Santo Domingo.- El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), doctor Agustín Burgos, juramentó a los miembros del nuevo Comité de Compras y Contrataciones de la entidad aseguradora.

Su objetivo es que los procesos de compras y contrataciones públicas se desarrollen en el marco de la eficiencia, libre competencia, transparencia, publicidad, participación, entre otros atributos, como estipula la Ley 340-06.

Durante la actividad, fueron juramentados el asistente de la Dirección Ejecutiva, ingeniero Luis Rosario Pérez, quien fungirá como representante del Dr. Burgos en su calidad de presidente; los directores administrativo y financiero, Francisco De León; jurídico, licenciado Bienvenido Ruíz; de Planificación y Desarrollo, Ing. Miguel Antonio Isaac de la Rosa, y la responsable de Libre Acceso a la Información Pública, Licda. Laura Moronta.

El Dr. Burgos recordó que el artículo 34 de la citada legislación sobre Compras y Contrataciones Públicas dispone que “el Sistema de Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones se organizará en función de los criterios de centralización de las políticas y de las normas y de descentralización de la gestión operativa". Su fin general es el de procurar la excelencia y transparencia en las contrataciones del Estado y el cumplimiento de los principios de dicha ley.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó este miércoles de que, a través de su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) y del Instituto de Investigación Socioeconómica ( Inise ), presentará un proyecto ante el Congreso Nacional para que se incluya la indexación anual del salario general, público y privado en el nuevo Código Penal.

Así lo informaron el decano de la FCES y el director del Inise , maestros Antonio Ciriaco Cruz y Wagner Gomera, respectivamente, quienes explicaron que el argumento principal de la propuesta es el aporte que anualmente hace el trabajador al crecimiento del producto interno bruto (PIB), sin que esto se refleja debidamente en el poder adquisitivo.

"Con esta iniciativa buscamos establecer un mecanismo automático de ajuste salarial en función de dos variables fundamentales: la evolución del índice de precios al consumidor y el crecimiento de la productividad laboral", explicó Ciriaco.

La propuesta se hace en el marco de las modificaciones al Código Laboral que se llevan a cabo en el Congreso Nacional.

"La idea es corregir esos desequilibrios que actualmente existen entre salario e inflación, mediante un mecanismo transparente, predecible y basado en evidencias, que contribuye ya a construir un mercado laboral más justo", agregó Ciriaco.

De su lado, Gomera deploró que mientras la productividad laboral se ha incrementado de manera constante en los últimos años, los ingresos reales de la clase trabajadora permanecen estancados.

"El país se encuentra en una coyuntura clave para sentar las bases de un nuevo pacto social en torno al trabajo y la equidad, que es la meta principal de esta iniciativa", subrayó el titular de Inise.

anto Domingo.- El ministro de Turismo, David Collado, encabezó este miércoles aquí el acto inaugural del primer vuelo de la aerolínea dominicana Arajet con destino a Puerto Rico.

"Hoy seguimos haciendo historia con este primer vuelo de Arajet a Puerto Rico, una nueva ruta que estrecha los históricos vínculos entre Borinquen y Quisqueya", dijo el ministro Collado en el inicio oficial de las operaciones desde la República Dominicana hacia Puerto Rico, con un vuelo inaugural que partió desde el Aeropuerto Internacional Las Américas a las 12:20 del mediodía de este miércoles y aterrizó en el aeropuerto Luis Muñoz Marín 40 minutos más tarde.

“Para el país es vital seguir mejorando la conectividad aérea; por eso fue que  trabajamos tanto para lograr que se firmara el Tratado de Cielos Abiertos con Estados Unidos, lo que permite que líneas como Arajet hoy estén ya abriendo rutas tan importantes como la de San Juan, Puerto Rico, pero además ya están ofertando Chicago, Boston, Orlando, entre otras nuevas ciudades de Estados Unidos que irán anunciando y que impactarán en la llegada de nuevos turistas a RD”, expresó también el ministro de Turismo.

Con cuatro frecuencias semanales, los lunes, miércoles, sábados y domingos, este vuelo directo operará entre el aeropuerto de Santo Domingo y el de San Juan, Puerto Rico, para consolidar las relaciones comerciales y acercando a la diáspora dominicana que vive en la vecina isla. Además, a partir del 6 de junio conectará en un vuelo directo a San Juan y Punta Cana, con tres frecuencias semanales, los martes, viernes y sábados.

