La Delegación de Participación Ciudadana ha obtenido una subvención de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de un “Proyecto de Acompañamiento Administrativo y Digital al Tejido Asociativo de Jerez”. Esta iniciativa está ya al servicio del tejido asociativo, tanto de la zona urbana como rural, a los que se ofrece un total de cuatro encuentros informativos en este mes de marzo para dar inicio al proceso y beneficiarse de un proyecto dirigido a erradicar la brecha digital en las asociaciones y colectivos de la ciudad.

La teniente de alcaldesa Susana Sánchez y la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, han presentado este proyecto acompañadas por representantes de diferentes consejos territoriales y sectoriales de la ciudad. Este programa se suma a los objetivos del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana, en lo referente al eje Jerez Digital. Cabe recordar que la estrategia del Gobierno de Jerez para llevar a cabo las acciones que engloban el Plan de Acción Local se basa en el diálogo y la participación.

Podrán beneficiarse de este proyecto de acompañamiento administrativo y digital todas las entidades sin ánimo de lucro de la ciudad. Los objetivos de este proyecto son tres y están muy interrelacionados:

Objetivo 1: Fomentar la participación activa de la ciudadanía.

Objetivo 2: Facilitar la interacción entre el Ayuntamiento de Jerez y el tejido asociativo, a través del fomento de la actualización de datos de las entidades en los respectivos registros y especialmente en el Registro Municipal de Entidades.

Objetivo 3: Romper la brecha digital. Capacitar a las asociaciones de Jerez, a través de una formación y acompañamiento en la tramitación electrónica, a fin de que puedan cumplir con los requisitos legales para una participación asociativa activa a través de los cauces.

Los encuentros asociativos para detectar necesidades e iniciar la formación y acompañamiento comenzarán el 18 de marzo con las asociaciones rurales, que podrán participar en la reunión prevista de 10 a 13 horas en la Delegación de Medio Rural.

Los encuentros en los que podrán participar las asociaciones de la zona urbana serán los siguientes:

19 de marzo: de 17 a 20 horas, en el Centro Social Blas Infante.

25 de marzo: de 17 a 20 horas, en el Centro Social La Granja.

31 de marzo: de 17 a 20 horas, en el Palacio de Villapanés.

En estos encuentros, se informará a las asociaciones sobre el servicio de acompañamiento a entidades para su capacitación y ayuda en la actualización de datos registrales y la obtención del certificado de persona jurídica y en la tramitación electrónica, del que podrán beneficiarse hasta final de año, en una oportunidad muy novedosa y que supondrá facilitar al tejido asociativo la realización de gestiones con todas las administraciones.

El proyecto incluye una campaña informativa para fomentar la actualización de datos en el Registro Municipal, que comenzaba en el mes de enero, y que se ha desarrollado con las diferentes entidades mediante correo electrónico.

La delegada Carmen Pina ha destacado que “este acompañamiento digital nos permite ayudar a las asociaciones a ponerse al día en esta materia, y eso significa que van a tener un contacto más ágil no sólo con este Ayuntamiento, sino con cualquier administración”, destacando que “estamos muy agradecidos a la Junta de Andalucía por haber respaldado este proyecto, y tenemos de verdad muchas expectativas puestas en estos meses de trabajo mano a mano con el tejido asociativo para que este 2025 marque de verdad un antes y un después en ese acceso a la administración electrónica”. La delegada ha señalado que “nuestro primer llamamiento es a que acudan a alguno de estos cuatro encuentros informativos, y a partir de ahí, nos ponemos en marcha hasta final de año con ese acompañamiento y asesoramiento digital imprescindible ya para la gestión de cualquier colectivo”.

Esta formación se suma a la que se ha ido articulando gracias a los programas de la Diputación de Cádiz, para el desarrollo de talleres en los centros sociales de la ciudad dirigidos al tejido asociativo. La delegada de Participación Ciudadana ha recordado que el año pasado este área recibía un Reconocimiento a las Buenas Prácticas en el Fomento de la Participación Ciudadana concedido a Jerez en el marco de la Jornada Técnica Provincial ‘Fortaleciendo la Participación Ciudadana de Cádiz’, un evento para promover la colaboración y el intercambio de experiencias entre los municipios de la provincia. El objetivo para este año es seguir incidiendo en los objetivos de la formación y la dotación de herramientas al tejido social para seguir avanzando en los retos del fomento de la participación y el facilitar el acceso a las tramitaciones y gestiones de interés para los colectivos.

 Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), le impuso prisión preventiva a Carlos Javier Estévez, implicado en la red criminal que estafó con millones de dólares a cientos de adultos mayores de los Estados Unidos.

El procurador adjunto Andrés Chalas representó al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces Francisco Jerez, Francisco Ortega Polanco y Fran Soto, impusieron la prisión preventiva al imputado, quien es solicitado en extradición por los Estados Unidos, donde será procesado por 5 cargos.

Se informó que los cargos consisten en asociación delictuosa para cometer fraude electrónico y por correo, cargo uno; fraude electrónico, cargos tres y siete; fraude por correo, cargo once, así como por asociación delictuosa para lavar las ganancias del fraude electrónico y por correo o lavado de dinero, cargo diecisiete.

La red criminal, que integraban varias personas, estafó a los adultos mayores desde centros de llamadas en la República Dominicana, desde donde los contactaban, haciéndose pasar por hijos, nietos u otros familiares cercanos, para pedirles ayuda económica, alegadamente para salir de un problema por un accidente automovilístico.

El imputado cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de la provincia Santiago, hasta que se conozca su proceso de extradición.

Contra Estévez el Tribunal de Distrito para el Distrito de Nueva Jersey, en Estados Unidos, dictó una orden de aprehensión en fecha 4 de enero de 2024.

