SANTO DOMINGO.-El grupo de corredores La Patrulla del Monte, anunció para este sábado 19 de julio la entrega de 2000 kids de útiles escolares para niños necesitados de diferentes lugares donde ellos realizan sus actividades y rallys..

La entrega de las mochilas y útiles escolares iniciará a partir de las 9 de la mañana en el Higuera, luego se trasladarán a la comunidad de La Cuaba desde donde pasarán con la entrega a Yamasá.

Joselo Lantigua, gerente de operaciones del grupo de corredores La Patrulla del Monte informó que otras de las zonas que serán impactada con la entrega de útiles escolares son Sierra Prieta, Guanuma, San Cristóbal y lugares aledaños.

Lantigua, añadió que las entregas de esos útiles escolares forman parte de las actividades altruistas que año cada realiza el grupo de corredores la Patrulla del Monte es en agradecimiento a los comunitarios de las diferentes zonas que ellos visitan por la hospitalidad, cariño y respaldo que reciben en cada una de sus actividades.

“En cada una de las zonas donde realizamos nuestras actividades siempre lo que recibimos es mucho cariño, hospitalidad y respaldo por eso queremos compensar con estos útiles escolares a sus comunitarios”, expresó, Lantigua.

En otro orden Lantigua informo que aparte de la entrega de los útiles escolares también realizaran una jornada de sembrado de árboles para preservar el medio ambiente.

También es una de las zonas que regularmente visitan repararan una casa en mal estado donde vivan niños.

La Patrulla del Monte fue fundada en el año 2014 y desde entonces han estado celebrando diversos rallys así como labores en favor de la comunidad.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al admitir las pruebas aportadas por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Hato Mayor, un tribunal impuso 20 y 5 años de prisión a dos hombres procesados por narcotráfico y lavado de activos.

Denny Alberto Mota (Chulito) fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos del sector público, mientras que Rafael Abreu (Pupilo), quien admitió los hechos criminales, fue sentenciado a 5 años de prisión, con suspensión de la mitad de la pena (2 años y 6 meses) así como al pago de RD$50,000 de multa.

Mota fue declarado culpable de lavado de activos, patrocinio y tráfico y distribución de sustancias controladas, así como de porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

En tanto que Abreu fue condenado por tráfico de sustancias controladas y porte ilegal de armas.

Ambos condenados formaban parte de un grupo criminal que operaba la venta al detalle de drogas en diversos puntos de la provincia Hato Mayor, donde mantenían incluso centros fijos de distribución de narcóticos en los que se apoyaba en familiares y allegados.

Los fondos obtenidos eran colocados en el sistema financiero mediante la adquisición de propiedades, vehículos y la apertura de negocios, utilizados como fachada para legitimar el dinero ilícito. 

La organización criminal también utilizaba armas de fuego ilegales para proteger sus operaciones y para intimidar en los puntos de venta y distribución.

La procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, y la fiscal Marleni Guante, de Hato Mayor, destacaron el trabajo coordinado y la firmeza del Ministerio Público en la lucha contra las estructuras criminales.

Ambas reiteraron el compromiso del Ministerio Público en el combate del crimen organizado y la protección de la seguridad y la paz social en todo el territorio nacional.

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Hato Mayor, presidido por el juez Francisco Arias, impuso la pena y ordenó el decomiso de los vehículos y armas de fuego ocupados por el Ministerio Público durante el proceso de investigación, explicó el equipo de litigación del caso, compuesto por los fiscales Wilson Santana, Daniel Nivar, Luz Almonte y José Manuel Calzado.

El objeto de la convocatoria, cuya primera reunión será el próximo 25 de julio, incluye evaluaciones de desempeño de jueces de la Suprema Corte de Justicia, así como designación de nuevos jueces tanto en la Suprema como en el Tribunal Superior Electoral.

Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, convocó para el próximo viernes 25 de julio a las 8:00 de la noche, en el Palacio Nacional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en su calidad de presidente del referido órgano. 