El vuelo fue despedido por el ministro Collado y encabezado por el CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco Méndez, quienes mostraron las banderas dominicana y puertorriqueña como señal de conquista de un destino más en la amplia red de destinos que ha estado construyendo Arajet en el continente, los cuales suman ya 28.

Al dirigirse a los presentes, Pacheco Méndez, manifestó su entusiasmo con esta nueva ruta y resaltó que la llegada de Arajet a Puerto Rico es resultado de la entrada en vigor del Acuerdo de Cielos Abiertos entre Estados Unidos y  República Dominicana. También refirió que la misma no sería posible sin el apoyo irrestricto recibido del Gobierno de Puerto Rico y su gobernadora Jennifer González, así como al Gobierno dominicano, tanto en la persona del presidente Luis Abinader como el ministro Collado, a quienes agradeció personalmente.

"Es para nosotros motivo de alegría este primer vuelo a San Juan, el inicio de nuestro compromiso con el pueblo puertorriqueño de ofrecer opciones de viaje eficientes y más asequibles para nuestros pasajeros, conectando esta hermosa ciudad hermana con todo el continente, fortaleciendo el turismo e intercambio cultural entre ambas naciones", enfatizó Pacheco Méndez.

Víctor Nicolás Pichardo, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, manifestó que este es un día histórico, al tiempo de felicitar a Arajet por su iniciativa, la cual complementa la visión del presidente de la República Luis Abinader de establecer el Acuerdo de Cielos Abiertos que permite que las aerolíneas dominicanas viajar a Estados Unidos.

Santo Domingo.– El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) celebró su 62 aniversario y el Día Nacional de la Empresa Privada este miércoles, mediante un acto que contó con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña y en el que reafirmó su compromiso con el desarrollo del país.

Durante el evento, el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, destacó que la República Dominicana cuenta con los recursos, el empuje y el talento para alcanzar un mayor nivel de desarrollo, pero advirtió que es urgente actuar con determinación frente a desafíos estructurales como la calidad educativa, la informalidad, la eficiencia del gasto público y la competencia desleal.

Marranzini resaltó el papel estratégico del sector privado, que genera el 86 % del empleo, aporta el 85 % del PIB y representa el 90 % de la inversión, al tiempo que subrayó la importancia de mantener la estabilidad institucional como base para atraer inversión, generar oportunidades y fortalecer la cohesión social.

Valoró el consenso político en torno al tema de la creciente crisis en Haití y reconoció al presidente Luis Abinader, junto con los pasados mandatarios Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, por su compromiso en la defensa del interés nacional. “Reunir al liderazgo político en torno a un objetivo común demuestra madurez institucional y sentido de Estado”, sostuvo.

En tanto que el vicepresidente ejecutivo del Conep, Cesar Dargam, presentó la nueva plataforma de monitoreo a los indicadores para dar seguimiento al cumplimiento de las propuestas estratégicas surgidas de la X Convención Empresarial. 

“Esta herramienta nace de nuestro compromiso con la coherencia: si promovemos una visión compartida de país, debemos también rendir cuentas sobre nuestro propio desempeño y el avance de los consensos construidos”, expresó.

La nueva plataforma de seguimiento incluye más de 87 indicadores que permitirán evaluar públicamente los avances en los compromisos asumidos por el sector privado, identificando logros, rezagos y oportunidades de mejora. “Medir es parte esencial de transformar. Lo que no se mide, no se gestiona y lo que no se gestiona, no cambia”, afirmó Cesar Dargam.

Visión geopolítica y oportunidades globales

El evento contó con la participación especial de Jorge Guajardo, exembajador de México en China y asesor en riesgos globales, quien ofreció una conferencia magistral sobre la reconfiguración del mapa geopolítico mundial y las oportunidades estratégicas que emergen para países como la República Dominicana, en un escenario marcado por cambios en las cadenas de suministro, tensiones comerciales y avances tecnológicos.

La celebración reafirmó el compromiso del Conep con el país, la institucionalidad democrática y el desarrollo sostenible, bajo la convicción de que la confianza, la unidad y la responsabilidad compartida son pilares fundamentales para avanzar hacia un mejor futuro.

Santo Domingo.– En un esfuerzo sin precedentes para mejorar la seguridad vial y transformar el uso de los motores en el país, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), celebró el  “Primer Foro Nacional para el Uso Responsable de la Motocicleta”, un espacio de diálogo y consenso que marca el inicio de una nueva etapa en la movilidad dominicana.