Posteriormente, el 19 de marzo de 2024, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió la Resolución No. 001-022-2024-SRES-00479, mediante la cual, tras ser perseguido por las autoridades, se ejecutó su arresto en Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, el 25 de febrero de 2025.

Los jueces fijaron para el próximo 8 de abril, a las 11:00 de la mañana, la audiencia donde conocerán el fondo de la solicitud de extradición del imputado.

La red fue desmantelada en la provincia Santiago, en el año 2023, tras la ejecución de la Operación Discovery 2.0, indica un comunicado de prensa del Ministerio Público.

El documento señala que a sus integrantes se le atribuyeron, entre otros, delitos de extorsión y robo de identidad contra los ciudadanos estadounidenses.

Puerto Plata (RD) – El Ministerio Público obtuvo este martes un año de prisión preventiva en contra del capitán de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Domingo Ureña Rodríguez, quien fue apresado al establecerse que falsificaba permisos temporales de trabajo a nacionales haitianos, con la finalidad de darle estatus legal en territorio dominicano.

El juez titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, Romaldy Marcelino Henríquez, dictó la medida de coerción a Ureña Rodríguez, quien fue apresado en el transcurso de la investigación del caso denominado Máscara de Janus, y enfrenta cargos por falsificación de sellos, documentos públicos, prevaricación y asociación de malhechores. 

El órgano persecutor informó que el imputado fue arrestado el pasado miércoles mediante la orden judicial No. 2025-AJ0011521, durante un allanamiento practicado en su vivienda en el transcurso de la investigación realizada en coordinación con la FARD, a través de su Subdirección de Inteligencia A-2, de la Base Aérea de Puerto Plata, y su Dirección Jurídica.

Según se ha establecido durante las pesquisas, el imputado utilizaba su casa, ubicada en el municipio Montellano, de Puerto Plata, para la expedición de los documentos a ciudadanos haitianos, en violación a las leyes de la República Dominicana.

El allanamiento donde se ejecutó su arresto fue liderado por los magistrados Leury Virgilio Ureña y Carmen Daynisa Rosario Pascual, auxiliados por los investigadores de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y los agentes de la División de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet), de la Policía Nacional.

Los fiscales Hilda Patricia Lagombra, Carmen Daynisa Rosario Pascual y Luis Martínez, asistente del Despacho del Procurador Fiscal Titular, continúan profundizando las investigaciones para identificar a otros posibles implicados y someterlos a la justicia.

Ureña Rodríguez cumplirá la medida de coerción en el Centro de Privación de Libertad para Militares, en Santo Domingo.

Por su vinculación a esa actividad delictiva también es perseguido el nacional haitiano Epervil Eveque, quien se encuentra prófugo de la justicia, indica el comunicado de prensa a través del cual se ofreció la información.

Santo Domingo. –El Gobierno dominicano derogó este lunes 3 de marzo, mediante el Decreto núm. 107-25, el Decreto 30-25 del 17 de enero de 2025, que regulaba la percepción y aplicación del ITBIS en los servicios digitales consumidos en el país y prestados por proveedores del exterior. 

El anuncio fue realizado por Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia de la República. Con esta medida, el Poder Ejecutivo deja sin efecto el reglamento que establecía el cobro del impuesto a estas plataformas digitales. 

El Decreto 107-25, firmado por el presidente Luis Abinader, establece en su artículo 1 la derogación del Decreto 30-25 y en su artículo 2 ordena su notificación a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución. 

La disposición fue emitida en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a los tres días del mes de marzo de 2025.

En sus 31 años, desde que fue fundada en el 1993, Participación Ciudadana (PC) ha ejecutado 101 proyectos de educación ciudadana, promoción de la democracia y para el fortalecimiento institucional, con sus propias fuerzas o aliada a decenas de entidades nacionales e internacionales, muchas de las cuales han contribuido con financiamiento.

El mayor apoyo económico ha provenido de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), pero también de otras 38 instituciones internacionales, de varios Estados, de organismos multilaterales y no gubernamentales, así como de 3 nacionales y más de una veintena de empresas dominicanas. Esto sin contar los aportes de sus propios miembros, tanto por vía del trabajo voluntario como del pago de cuotas. Por ejemplo, el local nacional de PC fue comprado exclusivamente por contribuciones de empresarios dominicanos, lo mismo que el fondo patrimonial que recolectó más de 22 millones de pesos. Para mantener su plena independencia, PC nunca ha aceptado ayuda económica del Gobierno dominicano, aunque ha ejecutado acciones y proyectos conjuntamente con docenas de instituciones estatales, centralizadas y autónomas, incluyendo múltiples ayuntamientos.

El financiamiento a PC ha provenido de instituciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, Canadá, Gran Bretaña, Alemania y Chile, de Transparencia Internacional, de la cual PC es capítulo nacional desde el 2004, así como de entidades financieras como el Banco Mundial, el BID y cuatro diferentes órganos de las Naciones Unidas.

