SANTO DOMINGO (República Dominicana). – Tras admitir la acusación presentada por el Ministerio Público, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a un hombre que mató a su expareja, a la que atacó en un hotel del sector Ciudad Nueva, en esta capital.

Edwin Gerónimo Mejía (Espaillat o el Cojito) fue sentenciado por cometer homicidio voluntario en perjuicio de su expareja Luisa Betances Fabián.

El tribunal acogió la querella con constitución en actor civil presentada por los familiares de la víctima y condenó al procesado al pago de cinco millones de pesos como indemnización por los daños morales, psicológicos y económicos ocasionados.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal Carolin Junesca De Oleo, presentó un robusto cuerpo probatorio compuesto por testimonios, videos y documentos, que permitió establecer la responsabilidad penal del acusado.

La investigación fue realizada por el fiscal Geivis Tapia, adscrito al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), quien determinó que el crimen fue cometido durante la madrugada del 18 de agosto del pasado año, cuando el acusado atacó a la víctima en la habitación donde ambos se encontraban alojados.

La víctima fue hallada con signos vitales y graves heridas, siendo trasladada al Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, donde falleció mientras recibía atención médica.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron tanto la llegada de la pareja como la posterior huida del acusado.

También, durante la investigación se evidenció que, tras cometer el hecho, el acusado respondió de forma agresiva una llamada recibida en el celular de la víctima, efectuada por su hermana María Magdalena Marte Fabián, lo que confirmó que aún tenía en su poder el dispositivo.

El tribunal, compuesto por las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, calificó el hecho como homicidio voluntario, conforme a los artículos 295 y 304, párrafo II del Código Penal Dominicano.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 4 de junio de 2025. Las juezas ordenaron que el condenado cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Santo Domingo. Asumieron la nacionalidad dominicana 82 ciudadanos de 30 países, juramentados por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en un acto en el auditorio de la Universidad Católica Madre y Maestra. 

Los nuevos dominicanos provienen de países tan lejanos como Pasquitán, Bulgaria, Sudáfrica, Vietnan, Rusia y Croacia, otros de España, Italia, Francia y Holanda, también de Norte, Centro y Sudamérica.

Las naciones con más nacionalizados son Cuba, Perú, España, y Colombia, con ocho cada uno; Rusia, Italia, Venezuela y Estados Unidos, con seis, y Paskitán cuatro.

Al juramentarlos, la funcionaria les pidió que pongan a República Dominicana en alto con su trabajo, que la amen, protejan y defiendan y respeten la Constitución, sus principios democráticos, obedezcan las leyes y contribuyan al mantenimiento del orden y la justicia.

Raful señaló que es un honor de los dominicanos que han dejado la piel en el camino para que el país sea hoy acogedor, solidario, y de gente alegre con valores.

“Somos un país lleno de esperanza y sueños. Un país que en estos momentos es el más seguro del Caribe y que aspira a serlo de toda América Latina. Quiero que ustedes formen parte de esta iniciativa para darles a nuestros hijos un país mejor que el que heredamos”, sostuvo. 

Les agradeció ser parte de la dominicanidad que enorgullece, con sacrificio y trabajo sin descanso. 

Miguel Palmero, un español naturalizado, al agradecer la acogida en representación del grupo, indicó que República Dominicana es un país maravilloso.

La ministra estuvo acompañada de Dayana Díaz, directora de Naturalización, y Jonathan Raful, director de Asuntos Migratorios.

El acto fue animado con música y baile interpretados por el Grupo de Danza  Folclórica del Carril de Los Alcarrizos.

La Ministra de Interior y Policía anuncia el inicio de procesos judiciales contra los responsables de difundir contenido falso manipulado digitalmente, y advierte sobre el uso criminal de inteligencia artificial para destruir reputaciones.

Santo Domingo, RD, a 20 de mayo de 2025 .- Mediante un mensaje directo al país, la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, difundió este martes un video en el que denuncia la campaña de descrédito y chantaje digital de la que ha sido víctima en los últimos meses, y anunció que ha instruido a su equipo legal para iniciar acciones judiciales contra todos los involucrados.

En la pieza audiovisual la funcionaria expone cómo esta campaña ha escalado hasta el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para fabricar rumores con contenido falso sobre su vida personal. “Esto no es un juego. Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad”, afirma.