De acuerdo con las comunicaciones dirigidas a cada consejero, esta primera reunión se convoca a los fines de conocer y decidir sobre la propuesta de cronograma para iniciar los siguientes procesos: 

a) Evaluación de desempeño de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, tras haber transcurrido 7 años desde sus designaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Constitución. 

b) Convocatoria de postulantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia, para ocupar la vacante resultante de la reciente salida del magistrado Napoleón Estévez Lavandier, así como cualquier otra vacante que pueda surgir tras la finalización del proceso de evaluación de desempeño referido en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 de la Constitución. 

c) Convocatoria de postulantes a jueces y suplentes del Tribunal Superior Electoral, para ocupar las vacantes del colegiado, cuyo mandato concluye este mes de julio de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Constitución. 

La última vez que el Consejo Nacional de la Magistratura sesionó fue a principios de año, momento en el que designó a la actual procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a siete de sus procuradores adjuntos. 

Además del presidente Abinader, completan la integración del Consejo Nacional de la Magistratura el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la magistrada Nancy Salcedo Fernández, y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana manifiesta su profunda preocupación ante la aprobación en primera lectura por parte del Senado de la República de un proyecto de reforma al Código Penal que contiene múltiples disposiciones que consideramos graves retrocesos en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y acceso a la justicia.

Si bien reconocemos la urgente necesidad de dotar al país de un nuevo Código Penal que permita enfrentar de manera adecuada los delitos complejos que hoy afectan a nuestra sociedad, tales como el crimen organizado, los delitos tecnológicos, medioambientales y nuevas formas de corrupción, advertimos que en el mismo han sido incluidos aspectos sumamente peligrosos para la democracia y el Estado de derecho.

Preocupaciones principales del proyecto aprobado:

1. Exención de responsabilidad penal a instituciones públicas y privadas, como el Estado, los ayuntamientos, juntas municipales, iglesias y partidos políticos, lo cual constituye una violación al principio constitucional de igualdad ante la ley, creando privilegios, propiciando la impunidad y la falta de rendición de cuentas.
2. Penalización del aborto sin incluir las tres causales: Se establece pena de prisión de 1 a 2 años para las mujeres que interrumpan un embarazo, sin excepción alguna, ignorando una conquista de nivel mundial en los casos en que la vida de la madre esté en peligro, sea producto de violación, incesto o se compruebe inviabilidad fetal. Solo se contempla una eximente limitada para los médicos, sin reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en situaciones extremas.
3. Retrocesos en el combate a la corrupción, pues se ignora la solicitud de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, por tratarse de casos de lesa humanidad que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto y son responsables de la carencia de recursos públicos destinados a la salud y otras necesidades prioritarias.
4. Persistencia de la jurisdicción militar: Se mantiene la competencia de los tribunales militares para conocer infracciones penales de policías y militares, a pesar de la sentencias TC/0350/19 del Tribunal Constitucional que dispuso:  “que los tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de adoptar las medidas preliminares y conocer de las infracciones que se deriven de un ilícito administrativo disciplinario, estándole vedado emitir aquellas medidas y actuaciones que son propias de los procesos penales, las cuales solo pueden ser dispuestas por los órganos que conforman el Poder Judicial, en el contexto de procesos donde se esté ventilando el conocimiento de una falta penal que constituya una infracción al régimen penal militar o policial.”
5. Espionaje: El texto aprobado es ambiguo y se podría prestar para restringir el ejercicio del periodismo, la libertad de prensa, el acceso a la información el derecho a la privacidad y la lucha por los derechos humanos.
6. Retrocesos en la protección frente a la discriminación:

• Se excluye la orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación, lo cual atenta contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución.
  • Se permite la discriminación bajo conceptos ambiguos como “libertad de conciencia y de culto” o “buenas costumbres”, que históricamente han sido utilizados para justificar actos de exclusión.
  • La persecución penal de la discriminación se condiciona a que haya una denuncia previa, dificultando el acceso a la justicia para personas vulnerables.

7. Libertad de expresión en riesgo: Se mantienen penas privativas de libertad por difamación (de uno a dos años) e injuria (hasta un año), contrariando la tendencia regional e internacional a despenalizar estas figuras y tratar estos conflictos en la jurisdicción civil. El uso del derecho penal para silenciar voces críticas afecta gravemente la libertad de expresión y de prensa.

