Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader convocó al Consejo Nacional de la Magistratura para este lunes 3 de agosto de 2026, a las 5:00 de la tarde, en Palacio Nacional.

Por el momento, no se tiene más detalles sobre la convocatoria, pero se recuerda que desde abril pasado terminó el período de once jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo del magistrado presidente, Luis Henry Molina, así como de los actuales presidentes de las tres salas de la Suprema Corte de Justicia: Justiniano Montero, juez presidente de la Primera Sala; Francisco Antonio Jerez Mena, juez presidente de la Segunda Sala, y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, juez presidente de la Tercera Sala.

De acuerdo con el mandato constitucional, corresponde a estos jueces y otros siete ser evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura, con el propósito de determinar su confirmación o no.

El Consejo Nacional de la Magistratura se rige por la Constitución de la República y por la Ley núm. 138-11, Orgánica del CNM, y está compuesto de la siguiente manera:

· Luis Abinader: presidente de la República y del CNM.

· Ricardo de los Santos: presidente del Senado.

· Alfredo Pacheco: presidente de la Cámara de Diputados.

· Omar Fernández: senador representante de la segunda mayoría.

· Tobías Crespo: diputado representante de la segunda mayoría.

· Luis Henry Molina: presidente de la Suprema Corte de Justicia.

· Nancy Salcedo: jueza de la Suprema Corte de Justicia, quien funge como secretaria del CNM.

· Napoleón Estévez: presidente del Tribunal Constitucional.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva impuesta como medida de coerción a Aurelio Valdez Alcántara, el fiscal procesado por el Ministerio Público por pedir un soborno a una persona bajo investigación y que recibió US$10,000 en una entrega controlada. 

En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez, quienes solicitaron al tribunal mantener la prisión preventiva del procesado en virtud de que siguen sin variar los presupuestos presentados por la defensa en la audiencia donde se le impuso inicialmente la medida de coerción.

Nancy María Joaquín Guzmán, en funciones de jueza de la Instrucción Especial, rechazó el pedimento de la defensa de variar la prisión preventiva durante la audiencia donde se conoció la solicitud de revisión de la coerción que le fue impuesta a Valdez Alcántara el pasado mes de mayo por espacio de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

El pasado 29 de junio la jueza Joaquín Guzmán dejó sin efecto la revisión de la medida de coerción a Valdez Alcántara como consecuencia del recurso que conoció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el pasado 3 de junio, cuando, igualmente, le ratificó la medida privativa de libertad. 

La magistrada Joaquín Guzmán fijó la revisión obligatoria de la medida para el próximo 3 de septiembre.

El Ministerio Público le  imputa a Valdez Alcántara la violación de varios artículos del Código Penal dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

La medida de coerción fue impuesta el pasado mes de mayo por la jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, luego de rechazar varios incidentes presentados por la defensa técnica del imputado, la cual llegó a pedir la nulidad del proceso.

Valdez Alcántara exigió a la persona bajo investigación una suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un auto marca Mercedes Benz.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, una jueza impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una militar imputada de matar a su suegra, en un hecho ocurrido en la sección Las Guanábanas, de la provincia de Azua.

Mariely Figuereo Ramírez, sargento de la Fuerza Aérea, es procesada por la muerte de su suegra Rosa Marte.

Conforme a las investigaciones, la mañana del pasado 9 de julio, la señora Marte se disponía a dirigirse hacia su lugar de trabajo cuando fue contactada por su nuera Figuereo Ramírez, mediante una llamada telefónica, quien le dijo que su hijo había tenido un accidente y se encontraba ingresado en un centro médico, por lo que iba a buscarla para que lo viera a solicitud de él.

La solicitud de la medida de coercion detalla que, a las 7:30 horas de la mañana, la víctima salió de su casa ubicada en el sector Barraquito, del municipio Villa Riva, provincia Duarte, acompañada de Figuereo Ramírez.

Durante las pesquisas realizadas en el inicio de las investigaciones por el Ministerio Público de la provincia Duarte y la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional, se estableció, mediante un levantamiento de las cámaras de vigilancia, que la procesada utilizó un servicio de taxi para trasladarse junto a la hoy occisa hacia un centro médico en el sector Gascue, del Distrito Nacional.

Las investigaciones establecen, que, posteriormente, Figuereo Ramírez solicitó otro servicio de taxi y se dirigió hacia la avenida Duarte, donde, luego, ambas mujeres abordaron un autobús con destino hacia el sur.

Durante el trayecto, Figuereo Ramírez solicitó al chofer que las dejara cerca de un cementerio, al lado de una metalera en la sección Las Guanábanas, en la provincia de Azua, llevando a la víctima hacia unos matorrales.

