El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez, afirmó que la sentencia emitida en el caso Coral 5G marca un precedente histórico en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, al romper por primera vez el límite informal de sanciones que durante décadas caracterizó los grandes procesos por delitos de cuello blanco.
Durante una entrevista en el programa El Día, Álvarez sostuvo que la condena de hasta 20 años de prisión impuesta a algunos de los principales implicados representa un cambio significativo en la respuesta del sistema de justicia frente a la corrupción administrativa.
“Se rompió ya el techo de los 10 años”, expresó, al recordar que casos emblemáticos como Baninter, Banco del Progreso, Banco Peravia y otros procesos de corrupción habían concluido históricamente con penas que no superaban una década de prisión.
Según explicó, la falta de sanciones efectivas ha sido uno de los principales factores que han permitido el crecimiento de la corrupción en el país durante las últimas décadas.
“Cuando no se aplica el régimen de consecuencias, lo que ocurre es que crece la corrupción”, afirmó.
Álvarez consideró que la relevancia del caso Coral 5G no radica en la severidad de las condenas impuestas, sino en el hecho de que procesos anteriores recibieron castigos insuficientes frente a la magnitud de los daños ocasionados al Estado y a la sociedad.
“No es que este caso fue una exageración; lo que fue una exageración fueron los casos anteriores”, señaló al comparar las penas impuestas en este expediente con las aplicadas en otros procesos de corrupción de alto perfil.
El dirigente cívico también destacó la calidad de la motivación presentada por el tribunal y expresó confianza en que la decisión pueda sostenerse durante las etapas posteriores del proceso judicial, incluyendo la apelación anunciada por algunas de las defensas.
Revela sometimiento judicial de Jean Alain contra directivos de Participación Ciudadana
Durante la entrevista, Álvarez también reveló que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó una acción por difamación e injuria contra su persona, los miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y la propia organización, tras la publicación de uno de los informes de seguimiento a los casos de corrupción.
Según explicó, la acción judicial fue declarada inadmisible en primera instancia y posteriormente esa decisión fue confirmada en apelación.
“Jean Alain Rodríguez, a final del año pasado, se molestó por uno de sus informes nuestros y presentó una acusación por difamación e injuria contra mi persona y contra todos los miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana”, afirmó.
Álvarez indicó que la organización asumió institucionalmente su defensa y sostuvo que este tipo de acciones forman parte de los riesgos inherentes al trabajo de vigilancia ciudadana y combate a la corrupción.
Caso SENASA
Otro de los temas abordados durante la conversación fue la investigación sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud. Al referirse a este expediente, Álvarez aseguró que se trata del caso más grave que ha observado en toda su trayectoria vinculada al combate de la corrupción.
“Este caso de SENASA es el caso más escandaloso de todos los casos de corrupción que yo he visto, repito, el más escandaloso”, manifestó.
El coordinador general de Participación Ciudadana consideró especialmente preocupantes las denuncias relacionadas con servicios de salud y tratamientos médicos, por el impacto directo que tienen sobre la población más vulnerable.
Asimismo, destacó que las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción durante la actual administración demuestran la importancia de mantener mecanismos permanentes de vigilancia, independientemente del partido político que ocupe el poder.
Para Participación Ciudadana, la sentencia del caso Coral 5G, junto con el seguimiento a los procesos judiciales en curso y las denuncias sobre nuevas irregularidades, constituyen elementos fundamentales para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el régimen de consecuencias en la República Dominicana.
