Santo Domingo, 8 abr (EFE).- Poco después de la medianoche del 8 de abril de 2025, mientras el merenguero dominicano Rubby Pérez amenizaba una multitudinaria fiesta en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, el techo se derrumbó y convirtió la celebración en una tragedia que dejó 236 muertos y un centenar de heridos que, un año después, reclaman justicia.

Durante casi una semana, la capital dominicana se convirtió en un ir y venir de ambulancias, patrullas policiales e intervenciones de las autoridades informando del número de víctimas, que no hacía más que aumentar.

Cicatrices que no cierran

El dolor sigue intacto en personas como Deyanira Sosa, madre de Melissa Tejeda Sosa, de 26 años, quien murió en la mayor tragedia en años en la República Dominicana.

«Era uno de los lugares más emblemáticos y, aparentemente, seguro donde venían personas a divertirse en un ambiente sano», lamentó la mujer en declaraciones a EFE.

Para Sosa, «este ha sido un proceso muy doloroso», especialmente cuando tiene que acudir a las audiencias en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set y acusados por el Ministerio Público de homicidio involuntario, una figura fuertemente criticada por los afectados, debido a que el propio órgano ha indicado que ambos mostraron «una inmensa irresponsabilidad y negligencia» al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del establecimiento colapsara.

Es «desgarrador» asistir a las vistas «a pedir justicia» a pesar de que, subrayó, «tenemos elementos y pruebas de que fue por negligencia» de los hermanos Espaillat, responsables de uno de los mayores conglomerados de medios de comunicación en el país.

El pasado lunes, tras un aplazamiento en enero y otro en marzo, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el inicio formal de la audiencia, a la que acudieron decenas de víctimas y parientes de fallecidos para reclamar justicia.

Al hacer un resumen de la acusación, el Ministerio Público, que solicitó juzgar a los dos imputados, afirmó que durante años los dueños del Jet Set realizaron obras en la infraestructura sin notificarlo a «ninguna» institución, «por lo que no hay registros de inspecciones de los procesos de remodelación de dicha edificación», lo que «constituye una inobservancia a la ley» y «una muestra de negligencia de parte de los mismos», afirmaron los fiscales.

Los hermanos Espaillat ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes, según la acusación en contra de ambos, que pisaron la prisión unos escasos días en junio, antes de que un juez les concediera la libertad condicional.

De hecho, en la única entrevista concedida hasta ahora a un medio de comunicación tras el accidente, Antonio Espaillat admitió el 23 de abril pasado que los plafones del techo «siempre» se caían y que el mismo día del derrumbe se cambiaron algunos de ellos, lo que atribuyó a «diferentes razones», al tiempo que reconoció que nunca se examinó el techo para constatar la situación real, pese a las filtraciones.

Esperanza en medio del dolor

Sobrevivientes de la tragedia y representantes de fallecidos se han unido en el Movimiento Justicia Jet Set, que ha convocado varias actividades por el aniversario de la tragedia, una fecha que, según un comunicado publicado este martes por la familia Espaillat «representa un momento de recogimiento para toda la sociedad, pero especialmente para quienes vivieron el hecho en primera persona».

Ana María Ramírez, rescatada de entre los escombros tres horas después del derrumbe, y que forma parte de dicho movimiento, confió en declaraciones a EFE que «este caso no se olvide» y que el Gobierno tome medidas para evitar que en el futuro ocurran tragedias similares.

«Tenemos esperanza de que con la unidad, la magnitud de los hechos y la presión internacional se marque un precedente y se llegue a una justicia real», apuntó Ramírez, quien perdió a una amiga aquella noche. EFE

El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), senador Alejandro Moreno, designó al ministro Rafael Santos Badía como jefe de la Misión de Observación Electoral Internacional (MOE) de la COPPPAL para las elecciones generales que celebrará la República del Perú el próximo 12 de abril, fecha en la que el país elegirá presidente y vicepresidente de la República.

Moreno Cárdenas manifestó que Rafael Santos, actual ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, es un político respetado, con amplia experiencia y sólida formación; un estudioso de la cultura peruana y de la realidad política, económica y social que vive esa nación, por lo que “estoy convencido de que llevará a cabo la alta responsabilidad de coordinar, con profesionalismo, neutralidad y ética, esta importante misión de observación electoral internacional”.

El líder de los partidos progresistas dijo que, con esta nueva misión, integrada por observadores de las cinco regiones que componen la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, se reafirma el compromiso de la COPPPAL con la promoción y consolidación de la democracia en América Latina y el Caribe, la cual enfrenta una fragilidad creciente caracterizada por la erosión institucional y la polarización.

“Es altamente preocupante que líderes electos por la vía democrática utilicen posteriormente su posición para desmantelar las instituciones desde adentro y prolongar su permanencia en el poder, destruyendo la división de poderes, colonizando los órganos electorales y consolidando sistemas de partido único que limitan la democracia al restringir o eliminar la competencia política, la pluralidad de opciones y la alternancia en el poder, instalando regímenes populistas autoritarios, contrarios a los principios y fundamentos de la democracia, que son bandera de lucha de la COPPPAL y con los que nos hemos comprometido desde hace casi cinco décadas”, sentenció.

Asimismo, indicó que el ministro Rafael Santos, actual presidente de la Comisión de Educación de la COPPPAL, quien ha sido acreditado como jefe de misión ante el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, “es un político experimentado, respetado, un hombre de palabra, comprometido con la democracia y la educación del pueblo dominicano, que siempre se ha distinguido por su trabajo en favor de las mejores causas de los pueblos de América Latina y el Caribe”. Añadió que realizará, junto con observadores electorales de las regiones de América del Norte, Caribe, Centroamérica, Andina y Cono Sur, una misión de trabajo apegada a los principios democráticos.

