VILLA ALTAGRACIA (San Cristóbal).- La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) realizó un operativo médico dirigido a residentes de la comunidad Kilómetro 59, del distrito municipal de San José del Puerto, en Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal.

Durante la jornada fueron ofrecidos servicios de medicina general, cardiología, pediatría, odontología, psicología y medicina familiar dirigidos a niños y adultos.

La actividad incluyó asistencia farmacéutica, garantizando que las personas atendidas recibieran los medicamentos indicados por los profesionales de la salud.

El doctor Frank Rodríguez, director Médico de EGEHID, explicó que este tipo de operativo forma parte de la política de protección y responsabilidad social de la institución.

“El objetivo fundamental es llevar salud a la comunidad y hoy hemos impactado a más de 300 personas en esta comunidad del Kilómetro 59, en el distrito municipal de San José del Puerto”, expresó el doctor Rodríguez.

La jornada médica se enmarca en el programa de servicios de salud a la población y contribuir con el bienestar de las familias de la zona.

El funcionario destacó que cada paciente evaluado recibió los medicamentos correspondientes, de acuerdo con las indicaciones médicas.

Como parte de las actividades desarrolladas, EGEHID también preparó un espacio de entretenimiento dedicado a los niños. La programación incluyó pintacaritas, brindis de golosinas y actividades recreativas.

La actividad contó con el apoyo y coordinación del Grupo Juvenil 4D de Villa Altagracia, representado por su vicepresidente, señor Daylin Teófilo y un equipo de colaboradores.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional impuso prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado de provocar un accidente de tránsito en el que fallecieron tres personas, incluyendo una menor de edad, durante un hecho ocurrido en el sector Los Ríos, el pasado 5 de agosto de 2026.

Manuel Joaquín Payán Morales deberá cumplir dos meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-17) por disposición de la Cuarta Sala del Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Nacional.

De acuerdo con la solicitud presentada por el procurador fiscal Alcedo Magarín, el imputado conducía en estado de embriaguez una camioneta marca Chevrolet Colorado, año 2019, cuando atropelló a las víctimas en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, esquina avenida República de Colombia, próximo a una estación de combustibles, en el Distrito Nacional.

Como consecuencia del impacto falleció Dieufort Gesner, de nacionalidad haitiana, así como otras dos personas, una mujer y una menor de edad.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó diversas evidencias documentales que vinculan al imputado con los hechos, entre ellas, el acta de tránsito levantada por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el acta de arresto en flagrante delito, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y los documentos de identificación del conductor y del vehículo involucrado.

Asimismo, fue incorporada la prueba de alcoholimetría practicada al imputado, la cual arrojó un resultado de 0.91 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, nivel que supera ampliamente el límite permitido por la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Al valorar los elementos probatorios aportados, el tribunal consideró razonable la vinculación del imputado con los hechos investigados y concluyó que la prisión preventiva constituye la medida más idónea para garantizar el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de las circunstancias del caso.

El Ministerio Público otorgó al proceso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 256, 303, numeral 5, y 304, numeral 2, de la Ley 63-17.

La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el próximo 12 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana.

La jueza Elianny Mena Ureña, de la Cuarta Sala del Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Nacional, impuso la medida de coerción en contra del procesado.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “Este tribunal le ha enviado un mensaje en derecho y le ha dicho que tiene que prepararse para defenderse de la prueba que es lo que él ha querido evitar”, dijo Wilson Camacho tras la emisión del fallo.

A solicitud del Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó otra vez la extinción de la acción penal y ordenó la continuación del juicio por corrupción administrativa que se sigue contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y compartes.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, valoró la decisión del tribunal que dispone el envío a juicio del acusado, destacando que envía un mensaje de derecho.

“Jean Alain Rodríguez Sánchez busca impunidad dentro y fuera del tribunal. Por suerte, este tribunal le ha enviado un mensaje en derecho y le ha dicho que tiene que prepararse para defenderse de la prueba, que es lo que él ha querido evitar”, dijo Camacho a periodistas de la fuente judicial que lo entrevistaron luego de la emisión del fallo. 

Camacho encabezó, junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia, el cual estuvo integrado además por los fiscales Enmanuel Ramírez, Rosa Alba García y Melbin Romero.

“Por la actividad que ha realizado la defensa, tendente en todo momento a retrasar el proceso, el tribunal ha dicho en el día de hoy que, aunque han transcurrido cinco años, no ha habido una vulneración del plazo razonable”, detalló Camacho.

“Citó el tribunal, entre otros hechos, las solicitudes de aplazamientos, las dilaciones realizadas por Jean Alain Rodríguez y compartes en la audiencia preliminar, las diversas recusaciones que hizo a todo el Ministerio Público que llevaba su caso para que el caso no avanzara”, indicó.

