(Entre 1996 y 2026*)

En la República Dominicana cohabitan simultáneamente las modalidades de violencia: estructural, institucional, cultural y de hecho. Ello hace que el capital social y la cohesión social se expresen de manera mutante, débil. De los 18 países evaluados por Latinobarómetro en 2024, como nación, sacamos el peor ranking en muertes ocasionadas por los aparatos coercitivos del Estado.

Desde 1997 se instaló como una política de Estado mutilar, asesinar a los ciudadanos en un mal llamado “intercambio de disparos o muertes extra judiciales”. Se construyó una cultura de la muerte al interior de la institución llamada a la creación del orden y a generar la confianza necesaria con la comunidad. Lo institucional, frágil, se fractura con la visión del poder que existe en la sociedad dominicana.

Con ironía hemos avanzado desde una conceptualización errada de “intercambio de disparos y muertes extrajudiciales”, se le está llamando eufemísticamente “acciones legales”. La Policía en la tercera década del Siglo XXI no entiende la diferencia entre AUTORIDAD Y PODER.

Asesinar ciudadanos supuestamente para “reducir la delincuencia” común de la calle, en gran medida por factores estructurales, factores como: empleo, Ni Ni, educación, desigualdad, valores. En fin, necesidades vitales. Esa reacción del poder político desde 1997 diseñó “una política pública” desde la Policía de “sacar de circulación a los delincuentes”. Ello hizo, además, como corolario disfuncional, que muchos policías en la esfera cultural, la costumbre, la tradición de más de 30 años, maten a jóvenes que no son delincuentes.

La siniestralidad tan dramática, tan cruel, desde 1997 hasta este 3 de julio de 2026, la Policía ha asesinado a 5,443 seres humanos. El 77% ha sido fruto y expresión del abuso del poder cristalizado “en intercambios de disparos”. Entre 1997 y 2012 ocurrieron 4,069 muertes a manos de la Policía, esbozados en esa oportunidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre 2008, 2009 y 2010, en la gestión de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, “perecieron” 1,300 dominicanos.

Veamos la descripción por años de las muertes ocasionadas por la Policía desde 1996 al 3 de julio de 2026:

En el primer periodo del doctor Leonel Fernández, esto es 1996-2000 se ejecutaron 1,023 personas en cuatro años. En el periodo de Hipólito Mejía la sumatoria nos da un total de 1,060. Del 2004 al 2008, el segundo periodo del ciudadano expresidente Leonel Fernández, las ejecuciones totalizaron 1,610. Desde 2009 al 2012, su tercer periodo, fue de 1,264. Danilo Medina, en sus 8 años, se llevaron a cabo 1,131 víctimas por la institución del Estado llamada al orden, referencialmente, no letal. Luis Abinader, desde agosto de 2020 al 3 de julio de 2026, la Policía Nacional lleva un total de 978 personas que pierden la vida a manos de los que están para defenderla en los territorios públicos

En ninguno de los tres gobiernos del doctor Fernández Reyna se introdujeron reformas en la Policía Nacional, ni en el orden normativo ni de estructura organizacional. En el periodo del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía se introdujo una reforma normativa en el Congreso, aprobada mediante la Ley 96-04 de 2004. Danilo Medina llevó a cabo una reforma policial en el Congreso que lleva el epígrafe de 590-16. Esta ley llevaba en su vientre, para su aplicación, 20 Reglamentos. A la hora de irse el presidente Medina solo se había aprobado uno. El presidente Luis Abinader, luego de un arduo proceso interno, de tareas conjuntas con expertos internacionales, con una parte significativa de académicos, intelectuales, organizaciones sociales, ha llevado a cabo un proceso interesante de reforma. En el Congreso descansa desde el mes de diciembre una nueva normativa que auxiliará en la larga tarea cultural, de crear una nueva Policía, más cercana a la ciudadanía, más comunitaria y con la ruptura de la concepción del poder que la ampara como corpus político social del poder en Dominicana: el abuso del poder y de hacer lo que le viene en gana.

Reconozcamos que tenemos un Estado triplemente ineficaz: 1) para brindar servicios oportunos y de calidad en los hospitales; 2) para hacer cumplir la Constitución y las leyes; y 3) para contratar millones de servicios médicos con tarifas y honorarios aceptables

Esta semana nuevamente más de 8 millones de dominicanos han sido privados del acceso regular a los servicios públicos de salud por el Colegio Médico Dominicano (CMD), con el pretexto del apresamiento de un médico y su ayudante en la ciudad de la Vega.

La pregunta del millón, ¿existe alguna proporción razonable entre la prisión de un médico, legal o no, y la suspensión a nivel nacional de los servicios médicos públicos? ¿Utilizó el CMD los recursos legales para demandar el habeas corpus de ese médico?  

A esta ilegal interrupción del derecho constitucional a una atención médica continua y oportuna, se le agrega la intensión de ANDECLIP de suspender los servicios de salud a los afiliados de la mayoría de las ARS, en reclamo de un aumento del 25% en las tarifas y honorarios. ¿Se utilizaron las previsiones contractuales basadas en el debido proceso?

Obviamente, ambos casos programados para la misma semana constituyen acciones socialmente lesivas a millones de asegurados. Y quizás por eso se multiplican las críticas contra estos atropellos a la población más pobre e indefensa, como en otras tantas violaciones impunes.  

Pero nuestra Fundación quiere llamar la atención sobre el trasfondo de esta desconsideración. Se trata de un abuso de poder ya recurrente debido a la ancestral incapacidad pública para garantizar los servicios más esenciales a los dominicanos que pagamos nuestros impuestos, esperando recibir a cambio una protección al menos aceptable.

Esa ineficiencia pública ha prohijado una privatización tal les permite al CMD y a ANDECLIP colocarse por encima de la Constitución y de las Leyes. Un exceso que desnuda la enorme debilidad del Estado y de sus principales instituciones de los servicios de educación, salud y pensiones. Alguien tiene que decir estas verdades dolorosas, ignoradas e incómodas.  

La demanda de salud no es una mercancía cualquiera, toda concesión privada debe estar regulada y sujeta al interés social y nadie puede estar por encima de la Ley

Debido a las tradicionales deficiencias públicas de larga data reconocidas por todos, el Estado se vio obligado a conceder la participación privada en la administración y prestación médica. Pero por tratarse de “una concesión oficial” sobre un derecho esencial, la misma tiene que estar sujeta a la rectoría del Estado y al estricto cumplimiento de los objetivos y metas del SDSS.

Lamentablemente durante más de medio siglo el desempeño del Estado ha estado muy por debajo de la responsabilidad constitucional de garantizar este vital servicio a la mayoría de las familias más pobres y vulnerables. Una notable ineficiencia que alimenta un círculo vicioso que multiplica la privatización y la mercantilización de la salud pública.  

Más allá de las críticas al CMD y a ANDECLIP, es necesario reconocer abiertamente que estas humillaciones y abusos de poder continuarán, mientras no logremos un Estado capaz de: 1) garantizar servicios oportunos, continuos y de calidad; 2) imponer criterios sociales a la práctica privada de la salud; y 3) utilizar su poder como “comprador masivo” para negociar tarifas y honorarios razonables y aceptables para los 11 millones de dominicanos.

Dejémonos de agarrar el rábano por las hojas. Critiquemos estos abusos privados, pero al mismo tiempo exijamos una red pública realmente centrada en los pacientes, que garantice más servicios y mayor calidad durante jornadas más amplias y continuas. Ese es el único antídoto efectivo contra la privatización y la mercantilización de la salud.

Solo las deficiencias públicas, la politización de la salud, el clientelismo, el ausentismo y la corrupción permiten explicar por qué en una economía de mercado, un Estado comprador masivo de millones de servicios públicos de salud acepta tarifas al por menor y condiciones mercantiles de un puñado de proveedores de servicios de salud (PSS). La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) llama a los líderes democráticos y populares y a la opinión pública a proclamar enérgicamente que la salud no es una mercancía cualquiera. Y que, además, toda concesión privada debe estar sujeta a normas específicas que protejan a la población de cualquier interrupción, abuso, sesgo o discriminación que afecte su derecho y su dignidad.