La información se dio conocer en el marco del Día Nacional del Larimar, donde INFOTEP reafirma compromiso con la formación y capacitación de ese sector.

Santo Domingo. – En ocasión del Día Nacional del Larimar, que se celebra cada 22 de noviembre según la Ley No. 17-18, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) destaca su rol fundamental en la formación de mano de obra altamente calificada para la transformación de esta piedra semipreciosa, única en el mundo y exclusiva de la República Dominicana.

A través de la Escuela Taller de Larimar, ubicada en la Sierra de Bahoruco, en la provincia Barahona, el INFOTEP profesionaliza a artesanos y emprendedores en joyería, lapidaria y orfebrería. El programa combina teoría, práctica y acompañamiento técnico para garantizar piezas de alta calidad, acordes con estándares internacionales y orientadas a dinamizar el sector artesanal y turístico.

El director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, resaltó la importancia del Larimar como patrimonio nacional y destacó el rol que desempeña la institución en la formación de artesanos capaces de transformar esta piedra única en piezas de alto valor.

““El Larimar no es solo una gema única en el mundo; es un patrimonio vivo de nuestro país. Por eso, desde el INFOTEP hemos trabajado para formar artesanos y joyeros capaces de transformar esta piedra en obras que representan orgullo nacional y oportunidades de desarrollo para nuestras comunidades.””, afirmó.

Dijo también que la Escuela Taller de Larimar es hoy un referente de calidad y de impacto social para toda la región sur, y se ha consolidado como un espacio de desarrollo técnico y social para toda región sur.

“Cada artesano que se gradúa representa una oportunidad de desarrollo para Barahona y para el país. Estamos formando talento que agrega valor, protege el patrimonio y abre puertas a nuevas rutas económicas basadas en la creatividad y la innovación”, precisó.

Impacto social y económico

Desde 2022 a la fecha, el INFOTEP ha capacitado a 647 artesanos y 427 joyeros en la Escuela de Larimar en Bahoruco Ciénaga de Barahona en las áreas de Diseño y Elaboración de Prendas de Joyería, Joyeros y Orfebres, y Lapidarias. Estas capacitaciones han fortalecido el tejido productivo local, impulsado emprendimientos y generado nuevas oportunidades de empleo en comunidades cercanas a la mina.

Preservación cultural y fomento turístico

La Escuela Taller de Larimar también funciona como un espacio cultural y educativo donde se promueve el conocimiento sobre el origen geológico del Larimar, su valor histórico y su importancia para la identidad dominicana. Esta propuesta formativa contribuye al turismo cultural y al posicionamiento de la provincia como destino artesanal.

Compromiso institucional

El INFOTEP reafirma su misión de impulsar la formación técnico profesional como vía para elevar la calidad de vida, promover la inclusión productiva y fortalecer la identidad nacional a través del trabajo bien hecho y el emprendimiento artesanal.

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y su Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, informó que mantiene activa la localización y captura de Beilin Antonio de Peña (a) “El Buda”, quien se encuentra prófugo tras escapar del Centro de Corrección y Rehabilitación de Moca (CCR-Moca).

De Peña, considerado altamente peligroso, cumplía prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio de Raymond Emilio Castillo Fernández y por causar heridas de bala a Shakira Naomi Morren Lorenzo, hechos ocurridos el 21 de julio de 2025 en la provincia Puerto Plata.

Las autoridades advierten que el prófugo anda fuertemente armado, por lo que exhortan a la ciudadanía a no intentar realizar ninguna acción por cuenta propia. Cualquier información que facilite su ubicación debe ser suministrada de inmediato a las unidades del DICRIM o al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– En un amplio operativo ejecutado por más de 350 miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), fueron arrestados 16 integrantes de una presunta red dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Entre los detenidos figuran empleados y contratistas del Puerto Multimodal Caucedo, quienes, según la investigación, aprovechaban sus niveles de acceso para facilitar el trasiego de sustancias ilícitas. En la operación también fue arrestado el exregidor de Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o El Compadre), vinculado a la estructura criminal.

Los demás apresados fueron identificados como: José Augusto Rodríguez Sánchez (El Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas, Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren (El Brujo), Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun).

El operativo es resultado de varios meses de investigación que permitió, el pasado 7 de noviembre, la incautación de 200 paquetes de cocaína con apoyo del Ministerio Público, la DNCD, agencias de inteligencia y la Seguridad Militar del Puerto Caucedo.

Los arrestos se realizaron en 36 allanamientos dirigidos por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en el Distrito Nacional, Santo Domingo (incluyendo Boca Chica) y San Pedro de Macorís.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución, informó que los detenidos serán presentados ante los tribunales en las próximas horas para responder por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos. Reiteró que la gestión encabezada por Yeni Berenice Reynoso mantiene un compromiso firme contra el crimen organizado.

Las autoridades indicaron que, durante el desmantelamiento de la red, fueron ocupados dinero en efectivo y varios vehículos.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Roberto Santana Sánchez resalta que la comunidad ha colaborado con el proceso de traslado de los privados de libertad de La Victoria.

El proceso de habilitación del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras ha contado con el respaldo del municipio de San Antonio, Guerra, un apoyo ciudadano clave para que el recinto pueda operar y brindar a la sociedad el servicio esperado, aseguró el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

Roberto Santana Sánchez explicó que el personal que labora en el centro fue escogido con la participación de la comunidad. “Todos los miembros del personal que va a trabajar aquí han sido seleccionados en la comunidad; se ha llamado a concurso público”, dijo.

“Aquí no se usó el colocar en las posiciones a un hermano, ni el primo, ni el primo de ninguna autoridad, sino en base a una cantidad de requisitos”, resaltó.

