El asfalto de la intersección entre las avenidas Winston Churchill y Charles Sumner presenció esta semana una escena que no por cotidiana deja de ser alarmante. Lo que debía ser una pausa habitual para tomar un transporte a mi trabajo terminó en un estruendo seco, el crujido de metales y un dolor agudo en la pierna. Un motorista embistió de lado el vehículo de transporte en el que me iba a desplazar, provocando un impacto colateral contra una camioneta adyacente.
El balance médico posterior en el Centro Médico Moderno fue preciso: esguince severo en el tobillo, hueso astillado con fragmentos flotantes, inflamación extendida hacia tres dedos y menisco lesionado en la rodilla. La cuenta sumó RD$ 8,000 en gastos médicos de emergencia con cobertura de seguro, a los que se añadieron RD$ 3,500 adicionales en medicamentos para el tratamiento y manejo del dolor. Sin embargo, el diagnóstico más grave no fue el traumatológico, sino el institucional y el psicológico.
Al cuestionar al conductor sobre la causa del impacto en pleno corazón comercial de la capital, la respuesta expuso una falla estructural: el vehículo carecía por completo de sistema de frenos. Circulaba con chaleco de concho perteneciente a una ruta del centro de la ciudad sin la menor fiscalización vial. Ante la intención del conductor de abandonar la escena ofreciendo compensaciones informales, fue necesaria una intervención física directa de los transeúntes para retener las llaves y el dispositivo móvil hasta la llegada de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET/DIGESETT) y los servicios de emergencia del 911.
En ese momento se constató la condición migratoria irregular del conductor, de nacionalidad haitiana. El episodio trascendió las lesiones físicas para convertirse en un síntoma directo de un problema sistémico de seguridad y ordenamiento público.
En obras recientes como Haití y los Intereses Nacionales y Choque de Potencias en el Gran Caribe, el jurista Pelegrín Castillo y otros analistas dominicanos han abordado cómo el debilitamiento de los controles institucionales y la presión sobre el Estado afectan la seguridad ciudadana y la convivencia social. Asimismo, se debate con frecuencia la influencia de dinámicas e intereses internacionales que, al -eludir soluciones de fondo en los países de origen, trasladan a la sociedad dominicana los costos socioeconómicos y operativos de una inmigración no regularizada ni fiscalizada.
La problemática impacta a todos los estratos de la vida nacional y alcanza a extranjeros que visitan o residen legalmente en el país. -El riesgo latente es evidente: ante un accidente de tránsito de consecuencias fatales provocado por un ciudadano en estatus indocumentado que decida retornar a su país de origen, el sistema de justicia enfrenta una laguna de imputabilidad. En términos prácticos, se genera una figura de desprotección legal donde no existen garantías de reparación, responsabilidad civil o sanción penal.
La reflexión final no se limita al debate migratorio, sino al rigor de la fiscalización estatal. ¿Quién supervisa las condiciones mecánicas de los vehículos de transporte colectivo que transitan por las vías principales? ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de la ley para que la impunidad no sea la norma en las calles? La experiencia vivida evidencia la urgencia de fortalecer los controles del transporte, el ordenamiento territorial y la aplicación imparcial de la ley para resguardar la integridad y la seguridad de toda la ciudadanía.
Por Milca Rivas