En fecha 18 de julio, fue recuperado el cadáver de la víctima en estado de descomposición. Marte falleció a causa de hemorragia cerebral y trauma encefálico, según consta en el acta de levantamiento de cadáver expedido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La procesada habría agredido con piedras a su suegra hasta provocarle la muerte.

La imputada fue arrestada mediante la autorización judicial No. 2026-AJ0060826, emitida por el Juzgado de Atención Permanente de Azua.

El Ministerio Público, representado por el procurador de corte Dante Castillo Medina, titular de la Fiscalía Azua, conjuntamente con el procurador fiscal investigador, Franklyn Vicente Vicente y la procuradora fiscal, Mercedes Soriano, le han otorgado al presente hecho la calificación jurídica provisional de asesinato, hecho previsto y sancionado en los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal dominicano.

La magistrada Ydaisa E. Medina Estepan, jueza suplente de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Azua, ordenó el cumplimiento de la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Azua.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó este jueves la prisión preventiva, como medida de coerción, impuesta a Ángel Luis Guzmán Vásquez, vinculado a la red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La fiscal Rosa Alba García representó al Ministerio Público en la audiencia en la que la magistrada Lisa Veras, jueza suplente, acogió el pedimento del órgano persecutor y rechazó las pretensiones de variación de la medida coerción de 18 meses de prisión preventiva impuesta al imputado.

A finales del pasado mes de abril, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige la procuradora de Corte, Mirna Ortiz, arrestó a Guzmán Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en SeNaSa, desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022, cuando trató de salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno al país.

El imputado está vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de la red criminal que estafó al SeNaSa mediante el empleo de distintas maniobras y modalidades fraudulentas, para hacerse con montos económicos fuera de los parámetros legalmente establecidos.

Como parte de la operación Cobra, el Ministerio Público investiga autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, sumando 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.

Tras la puesta en marcha de la Operación Cobra en diciembre pasado fue arrestado y sometido a la justicia Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, a quien el pasado mes de abril les fueron ratificados los 18 meses de prisión preventiva que cumple desde el mes de diciembre del pasado año en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. La misma medida le fue impuesta a Ada Ledesma Ubiera, quien ahora cumple arresto domiciliario, luego de que se le variara la medida de coerción el pasado 16 de julio.

Junto a Hazim Albainy, también cumplen la misma medida de coerción los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.

Por el caso también son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes tienen medidas de coerción de arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

La procuradora de corte Mirna Ortiz resalta que el juez, como el Ministerio Público, entendió que se trata de hechos graves que afectaron fondos del SeNaSa.

Hazim Albainy

En otro orden, el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el próximo miércoles 5 de agosto, la audiencia de revisión de la medida de coerción impuesta a Santiago Hazim Albainy y a otros procesados por el Ministerio Público por hechos de corrupción administrativa en la red criminal que afectó al SeNaSa con miles de millones de pesos.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Yeni Berenice Reynoso recuerda que no es delito, “crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social”.

“No es delito, porque el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican ni lo sancionan con prisión o multa, crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social”, aseguró este miércoles la procuradora general de la República.

Yeni Berenice Reynoso se refirió al tema al hacer una precisión sobre el Código Penal aprobado y su reforma, con la finalidad de contribuir con una mejor interpretación de la ley penal.

Explicó, a través de un comunicado colgado en su cuenta de la red social X, que la Procuraduría General de la República considera pertinente hacer la precisión respecto al tema sobre las citadas expresiones artísticas o comunicativas que, “quizás sin mala intención, recibe una interpretación o un tratamiento errado de parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública”.

Crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no son dolosas cuando, “el contenido sea claramente reconocible como una obra de creación o ficción que no tenga por objeto engañar al público con fines ilícitos o que no atente contra la integridad de un niño, una niña o un adolescente”, subrayó.

En ese contexto, sugirió ver el Principio 2, literales 1, 3, 5 y 6 del Código Penal y 25 del Procesal Penal.

Reynoso recordó que el principio de legalidad penal exige que para una acción u omisión ser sancionada penalmente tiene que estar expresamente descrita de manera precisa e inequívoca por ley, al tiempo que destacó la importancia de recordar que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas. 

“Es errado hacer interpretaciones extensivas o el uso de la analogía en contra de una persona, porque el derecho penal lo prohíbe, salvo que favorezca a la persona procesada”, señaló.

Enfatizó que la alteración de vídeos o audios con el fin ilícito de dañar una persona no extiende sus efectos a la creación de memes o caricaturas, parodias como ejercicio de la libre expresión y de la creación artística, actividades constitucionalmente protegidas.