Indicó que se realizaron al menos siete llamados a concurso para ocupar las plazas disponibles, y posteriormente, se formaron los médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores  y los abogados que el centro requiere.

Resaltó que las autoridades municipales de Guerra ayudaron a conectar a la DGSPC con otros ocho ayuntamientos: Bayaguana, Boyá, Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Boca Chica, La Caleta, San Luis y Hato Viejo.

“Entonces, todo el que está trabajando aquí está siendo traído desde la misma comunidad, y eso permite que la comunidad, no solamente se beneficie porque sus habitantes tienen empleo, sino, que la comunidad vigile a ese mismo personal; que no es únicamente tener un comportamiento correcto aquí dentro, sino, que en la comunidad esa persona también no esté involucrada en acciones ilícitas”, puntualizó.

Continuidad del proceso

En relación al proceso a seguir tras el traslado de los 300 primeros privados de libertad desde la cárcel de La Victoria, el titular de la DGSPC señaló que los internos fueron recibidos por un equipo multidisciplinario integrado por médicos, psicólogos, educadores y abogados, quienes tienen la responsabilidad de crearles un perfil, “se levantará de manera detallada ante quién estamos”.

“Ahí, también, se determina si ha caído preso por primera vez o si es un reincidente; también, el tipo de delito que cometió, por el que fue condenado. Eso nos ayudará a  hacer un plan de rehabilitación individualizado, y también, agregarlo y clasificarlo según delito”, resaltó.

Dijo que este proceso les permitirá, además, no poner a  convivir en el mismo espacio a un reincidente, a uno que ha estado preso tres y cuatro veces, con una persona que está presa por primera vez, o a una persona que está condenada por un delito de sangre con otro que lo que ha tenido es una infracción menor.

“Entonces, se le hace su plan a cada uno y si es analfabeta tiene ahí de 5 a 8 meses para alfabetizarse, sí o sí, y a todos se le pone trabajo. Usted pinta, usted arregla, usted cocina, usted hace las veces de mozo…”

“Claro, esas cosas que ellos hacen es bajo la dirección de un personal especializado formado en el Instituto Superior de Estudios Penitenciarios y Correccionales que dirige Gladys Sánchez”, añadió.

Participación Ciudadana advierte sobre el enorme daño que sufriría la lucha contra la impunidad y la confianza en la justicia, en caso de que tengan éxito los intentos por hacer extinguir los grandes casos de corrupción que cursan en el sistema judicial.

Aprovechando la lentitud de los tribunales, el imputado Jean Alain Rodríguez se ha atrevido a desmentir que solo en la fase preliminar hubo 94 aplazamientos como reveló Participación Ciudadana en su Segundo Informe del Observatorio de casos de Corrupción Administrativa publicado en https://pciudadana.org/2024/09/participacion-ciudadana-lanza-segundo-informe-del-observatorio-de-casos-de-corrupcion-caso-medusa/.

Este informe fue citado por Diario Libre en dos oportunidades, la última en su edición del 19 de noviembre del año en curso. Ese dato se encuentra en la decisión del juez Amauri Martínez, que lo envió a juicio de fondo. El intento de dar inicio al juicio de fondo lleva ya 12 audiencias aplazadas, a lo largo de 17 meses, algunas con causas legítimas como la muerte de uno de los abogados, pero la mayoría por recusaciones de jueces y recursos ante la Suprema Corte de Justicia, quien también se ha dilatado en conocer y decidir los mismos.

La detallada observación del proceso permite sospechar que la connivencia para defraudar al Estado, también se ha hecho presente para dilatar los casos y hay imputados que alegan no participar en los incidentes que generan la dilación, pero promueven que otros imputados lo hagan. Recordemos que en el caso Jean Alain Rodríguez se imputa a 40 personas y 22 sociedades de estafar al Estado por más de 6 mil millones de pesos y que la mitad de los imputados han reconocido su culpabilidad y señalado como responsables a aquellos que no lo han hecho.

Recientemente, el ex procurador alega que “las dilaciones del caso se deben a plazos vencidos por la acusación, entregas tardías de pruebas, errores en la presentación de evidencias y a la magnitud y desorden del expediente”. Con estas declaraciones pretende desviar las evidencias que ya PC ha documentado en sus cuatro informes de observación del proceso, de que imputados y sus abogados han incidentado el proceso, como es el caso del señor Jean Alan Rodríguez, con el claro objetivo de solicitar la extensión de la acción penal, por sobrepasar el tiempo que establece la ley. 

Mas allá del tiempo que tomaron las investigaciones y de otros aspectos procesales que corresponden al Ministerio Público, la realidad es que, por primera vez, el país procesa en la justicia a redes amplias, complejas y poderosas que por años se enquistaron en la administración pública. El sistema de justicia dominicano nunca se había enfrentado a asociaciones criminales como estas. La única verdad es que en este tipo de casos ha imperado la impunidad.

La ciudadanía no entiende por qué los jueces no pueden controlar las tácticas claramente dilatorias y llegar a una decisión en tiempo oportuno. Las excusas no serán aceptadas, ni atribuir la culpa a plazos o actores de cualquier nivel involucrados en el proceso, pues el robo de la cosa pública les afecta por igual y el país no puede perder la oportunidad de ponerle fin a la impunidad.

Participación Ciudadana, una vez más, solicita al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a todos los jueces a cargo de los grandes casos de corrupción, que no permitan que la impunidad se imponga de nuevo. Solo solicitamos que hagan su trabajo con diligencia, imparcialidad y apego a las leyes. Que no haya privilegios para los acusados de corrupción. La ciudadanía así lo espera y lo seguirá exigiendo, al igual que lo ha hecho desde el 2017 a la fecha.

Preservemos los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad.