La “Coalición Seguridad Social Digna” reduce el Derecho Universal a la Salud (DUS) a un servicio asistencial, como ha sido la tradición en Salud Pública y el antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) durante más de seis décadas.
Así lo planteo el economista Arismendi Díaz Santana, quien asegura que la propuesta elimina el Plan Básico de Salud y se concentra en atender las enfermedades, bajo la vieja costumbre de ofrecer todos los servicios e intervenciones, pero sin garantía real de ninguno.
¿Cómo garantizar el derecho universal a la salud y el equilibrio financiero de un sistema que pretende ofrecer servicios ilimitados con recursos limitados?, se pregunta Díaz Santana. «Solamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estará facultado para dictar resoluciones para el funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social».
La propuesta de la Coalición, retrotraería al país a 70 años atrás, justamente a los mejores tiempos de la dictadura de Trujillo, cuando el Seguro Social era una dependencia directa de la entonces Secretaría de Salud Pública.
La concentración burocrática de estas altas decisiones financieras y técnicas a cargo exclusivo del Ministerio de Salud Pública generaría mayor incertidumbre, debido al predominio de instituciones muy débiles, con una práctica ancestral de clientelismo, corrupción, privilegios y control gremial, insiste.
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La propuesta propone un retorno al sistema público de reparto, sin tomar en cuenta la pérdida de la capacidad de ahorro y de capitalización del sistema. La eliminación del ahorro equivaldría a matar la gallina de los huevos de oro. La sensatez mundial avanza hacia la extensión de años de aportes.
Altagracia Ortiz, periodista egresada de la UASD, especialista en salud y con más de dos décadas de experiencia.
Si la prestación de todos los servicios fuese ilimitada, ante un presupuesto definido, ¿Cómo se garantizaría el acceso a la salud como un derecho sí o sí? Cuando se agoten los recursos, ¿a quienes se les dejará de pagar por sus servicios, a los médicos, a los laboratorios, a las farmacias o a las clínicas? ¿Cómo se evitaría el crecimiento de una medicina privada paralela? Ante los recursos limitados, ¿Cómo se evitaría el aumento progresivo del gasto familiar de bolsillo? ¿Cómo evitar las protestas, las presiones, los privilegios y la corrupción de una burocracia politizada que tendría la facultad de pagarle a unos prestadores y a otros no? ¿Cuál sería la reacción natural de quienes trabajaron y prestaron sus servicios sin poder cobrar? ¿Cuánto tiempo duraría ese modelo sin colapsar?
