SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Basando su decisión en múltiples elementos de pruebas presentados por el Ministerio Público, el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a la pena máxima de 30 años de prisión a un adulto mayor que cometió tentativa de asesinato y violencia de género e intrafamiliar agravada, en perjuicio de su expareja sentimental.
Nicolás Suárez (Colá), de 76 años de edad, violó los artículos 2, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, lo que constituye tentativa de asesinato; además, transgredió los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literales A, B, C, D y E, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, consistente en violencia de género e intrafamiliar agravada.
Los hechos ocurrieron en julio del año 2024 cuando el hoy condenado llegó a la residencia de la víctima, preguntando dónde se encontraba.
Se quedó allí en espera de la víctima, quien llegó a su residencia poco tiempo después, y de manera sorpresiva, con un arma blanca en manos, atacó a la mujer por la espalda, provocándole una herida en el cuello.
En su intento por quitarle la vida intentaba, además, cortarle una oreja.
Ante los gritos de la mujer, un nieto salió de una habitación y junto a un vecino lograron socorrerla. La acusación refiere que, presentando un sangrado abundante, la mujer fue conducida en estado grave a un hospital cercano, donde se debatió entre la vida y la muerte, de acuerdo con los reportes médico-forenses y evaluaciones recurrentes que se le practicaron.
El hombre fue puesto bajo arresto flagrante. El Ministerio Público inició la recolección de testimonios, documentos, y otras diligencias y pericias, encontrándose un sinnúmero de evidencias que vinculaban al procesado a una reiterada conducta violenta contra su expareja y otros familiares.
De acuerdo con los testimonios que fueron colectados como pruebas, la relación sentimental entre la mujer y el victimario había terminado desde hacía 20 años. Fruto del constante hostigamiento, vigilancia, violencia, persecución, tentativas de golpes y otras agresiones, un menor de edad que prestó su testimonio en el proceso, presentó síntomas emocionales relacionados a este ambiente de violencia, conforme a evaluaciones que le fueron practicadas.
Al pliego de pruebas que fueron aportadas, se le incluyeron los informes de psicología clínica forenses, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que detalla que la víctima desarrolló un trastorno de ansiedad moderada, por el maltrato físico, psicológico y emocional, celos, control, difamación y amenazas de muerte e intento de asesinato en su contra por parte del acusado.
El órgano acusador motivó su solicitud a la imposición de la pena máxima al procesado con base en la sentencia TC/0349/22, del Tribunal Constitucional, sobre El Derecho de la Víctima como Rango Constitucional, la cual establece respecto a la igualdad procesal: que existe una “situación de desigualdad” cuando se privilegian excesivamente las garantías del imputado frente a la desprotección de la víctima.