Llamado al Congreso Nacional

Ante este panorama, Participación Ciudadana hace un llamado al Congreso Nacional, en particular a la Cámara de Diputados, para que se actúe con responsabilidad democrática y abra un espacio real de diálogo que produzca un Código Penal que fortalezca la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, alineado con los principios constitucionales y los estándares internacionales.

Finalmente exhortamos al presidente Abinader a ser coherente con sus promesas de campaña y en caso de que sea aprobado el Código Penal con todas estas fallas, utilice su derecho constitucional a observarlo y solicitar al Congreso las modificaciones que señalamos.

Consejo Nacional

Santo Domingo, República Dominicana.

Distrito Nacional, R.D. – El Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Distrito Nacional (CDP-DN), exigió este jueves una sanción ejemplar contra un hombre que fue arrestado tras hacerse pasar por reportero para cometer robos en actividades de prensa.

Según confirmaron fuentes policiales, el individuo, de nombre Antonio Alberto Arias de 54 años y residente en Villa Consuelo, utilizaba un supuesto carnet de prensa y se infiltraba en coberturas periodísticas, ruedas de prensa y otros eventos donde lograba sustraer equipos, celulares y pertenencias personales de comunicadores y reporteros gráficos.

El secretario general del CDP-DN, Wilder Páez, calificó la acción como una afrenta a la dignidad del ejercicio periodístico y una amenaza directa a la seguridad de los profesionales de la comunicación.

“Este impostor no solo violentó la ley, sino que atentó contra la credibilidad y la integridad de nuestra labor. Pedimos al Ministerio Público y al sistema judicial que se le imponga una sanción ejemplarizante”, declaró el gremialista.

Al menos 24 ciudadanos y periodistas habían denunciado en semanas anteriores el robo de pertenencias durante coberturas, lo que permitió a las autoridades identificar un patrón y dar con el presunto responsable.

El detenido se encuentra bajo custodia mientras el Ministerio Público prepara la solicitud de medida de coerción correspondiente.

Santo Domingo.- En seguimiento al Plan de Gestión de Tráfico “RD Se Mueve”, el Gabinete de Transporte informó que, desde el domingo 20 de julio, se implementará la segunda fase de la restricción de giros a la izquierda en varias intersecciones de la avenida Tiradentes, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana en Santo Domingo.

Durante la primera fase de esta medida, se logró reducir los tiempos de recorrido en más de un 30 %. La segunda fase aplicará restricciones en las intersecciones de Tiradentes con las calles Salvador Sturla, Carlos Sánchez, Rafael Augusto Sánchez, avenida Roberto Pastoriza y calle Frank Féliz Miranda.

Para facilitar el tránsito, se han establecido rutas alternas. Por ejemplo, en el cruce con Salvador Sturla, para quienes viajen en dirección norte-este, deberán continuar hacia el sur, girar a la derecha en Carlos Sánchez, luego en Ramón Corripio y desde ahí entrar a Salvador Sturla para cruzar Tiradentes.

En sentido sur-oeste, la ruta alterna implica girar a la derecha en Salvador Sturla, luego en Gracita Álvarez, tomar Carlos Sánchez para cruzar la avenida e incorporarse a Ramón Corripio.

En la intersección con Carlos Sánchez (giro sur-oeste), los vehículos deberán avanzar hacia el norte, girar a la derecha en Salvador Sturla, luego en Gracita Álvarez y retomar Carlos Sánchez para cruzar Tiradentes.

Para el giro norte-este en Rafael Augusto Sánchez, la ruta alterna es girar a la derecha en Max Henríquez Ureña, luego a la izquierda en Florence Terry Griswuld y finalmente tomar Rafael Augusto Sánchez para cruzar la avenida.

En la intersección con Roberto Pastoriza (giro sur-oeste), los conductores deberán continuar hacia el norte, girar a la derecha en Octavio del Pozo, luego en Alberto Larancuent y retomar Roberto Pastoriza.

