Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, pone en circulación el 9no. Informe del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa, que da seguimiento a los principales procesos por corrupción actualmente en curso en los tribunales de la República Dominicana.

En esta entrega se otorga especial atención a los casos Adán Cáceres y compartes, Donald Guerrero y compartes y José Ángel Gómez y compartes, debido a las recientes decisiones judiciales adoptadas en cada uno de estos procesos, las cuales revisten especial relevancia para el desarrollo de la justicia penal en materia de corrupción.

Es relevante que, en apenas dos semanas, se hayan producido decisiones judiciales en tres de los principales casos de corrupción administrativa del país. Estas decisiones han dado lugar a 95 condenas en primer grado y al envío a juicio de fondo de 191 personas imputadas.

Paralelamente, en Santiago se conocen en estos días las solicitudes de medidas de coerción contra los imputados en el denominado caso del Instituto Regional Oncológico del Cibao, una investigación que, por la naturaleza y gravedad de los hechos atribuidos, ha sido calificada por diversos sectores como un posible crimen de lesa humanidad.

En atención a su trascendencia jurídica e institucional, este proceso será incorporado, en lo adelante, al Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, con el propósito de dar seguimiento a su evolución y contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de derecho.

Caso de Donald Guerrero y compartes

Con respecto al caso de Donald Guerrero y compartes, la jueza apoderada de la audiencia preliminar, la magistrada Altagracia M. Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a todos los imputados con excepción de los señores Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Marcial Reyes, Rosa Aris Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena, a favor de quienes dictó un auto de no ha lugar, que ha sido recurrido en apelación tanto por el Ministerio Público como por el equipo del gobierno de recuperación de bienes del Estado.

En este caso se admitieron como válidas más del 90% de las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por los imputados, y se rechazaron todos los incidentes presentados por las partes, incluyendo la extinción de la acción penal fundamentada en el vencimiento del plazo de duración máximo del proceso.

Caso Adán Cáceres y compartes

El 15 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, integrado por las magistradas Gisselle Méndez, presidenta, Tania Yunes y Jissel Naranjo, dictó el dispositivo de la sentencia de fondo en el caso Adán Cáceres y compartes.

La decisión concluyó con la condena de 20 personas y la absolución de siete imputados, imponiendo penas que oscilaron entre 20 años de prisión, 15 años, 10 años, 5 años, 2 años con suspensión condicional y pena cumplida, según el grado de responsabilidad establecido para cada acusado.

Entre las sanciones más severas, el tribunal condenó a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP); al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR); y al coronel Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero de esa institución.

Asimismo, el tribunal impuso penas de diez años de prisión a Esmeralda Ortega Polanco, gerente de sucursal del Banco de Reservas; José Manuel Rosario Pirón, mayor de la Policía Nacional y extesorero del CUSEP; Boanerges Reyes Batista, general del Ejército de República Dominicana; Franklin Antonio Mata Flores, capitán de la Armada de República Dominicana; Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, primera teniente de la Policía Nacional; Erasmo Pérez Núñez, teniente coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana; y Kelman Santana Martínez, teniente coronel.

Además, dispuso penas suspendidas para varios imputados, condenó a Raymel Pastor del Rosario Viola a dos años de prisión con suspensión condicional de la pena y declaró pena cumplida respecto de Raúl Alejandro Girón Jiménez, en atención al tiempo de privación de libertad ya cumplido.

En el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el tribunal condenó a cinco sociedades comerciales al pago de 200 salarios mínimos y ordenó su disolución.

Por otra parte, fueron absueltos Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Santiago Antonio Suárez Peguero y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.

Como consecuencia accesoria de la condena, el tribunal ordenó el decomiso a favor del Estado de 29 armas de fuego, sus cargadores y municiones, esposas, 18 relojes de alta gama, numerosos equipos electrónicos, 115 vehículos, 160 inmuebles, US$283,515 y RD$39,732,690 en efectivo. No obstante, rechazó la solicitud de decomiso respecto de aproximadamente 78 bienes, entre muebles e inmuebles.

El tribunal acogió. Además, la acción civil ejercida por el Estado dominicano y condenó a todos los responsables, de manera conjunta y solidaria, al pago de una indemnización de cinco mil millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000,000.00) a favor del Estado.