Por primera vez en ocho años, desde la promulgación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se concreta una normativa específica orientada exclusivamente al uso responsable de la motocicleta.

Esta iniciativa, liderada por Intrant, marca un hito en la aplicación efectiva de la ley y representa un paso decisivo hacia la construcción de una cultura vial más segura, ordenada y consciente en la República Dominicana.

Durante la celebración de la actividad, representantes del Gobierno, el sector privado, asociaciones de motoconchistas, plataformas digitales y organismos internacionales presentaron una hoja de ruta con seis acciones claves que serán implementadas a partir de 2025.

La primera acción acordada es la implementación de una normativa técnica para regular la importación y venta exclusiva de cascos certificados que cumplan con estándares internacionales. Esta medida busca garantizar que los motociclistas cuenten con un equipo de protección que realmente salve vidas.

En segundo lugar, se establecerá como obligatorio que todo ciudadano que desee conducir una motocicleta deba someterse a evaluaciones teóricas, prácticas y médicas para obtener la licencia categoría 01. Esta disposición responde al compromiso de asegurar que los conductores estén debidamente capacitados y autorizados.

Otro de los compromisos adoptados es que toda motocicleta vendida en el país deberá incluir al menos un casco certificado y se incentiva la entrega de un segundo casco para pasajeros. Esta política, conocida como “Una moto, un casco”, busca asegurar que la protección comience desde el momento de la compra.

Asimismo, se reforzará la exigencia legal del uso de casco para los pasajeros. A través de una mayor fiscalización y controles viales, las autoridades velarán por el cumplimiento de esta norma, en interés de reducir el riesgo de lesiones graves en caso de accidentes.

Las plataformas digitales también asumirán un rol activo en la promoción de la seguridad vial. Estas empresas deberán educar a sus conductores y usuarios mediante la divulgación de contenidos sobre normas de tránsito, así como colaborar con las autoridades en la trazabilidad de incidentes y el respeto a la ley.

Finalmente, las federaciones y asociaciones de motoconchistas se comprometieron a garantizar la formación continua de sus miembros en conducción segura, educación vial y habilidades sociales, en coordinación con las instituciones competentes.

Esta hoja de ruta se alinea con los objetivos establecidos por el Decreto 656-24, que declara de alto interés la seguridad vial, y con el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, firmado por más de 120 entidades públicas y privadas, que busca reducir en un 50 % las muertes por tránsito en República Dominicana para el año 2030.

Estas medidas buscan transformar el uso de la motocicleta en el país para fortalecer la seguridad vial y reducir la siniestralidad, ya que en el 65 % de las fatalidades registradas en el país hay motocicletas involucradas, lo que la convierte en uno de los principales desafíos para la seguridad vial en el país.

Sin embargo, esta transformación no puede depender de una sola institución ni de un grupo aislado. Por eso, el foro apuesta por una alianza multiactor que integre los esfuerzos del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Ya se han formado importantes sinergias con motoconchistas, mensajeros, deliverys de colmados y plataformas digitales (como Uber, Pedidos Ya e In Drive), así como con usuarios particulares, clubes recreativos, motociclistas deportivos e influencers del sector.

“No estamos hablando solo de normativas, sino de proteger la vida de quienes todos los días se mueven en motocicleta para trabajar, estudiar o llevar sustento a sus hogares”, expresó el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison.

Como resultados esperados, Morrison también señala la disminución de muertes por accidentes de tránsito, el establecimiento de un diálogo permanente entre los sectores involucrados, la creación de consensos intersectoriales y el fortalecimiento del cumplimiento de la Ley 63-17.

Durante el evento,participaron figuras clave como el ministro de la Presidencia y presidente del Gabinete de Transporte, José Ignacio Paliza; la procuradora general de la República, Yenny Berenice Reynoso; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; el director de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras, y el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama; así como líderes del sector salud, empresarios del sector automotriz, y asociaciones como Afamoto, Asodimoto, y consejos de motoconchistas de todo el país.

Además, asistieron a la actividad el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional; Pascual Cruz Méndez, director general de la Digesett, Gabino José Polanco, subdirector técnico de la DGA; el senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, y el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, entre otras personalidades del sector público, del privado y de la sociedad civil.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader designó mediante el Decreto 289-25 a José Antonio Aybar Félix presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.

José Antonio Aybar 

Es un veterano periodista, locutor, relacionista público y productor radial dominicano, con más de tres décadas de trayectoria en los medios de comunicación.