LAS INSTITUCIONES DE MAYOR APOYO A LOS PROYECTOS DE PC

PROYECTOS/FINANCIADO POR	#   PROYECTOS
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)	17
Transparencia Internacional	14
Unión Europea	13
Oxfam Intermón	11
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Fondo Canadiense para Iniciativas Locales y Embajada de Canadá	5
Agencias de las Naciones Unidas, PNUD, UNICEF, ACNUR y Comisionado de Derechos Humanos	4
Banco Mundial	3
Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL)	4
National Democratic Institute (NDI) de Estados Unidos	2
Fundación Friedrich Ebert de Alemania	2
Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME)	2
Proyecto para Iniciativas Democráticas, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) para las primeras dos observaciones electorales.	2
Otras 21 instituciones internacionales, financiaron un proyecto de PC cada una, tan variadas como la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Embajada Británica y la  Kellog Foundation.	21
Total	101

Razones del amplio apoyo

El gran apoyo nacional e internacional recibido por PC ha estado determinado:

1. Por tratarse de un movimiento cívico de estructura y participación democrática, que nunca ha dejado de celebrar su asamblea anual pública, sin haber tenido ninguna división o conflicto interno considerable en tres décadas.
2. Porque su estructura está encabezada por un Consejo Nacional, primero de 12 y ahora de 9 miembros electos por la Asamblea General, los que a su vez escogen un coordinador general que se ha renovado cada año, y sólo cinco han repetido, nunca en años consecutivos. Con una estructura y cultura de alta participación voluntaria en comisiones especializadas, la coordinación general y los principales directivos aportan decenas de horas de trabajo semanales, sin que sus titulares reciban remuneración, ni vehículo ni combustibles. Por más de tres décadas, ciudadanas y ciudadanos han aceptado esa responsabilidad, sin buscar perpetuarse ni promoverse.
3. Por haber tenido cientos de miembros voluntarios, en gran proporción profesionales y líderes sociales y religiosos, que no sólo han aportado su tiempo y recursos, sin recibir compensación alguna, sino que también pagan cuotas para ayudar al sostenimiento de la organización. Se destaca el papel desempeñado por las redes de observadores electorales que en algunos casos llegó a reunir más de 10 mil personas de todo el país, de diferentes edades y condiciones sociales y económicas, quienes han contribuido a un notable avance en la transparencia, legitimidad y organización de los procesos electorales.
4. Absoluta transparencia y rendición de cuentas, con auditorías anuales externas, tanto de los fondos generales, como específicamente de los fondos aportados por las principales agencias.
5. Publicación sistemática de todos los detalles de sus proyectos, incluyendo financiamiento, gastos, sueldos del personal técnico contratado, lo cual ha estado disponible para todo el público en la página Web, www. pciudadana.org.
6. Por la seriedad y precisión de las observaciones electorales y conteos rápidos, que, en todos los casos, quedaron con diferencias menores al 0.5% de los datos oficiales que ofreció la JCE muchas horas después, y que se entregaban el mismo día de las elecciones a las autoridades electorales y a los financiadores.

Los dos programas más extensos y de mayor financiamiento

de la USAID gestionados por Participación Ciudadana (PC)

Programa de Formación y Gerencia Política de Jóvenes Líderes de República Dominicana (2005-2012)

Fue gestionado por PC, conjuntamente con el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Centro de Investigación y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Contó con la colaboración nacional del Senado de la RD, el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), de la Oficina Nacional de Administración de Personal, luego Secretaría de Estado y Ministerio de Administración Pública (MAP).

Colaboración internacional: Instituto Nacional Demócrata (NDI) de Estados Unidos, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), y del Instituto de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y del Ayuntamiento de Málaga, España.

Para su ejecución, el programa tuvo un Consejo Consultivo integrado por seis profesores de las universidades participantes y los secretarios generales del PLD, PRD, PRSC, Reynaldo Pared Pérez, Orlando Jorge Mera, y Víctor Gómez Casanova. La FNP representó a 19 partidos emergentes.           

Coordinador general: Rafael D. Toribio

Dos etapas: 2005-08 y 2008-12

Costo total: 4,253,600.00 dólares

Tuvo el objetivo de contribuir a modernizar el liderazgo político, fortaleciendo la presencia de la juventud en el ejercicio de la política y abrir paso a una nueva relación entre la sociedad y la política.

En su ejecución se hicieron diplomados dirigidos a jóvenes propuestos por los partidos, de 72 horas de formación sobre liderazgo y gerencia política, abarcando el sistema democrático y sus instituciones, valores, liderazgo y prácticas democráticas, modernización y gerencia de los partidos políticos.

En la segunda etapa se agregó el entrenamiento de los que habían registrado mejor rendimiento en los diplomados para que pudieran ser capacitadores de dirigentes medios y de base de sus propios partidos. En el 2011 los egresados de los cursos constituyeron una Red de Jóvenes Líderes, vinculando a los de múltiples partidos que operó por varios años.

Participantes:

En total 2,040 jóvenes entre 18 y 40 años de edad, 72% hombres y 28% mujeres.

1,754, el 86%, provenientes de 18 de los 23 partidos reconocidos por la JCE

286, el 14%, provenientes de 263 organizaciones de la sociedad civil.  

208 dirigentes de partidos entrenados como capacitadores.

118 militantes certificados como capacitadores, Estos a su vez impartieron los conocimientos adquiridos a 4,673 dirigentes medios y de base de los partidos en 35 municipios de 16 provincias. Los cursos abarcaron las 31 provincias y el DN, y se impartieron en universidades y centros culturales de las mismas. Una condición para ser aceptados era la presentación de una carta de acreditación del partido o la organización a que pertenecían.

Distribución de los 2040 participantes en los diplomados:

632 (31%), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

469 (23%), del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

265 (13%), del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)

82 (4%), del Partido Alianza por la Democracia (APD)

306 (15%), de 14 partidos emergentes o minoritarios

286 (14%), de 263 organizaciones sociales, incluidos en la segunda etapa

2.- Acceso Ciudadano a la Justicia, o Casas Comunitarias de Justicia (CCJ)

Dos etapas:

2005-2018, gestionado por Participación Ciudadana

2018- 2025 gestionado por el Centro Casas Comunitarias de Justicia Inc.  

Financiamiento de USAID vía PC (2005-16): 4 millones 253 mil 600 dólares

Director Ejecutivo: José Ceballos

Colaboración de la Suprema Corte de Justicia, de la Procuraduría General de la República, y de las fiscalías provinciales y ayuntamientos, que aportaban abogados y ayudantes fiscales. El promedio de empleados por cada CCJ ha sido de seis, en su mayoría pagados por el proyecto.

Objetivo: Contribuir a la reducción y resolución de los conflictos en las comunidades barriales, así como a la disminución de la delincuencia con la integración de los dirigentes comunitarios a las labores de asistencia prevención. También reducir la enorme cantidad de querellas sobre delitos de poca monta que abarrotaban las fiscalías, conciliando posiciones e intereses.

Durante el período 2005-06 se desarrollaron jornadas de consulta y capacitación con participación de 5,012 personas, y entrenamiento para los primeros 69 mediadores, dando origen al Plan Nacional de Resolución de Conflictos.

La primera CCJ fue abierta en el barrio Cienfuegos de Santiago, en octubre del 2006 y en la actualidad suman 10, operando tres en Santiago, una en el DN, una en Santo Domingo Oeste, La Vega, San Francisco de Macorís, Moca, Mao y Puerto Plata. El proceso tuvo asistencia técnica de DPK Consulting.

En 18 años, hasta el 2024, las CCJ han prestado servicios a 650 mil personas, en el 90% de los casos con resolución de conflictos

Desde el 2016, PC consideró que las CCJ necesitaban mayor autonomía para su desarrollo y operatividad, por lo que inició un proceso que culminó con el traspaso del programa a la fundación Casas Comunitarias de Justicia Inc., aunque ha mantenido un representante en su consejo directivo. Las 10 casas siguen dando servicios y resolviendo conflictos en los barrios populares donde operan.  Haberse separado de Participación Ciudadana les permite a las Casas Comunitarias de Justicia recibir apoyo presupuestario del Gobierno para cumplir sus funciones, algo que no es posible dentro de PC.

Las múltiples contribuciones de Participación Ciudadana a la lucha contra la corrupción y por el fortalecimiento institucional

Campañas de descrédito contra PC

Cada cierto tiempo resurge una campaña que busca restar crédito a Participación Ciudadana, pretendiendo presentarla como una entidad que responde a determinado partido político o bien a intereses extranjeros, y difundiendo que sus dirigentes han recibido altas sumas de dinero de las agencias internacionales de financiamiento, en particular de la USAID.

Ambas versiones son absolutamente desmentidas por la historia de la organización, primero por sus observaciones electorales y conteos rápidos de las votaciones y luego por sus vínculos y colaboración con todo el espectro político nacional, que ha sido parte de la historia de PC. La gran mayoría de los proyectos se desarrollaron durante los gobiernos del PLD y numerosas actividades contaron con la participación, tanto del partido como de instituciones gubernamentales, quienes colaboraron ampliamente. Sin embargo, PC mantuvo los reclamos de transparencia, rechazo a la corrupción y respeto a la institucionalidad democrática. Toda la historia de PC ha quedado ampliamente documentada, tanto en sus publicaciones y fuentes de difusión electrónica, como también en la prensa nacional que le ha dado generosa cobertura a todas las actividades, propuestas y opiniones.

Se atribuye a PC una actitud parcial frente al PLD, pero como se podrá observar en los dos mayores proyectos que hemos desarrollado, tuvimos gran participación de ese partido y apoyo de sus órganos gubernamentales, relevantemente de los dirigentes partidistas y los funcionarios del ámbito judicial. En los procesos electorales que ganó el PLD, del 1996, 2004, 2008, 2012, 2016, los informes y conteo rápidos de PC dieron testimonio de los resultados.

Es cierto que unos pocos directivos de PC han salido de nuestra organización para formar parte del actual gobierno, pero eso nunca ha comprometido nuestras posiciones, esas personas se han desvinculado de nuestra militancia, que es muy diversa en posiciones políticas. Lo mismo pasó con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.

El primer coordinador general de PC y uno de sus fundadores, Tony Isa Conde, formó parte de los gobiernos del PLD, incluyendo una posición de ministro. Otro coordinador general, Ramón Tejada Holguín, fue titular de la Dirección General de Análisis Estratégico de la Presidencia de Danilo Medina, el dos veces coordinador de PC, Isidoro Santana, fue ministro del Gobierno de Danilo Medina y varios más ocuparon cargos en esos Gobiernos. Donde no hubo un solo dirigente de PC, fue en el período que encabezó Hipólito Mejía, 2000-2004.

Los activistas y voluntarios de la sociedad civil mantienen su derecho ciudadano a acceder a posiciones públicas y, hasta el momento, ninguno de nuestros antiguos dirigentes ha deshonrado los principios y valores que profesamos. 

Es una infamia decir que los dirigentes de PC han recibido sueldos de la USAID o de otras fuentes, por los servicios prestados, todos son absolutamente voluntarios. Sólo el personal técnico y administrativo ha recibido salarios y los mismos siempre han estado transparentados en nuestro sitio de internet. Nuestros estatutos prohíben taxativamente que los directivos, tanto del Consejo Nacional como de las comisiones de trabajo, reciban remuneración alguna y esta disposición siempre se ha cumplido.

También son infamantes las denuncias de que periodistas han sido pagados con el financiamiento de la USAID y mucho más que con esos fondos se hayan desarrollado campañas contra los intereses nacionales. Esto carece del mínimo soporte, choca con la transparencia con que se han manejado los fondos recibidos y con el limpio historial de vida de esos ciudadanos y comunicadores.

Lucha contra la corrupción

Desde su nacimiento PC colocó la lucha contra la corrupción entre sus principales ejes programáticos. Ya para principios del Siglo XXI la organización decidió que esta sería su prioridad e inició contactos para ingresar a Transparencia Internacional, siendo designada en el 2004 como capítulo nacional de la misma. La mayoría de las acciones realizadas por la organización, incluyendo la observación de las elecciones y el impulso de leyes, tienen un alto componente de educación ciudadana para aglutinar fuerzas y emprender acciones contundentes que disminuyan la corrupción y la impunidad. Las publicaciones de PC han sido referentes y documentos para la historia en materia de lucha contra la corrupción, sin jamás haber recurrido a la mentira, todo lo que se ha denunciado ha sido ampliamente documentado.

Fue sistemático el seguimiento y la demanda de justicia por los fraudes bancarios que en el 2002-03 hundieron la economía nacional. Lo mismo ocurrió frente a otros escándalos como el caso Sum Land,  Odebrecht y a todos los expedientes de alta corrupción que han cursado en la justicia. En los casos mayores PC ha publicado folletos resúmenes para educar a la ciudadanía e incentivar los reclamos de fin de la impunidad. Actualmente está dando seguimiento a los procesos judiciales en curso.

Presión y concertación por leyes de avance democrático

La organización ha intervenido a favor o en contra de proyectos en el Congreso Nacional, siempre con el objetivo de lograr avances significativos en la construcción de la democracia. Entre estos se destacan: Defensoría del pueblo; reformas de la Constitución de la República del 2002, del 2010 y 2024; Ley Orgánica del Ministerio Público; Ley de Compras y Contrataciones Públicas; Ley de Reforma Policial; Ley de Participación Social; Ley de Libre Acceso a la Información Pública; Ley General de Educación, con el 4% del PIB para el sector; Ley General de Municipios con presupuesto participativo.

Como puede constatarse en este mismo documento, las publicaciones de PC han dedicado un amplio espacio a la difusión de las leyes, proyectos y debates que tienen que ver con el ordenamiento jurídico en materia constitucional, político-electoral, organismos de control del gasto público, derechos, participación social, entre otros.

Convenios con organismos públicos y privados

Sin recibir financiamiento, PC ha firmado convenios con múltiples organismos estatales, como la Procuraduría General de la República; Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa; Suprema Corte de Justicia; Consejo Nacional para la Reforma del Estado; Ministerios de Administración Pública y de Medio Ambiente.

PC participó en la comisión para la nómina pública, creada mediante decreto del Poder Ejecutivo; aprobación de convenio interinstitucional con la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), para la promoción de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Participación en el Consejo Nacional Anticorrupción; aprobación de convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), para apoyar los procesos de capacitación en temas de ética del servidor público. Ha sido jurado por muchos años en el Premio anual a la calidad de las instituciones públicas.

Coaliciones, alianzas y articulaciones

En 1999 se convocó un encuentro de la sociedad civil encabezado por PC, FINJUS, ANJE, COPADEBA, ACOPRO, Centro JUAN MONTALVO, CONEDO, CONEP, CGT, INDUSTRIALES DE HERRERA, dando inicio al FORO CIUDADANO, concertación que ha hecho importantes aportes a los avances democráticos y que se mantiene vigente. También se creó la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia que ha servido de base a importantes proyectos. En el 2003, junto a decenas de organizaciones y personalidades nacionales, PC encabezó la creación de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, CTI, que se movilizó contra la impunidad en los fraudes bancarios.  

Nuestras articulaciones han incluido acuerdos con la Fundación Solidaridad y con CEPAE, para la promoción del Proyecto de Transparencia Municipal; articulación de la sociedad civil con los componentes Transparencia de la Gestión Pública, Fortalecimiento del Poder Judicial, Transparencia Municipal. Promoción de la participación de la sociedad en las Reformas Políticas; implementación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Acuerdo con la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP), para la búsqueda de consenso en la implementación de la Ley No. 14-91 sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa; Participación en la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, creada por el Poder Ejecutivo; integración de PC al Consejo Económico y Social y creación de la Red Nacional por la Transparencia Municipal.

Educación ciudadana y derechos de la mujer

Todos los proyectos y acciones de PC están orientados en primer lugar a la educación y la concientización ciudadana de líderes y militantes de los partidos y de la sociedad civil, empleados estatales, militares, policías, jueces, fiscales. Los más diversos sectores han participado en acciones de capacitación e incidencia organizados por PC, incluyendo un programa de formación en derechos humanos y seguridad ciudadana.

Ha sido relevante el Programa Mujer y Política, llamado a fomentar una mayor participación de las mujeres en la política. Formamos parte de la Coalición por una Legislación Moderna y Consensuada y desde ese espacio se ha apoyado el mantenimiento de la Ley No. 24-97 Contra la Violencia Intrafamiliar, como parte del Código Penal, que está en proceso de revisión en el Congreso, para lo cual ha asistido a diversas reuniones de la Coalición y a las vistas públicas que ha organizado el Congreso. En los años recientes, PC forma parte de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres y ha participado en marchas y otras actividades relacionadas con los derechos de las mujeres, las tres causales, las protestas contra los feminicidios, entre otros.

Decenas de publicaciones

En sus tres décadas PC ha realizado decenas de publicaciones en forma de libros, folletos, investigaciones y estudios especiales. Las ediciones que se listan a continuación constituyen un referente obligado para las generaciones futuras, la historiografía y todo el que quiera estudiar este importante período de la historia dominicana.

SOBRE TEMAS DECORRUPCION E IMPUNIDAD

1. ¿Un Estado del siglo XIX para el siglo XXI? La gestión pública y el reto dominicano. 2001
2. 20 años de Impunidad, Investigación de casos de corrupción en la Justicia Dominicana 1983-2003. Feb. 2004.
3. Acusación de corrupción Contra el Senador Félix Bautista, 2015.
4. Convención Interamericana Contra la Corrupción, 2005.
5. Cuestiones que debemos conocer y No Olvidar sobre los Fraudes Bancarios, 2005.
6. El Caso Medusa.
7. El Impacto de la Corrupción en las Políticas Sociales.
8. Géneros y Corrupción en República Dominicana, 2022.
9. Índice de Transparencia de la Entidades Públicas, 2007.
10. Informaciones claves Operación Calamar. Documentos sobre la medida de coerción del Ministerio Público. 2023.
11. Informe Alternativo de la Sociedad Civil a la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
12. Informe República Dominicana: Seguimiento al Compromiso de Lima Observatorio Ciudadano de Corrupción. 2021.
13. Informe de la Convención Inter Americana contra la Corrupción (CICC). 2004.
14. Inventario Nacional de Construcciones Públicas Paralizadas 1960-2004. (2005).
15. La acusación Antipulpo. Un caso de corrupción administrativa y criminalidad organizada. 2022.
16. La Corrupción, Características y Consecuencias en la Rep. Dom., 2003
17. La Corrupción sin Castigo. 2014.
18. La manzana y la serpiente. 2011.
19. La pre y pos corrupción en República Dominicana. 2020.
20. Normativa legal sobre control y transparencia en la gestión pública, 2001.
21. Odebrecht Finanzas públicas & desorden institucional. 2017.
22. Odebrecht Punta Catalina, más corrupción impune. 2018.
23. Pobreza y Corrupción, el reto de los programas sociales. 2005.
24. Primer Informe del Observatorio a los expedientes judiciales. 2024.
25. Propuestas de Acciones sugeridas por la Sociedad Civil al Estado para hacer operativas las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
26. Segundo Informe del Observatorio a los expedientes judiciales, 2024.
27. Tercer Informe del Observatorio a los expedientes judiciales, 2025.

TEMAS POLITICOS Y ELECTORALES

• ¿Son transparentes nuestros partidos? 2015.
• Alrededor de cuarenta 40 informes de procesos y resultados electorales en 13 observaciones nacionales y municipales realizadas.
• Código de Ética Electoral, 2008.
• Cuota femenina y voto preferencial, 2001.
• Cuota femenina, circunscripciones electorales y listas de candidaturas. 2004.
• Democracia y Partidos Políticos, Legislación y Expectativas de Cambio, 2002.
• Guía de Monitoreo al cumplimiento del Pacto por la Gobernabilidad Democrática en el Ámbito Municipal. 2020.
• La Reforma Político-Electoral. 2011.
• La representación femenina en el congreso y el ayuntamiento. 2002.
• Liderazgo democrático y la participación ciudadana. 1999.
• Liderazgo joven y participación política. Ponencias dictadas en los paneles regionales organizados por el programa durante los últimos tres años (2003-2005).
• Poder y representación femenina (Estudio cualitativo acerca de la participación de la mujer en la política). 2002.
• Presencia de las candidaturas femeninas y de los temas de género en los medios de comunicación de Rep. Dom. durante las elecciones congresuales de mayo 2010.
• Propuesta de PC frente a los proyectos de leyes de Partidos Políticos y Agrupaciones políticas y de régimen electoral, 2017.
• Propuestas de los jóvenes en seguridad ciudadana dirigidas a los candidatos/as electorales de los comicios del 2024.
• Reformas Electorales Pendientes. 2005.
• Resultados del Estudio pre y post electoral del observatorio electoral de personas con discapacidad para el proceso electoral de la Rep. Dom. del año 2016.
• Sistematización de experiencias y prácticas del observatorio electoral 2016 de personas con discapacidad en la Rep. Dom.

PUBLICACION DE LEYES Y PROYECTOS DE LEYES

• 1er y 2do Informe de Seguimiento del Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad. 2014.
• Adquisición, Enajenación y Uso de los Bienes Estatales.
• Análisis del Plan Estratégico y Plan Operativo anual del MAP a la luz de la Ley 41-08 de Función Pública. 2022.
• Análisis integral de los anteproyectos de leyes de la minería nacional y del Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera. 2021.
• Campaña por la Independencia del Ministerio Público. 1997.
• Carrera Municipal Valoración Jurídica, Estado de Situación y Perspectivas.
• Compilación de leyes que toman en cuenta a la mujer y propuestas de modificaciones, (versión popular, 2005.
• Compilación de leyes que toman en cuenta a la mujer y propuestas de modificaciones, 2004.
• Compras y contrataciones en los gobiernos locales: Un desafío de los municipios en el Siglo XXI. 2020.
• Compendio de Legislación de función Pública: Impreso 1,000 ejemplares con 10 Leyes cada compendio. 2014.
• Constitución de la República 1999.
• Constitución de la República 2003.
• Constitución de la República, 2010.
• Contraloría y Contabilidad Gubernamental;
• Cumplimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12. (2022).
• Diagnóstico introductorio al marco presupuestario de la Policía Nacional. Período 2008-2016,
• Distritos Electorales: hacia una nueva forma de votación en el 2002. (2000).
• Equidad de Género en la Aplicación de la Ley de Función Pública No.41-08.
• El Defensor del Pueblo. 2003.
• El sistema judicial dominicano. 2001.
• El Ministerio Público. 2001.
• El Nuevo Código Procesal Penal, y sus implicaciones en casos de corrupción en RD,2006.
• Estudio Situación y Perspectivas de las Carreras Especiales Docente y Sanitaria.
• Estudio Macro Estructura del Estado Dominicano para determinar dualidad de función es de los órganos de la administración pública
• Evolución de la carrera administrativa y especial en la Rep. Dom.: a 8 años de la entrada en vigencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 2021.
• Guía Ciudadana para el Acceso a la información pública, 2005.
• Guía comunitaria para conocer cómo se compra y se contrata en tu municipio. Elementos para un control eficiente. 2019.
• Guía para el monitoreo ciudadano de la administración pública. 2018.
• Guía para el Monitoreo de la Gestión Pública. 2013.
• Guía para el monitoreo ciudadano de la gestión pública en la Rep. Dom. 2014.
• Implementación de la Ley 169-14 sobre naturalización. Informe final. 2023.
• Implementación del Presupuesto Participativo en el marco de la Ley No. 176-07.
• Interpelación e impugnaciones de los actos de la Administración Pública.
• Inventario normativo legal sobre control y transparencia en la gestión pública. 2002.
• La carrera municipal. Valoración jurídica, estado de situación y perspectivas. 2014.
• La cascada, manual de procedimientos. Metodología de capacitación para la observación electoral: Elecciones presidenciales del año 2000. (1999).
• La Defensa Pública. Ley 277-04 del 12 de agosto del 2004.
• La inamovilidad de los jueces. 2002.
• Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas.
• Ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento, 2010.
• Ley de Adjudicación de Obras y Servicios (2004.
• Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, 2004.
• Ley de Presupuesto, 2001.
• Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 2005.
• Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y el decreto que aprueba su reglamento. 2010.
• Ley General de Participación, 2004.
• Ley No. 107-13 sobre los derechos de las personas en relaciones con la administración y de procedimiento administrativo.
• Ley No. 311-14 que instituye el Sistema nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y Servidores Públicos.
• Ley No. 41-08 de Función Pública. 2012.
• Ley No. 631-16 del 2 de agosto de 2016, para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.
• Ley No. 6-96 dispone que toda persona privada de su libertad por autoridad policial o militar, tiene derecho a comunicarse con sus familiares por vía telefónica u otra vía, modificada por la Ley 158-06.
• Ley No. 72-02 sobre lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas.
• Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16.
• Leyes y Proyectos de leyes y decretos anticorrupción 1996-2003.
• Los tribunales y juzgados del Sistema Judicial. 2001.
• Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano. 2021.
• Manual para los comités y núcleos sobre la observación del proceso electoral. Elecciones presidenciales 16 de mayo del 2000 (1999).
• Marco legal para la gestión de riesgos. Guía de seguimiento. 2008.
• Propuesta de Reglamentación a los Mecanismos legales para el financiamiento de Asociaciones sin Fines de Lucro. 2010.
• Mecanismos Normativos de Controles Administrativos y Financieros para la Prevención de la Corrupción en la República Dominicana, 2005.
• Monitoreo aplicación de la Ley de función pública No. 41-08 de Función Pública y sus reglamentos. 2013.
• Monitoreo Ley No. 41-08: Situación y perspectivas de las carreras especiales docente y sanitaria. 2014.
• Niveles de diferencia en los salarios de la administración pública. La Ley de Función Pública No. 41-08. (2013).
• Observación de la selección de los candidatos. Elecciones presidenciales de los partidos políticos. Mayo, 2000 (1999).
• Participación de la sociedad civil en la Cumbre de las Américas: Experiencia de la Rep. Dom. 2001.
• Por qué nos conviene el proyecto de reforma a la Ley Electoral. Resumen del anteproyecto de modificación a la Ley Electoral No. 58-84 (1997).
• Posición de Participación Ciudadana sobre la nueva Constitución 2010.
• Presupuesto Orientado a la Reforma de la Administración Pública, que abarcan una evaluación de lo presupuestado y lo invertido en los años 2011- 2012.
• Presupuesto Orientado a la Reforma de la Administración Pública, que abarcan una evaluación de lo presupuestado y lo invertido en los años y 2013-2014.
• Presupuesto participativo municipal. Extracto de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. 2019.
• Prevención y Sanción de la Corrupción Publica (recopilación de leyes y artículos de leyes anticorrupción).
• Reforma de la ley 340-06 por la transparencia y el fortalecimiento de la Administración Pública. 2021.
• Reformas electorales. Experiencias regionales sobre calendarios electorales y sistemas de doble vuelta. 2001.
• Relatoría: Seminario sobre avances y desafíos en la Administración Pública en los últimos 10 años. 2022.
• Relación ayuntamiento – sociedad civil. Diagnóstico de 9 municipios dominicanos. 2000.
• Sistema de monitoreo ciudadano a la Administración Pública (SIMCAP). Primer informe resultados de veeduría ciudadana, Profesionalización de la Administración Pública local. 2016.
• Sistematización de los foros por la calidad de los servicios públicos. 2022.
• Vamos a conocer nuestra Constitución. 2001.
• Varios Ranking del Cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública por parte de los ministerios y de partidos políticos.