La procuradora general hizo la precisión tras recordar que la Constitución dominicana establece, en su Artículo 169, que el Ministerio Público es: “el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad”.

 Santo Domingo. –El economista Franklin Vásquez plantea que la formación profesional debe convertirse en el principal motor del desarrollo competitivo de la República Dominicana.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) reafirmó su compromiso con la transformación de la formación técnico profesional al propiciar un espacio de reflexión sobre los desafíos que plantean las tendencias globales y la necesidad de fortalecer un pensamiento estratégico que permita anticipar los cambios del mundo del trabajo y responder a las demandas del desarrollo nacional.

 Con ese propósito, la institución realizó la conferencia magistral "Formación Profesional, Tendencias Globales y Pensamiento Estratégico hacia el Futuro", impartida por el economista y consultor estratégico Franklin Emilio Vásquez Rodríguez, con la participación de representantes del sector empresarial, instituciones públicas, organismos internacionales, la academia y especialistas en desarrollo del talento humano.

INFOTEP apuesta por una formación orientada al futuro

 Al dejar inaugurada la conferencia, el director de Formación Profesional del INFOTEP, Luis Beltré, en nombre de la directora general, Maira Morla Pineda, destacó que la acelerada evolución de la inteligencia artificial, la automatización y otras tecnologías emergentes exige una formación técnico profesional más innovadora, flexible y alineada con las necesidades de una economía basada en el conocimiento.

 Explicó que la institución impulsa un proceso permanente de modernización de su oferta formativa, incorporando programas vinculados con la Industria 4.0, entre ellos inteligencia artificial, automatización, análisis de datos, transformación digital, manufactura avanzada, energías renovables y ciberseguridad, además de fortalecer modalidades como la formación dual, los entornos virtuales y las certificaciones por competencias.

 Beltré afirmó que el gran desafío consiste en preparar personas con capacidad para aprender de manera permanente, adaptarse a los cambios e innovar, al tiempo que reiteró que invertir en talento humano es una condición indispensable para impulsar la productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible del país.

Una visión estratégica de la formación profesional

 Durante la conferencia magistral, Franklin Emilio Vásquez Rodríguez planteó que la formación profesional debe dejar de concebirse únicamente como un mecanismo para preparar personas para el empleo y convertirse en una estrategia nacional para desarrollar la capacidad del país de aprender, adaptarse e innovar frente a los cambios tecnológicos, económicos y sociales.

 "Las sociedades ya no compiten únicamente por sus recursos naturales, su infraestructura o su capacidad financiera. Compiten, sobre todo, por la velocidad con la que aprenden, se adaptan y transforman el conocimiento en productividad, innovación y bienestar", afirmó.

Como parte de su exposición, presentó el Ecosistema Nacional de Aprendizaje Competitivo (ENAC), un modelo que promueve una mayor articulación entre el Estado, el sector empresarial, las universidades, los centros tecnológicos y las instituciones de formación profesional para fortalecer el aprendizaje colectivo y la innovación.

 Asimismo, propuso la Ley de la Adaptación Competitiva, según la cual la competitividad sostenible de un país depende de su capacidad para coordinar sus instituciones, generar aprendizaje continuo y transformar el conocimiento en valor económico y bienestar social.

 El especialista también dio a conocer la propuesta del Índice Nacional de Capacidad Adaptativa (INCA), concebido para medir el nivel de preparación de un país frente a los cambios tecnológicos, económicos y sociales.

 Vásquez consideró que el INFOTEP está llamado a desempeñar un papel que trascienda la capacitación técnica, consolidándose como un articulador del aprendizaje permanente y un actor clave para fortalecer la capacidad adaptativa de la República Dominicana.

 "El desafío ya no consiste únicamente en formar trabajadores para los empleos actuales. Consiste en preparar a la sociedad para ocupaciones, tecnologías y desafíos que todavía no existen", señaló.

 Al concluir, exhortó a fortalecer la cooperación entre el Estado, el sector empresarial, las universidades y las instituciones de formación para consolidar un modelo de desarrollo sustentado en el aprendizaje permanente, la innovación y el talento humano.

 "La mayor inversión que puede realizar una nación en el siglo XXI no es solamente en infraestructura física. Es la inversión sostenida en talento humano, porque el futuro pertenecerá a las sociedades que desarrollen la capacidad de aprender más rápido que los cambios que enfrentan", concluyó.

La actividad contó con la presencia del director general  del  Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Fabricio Gómez Mazara, el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Arturo Del Villar, el presidente de Ratán Dominicana, Porfirio Peralta, y el presidente del Grupo Cometa, Ezequiel Molina, entre otras personalidades.