A ello, agregó, también, “la acusación que hicieron ante el tribunal, que luego de la audiencia preliminar resultó apoderado también, con la intención de que el caso no se conozca y ahora una vez más que el tribunal le rechaza la solicitud de extinción y ordena la presentación de la acusación, Jean Alain organiza los imputados que pertenecen a su estructura para seguir intentando que el proceso no se conozca”, precisó.

“Nosotros hemos estado aquí y vamos a seguir estando. Jean Alain tiene que enfrentarse a las pruebas y llegó el momento de hacer justicia y que él enfrente y pague por sus atrocidades”, sostuvo el director general de Persecución.

Sobre las nuevas solicitudes de la extinción penal presentada por las defensas de dos de los acusados, dijo que el tribunal rechazó la extinción y que ahora otros dos imputados del proceso le solicitaron al tribunal, que ya falló y que la rechazó, y que dio las razones para rechazarla, la extinción de la acción penal otra vez.

“Solamente están dedicados en cuerpo y alma a querer y evitar que se conozca el proceso, pero este proceso se va a conocer y ellos tendrán que enfrentarse a las pruebas que presenta el Ministerio Público”, dijo.

“Lo ha hecho Rafael Solano, ha solicitado la extinción de la acción penal y Ramón Burgos, son los que han solicitado la extinción en este momento, pero deber suceder lo mismo que ha pasado con la solicitud anterior, porque el fallo sobre la extinción de la acción penal  y lo que ha analizado el tribunal ha sido sobre el proceso y el comportamiento de todas las partes, y no una de ellas, y con esto un pedimento que solo quiere seguir dilatando el mismo no debe tener ninguna otra suerte que lo que ha pasado ahora y debe ser rechazado”, refirió. 

El tribunal rechazó la solicitud de la extinción de la acción penal por vencimiento de plazo presentada por la defensa de Rodríguez Sánchez, quien es acusado de malversar más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.

En la audiencia celebrada el pasado 30 de julio el Ministerio Público presentó una cronología de todo el proceso judicial que demuestra las tácticas dilatorias utilizadas por las defensas para retardar el proceso.

En la contrarréplica a la solicitud de extinción de la acción penal, el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz, solicitó al tribunal que rechazara el incidente sin fundamento jurídico que habían planteado en audiencias anteriores y que presentó otra vez la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez.

El órgano acusador indicó que el exfuncionario presentó el incidente con el propósito de que el sistema de justicia lo favorezca con una declaratoria de extinción de la acción penal y le evite ir a juicio a responder por los hechos de corrupción que se le imputan.

El Segundo Tribunal Colegiado, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, ordenó la continuación del juicio.

Acusación por corrupción administrativa

Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También, son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sostienen que la duración del proceso no puede determinarse mediante un simple conteo matemático, sino que deben valorarse la complejidad del caso, la actividad de las partes y la actuación de las autoridades judiciales.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado además por las magistradas Clara Zobeida Castillo y Yissel Soto, rechazó la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros acusados en el caso de presunta corrupción administrativa denominado Operación Medusa.

Durante la lectura de las motivaciones de la decisión, la magistrada Clara Zobeida Castillo reconoció que el proceso ha superado los plazos establecidos en las distintas normativas que han regido la materia.

Castillo explicó que, independientemente de que se aplique la Ley 10-15 o la Ley 97-25, que establece un plazo de duración de cinco años, el proceso ya ha sobrepasado los períodos contemplados en esas legislaciones, al acumular cinco años, ocho meses y 17 días dentro del sistema procesal dominicano.

“El Tribunal no puede decir aquí ante este pleno que esto no ha pasado. Esto sí ha pasado”, expresó la magistrada.

Sin embargo, sostuvo que el análisis de una posible extinción de la acción penal no puede limitarse al conteo aritmético del tiempo transcurrido desde el inicio del proceso hasta la fecha de la decisión.

Tribunal descarta un conteo exclusivamente matemático

La magistrada explicó que la defensa de Jean Alain Rodríguez solicitó al tribunal aplicar un conteo matemático del tiempo transcurrido, tomando como referencia el momento en que se inició el proceso judicial hasta el día de la decisión.

Frente a esta posición, el Ministerio Público pidió que se tomaran en cuenta los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y los precedentes del propio Segundo Tribunal Colegiado.

El tribunal indicó que, aunque reconoce la existencia y autoridad de los precedentes jurisprudenciales citados por las partes, la controversia está relacionada con el alcance interpretativo que cada una les atribuye.

Las juezas también tomaron en consideración varias decisiones del Tribunal Constitucional, entre ellas las sentencias TC/0394/18, TC/0213/20, TC/0303/2020, TC/0740/2024 y TC/0080/2026, relacionadas con el principio del plazo razonable.

De acuerdo con la motivación de la decisión, estos precedentes establecen que, para determinar si se ha vulnerado el plazo razonable, deben analizarse factores como la complejidad del proceso, la actividad procesal de las partes, el comportamiento de las autoridades y la existencia de posibles dilaciones justificadas.