Raful, quien ha defendido una gestión basada en la transparencia, la independencia y el fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana, no solo hizo un llamado a la reflexión nacional sobre los peligros del uso malicioso de la tecnología, sino que dejó claro que no tolerará más ataques ni falsedades:

“Sabemos quiénes son. No les temo. He instruido a mis abogados a iniciar acciones legales contra todos los que participen en esta infamia.”

El mensaje no se limita a su defensa personal. En su declaración, la Ministra advierte que esta amenaza puede alcanzar a cualquiera —incluso a niños y adolescentes— y llama a la ciudadanía a asumir colectivamente la protección de su verdad y su reputación.

“Esto solo se evita con valentía, con justicia y con verdad. Que esta no sea una lucha individual, sino una causa común en defensa de la dignidad y el respeto.”

La publicación del video marca un precedente institucional en la lucha contra la difamación digital y el uso de inteligencia artificial para destruir la honra de figuras públicas y privadas. La acción de Raful convierte la denuncia en una causa pública y llama a proteger, desde el Estado y la sociedad, los derechos fundamentales de las personas ante un nuevo tipo de violencia: la manipulación tecnológica con fines de extorsión y daño moral.

Santo Domingo.- El contralor general de la República, Félix Santana García, afirmó que la Contraloría ha logrado avances significativos en el fortalecimiento del control interno y la transparencia en la gestión pública. 

Detalló que la Unidad Antifraude gestionó 52 solicitudes, incluyendo denuncias y certificaciones, y elaboró 36 informes de investigación, de los cuales 11 fueron remitidos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Santana García también destacó la habilitación de 12 nuevas Unidades de Auditoría Interna (UAI), que elevan a 284 el total de unidades en funcionamiento, así como la implementación del Sistema Único de Gestión de Pagos (Sugep), que ha permitido agilizar y transparentar los procesos financieros en el sector público.

El contralor hizo estas declaraciones durante la conferencia magistral titulada "Contraloría y Transparencia: El contador como pilar del control gubernamental", realizada en el marco de la Semana del Contador, organizada por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

Durante su intervención, Santana García subrayó que sin la figura del contador público no se puede garantizar la transparencia en la gestión gubernamental, resaltando el valor de la ética y la integridad en la administración de los recursos del Estado.

"El contador es, sin lugar a dudas, un pilar en la estructura institucional del país. Gracias a su labor ética y técnica, los procesos financieros son más confiables, las decisiones públicas se sustentan en datos precisos y, sobre todo, se fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones", expresó.

El evento se llevó a cabo en el Salón Max Henríquez Ureña de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y contó con la participación de diversas autoridades académicas y profesionales, entre ellas Pedro Arnó, presidente del ICPARD, quien ofreció palabras de motivación al inicio de la actividad, y Pedro Matos, vicepresidente.

Asimismo, estuvo presente Leonardo Conde, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Unphu; Patricia Matos, vicerrectora Académica, y Daisy Pérez, directora de la Escuela de Contabilidad.

Al finalizar la conferencia, Félix Santana García recibió un reconocimiento por su destacada labor al frente de la Contraloría General de la República y su contribución al fortalecimiento del control interno en el país.

La entrega del reconocimiento estuvo a cargo de las autoridades del ICPARD, quienes valoraron su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública.

La Altagracia.– El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de Colombia están fortaleciendo su acuerdo de cooperación técnica con un nuevo paso conjunto, para la implementación de metodologías basadas en la economía circular en establecimientos hoteleros, específicamente en el área de alimentos y bebidas.

El acuerdo forma parte de una estrategia más amplia de colaboración entre ambas instituciones, que ya habían establecido lazos de trabajo conjunto. La iniciativa binacional busca mitigar los efectos del cambio climático, mejorar la eficiencia energética y reducir la generación de residuos y emisiones contaminantes.

En esta nueva etapa, facilitadores y encargados de talleres del Infotep han sido capacitados para aplicar soluciones sostenibles, entre ellas el análisis del ciclo de vida de los residuos, el uso de tecnologías eficientes y la redefinición de las prácticas de compra y almacenamiento, fomentando una cultura de aprovechamiento responsable.

“Esta alianza forma parte del pensamiento transformador que promueve el Infotep, al ofrecer soluciones concretas que permitan eliminar la contaminación a través de la economía circular”, afirmó el director general de la entidad, Rafael Santos Badía, quien destacó los beneficios que esta iniciativa traerá tanto a participantes como a la industria turística.

María Inés Amézquita Camacho, encargada de la delegación del SENA en la Regional Quindío, destacó el compromiso de la institución en apoyar al Infotep en el desarrollo de proyectos estratégicos como los vinculados al turismo, con la intención de compartir experiencias en economía circular y sostenibilidad ambiental.

La capacitación incluyó temas como la eficiencia energética, diseño de planos sostenibles, uso racional de recursos, aplicación de normas de calidad medioambiental y técnicas de reutilización de residuos orgánicos en cocina, bar y pastelería. Estas herramientas serán aplicadas en hoteles bajo el modelo “todo incluido”, promoviendo un turismo más responsable y competitivo.

Durante la actividad, que se desarrolló en la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería de Higüey en un formato virtual-presencial, el subdirector del Centro de Comercio y Turismo SENA Regional Quindío, Augusto Ospina Puertas, resaltó el valor de esta cooperación como un aporte al bienestar global.

Por su parte, el embajador de Colombia en República Dominicana, Darío Villamizar, destacó la necesidad de fortalecer las compras públicas sostenibles, el registro social único para emprendedores y las prácticas ambientales inclusivas en territorios fronterizos.

En el encuentro participaron también Michelle Sigarán, subdirectora de Cooperación Internacional del Infotep, Ramón E. Selimán, ministro consejero, encargado de Negocios A.I., con participación virtual desde Colombia en representación del embajador dominicano en dicho país, Félix Aracena Vargas, además de Elisa Acosta, encargada de la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería de Higüey.

Participación Ciudadana valora positivamente el esfuerzo realizado por la comisión encargada de redactar un proyecto de ley que pretende actualizar el marco regulatorio de los medios audiovisuales en el contexto de la libertad de expresión.

Se trata de un proyecto que, de aprobarse, vendría a llenar un vacío, pues la actual Ley No.  6132, de expresión y difusión del pensamiento, fue promulgada en 1962, cuando no existía el desarrollo tecnológico actual, que obliga a una actualización de la norma.

El proyecto tiene aspectos muy positivos y, como toda obra humana, algunos que requieren corrección y/o reflexión, a continuación, planteamos ambas dimensiones:

1. Aspectos positivos:
2. El proyecto reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental y obliga al Estado a crear las condiciones para facilitar el acceso.
3. Establece la prohibición de la censura indirecta que se produce cuando se utilizan los recursos del Estado distribuyéndolos en forma de prebenda o asignando la publicidad de forma arbitraria y discriminatoria, u otorgando frecuencias de radio y televisión para premiar o castigar de acuerdo con las líneas informativas de los medios o comunicadores, con lo que queda clara la intención de poner fin a prácticas incorrectas y hasta corruptas que han predominado en esta materia.
4. Distingue entre periodistas y comunicadores sociales. Y señala que todas las personas tienen derecho a la comunicación social individual o colectiva sin necesidad de autorización alguna, excepto la que caen bajo el régimen de las telecomunicaciones y los medios audiovisuales que utilizan recursos escasos.
5. Establece el principio de tolerancia a la crítica de parte de funcionarios, políticos, candidatos o aquellas personas que mantengan una presencia notable, activa e influyente en los medios y en las redes sociales, quienes están sujetos a un mayor escrutinio social.
6. Establece el principio de neutralidad de la red, que obliga a su administrador a dar el mismo tratamiento a todos sin distinción de contenido, origen o destino.
7. Cada medio de comunicación deberá tener un director, que será el responsable del contenido.
8. Se incluye la cláusula de conciencia para proteger el ejercicio del periodista y garantizar su independencia, pues si un trabajo suyo ha sido modificado, tiene derecho a solicitar que se retire su nombre, voz o imagen de este, sin consecuencias laborales. También se confirma el secreto profesional para proteger sus fuentes.
9. Nadie se podría escudar en un seudónimo para hacer daño, pues el perjudicado podrá solicitar su identidad. Si el medio se niega, podrá ser llevado a los tribunales.
10. Se regulan las plataformas de contenidos de internet. Las reglas serán aplicables a las redes sociales y buscadores que tengan más del 10% del total de personas con acceso a internet en el país.
11. Se fija una serie de obligaciones de transparencia activa a las plataformas digitales, incluyendo:
12. Los términos del servicio redactados en idioma español.
13. También reglas de modificación de contenido y la obligación de notificar al usuario cualquier variación.
14. Reglas para la suspensión o cierre de la cuenta o perfil, así como la eliminación, desindexación que implique modificación de lo publicado por el usuario, con posibilidad de apelación del usuario, el procedimiento y plazos. La decisión de la plataforma debe ser clara en las razones que motivó su decisión y dar detalles que permitan determinar si se ha afectado la libertad de expresión.
15. Transparencia de sus algoritmos y su código fuente, permitiendo su auditoría.
16. Publicidad electoral con todos sus datos y los de sus responsables, visible.
17. Las plataformas digitales deberán identificar responsables legales permanentes con domicilio en RD, a fin de garantizar donde depositar cualquier reclamación.
18. Reglas para los medios audiovisuales (radio y TV abierta)
19. Acceso gratuito a la radio y televisión abierta y compromiso del Estado a fortalecerlas por su importancia para la democracia.
20. Desarrollo de la industria dominicana de contenidos audiovisuales.
21. Separación de la información respecto de la opinión e identificación de la posición editorial.
22. Conocer la identidad de las personas propietarios de estos medios, y si es una compañía, la de sus socios y la identificación del grupo económico al que pertenecen. Cuando sea una compañía, sus acciones deberán ser nominativas.
23. Conocer de forma anticipada la programación de estos medios, respetando los horarios fijados.
24. Reglas para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad.
25. Creación de un órgano regulador que se llamará Instituto Nacional de Comunicaciones (INACOM), y que sustituirá al Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, con las siguientes ventajas sobre el modelo anterior,
26. Sigue el modelo del INDOTEL, como órgano descentralizado, con autonomía funcional, financiera y administrativa, patrimonio propio y personalidad jurídica.

• En vez de un órgano unipersonal, como actualmente, será un órgano colegiado, denominado Consejo Directivo, integrado por cinco miembros designados por el Senado de ternas propuestas por el Poder Ejecutivo.
• El presidente del Consejo Directivo será elegido por sus pares.
• Habrá una dirección ejecutiva designada por decreto del Poder Ejecutivo, de una terna que le presente el Consejo Directivo.
• El Consejo Directivo tendrá funciones normativas, debiendo remitir el reglamento de aplicación de la ley al Poder Ejecutivo para su aprobación, así como dictar resoluciones de alcance general y normas de alcance particular, debiendo consultar a las empresas prestadoras de los servicios regulados y a los interesados cuando se trate de normas de carácter general y celebrar audiencias públicas o publicar el proyecto de norma antes de su aprobación.

1. Se dispone un régimen sancionador administrativo, que iniciará con las investigaciones de la Dirección Ejecutiva y el sometimiento del infractor al Consejo Directivo, quien podrá imponer sanciones de revocación o suspensión del servicio, así como multas. Deberá agotarse el debido proceso sancionador administrativo y se confirma el derecho a recurrir las decisiones. No existen sanciones penales en el proyecto, pero si una disposición que señala la aplicación de la legislación común, por lo que serían aplicables las sanciones penales establecidas en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sanciona la difamación e injuria cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
2. Se crea un Consejo Asesor de Servicios de Comunicación, con representación de los órganos públicos relacionados, así como representantes de la sociedad civil organizada. Dentro de estos últimos está el Colegio de Periodistas, la Sociedad Dominicana de Diarios, ADORA, el Círculo de Locutores, un representante de las universidades, un representante de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, representantes de los concesionarios de frecuencias radiofónicas, de las frecuencias televisivas, de los trabajadores de los servicios regulados. Un reglamento deberá disponer la forma en que se escogerán estos miembros.

• Aspectos que requieren revisión o mayor reflexión

1. El artículo 9 trata sobre archivos informativos y dice que los medios tienen derecho a preservar las informaciones “veraces”, lo que implica el riesgo de que se le pida que borre informaciones que una parte entiende que no son veraces.

2. El artículo 13 exige que el director de un medio de comunicación esté “domiciliado real y permanentemente en la República Dominicana”, desconociendo una realidad del trabajo por internet. Bastaría que el medio tenga domicilio en el país.

3. En el artículo 20, ordinal 4, se señala que se deberá permitir la auditoría del algoritmo y los códigos fuentes, pero no establece los procedimientos para que esta obligación pueda hacerse realidad.

4. El artículo 23 establece la posibilidad de la “desindexación”, es decir, de requerir el borrado de información cuando el solicitante pruebe un daño cierto y sustantivo a su vida privada o que afecte su dignidad y solo a través de orden judicial. En el párrafo 1 dice que no procederá la desindexación cuando se trate de funcionarios públicos, candidatos, personas de relevancia pública. No menciona como excepción los procesos judiciales, y de manera particular los relativos a corrupción pública.

5. En el artículo 36, ordinal 10, se establece entre las funciones del INACOM la de “velar por la defensa del buen uso de la lengua nacional”, siendo el concepto de “buen uso” variable, por lo que pueda dar lugar a censuras injustificables, como ya ha ocurrido en el pasado.

6. En el mismo artículo 36, pero en el párrafo 1, se señala que será competencia de la JCE y no del INACOM, la regulación y tutela de los temas electorales durante la precampaña y la campaña, pero nada dice de lo que ocurra fuera de esos períodos, que deben ser también competencia de la JCE.

7. En el artículo 38 se dispone que los miembros del Consejo Directivo del INACOM serán inamovibles por dos años. Este período es muy corto y atenta contra la independencia que deben tener, pues tratarán de no molestar a quienes los eligen para tratar de ser ratificados por un nuevo período. El período debe ser de cuatro años.

8. En el artículo 53, párrafo III se establece que el INACOM regulará los espectáculos públicos (que incluye cine, teatro y cualquier actividad multitudinaria) para “evitar que en dichos espectáculos se difundan mensajes que ofendan al honor, la intimidad, la dignidad y la moral de las personas… y alteren el orden público.”   Varios de estos conceptos son muy generales y pueden dar lugar a censura por lo que se propone que el órgano apodere un tribunal judicial que imponga la sanción.

9. En el artículo 59, párrafo I se dispone que en ocasión de un proceso judicial el juez puede ordenar que se supriman del proceso los datos que resulten difamatorios o injuriosos. Se debe tener cuidado con este punto pues no hay forma de llevar un caso de robo en los tribunales sin acusar al imputado, aún no condenado, de haber distraído activos que no le pertenecen, lo que podría considerarse injurioso en una fase temprana del proceso.

CONSEJO NACIONAL

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), doctor Agustín Burgos, sostuvo un encuentro con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), donde conversaron en procura de unificar puntos de vista favorables para la clase trabajadora en el país.

En la sede de dicha agrupación, desarrollaron un diálogo cordial en busca de identificar posibles mejoras continuas para los afiliados y demás actores del sistema.

El doctor Burgos resaltó la importancia del consenso entre agentes del Estado, las clases empresarial y laboral para lograr este propósito.

Asimismo, destacó la utilidad de la formación constante en seguridad, prevención y salud en el ámbito productivo.

“Entendemos que, además de los programas de educación, deben tomarse medidas dirigidas a lo esencial de la protección del día a día de los trabajadores”, agregó Burgos.

En este primer encuentro del nuevo director ejecutivo del IDOPPRIL con el CONEP, el funcionario adelantó su preocupación por el gran número de accidentes por motocicletas en el país. Manifestó su interés de abordar, junto al empresariado, posibles alternativas para reducir el riesgo de los colaboradores que usan este medio de transporte para desplazarse desde y hacia sus centros de trabajo.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, agradeció la visita de los representantes del IDOPPRIL. Mostró su disposición de “apoyar la gestión y, sobre todo, hacer los cambios de transformación que sabemos que mejoraría y agregaría valor a lo que se está haciendo desde la entidad”.

“Este tipo de encuentros reflejan la importancia de mantener los canales de diálogo abiertos, con miras a identificar oportunidades que beneficien a todos los actores”, declaró Dargam.

Además, estuvieron presentes los miembros del Consejo, por el sector empleador: Pedro Rodríguez, de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM); José Manuel Torres, de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), y Mario Pujols, de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Además, Andrés Marranzini, de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores).

Por el IDOPPRIL, acompañaron al Dr. Burgos: Luis Rosario, asistente del director ejecutivo; Francisco de León, director financiero; Miguel Antonio Isaac de la Rosa, director de Planificación y Desarrollo; Oliver Peña, director de Comunicaciones; la doctora Dianeris del Carmen Pichardo, directora de Salud, y el Dr. Juan Brito, asesor.