José Ángel Gómez y compartes

El tercer caso que avanza es el de José Ángel Gómez y compartes, donde la magistrada apoderada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a todos los imputados.

Las personas físicas enviadas a juicio de fondo fueron: Hugo Beras (Exdirector del INTRANT)

José Ángel "Jochi" Gómez Canaán, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini (o Agustini), Manuel Eduardo Mora Vázquez

Las personas jurídicas imputadas fueron: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S. Inprosol S.R.L.

OML Inversiones S.R.L. PagoRD Xchange S.R.L.  Industria Soltex Dominicana S.R.L. Dekolor S.R.L.

Se descartó el tipo penal de terrorismo, pero los demás tipos penales presentados por el Ministerio Público en su acusación fueron admitidos y son: corrupción, estafa, coalición de funcionarios, delitos tecnológicos, sabotaje y lavado de activos

Para el juicio de fondo fue apoderado el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que ya fijó la primera audiencia para el 11 de agosto del 2026. Este tribunal colegiado está integrado por las magistradas Arlín Ventura Jiménez (quien lo preside), Leticia Martínez Noboa y Milagros Ramírez.

La posición de Participación Ciudadana respecto de los casos de gran corrupción ha sido consistente: lo deseable es que todos los procesos sean conocidos en juicio de fondo, por constituir la etapa en la que se desarrolla plenamente la actividad probatoria y se garantiza el debate contradictorio. Es en ese escenario donde se escuchan los testimonios, se incorporan y examinan las pruebas y el tribunal puede valorarlas de manera integral, apreciando su credibilidad, pertinencia y el grado de corroboración entre ellas.

En contraste, durante la audiencia preliminar el tribunal no recibe declaraciones testimoniales ni realiza una valoración exhaustiva de la prueba. En esta fase, quien propone un testigo únicamente debe indicar los hechos que pretende acreditar con su declaración, sin que el juez conozca directamente el contenido de su testimonio ni pueda ponderar su fuerza probatoria.

Además, al tratarse de audiencias públicas, la ciudadanía y los medios de comunicación pueden observar directamente el desarrollo del juicio, lo que fortalece los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas en la administración de justicia. Ello permite verificar que las partes ejercen plenamente sus derechos, que se respetan las garantías del debido proceso y que la decisión judicial se fundamenta exclusivamente en las pruebas debatidas de manera pública y contradictoria ante el tribunal.

En consecuencia, la decisión de enviar un proceso a juicio de fondo no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad de las personas imputadas ni afecta la presunción de inocencia que las ampara. Este derecho fundamental permanece incólume hasta que exista una sentencia condenatoria firme, con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

La iniciativa marca el inicio del Programa de Reconocimiento al Mérito Estudiantil de la Fundación GBC para impulsar la excelencia académica.

Santo Domingo, R.D. – Raymond Rodríguez, presidente de la Fundación GBC por la Educación, entregó laptops a 56 estudiantes meritorios y dejó iniciado el Programa de Reconocimiento al Mérito Estudiantil, una iniciativa destinada a abrir nuevas oportunidades a jóvenes dominicanos destacados por su excelencia, disciplina y esfuerzo.

En esta primera edición, 56 estudiantes meritorios de distintos centros educativos y comunidades del país fueron reconocidos y recibieron una laptop, herramienta que fortalecerá su formación universitaria y les permitirá afrontar con mayores oportunidades los desafíos de la educación superior.

Durante el acto, Raymond Rodríguez reafirmó el compromiso de la Fundación GBC con la educación como motor de transformación social.

“Desde la Fundación GBC creemos en ustedes, creemos en el talento. Más que un reconocimiento, este programa busca motivar a las nuevas generaciones a seguir esforzándose. Nunca permitan que una buena calificación sea el techo de sus sueños. Sigan preparándose y nunca dejen de creer en la educación como la herramienta fundamental para construir un mejor futuro”, expresó.

Los estudiantes fueron seleccionados por su sobresaliente desempeño académico, convirtiéndose en un ejemplo de dedicación, perseverancia y superación. La ceremonia contó con la presencia de directores de centros educativos, familiares y tutores, quienes respaldaron este importante reconocimiento al esfuerzo de los jóvenes.

