Un reconocido delincuente, activamente buscado por su vinculación a la muerte por herida de bala de un hombre en el sector Cancino, así como por su participación en múltiples hechos delictivos, resultó muerto la tarde de este viernes al enfrentar a tiros a una patrulla de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional en Santo Domingo Este, que se vio en la imperiosa necesidad de repeler la agresión, durante su proceso de búsqueda y captura.

Se trata de Hanser Rafael Beltre Sánchez (a) Sonrisa, mayor de edad, sin cédula, residente en el sector Cancino, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro hospitalario a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, que sufrió al atacar a tiros a los agentes actuantes.

Según el reporte preliminar, el enfrentamiento ocurrió en la calle Respaldo Primera del sector La Favela, en Villa Liberación, donde unidades de Investigaciones realizaban labores propias de su función y lograron localizar al hoy occiso. Al notar la presencia policial, “Sonrisa” abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron la agresión, resultando herido.

Arma ocupada

Tras el enfrentamiento, se le ocupó una pistola marca Zoraki, calibre .380, serie A3L7R3MYSO3-2202908, con su cargador, la cual portaba de manera ilegal.

Prontuario

Sonrisa era activamente buscado mediante la orden judicial de arresto No. 973-2025-EMES-02084, de fecha 25 de febrero de 2025, por violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 383 y 386 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Dicha orden judicial fue emitida tras ser identificado como el presunto autor de la muerte de Fernando Rafael Aquino, ocurrida el pasado 20 de febrero en el sector Cancino.

Asimismo, pesaba en su contra otra orden de arresto, No. 973-2024-EMES-07363, por otros hechos delictivos registrados en esa misma zona.

LAS MATAS DE FARFÁN (República Dominicana).- Un hombre de 31 años de edad fue condenado a 17 años de prisión luego de que el Ministerio Público demostrara ante un tribunal con diferentes elementos de pruebas que violó sexualmente a su abuela de 87 años, en el año 2023.

El Ministerio Público, representado por la fiscal encargada de los casos de violencia de género y delitos sexuales de la Fiscalía de Las Matas de Farfán, Denia Rodríguez, recolectó, en la etapa de investigación, todas las pruebas y durante la audiencia demostró la culpabilidad del acusado ante los jueces del Tribunal Colegiado de este distrito judicial, Blaury Luciano, Edward Gerónimo y Luis Manuel Martes.  El Ministerio Público omite el nombre del procesado para proteger la identidad de la víctima.

Durante el juicio fueron presentadas numerosas evidencias materiales, documentales, testimoniales y periciales, que, de manera irrefutable, señalaban al hoy procesado como culpable de cometer los hechos en perjuicio de su abuela, incurriendo en la violación de los artículos 330 y 331, párrafo III, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

En sus conclusiones, el Ministerio Público pidió que el procesado fuera condenado a la pena máxima de 20 años de prisión como establece la ley en esos casos.

Sobre los hechos que relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, se destaca que la víctima, en su estado vulnerable fue violada sexualmente por el ahora condenado varias veces cuando se encontraba sola en la casa, aprovechando el procesado ser una persona de confianza que conocía la forma de abrir la puerta de la residencia.

Tras acoger como buena y válida la acusación de la Fiscalía, el tribunal dictó la sentencia en contra del procesado y ordenó que la cumpla en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sostuvo una productiva reunión con los miembros de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género de Jarabacoa, donde escuchó las principales preocupaciones de la comunidad relacionadas con la delincuencia, el microtráfico de drogas, el tránsito y la contaminación sónica y llamó a trabajar juntos.

Proclamó que no hay seguridad ciudadana sin convivencia y que para esto hay que involucrar a los comunitarios, a las iglesias, la sociedad civil organizada y a todos los sectores sociales.

Durante el encuentro, en el que participó el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez; el alcalde José Antonio Abreu y representantes de las entidades que conforman la Mesa, resaltaron los avances logrados, que posicionan al municipio como uno de los más seguro del país.

En el salón de sesiones del Ayuntamiento, Raful expresó su compromiso de continuar el impulso de políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y señaló que el Gobierno está enfocado en mejorar la presencia policial, y fomentar la participación de la comunidad en las acciones preventivas.

Dijo que en el ejercicio de los derechos no hay que agredir a los demás, y que no solo es la autoridad la que debe actuar, sino que los comunitarios también deben involucrarse para ayudar en la solución de los problemas que aquejan a las comunidades.

Indicó que muchas desgracias pasan por falta de conocimiento, y que en la mesa de trabajo buscan solución con el trabajo y la responsabilidad ciudadana.

En su participación, los comunitarios exigieron un mayor control y establecimiento de rutas para la movilidad de los vehículos four wheels, cuya actividad es un grave problema para la población.

En ese caso, la ministra convocó una reunión con representantes del Ministerio de Turismo, la Policía, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) la gobernación y el ayuntamiento para buscar una solución.