Finalmente, para el giro norte-este en Frank Féliz Miranda, la ruta sugerida es continuar hacia el sur, girar a la derecha en avenida 27 de Febrero, luego en Manuel Henríquez y tomar la calle Cub Scouts, que se convierte en Frank Féliz Miranda tras cruzar Tiradentes.

Otras medidas

Asimismo, el Gabinete de Transporte recordó que a partir del lunes 22 de julio se comenzarán a aplicar sanciones económicas a quienes no cumplan con la restricción de giros a la izquierda en tres intersecciones de la avenida Lope de Vega: con Padre Fantino Falco, Gustavo Mejía Ricart y Max Henríquez Ureña. En estos puntos, la multa será de RD$1,000 por violación, conforme a la normativa de tránsito vigente.

Estas medidas forman parte de la primera fase del plan iniciada el pasado 6 de julio, que incluyó un periodo de orientación dirigido por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), sin aplicación de sanciones.

Concluido ese tiempo de adaptación, las autoridades comenzarán a fiscalizar de forma activa. El Gabinete de Transporte reitera que el propósito de estas acciones no es sancionar, sino lograr un tránsito más ordenado, eficiente y seguro para todos los ciudadanos.

Finalmente, se hace un llamado a los conductores a respetar las nuevas disposiciones, utilizar las rutas alternativas establecidas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este miércoles la fortaleza de la investigación que llevó al arresto de militares y civiles en la Operación Lobo puesta en marcha por el Ministerio Público contra una red de sobornos y resaltó que cinco de diez imputados admitieron su participación en los hechos graves que afectaron a varias instituciones del Estado.

“El hecho de que cinco de los diez imputados, o sea, el 50% de los imputados, haya admitido los hechos es una muestra de la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y de las razones que hemos aportado al tribunal para que acoja el pedimento del Ministerio Público e imponga a estos (los que confesaron) arresto domiciliario e imponga a los demás prisión preventiva”, sostuvo Camacho.

“Este es un proceso único, ya que pocas veces un proceso tiene a los sobornantes, a los intermediarios y a los sobornantes, y ahora esperamos que el sistema de justicia, sobre todo, con aquellos que no han colaborado con el Ministerio Público, responda en consecuencia”, indicó Camacho.

El responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público encabezó el equipo de fiscales en la audiencia y que estuvo integrado además por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.

Al responder preguntas de los periodistas que lo abordaron, el procurador adjunto calificó como irrefutables las pruebas presentadas al tribunal, las cuales incluyen documentación financiera precisa sobre cada transacción vinculada a los sobornos.

“Cada peso que se pagó en soborno está probado en el tribunal con los documentos contables que fueron aportados desde Senase al proceso y con las transacciones financieras que se soportaron sobre esta distribución de sobornos”, puntualizó Camacho.

Explicó que el expediente confirma que todos los imputados tienen registrado el pago de sobornos. “Hay un hecho fundamental: las transferencias las hizo Quilvio Rodríguez desde su empresa directo a las cuentas de los encargados de seguridad de las instituciones”, dijo.

“¿Cómo consiguió Quilvio las cuentas de estas personas? Se las facilitaron ellos en reuniones que se hicieron para coordinar la distribución de los sobornos, y esto es razón más que suficiente para que el tribunal imponga la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público”, añadió.

Camacho valoró la colaboración de los imputados que admitieron su responsabilidad penal. “Estas cinco personas, primero, tuvieron la responsabilidad de admitir los hechos y de explicar ante el tribunal cuál fue el mecanismo utilizado para la recepción de esos sobornos, y con esto, además, confirman la teoría del caso del Ministerio Público en el proceso”.

Destacó que la colaboración debe ser un elemento diferenciador en el proceso penal. “Las personas que colaboran con el sistema de justicia, el sistema de justicia debe tener un mensaje diferente para con relación a esas personas, que ahora tienen mucho menos incentivo para evadirse del proceso, porque están en colaboración con el Ministerio Público”, indicó.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se reservó el fallo y será este jueves, a las 6:00 de la tarde, cuando emita la decisión.

Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

La estructura criminal impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.

En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.