Ha trabajado en prestigiosos diarios como Hoy, La Nación, Listín Diario y Última Hora, así como en las revistas Cañabrava y Bemoles.

En la actualidad, Aybar es editor de la revista ¡Qué Pasa! del periódico El Nacional, único vespertino de la República Dominicana, y se desempeña como director del digital testigo.com.do.

Su carrera en la radio lo ha llevado por estaciones emblemáticas como Zol 106.5 FM, Romántica FM, Independencia FM, HIN Radio Oriente, Neón 89.3 FM y Dominicana FM.

Además, en Nueva York condujo segmentos de arte y espectáculos en La Kalle y Wado. Entre sus proyectos más destacados están “El Vacilón del Sábado” y “Vacilando la Tarde”, ambos en Neón 89.3 FM.

En televisión, se desempeñó como director de prensa de Isla Visión, canal 53, y fue comentarista en programas como La Alegría del Mediodía y Con Domingo y El Pachá.

Es miembro activo de numerosas entidades profesionales, incluyendo la Academia Latina de Grabación y Acroarte, donde fue presidente entre 2013 y 2015. Actualmente, es vicepresidente de Adopae y forma parte de Fundomúsica, donde coordina proyectos desde su consejo directivo.

En su primer mes la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha publicado tres auditorías realizadas al Ministerio de Hacienda (MH), el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) y al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), marcando una ruta que podría llevarla a recuperar la reputación perdida y por lo tanto a ganarse la confianza de la ciudadanía.

Aunque resulta evidente que estas auditorías no fueron llevadas a cabo por la Cámara de Cuentas actual, y que, por alguna razón, imposible de justificar, las anteriores gestiones de la Cámara de Cuentas no las publicaron. La voluntad de publicarlas sin pérdida de tiempo, implica un compromiso inicial con la transparencia en los trabajos de esa importante institución del Estado presidida por Emma Polanco Melo, e integrada por Francisco Tamárez Florentino, como vicepresidente y Francisco Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana como miembros.

Una auditoría pretende “examinar, utilizando las guías especializadas elaboradas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, las transacciones, registros, documentos, informes y los estados de ejecución presupuestaria, con el propósito de verificar el cumplimiento de la entidad con las disposiciones legales vigentes aplicables, incluyendo las normativas contables, presupuestarias y de control interno, para así sustentar el dictamen sobre la razonabilidad y legalidad de las cifras e informaciones contenidas en los estados de ejecución presupuestaria de la entidad, por parte de los auditores asignados por la CCRD.”

La auditoría al Ministerio de Hacienda.

La auditoría practicada a las informaciones incluidas en los Estados Financieros del Ministerio de Hacienda abarcó el período del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2020, y detectó una serie de irregularidades que superan la suma de RD$161,304,815. Entre esas irregularidades se encuentran expedientes con documentación incompleta, bienes no registrados, bienes no identificados ni ubicados, adendas que modifican irregularmente el objeto contractual, fraccionamiento compra bonos para Día de las Madres, inadecuada composición comité de compras, entre otras.

Durante todo el año 2019 y 2020 la Directora de Planificación y Desarrollo y miembro del Comité de Compras de la entidad, lo fue la señora Tomasina Tolentino Peralta, quien en 2021 pasó a ser miembro de la Cámara de Cuentas, lo que podría explicar por qué esta auditoría no fue publicada durante el período anterior, aunque la misma se haya inhibido del conocimiento de este caso. Corresponderá a los demás ex miembros explicar al país por qué esas auditorías no fueron publicadas bajo su gestión.

La auditoría al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Esta auditoría abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2019, y reflejó desviaciones contables e incumplimientos legales por un monto de RD$2,417,820,527.00.

Entre las irregularidades se detectaron  diferencia entre la nómina física y la ejecución presupuestaría por RD$44,472,214;  compensación a funcionarios y empleados por uso de vehículos y horas extraordinarias carentes de justificación por RD$18,575235; diferencias en el cálculo de impuesto sobre la renta a asalariados por RD$17,607,235; cargo de asesor sin la autorización del Ministerio de Función Pública por RD$228,700,448; cargos por servicios de inteligencia carente de soporte por RD$270,000,000.00; personal en nómina con relación de parentesco con funcionarios de la entidad por RD$4,999,667; compras realizadas sin proceso de selección por RD$16,479,762; expedientes de pago carente de certificación de apropiación presupuestaría por RD$174,994,744; pago de raciones alimenticias carente de documento soporte; arrendamiento financiero sin observar la Ley de Compras y Contrataciones por RD$1,464,750,000.00.