OTROS

1. 2do. diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia. 2022.
2. Veintiún recomendaciones para la seguridad ciudadana del municipio en tiempos de emergencia. 2020.
3. Actuaciones irregulares de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones. 2016
4. Análisis de la Mesa Nacional de la iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). 2021.
5. Análisis del proceso de observación electoral de mayo del 1998. (1999).
6. Biografía: candidatos y candidatas Provincia Santo Domingo. 2002.
7. Casa Comunitaria de Justicia, para cobijar nuestros derechos, 2010.
8. Cómo votar en las elecciones presidenciales de las elecciones presidenciales de mayo 2000 (1999).
9. Compras y Contrataciones en los Gobiernos Locales: Un desafío de los municipios en el Siglo XXI. 2020.
10. Condiciones de trabajo de la Policía Nacional en los destacamentos del Corredor Duarte y 18 barrios de la zona norte del Distrito Nacional. 2016.
11. Democratización de la cultura y las prácticas políticas. 1997.
12. Diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia. 2021.
13. El Foro Ciudadano como espacio de articulación de la sociedad civil. Balance y perspectivas. 2002.
14. En la historia dominicana la reelección ha sido antidemocrática. 2002.
15. Encuentro con candidatos y candidatas a regidores en las elecciones congresuales y municipales del 1998.
16. Equidad de género en la aplicación de la Ley de función pública No. 41-08 (2014)
17. Estructuras del Estado Dominicano, Hacia una renovación pertinente, 2014.
18. Estudio factores de riesgo de corrupción administrativa en el sistema de monitoreo, vigilancia, enjuiciamiento y adjudicación de delitos ambientales en la Rep. Dom. 2024.
19. Estudio nacional sobre la situación de la integridad empresarial en sectores específicos, principales empresas con riesgo de corrupción y/o delitos ambientales y climáticos en la Rep. Dom. 2024,
20. Evaluación de las políticas de transparencia en la Gestión Forestal de RD. 2017
21. Evaluación del Proyecto piloto de pagos por servicios ambientales hídricos en la Cuenca Alta del Yaque del Norte. 2019
22. Foro Ciudadano. La sociedad civil no busca gobernar, sino ser bien gobernada. 1999
23. Foro Ciudadano. Principios básicos. Reglas generales. Plan Estratégico de acción. 1999,
24. Foro Ciudadano. Por la democracia y vida. Memoria del acto público. 1999
25. Foro Ciudadano. Memoria de gestión de la Secretaría General agosto 1999- marzo 2000 (2000).
26. Foro Ciudadano. Memoria período marzo-septiembre 2000 (2000)
27. Foro Ciudadano. El pueblo propone a los candidatos. Elecciones presidenciales año 2000
28. Foro Ciudadano. Memorias. Por la articulación y la consolidación de la sociedad civil para el afianzamiento de la democracia. 1999
29. Foro Ciudadano. – Pobreza + Democracia + Mejor País. Propuestas nacidas de la consulta a la sociedad civil. 2000
30. Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) del Ayuntamiento de Jarabacoa. 2019
31. Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) del Ayuntamiento de Santiago. 2019
32. Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) del Ayuntamiento de Las Terrenas. 2019
33. Guía educativa para promover medidas que garanticen el derecho al voto y la participación política de personas LGBTQI+. 2022.
34. Informe final Observatorio Ciudadano a la Policía Nacional, 2013
35. Informe sobre el contexto actual de la integración de género en la gobernanza climática. 2024.
36. Informe sobre implementación del presupuesto participativo en el marco de la Ley No. 176-07. (2019).
37. La violencia de género en la Rep. Dom. Un enfoque desde las estadísticas provistas por el Estado dominicana entre 2005-2018.
38. Las elecciones congresionales y municipales y la participación ciudadana. 1998.
39. Luchar contra la marea: Estudio sobre trata de personas en once municipios de República Dominicana.
40. Manual de Capacitación Estructura y Funcionamiento de la Administración Pública.
41. Manual de Capacitación para la constitución de las Comisiones de las Auditorias Sociales.
42. Mapeo del flujo de las finanzas para proyectos de cambio climático en la Rep. Dom. 2024.
43. Medios de comunicación y seguridad en RD. 2017.
44. Memoria pacto de ética electoral. Una propuesta desde la sociedad civil. Elecciones presidenciales mayo 2000. (2001).
45. Mesa de diálogo ordenamiento territorial de Las Terrenas. 2021.
46. Monitoreo y evaluación de las estrategias nacionales para el cambio climático en la Rep. Dom. 2019.
47. Niveles de diferencia en los salarios de la Administración Pública, 2013.
48. Pasos a dar para formar una Junta de Vecinos. 2002.
49. Percepción de violencia y delincuencia desde la juventud. 2022.
50. Plan de educación con estudiantes. Estado, Democracia y Ciudadanía. 1999.
51. Planificación estratégica para la gestión local. 2001.
52. Planificación estratégica y ordenamiento territorial: Base fundamental para la efectividad de la gobernabilidad y la implementación de políticas públicas. 2020.
53. Plan municipal de Ordenamiento Territorial Terrenas 2016-2028.
54. Seminario Internacional “Transparencia y gobierno abierto municipal: construyendo gobernanza para los territorios”. 2021.
55. Trabajamos por la transparencia y la participación. 2000.
56. Todos somos iguales. Memorias talleres Poder Judicial: Balance y perspectivas.  1999.
57. Una Década de Participación Ciudadana, 2003.
58. Una nueva forma de esclavitud: la trata de personas. Una guía para su derrota. 2019.

Reconocimiento anual a Integridad y la lucha contra la corrupción

Este programa fue creado en el 2009 para reconocer y estimular a personas que han hecho contribuciones extraordinarias a la lucha contra la corrupción y que a la vez hayan sido un ejemplo de integridad. Se entrega el 9 de diciembre con motivo del Dia Internacional Contra la Corrupción, establecido por Naciones Unidas.  A continuación, la lista de reconocidos:

1. Germán Miranda Villalona, Fiscal, año 2009
2. Roque Napoleón Muñoz, sociedad civil, PC, 2010
3. Nuria Piera, periodista de investigación, 2011
4. Huchi Lora, periodista, 2012
5. Alicia Ortega, periodista de investigación, 2014
6. Fausto Rosario Adames, periodista de investigación, 2015
7. Miriam Germán, jueza de la Suprema Corte de Justicia, 2016
8. Altagracia Salazar, periodista, 2017
9. Milagros Ortiz Bosch, Política, ex vicepresidenta de la República, 2018
10. Juan Bolívar Díaz, periodista, 2019
11. Mario Arturo Fernández, sociedad civil, 2020
12. José Alejandro Vargas, juez de la Suprema Corte de Justicia, 2021
13. Yeni Berenice Reynoso, Procuradora adjunta, Directora de Persecución, 2022
14. Wilson Camacho, director del PEPCA, 2022
15. Julio César Canó, Juez, 2023
16. Marino Zapete, periodista, 2024

Febrero del 2025

Consejo Nacional