La Fundación GBC informó que este programa se desarrollará cada año, con el propósito de ampliar su alcance y beneficiar a un número cada vez mayor de estudiantes sobresalientes, reafirmando así su compromiso con el fortalecimiento de la educación en la República Dominicana.

La actividad reunió a destacadas personalidades, entre ellas Carmen Rodríguez, vicepresidenta del Grupo GBC; Milagros Cabral, leyenda del voleibol dominicano; empresarios, representantes de los medios de comunicación e invitados especiales.

Contralor Geraldo Espinoza resalta el respaldo del presidente Abinader a la lucha contra la corrupción y la transparencia; afirma que la nueva estructura fortalece la capacidad operativa de la Unidad Antifraude y consolida su labor investigativa

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader reafirmó este viernes su compromiso con el fortalecimiento de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, como parte de las acciones orientadas a elevar los niveles de transparencia, prevención de irregularidades y control en el uso de los recursos del Estado.

Durante una visita a la Contraloría General de la República (CGR), el presidente Luis Abinader conoció el fortalecimiento institucional de la Unidad Antifraude, cuya nueva estructura organizacional amplía las capacidades del Estado para prevenir, detectar e investigar posibles irregularidades en la administración de los recursos públicos.

En el recorrido por las instalaciones de la Unidad Antifraude, ubicadas en la sede de la institución, el mandatario recibió una presentación sobre la evolución de esta dependencia y los principales resultados alcanzados desde su creación, así como sobre las nuevas capacidades especializadas en análisis de información, gestión de riesgos, monitoreo, investigación y coordinación interinstitucional, orientadas a fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante posibles irregularidades.

Al presentar la nueva organización de la Unidad Antifraude, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, destacó que la Unidad Antifraude fortalece la capacidad operativa de esa dependencia y le permitirá actuar con mayor flexibilidad, eficiencia y coordinación en los procesos de investigación.

Explicó que esta ha logrado importantes avances desde su creación y atribuyó esos resultados al respaldo del presidente Luis Abinader, cuya visión de fortalecer la lucha contra la corrupción, promover la transparencia y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos ha sido determinante para consolidar ese organismo.

Asimismo, resaltó que la Unidad Antifraude cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en investigación, abogados, contadores y otros profesionales, una composición que ha permitido desarrollar investigaciones con mayor rigor técnico y fortalecer la capacidad institucional para enfrentar casos de presuntas irregularidades.

El funcionario señaló que la aprobación de la estructura organizacional marca una nueva etapa para la Unidad, al consolidar un proceso iniciado en 2021, cuando comenzó su organización. Indicó que el crecimiento de esa dependencia ha sido posible gracias a la perseverancia del equipo de trabajo y al respaldo de las autoridades.

De igual forma, afirmó que la Unidad Antifraude ha alcanzado reconocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional y ha fortalecido su credibilidad ante los tribunales, al desarrollar investigaciones sustentadas en criterios técnicos y conforme al marco legal vigente.

Durante la exposición, las autoridades explicaron que la reorganización de la Unidad responde a la necesidad de consolidar un modelo de actuación más especializado, con mayores capacidades técnicas y operativas para la identificación temprana de riesgos, el análisis de denuncias, las investigaciones administrativas, el uso de inteligencia de datos y la coordinación con las instituciones competentes para la protección del patrimonio público.

Asimismo, fueron presentados los principales resultados de la Unidad Antifraude, entre ellos las denuncias procesadas, las investigaciones realizadas, los informes remitidos a las autoridades correspondientes, las acciones preventivas ejecutadas y las iniciativas implementadas para fortalecer los controles internos en las instituciones públicas.

Acompañaron al presidente Luis Abinader los directores de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig),
Milagros Ortiz Bosch y de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, además del responsable de la Unidad Antifraude, Leónidas Radhamés Peña.