Investigación especial practicada al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

La investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas al INAIPI perseguía emitir una opinión sobre la razonabilidad y legalidad de las informaciones presentadas por la entidad, específicamente en los procesos de compras y contrataciones, en lo relativo a los procedimientos aplicados, costo de los productos suministrados, así como en la etapa de gerencia y pagos realizados a partir de los contratos, contrataciones de personal en los períodos 2019 y 2020, gestiones administrativas en las distribuciones y almacenamientos de productos de insumos y alimentos para los centros CAIPl y CAPI, manejo de los activos fijos adquiridos con los procesos de compras evaluados, y cuantificaciones de los recursos manejados con el fondo por excepción del “Programa Quisqueya Empieza Contigo”.  

Las irregularidades en esta institución son más dolorosas, pues la misma se encarga de prestar servicio de atención integral a la infancia menores de 5 años, con necesidades educativas de atención directa desde 45 días hasta 4 años 11 meses y sus familias, así como servicios de asistencias en casas a los familiares de esa niñez, para el fortalecimiento de las prácticas de crianza y valores humano, servicios de educación, alimentación y cuidados, en salud, registro de identidad y seguridad social. Por lo tanto, cada peso desviado o mal invertido perjudica a uno de los sectores más vulnerables del país, como lo es la niñez.

La Cámara de Cuentas detectó irregularidades que afectan procesos que involucran la suma de RD$1,969,586,632. Las irregularidades detectadas incluyen incumplimiento en la entrega de alimentos, contratos con productos diferentes al pliego de condiciones, proveedores sin estar al día en sus impuestos, discrepancias entre conduces físicos y el sistema automatizado, proveedores habilitados con documentos no subsanables.

También documentos de contratación no suministrados ni registrados en el SIGEPI, contratos vencidos sin cumplir con los objetos contractuales, contrato registrado con información incompleta, gestión de pago en departamento incorrecto, adjudicaciones con incumplimiento en ficha técnica, garantía no ejecutada en acción de daños y perjuicios por declinación de adjudicatarios, informe no remitido a los órganos rectores de control interno y externo CGRD y CCRD, productos y/o alimentos crudos pendientes de entrega, diferencia en cantidad facturada y soporte de recepción de productos, adjudicación de contrato por alimentos crudos sin evidencia de registro sanitario, contratos saldados y no concluidos, entrega de leche sin evidencia de recepción, cargos de asesor sin la autorización del Ministerio de Administración Pública, diferencia en precio contratado y el facturado, conduces con numeración repetidas en entregas diferentes.

Estas tres primeras auditorías publicadas revelan, no solo la distracción de fondos públicos sino, además, el enorme descuido con que se gestionó la cosa pública, que implica pérdidas importantes de recursos en perjuicio del Estado, es decir para la ciudadanía en general.

En estos tiempos donde, en violación a la ley, ya existen aspirantes a candidaturas para las elecciones todavía distantes del 2028, pero sobre todo que varios de esos aspirantes al mismo tiempo ocupan posiciones en la Administración Pública, se hace necesario que la Cámara de Cuentas incluya en su calendario de auditorías aquellas entidades públicas administradas por esos aspirantes, para tratar de poner un freno al uso de los recursos públicos con fines electorales.

El reto de esta Cámara de Cuentas será concluir y hacer públicas aquellas auditorías en carpetas y cumplir con su calendario de auditorías que, una vez levantadas, sean publicadas en tiempo adecuado, para que se puedan dar las justificaciones y correctivos administrativos de lugar; y en los casos que amerite responsabilidades, ya sean administrativas o civiles, o indicios de responsabilidad penal, estás auditorías puedan servir de soporte y guía para establecer las sanciones de lugar; o acciones del Ministerio Público, en los casos de indicios de responsabilidad penal. 

Es importante señalar que tanto la aplicación como las recomendaciones realizadas por la CCRD, son de cumplimiento obligatorio por parte de la entidad u organismo auditado, así como la posterior verificación de su aplicación por parte de la Contraloría, unidades de auditoría interna u otras entidades de supervisión, según se recoge en el Artículo 69 y 81 de la nueva Ley de la CCRD No. 18-24; por lo que sus actuales incumbentes deberán dar respuesta oportuna, confirmando la aplicación de estas recomendaciones, y de las acciones llevadas a cabo según el tipo de responsabilidad que se establezca en los informes.

CONSEJO NACIONAL