Plantearon la asignación de agentes a las horas de entrada y salida de los estudiantes de los centros educativos, porque enfrentan el peligro de ser atropellados. De igual manera, denunciaron la presencia de microtraficantes de drogas.

Ministra y Consejo de Apoyo a Jarabacoa

La ministra y el Consejo de Apoyo de Apoyo a Jarabacoa hablaron sobre las medidas de seguridad implementadas para garantizar el orden público.

La funcionaria destacó la importancia de la reforma policial, como eje central para fortalecer la seguridad ciudadana. Explicó que los cambios estructurales en la Policía Nacional buscan profesionalizar el cuerpo del orden, mejorar su equipamiento y garantizar una actuación más eficiente y cercana a la comunidad.

El presidente del Consejo, José A, Tejada, habló del apoyo que ofrecen como institución a la Policía local para garantizar más efectividad de los agentes en su trabajo con la comunidad. Citó entre sus preocupaciones el crecimiento de esa población y la falta de vehículos para la movilidad policial.
La ministra estuvo acompañada de Wendy Zapata, directora de Denuncia Ciudadana, y Fermín Domínguez, director del Programa de Control De Bebidas Alcohólicas (COBA).
Presentes el director de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez; el general Juan Pablo Ferreira Veras, director Regional de la Policía Nacional en La Vega; el coronel William Batista Castillo, comandante en Jarabacoa; Aida Pina, Intendente de los Bomberos, Yamirka Cruz, representante de Turismo, el empresario Eddy Ramírez, los comunitarios Dino Capo, Leomaris Puntier, Franklin Espinal, Omar Castillo, y la profesora María Elizabeth del Rosario.

El Tribunal Constitucional ha dictado la sentencia No. TC/0225/25 acogiendo un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Jean Alain Rodríguez Sánchez. Dicha sentencia prohíbe al Ministerio Público el uso del sobrenombre caso Medusa en el proceso penal que cursa en los tribunales. Por el efecto vinculante de las sentencias del TC, la misma debe ser acatada y aplicada, no solo al señor Jean Alian Rodríguez, sino a toda persona sometida a un proceso penal.

Esta prohibición no es absoluta, pues el TC ha dicho en la sentencia comentada: “Los sobrenombres o motes han de ser empleados única y exclusivamente como estrategias secretas de investigación y organización de los equipos de trabajo, para evitar las filtraciones de información, no así de cara o de conocimiento del público una vez es instrumentado el proceso.”

También ha dicho el TC: “De tal forma que, en todo estado del proceso, la persona ha de ser identificada bajo su propio nombre, el cual es su distintivo por excelencia, salvo las excepciones derivadas de procesos que requieran codificar o numerar a la persona por razones de seguridad y confidencialidad, evitando su divulgación al público”.

En lo adelante, Participación Ciudadana, en el seguimiento a los expedientes de corrupción administrativa, incluyendo el que afecta al señor Jean Alain Rodríguez, usará los nombres de los imputados más relevantes, seguido de la mención “y compartes”, para incluir a los no mencionados expresamente, tal como se ha usado tradicionalmente en la República Dominicana, cuando la cantidad de partes obliga a abreviar por economía procesal.

A continuación, presentamos las denominaciones que utilizaremos en los casos que observamos:

1. El caso originalmente denominado Anti Pulpo, en lo adelante se denominará Caso Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magaly Medina, Fernando Rosa y compartes.

Bajo la denominación “y compartes” están incluidos: Aquiles Christopher, Antonio Florentino Méndez, Rigoberto Alcántara Batista, José Alarcón Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Arodi Valenzuela Matos, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny, Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Cristian Manuel Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca, Paola Mercedes Molina Suazo, José Dolores Santa y Wacal Bernabé Méndez. Originalmente incluía a los señores Francisco Pagán y Julián Esteban Suriel, quienes ya fueron condenados utilizando el procedimiento penal abreviado, a Domingo Antonio Santiago Muñoz, a quien se le validó un criterio de oportunidad aplicado por el Ministerio Público, y Lewyn Ariel Castillo Robles, a quien se le aplicó la suspensión condicional del proceso.

• El caso originalmente denominado Coral y Coral 5G, en lo adelante se denominará Caso Mayor General Adán Cáceres Silvestre, pastora Rossy Guzmán, coronel Rafael Núñez de Aza y compartes.

Bajo la denominación “y compartes” se incluyen: sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez,  general Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Julio Camilo de los Santos Viola,  Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana, capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Miguel Ventura Pichardo, el cabo Jehohanan Rodríguez Jiménez y Erasmo Roger Pérez Núñez.

• El Caso originalmente denominado Medusa, en lo adelante se denominará Caso Jean Alain Rodríguez, Javier Alejandro Forteza, José Miguel Estrada Jackson y compartes.

Bajo la denominación “y compartes” se incluyen: Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

• El Caso originalmente denominado Calamar, en lo adelante se denominará caso Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes.

Bajo la denominación “y compartes” se incluyen: Daniel De Jesús Caamaño, Marcial Reyes, Ramón David Hernández, Yahaira Brito, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver, Ángel Lockward, Aldo Gerbasí, Alejandro Constanzo, Ana Linda Fernández de Paola, Emir Fernández de Paula, Julián Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez y Agustín Mejía Ávila, Rafael Calderón Martínez, Manuel Miqui, Rosa Arias, Marino Enrique Cabrera, Cesar Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Hathaly Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Zayas, Manuel Morilla Soto, Manuel Morilla Gil, Princesa Alexandra García Medina, Roberto Moquete, y Daniel Guerrero. 

•  El Caso originalmente denominado Camaleón, en lo adelante se denominará caso, José Gómez, Hugo Beras y compartes.

Bajo la denominación “y compartes” se incluyen: Frank Díaz, Samuel Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero.

Reiteramos la importancia de mantener el impulso en la lucha contra la corrupción, promoviendo la transparencia en todos los ámbitos y garantizando que las investigaciones y procesos judiciales culminen en sentencias firmes.

13 de mayo del 2025

Santo Domingo.- El presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Benny Metz, y el director ejecutivo, Alexis Alcántara, destacaron la invaluable labor la fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Mary Pérez de Marranzini, valorada por ambos como una defensora de los derechos de las personas con discapacidad. 

Metz destacó que el fallecimiento de Doña Mary “es una gran pérdida para el país, muy especialmente para el sector discapacidad. Ella fue un ángel para varias generaciones a las cuales apoyó en un momento en que la discapacidad era sinónimo de exclusión social". 

"Todos los que estamos en el sector discapacidad aprendimos y debemos seguir aprendiendo de su legado, de que los límites no existen frente a nuestro compromiso y determinación para garantizar acceso a todos y todas hacia las oportunidades”, expresó Metz. 

Doña Mary Pérez de Marranzini pertenecía al Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) donde desempeñó un papel fundamental en favor de las personas con discapacidad.

“Su vocación de servicio y entrega siempre serán una guía para todos los que trabajamos en el sector y también para motivar a otros a ser parte de las transformaciones de la sociedad”, expresó Alexis Alcántara, director ejecutivo del Conadis. 

En el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) brillará la luz de Mary Pérez de Marranzini, su ternura, su fuerza y su ejemplo acompañarán siempre a las personas con discapacidad.

Barahona. Un agente policial identificado como Yunior Cuevas, disparó al vehículo en que se traslada Altagracia Magnolia Reyes Florián, de 48 años, junto dos compañeras de trabajo y al chef de la empresa Ricafé, luego de despachar raciones alimenticias en la Escuela Básica “Dr. Clarence Hamilton, del sector Ríochill, del municipio.

“Tengo la pierna anestesiada, boto sangre, ya usted sabe…”, con tristeza, pero, sobre todo, con impotencia, expresa doña Altagracia Reyes Florián, quien se salvó por un “pelito” de morir baleada.

Reyes Florián, fue impactada de bala en el muslo de la pierna izquierda, por lo que fue trasladada a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota en donde fue atendida, y posteriormente certificada por un médico legal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en esta comunidad.

Cuevas, el agente de la Policía Preventiva en Santa Cruz de Barahona que disparó, señalan que conducía a alta velocidad, razón por la que se produjo una leve colisión, a la que reaccionó emitiendo una ráfaga de disparos contra el vehículo abordado por las tres mujeres y el chef que lo conducía.

Relatan que en vez de actuar con premura, el efectivo policial desenfundó su arma de reglamento y disparó varias veces al vehículo, acción de la que por suerte salieron ilesas las otras tres personas que se trasportaban en él.

El vocero de la Dirección Regional Sur de la Policía, con asiento en Barahona, sargento Argenis Rubio, al ser contactado sobre este incidente de violencia policial, dijo que el agente se encuentra bajo custodia en la sede de la institución.

Rubio, indicó que se conformó una comisión, integrada por varios organismos policiales, incluyendo a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), la cual realizará la indagación sobre este hecho que pudo haber terminado en una lamentable tragedia.

Agresiones policiales
Enver Heredia, propietario de la empresa Ricafé, calificó el hecho como “intolerable”, sobre todo, porque entiende que el agente Yunior Cuevas debió tener cautela y prudencia, especialmente al saber que el vehículo salía de una escuela y que pudo haber afectado también estudiantes del centro educativo.

Heredia, lamentó que la Policía Nacional continúe haciendo todo lo contrario a su deber que es proteger a la ciudadanía, y no violentarla como en este y otros casos recordados con pesar en todo el país. Deploró que este comportamiento de muchos policías parece estar normalizado a pesar de la reforma policial con la que el cuerpo del orden asegura estar capacitando y reforzando las condiciones de sus agentes.

En ese sentido, dijo espera que la investigación además de los entes policiales sea asumida por el Ministerio Público, para garantizar la sanción oportuna que la ley establezca para estos casos, y así evitar que quede en el olvido y en impunidad como en tantos otros hechos similares.