Con esta visita, el Gobierno reafirma su apoyo al fortalecimiento de la Contraloría General de la República y de los mecanismos de control orientados a garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La entidad realizó más de 266 mil supervisiones y consolida una estrategia basada en prevención, orientación y control

Santo Domingo. – La Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), dependencia del Ministerio de Interior y Policía, superó en un 163 % la meta establecida de supervisión de negocios durante 2025, al realizar 266,937 supervisiones y regular 56,487 establecimientos en todo el territorio nacional. Estos resultados consolidan una estrategia integral que combina prevención, orientación, supervisión y modernización institucional para fortalecer la convivencia ciudadana y el cumplimiento de las normas.

El desempeño operativo del COBA también se refleja en la realización de 10,514 inspecciones y 69 operativos de control y supervisión, ejecutados como parte de la Operación Garantía de Paz, iniciativa orientada a garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos para los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, reducir conflictos y contribuir a la seguridad ciudadana.

Como parte del fortalecimiento institucional, el COBA inició la transformación digital de sus procesos de inspección mediante la implementación de un plan piloto que permitirá registrar y consultar, en tiempo real, la información generada durante las labores de campo. Esta innovación fortalecerá la trazabilidad de las actuaciones, optimizará el control operativo y facilitará la toma de decisiones basada en datos.

En el ámbito preventivo, la institución desarrolló más de 260 charlas, talleres y jornadas de orientación sobre el cumplimiento del Decreto 308-06 y la Resolución 001-2022, impactando de manera directa a más de 4,200 propietarios, administradores y ciudadanos. Estas acciones buscan fomentar el conocimiento de las normas que regulan los horarios de funcionamiento de colmados, bares, discotecas y otros centros de diversión, promoviendo una cultura de cumplimiento voluntario.

Asimismo, en coordinación con la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), ejecutó operativos conjuntos dirigidos a prevenir la presencia de menores de edad en establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, reforzando las acciones de protección de la niñez y la adolescencia y promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente.

El COBA fortaleció los canales de diálogo y atención con comerciantes y propietarios de establecimientos, impulsando la mediación institucional y la atención oportuna de situaciones derivadas de los procesos de supervisión, con el propósito de generar relaciones de confianza y una mayor corresponsabilidad en el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal del distrito judicial de Puerto Plata condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de violar sexualmente a una joven en el municipio de Sosúa, de la provincia Puerto Plata, en el año 2022.

El procesado Wilfrido Ramos (Junior o el Mello) cumplirá la pena impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata.

Ramos agredió a la joven de 33 años de edad con un arma blanca y luego la violó sexualmente, bajo amenaza de muerte. Posteriormente, robó las pertenencias de la víctima.

Las investigaciones estuvieron a cargo de la fiscal Dilsia Taveras, adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Puerto Plata, quien recopiló las pruebas que permitieron establecer la participación del condenado en los hechos. Durante el arresto fue ocupada el arma blanca tipo sevillana utilizada para cometer los hechos criminales.

El fiscal litigante Jesús Ernesto Valenzuela sustentó la acusación con diferentes pruebas periciales, documentales, testimoniales, ilustrativas y materiales que corroboraron la versión de la víctima y demostraron la culpabilidad del procesado más allá de toda duda razonable.

La sentencia fue dictada por un Tribunal Colegiado Ad-hoc (creado a esos fines), presidido por el juez José Antonio Núñez, acogiendo las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales demostraron de manera fehaciente la responsabilidad penal del procesado.

Ramos fue hallado culpable de violar las disposiciones del artículo 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, que tipifica y sanciona la violación sexual. 

Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que el condenado engañó a la víctima con la promesa de trabajo. Sin embargo, la trasladó hasta una zona solitaria y boscosa de la calle Alta Vista, en el sector Los Cerros de Sosúa, donde procedió a atacarla violentamente.

Las pruebas establecieron que Ramos agredió a la víctima con un cuchillo tipo sevillana, ocasionándole múltiples heridas. Según el certificado médico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la joven presentó múltiples heridas cortantes suturadas en la región retroauricular izquierda, ambos senos, región cervical derecha, además de laceraciones y una herida en el antebrazo izquierdo.

Luego de causarle las heridas, el agresor despojó a la mujer de su teléfono celular y le exigió dinero en efectivo, mientras la amenazaba de muerte con el arma blanca. Posteriormente, la violó sexualmente y luego emprendió la huida a bordo de una motocicleta.