Complejidad del caso y actuación de las partes

El tribunal otorgó especial importancia a la sentencia TC/0303/2020, al considerar que establece criterios concretos para evaluar la razonabilidad del tiempo empleado en un proceso judicial.

Entre los elementos que deben ponderarse figuran la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento de las partes, la conducta de las autoridades judiciales, la organización del sistema de justicia y el volumen de trabajo de los tribunales.

En ese sentido, las magistradas concluyeron que el análisis del plazo razonable no puede convertirse en una simple operación cronológica, sino que debe establecer las causas que han incidido en la duración del proceso.

El tribunal también revisó precedentes relacionados con otros procesos de alta complejidad, entre ellos los casos de Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, Jesús Pascual Cabrera y compartes, Operación Coral y Juan Ángel Peña.

“No ha habido una demora injustificada”

Durante la lectura de la decisión, la jueza sostuvo que las actuaciones de las autoridades judiciales han sido razonables y que no se ha evidenciado una demora injustificada atribuible al tribunal.

“Las autoridades judiciales han estado día a día trabajando para darle respuesta procesal a las peticiones que han venido de las partes”, manifestó.

La magistrada reiteró que, para determinar la extinción de la acción penal, no basta con realizar un conteo matemático o aritmético del tiempo transcurrido.

Según explicó, deben observarse la actividad procesal desarrollada por cada una de las partes, la complejidad del proceso y las circunstancias que han incidido en su desarrollo.

Castillo enfatizó que este criterio no responde a una consideración particular sobre Jean Alain Rodríguez ni al tamaño del expediente, sino a los parámetros establecidos por la jurisprudencia para determinar si un proceso ha excedido de manera injustificada el plazo razonable.

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Santo Domingo.– Cambios continuarán durante la tarde del domingo y este lunes 17 de agosto 2026.

El presidente Luis Abinader inició una nueva etapa de cambios en el tren gubernamental con la designación de nuevos titulares en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Defensa Civil, como parte de un proceso de reorganización de distintas áreas de la Administración pública.

Mediante el Decreto 551-26, el mandatario designó al mayor general retirado Juan Manuel Méndez García como nuevo director ejecutivo del Intrant, en sustitución de Milton Morrison, quien presentó su renuncia. Méndez García, quien durante años estuvo al frente del Centro de Operaciones de Emergencias, pasa así a asumir una de las instituciones responsables de la regulación, planificación y gestión del tránsito y el transporte terrestre del país.

Como parte de los movimientos, Erdwin Robert Olivares Luciano fue designado director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Olivares Luciano se desempeñaba como subdirector de Operaciones de esa institución desde febrero de 2010, por lo que llega a la dirección con una amplia trayectoria dentro del organismo encargado de coordinar la respuesta nacional ante situaciones de emergencia y desastres.

El decreto también dispone la designación de Carlos Manuel Paulino Cárdenas como director ejecutivo de la Defensa Civil, luego de la renuncia de Juan Cesario Salas Rosario. Este último fue designado por el Poder Ejecutivo como asesor honorífico en asuntos de Defensa Civil, por lo que se mantiene vinculado a las políticas y estrategias relacionadas con la protección y asistencia de la población

Los movimientos marcan el inicio de una jornada de cambios en diferentes instituciones del Gobierno encabezado por el presidente Abinader. Las próximas designaciones y sustituciones continuarán durante la tarde de este domingo 16 de agosto y el lunes 17, como parte de los ajustes que realiza el Poder Ejecutivo en distintas áreas de la Administración pública.

Santo Domingo.– El Decreto 555-26 también dispone un nuevo cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles.

El presidente Luis Abinader continuó este domingo con los cambios en el tren gubernamental mediante el Decreto núm. 555-26, que dispone nuevas designaciones en la Dirección de Desarrollo Provincial, la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (Utepda), la presidencia del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y el servicio exterior.

La disposición designa a José Dolores Andújar Ramírez como nuevo titular de la Dirección de Desarrollo Provincial, al tiempo que deja sin efecto la disposición anterior correspondiente a ese cargo.

Asimismo, Nidio Encarnación Santiago fue designado director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República (Utepda), organismo encargado de la ejecución y seguimiento de iniciativas vinculadas al desarrollo agroforestal.

En Santiago, el mandatario designó a César Andrés Pichardo Fermín como presidente del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan). Además, Bernardo Antonio Inoa Pichardo fue nombrado miembro del Consejo de Directores de esa institución.

El decreto también incluye cambios en el servicio exterior, con la designación de Elías de Jesús Brache Rivas como cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Las nuevas designaciones forman parte de la jornada de movimientos dispuesta por el presidente Abinader este domingo 16 de agosto en distintas instituciones de la Administración pública.