del Agua del INDRHI, quien destacó que la seguridad hídrica constituye un elemento esencial para el desarrollo de San Juan, debido a la vocación agrícola de la provincia.

El especialista advirtió sobre los efectos de la contaminación en la calidad del agua y llamó a fortalecer las acciones de preservación de los recursos hídricos, al considerar que el acceso al agua potable continúa siendo uno de los principales desafíos a nivel mundial.

Asimismo, resaltó la importancia de la cobertura vegetal y la protección de los árboles para evitar la erosión de los suelos y favorecer la conservación de los acuíferos, además de exhortar a la ciudadanía a adoptar prácticas responsables para el ahorro y uso racional del agua.

Mañán Rodríguez explicó además que gran parte de los recursos hídricos del país están destinados a la producción agrícola, por lo que consideró imprescindible desarrollar una cultura de protección del agua que garantice la sostenibilidad alimentaria y el equilibrio ambiental de las futuras generaciones.

También motivó a los participantes a asumir pequeñas acciones cotidianas que contribuyan a la preservación del recurso, señalando que prácticas simples como corregir fugas de agua y evitar el desperdicio representan aportes importantes para la sostenibilidad hídrica.

La actividad forma parte de las iniciativas impulsadas por la gestión de la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, a través de la División de Responsabilidad Social Corporativa de la institución, dirigida por Yoneidi Domínguez, como parte del plan institucional de gestión medioambiental orientado a educar y concienciar sobre la protección y preservación de los recursos naturales.

En la jornada participaron Neker Alcántara, encargado de la oficina satélite del INFOTEP en San Juan de la Maguana; Roberto Luciano, director regional de los Sistemas de Riego del Valle de San Juan del INDRHI; la gobernadora provincial Ana María Castillo, así como funcionarios, técnicos, docentes y participantes del INFOTEP.

El director de la Caasd afirma que cotuisanos, monteplateños, capitaleños y residentes en la provincia Santo Domingo dispondrán de 125 millones de galones de agua segura, en la primera fase.

Santo Domingo.- Como culminación de varios meses de trabajo técnico e institucional, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó  una reunión de alto nivel en la que se socializaron resultados del estudio de disponibilidad hídrica del embalse Hatillo, el cual garantiza unos 125 millones de galones de agua diarios (5.5 metros cúbicos por segundo) de agua para el municipio de Cotuí, Monte Plata y el Gran Santo Domingo.

El director de la Caasd, ingeniero Fellito Suberví, valoró que el encuentro, realizado en las oficinas del BID en Santo Domingo, permitió consolidar los resultados preliminares del estudio integrado de disponibilidad hídrica y resiliencia del sistema Hatillo–Gran Santo Domingo.

La mesa de trabajo estuvo integrada por Katihusca Ledesma y Sergio Polanco, de la Dirección de Planificación de la Caasd; Sergio Pérez y Dunia González, por el BID, especialistas en agua y recursos hídricos y cambios climáticos, respectivamente, y reunió personal técnico del Indrhi, Egehid, Inapa, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Barrick Pueblo Viejo.

Los análisis muestran que el esquema actualizado del programa, basado en una primera fase de 5.5 metros cúbicos por segundo de agua, permitiría fortalecer de forma decisiva la seguridad hídrica y resiliencia climática del Gran Santo Domingo, y las provincias Sánchez Ramírez y Monte Plata, mejorando la calidad y continuidad del servicio de agua potable para millones de personas.

Los equipos técnicos explicaron que estudios adicionales desarrollados para el sistema de abastecimiento de agua potable del Gran Santo Domingo, muestran que, junto con las mejoras estructurales impulsadas por la Caasd, reducen pérdidas, sectorización y mejoras operacionales, por lo que no será necesario avanzar hacia fases posteriores de mayor extracción.

Los comisionados por el ingeniero Suberví y los representantes del BID coincidieron en que la región enfrenta un riesgo real de sequías extremas, similares a las vividas recientemente en ciudades como Montevideo o São Paulo, donde millones de personas llegaron a enfrentar situaciones críticas de abastecimiento de agua.

En ese contexto, el sistema Hatillo fue valorado como una infraestructura estratégica para proteger el abastecimiento de agua potable a futuro del Gran Santo Domingo y aumentar la resiliencia hídrica del país frente al cambio climático.

“Este proyecto ha sido impulsado por el presidente Luis Abinader con fondos del BID y una contrapartida del Estado para solucionar el déficit de agua que ha existido por décadas en el Gran Santo Domingo. El mismo estaría listo para el 2028”, informó el director de la CAASD.

En la reunión participaron equipos técnicos del Indrhi, encabezado por Raúl Pérez, Romer Polanco y Juan Fulvio Ureña. Por Egehid, estuvieron Fidel Pérez y Máximo de Óleo; por Barrick Pueblo Viejo, Alejandro Vásquez y Carlos Sánchez, mientras que por Inapa participó Cristian Féliz, y por Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cleopatra Féliz y Rosa Almonte.

La iniciativa será implementada durante todo 2026 con seis piezas audiovisuales.

Santo Domingo.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció el lanzamiento de una amplia campaña nacional de concienciación orientada a prevenir la extorsión y el fraude digital, como parte de sus esfuerzos para proteger a la ciudadanía y promover un uso seguro del entorno tecnológico.

 La iniciativa, que se desarrollará durante todo el año 2026, estará compuesta por seis piezas audiovisuales, incluyendo un comercial institucional y cinco campañas temáticas, diseñadas para conectar con la población a partir de situaciones cotidianas. Estas abordarán cómo la extorsión digital impacta a familias, trabajadores y figuras públicas, evidenciando sus consecuencias y fomentando la denuncia como herramienta clave para enfrentar estos delitos.

En una rueda de prensa en las instalaciones de la institución, Gómez Mazara explicó que la campaña busca educar, prevenir y sensibilizar a la población sobre los riesgos del entorno digital, destacando que la extorsión, el fraude, el robo de identidad y el sabotaje informático son crímenes graves que conllevan sanciones de hasta 30 años de prisión en el país.

“Que a nadie se le ocurra malpensar que una campaña educativa de esta naturaleza tenga como objetivo vulnerar derechos de nadie. Siempre he creído que son más favorables los riesgos de la democracia que la conculcación de derechos fundamentales”, aclaró el funcionario. 

 Explicó que, como parte del enfoque institucional, se resaltará el rol del Estado dominicano en la persecución de estos delitos, así como el trabajo conjunto de entidades como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), el sistema financiero y el sector de las telecomunicaciones.

 Dijo que las piezas audiovisuales incluirán mensajes claros y directos como “No paguen la extorsión”. “Denuncien. Procedan conforme a la ley”, reforzando el llamado a la acción ciudadana y la confianza en las instituciones.

 Asimismo, el funcionario señaló que la campaña incorporará testimonios y personajes reconocidos que relatarán experiencias reales, con el objetivo de visibilizar una problemática que suele estar subregistrada debido al miedo o la vergüenza de las víctimas.

 Indicó que esta estrategia comunicacional contribuirá a incrementar la denuncia, mejorar la respuesta de las autoridades y fortalecer la protección de los derechos digitales en la República Dominicana.

 En la República Dominicana, la extorsión digital está sancionada por la Ley núm. 53-07, y el nuevo Código Penal (Ley 74-25), vigente desde agosto de 2026, endurece las penas y amplía su alcance a plataformas digitales.

 Con esta iniciativa, el Indotel reafirma su compromiso de garantizar la seguridad digital de la población bajo el lema: “Protegemos tu tranquilidad digital”.