Rafael Santos nació en la República Dominicana. Es licenciado en Derecho y cuenta con diplomados en Relaciones Internacionales, Economía Política y Derecho Laboral y Sindical. Docente y experto del sector sindical y laboral dominicano, posee una amplia trayectoria en los ámbitos legislativo, educativo y de la concertación social. Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, participó en el Plan Decenal de Educación y ha sido miembro de órganos directivos del INFOTEP y del sistema de seguridad social magisterial.

Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, grado Caballero, entre otras distinciones.

Santo Domingo.-A propósito de las fuertes lluvias que han afectado este miércoles al Distrito Nacional y otras demarcaciones, Jean Suriel dice que ninguna ciudad actualmente está preparada para drenar la cantidad de lluvia que cae en cortos espacios de tiempo.

“Ninguna ciudad del mundo está preparada para drenar la misma cantidad de agua que hoy en día se está registrando”, explicó el especialista en pronóstico climatológico.

Suriel afirma que esta “nueva normalidad” incluye fenómenos meteorológicos con aguaceros en los que entre una y tres horas caen grandes cantidades de lluvias que antes tomaba hasta 12 horas.

“El drenaje pluvial que tenemos elaborado desde hace décadas, que tenemos fabricado y construido, fue hecho para una pluviometría que en ese momento era la normalidad”, precisó, al hacer referencia en que hace 50 años no se hablaba frecuentemente de cambio climático.

Hizo un llamado a la conciencia colectiva de los ciudadanos, pidiendo evitar lanzar basura a las calles, ya que afectan directamente a los elementos del drenaje de una ciudad.

El experto indicó el cambio climático ha potenciado la combinación de efectos de estos fenómenos que producen condiciones extremas en corto tiempo.

Jean Suriel recomendó a la población darle estricto seguimiento a los informes del tiempo para tener información precisa que le permita tomar decisiones acertadas para salvaguardar sus vidas.

“Todos debemos procurar de poner de nuestra parte, no solo esperar que las autoridades emitan una alerta roja o amarilla para yo tratar de cuidarme”, señaló.

Santo Domingo.- Alcaldesa del Distrito Nacional destaca rápida respuesta de las autoridades ante las incidencias provocadas por las lluvias.

El presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para acudir en auxilio de las familias afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, durante su visita al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para conocer de primera mano los daños provocados por las inundaciones que han impactado principalmente al Gran Santo Domingo y otras localidades del país.

El mandatario informó que desde tempranas horas el Gobierno ha activado una respuesta integral para mitigar los efectos de las lluvias, con especial atención en la protección de la vida humana.

“Desde esta madrugada estamos movilizando el Gobierno, especialmente en el Gran Santo Domingo, con todos los organismos que componen el COE, principalmente para la prevención y proteger las vidas humanas, y luego también la parte material”, expresó.

El mandatario explicó que, a través de la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria (Dasac), se están distribuyendo ayudas en alimentos, tanto alimentos calientes como alimentos crudos a las personas afectadas. "También vamos a ayudar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a aquellas familias en estado vulnerable que han sufrido daños, especialmente en el Gran Santo Domingo”.

Asimismo, precisó que las zonas más impactadas han sido el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Norte, donde se han registrado lluvias e inundaciones. “Estaremos atentos. El Gobierno está movilizado para atender cualquier situación que se presente”, aseguró.

En tanto, el director del COE, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, informó que se mantienen niveles de alerta en varias provincias del país debido a las lluvias registradas.

“El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene un nivel de alerta amarilla para Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. En alerta verde continúan Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte, en especial el Bajo Yuna, y La Vega”, indicó.

Explicó que, según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias continuarán, aunque con menor frecuencia en el Gran Santo Domingo, desplazándose hacia la zona oeste del país, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia y Azua.

En ese sentido, exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.

“Le pedimos a la población, en las zonas alertadas y en el resto del país, dar un estricto seguimiento a los informes del Indomet y a los lineamientos de los organismos de protección civil”, manifestó.

Asimismo, señaló que el Gobierno mantiene activa la respuesta ante las afectaciones registradas.

“El Gobierno central, por disposición del señor presidente de la República, está dando respuesta mediante el levantamiento de daños y análisis de necesidades en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Oeste, donde se han presentado mayores situaciones, así como en Los Alcarrizos y otras zonas afectadas por inundaciones urbanas”, expresó.

Finalmente, aseguró que las acciones de asistencia continúan en desarrollo, al destacar que la mano amiga del Gobierno no se hace esperar y que se continúa dando respuesta y levantando información sobre las necesidades de las poblaciones afectadas.

En tanto, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó la rápida respuesta de las autoridades ante las incidencias provocadas por las lluvias. “A todos los sectores que han sido impactados, algunos de ustedes los vimos en La 800 de Los Ríos, donde ha habido importantes pérdidas materiales. Gracias a Dios, lo más valioso, que es la vida humana, se ha preservado”.

Mejía indicó que se mantiene una coordinación permanente con las instituciones del Gobierno central para asistir a la población y dijo que se continúa trabajando en la identificación de cualquier persona que necesite ser trasladada a un albergue. "Estamos en coordinación con todas las instituciones del Gobierno central, atendiendo distintas situaciones desde la madrugada para dar respuesta y atención a la ciudadanía”.

Finalmente, agradeció el respaldo del Gobierno en la atención de las emergencias. "Sobre todo, agradecer el apoyo que siempre recibimos del señor Presidente y de las instituciones del Gobierno central para dar pronta respuesta a nuestra gente”.

Acompañaron al presidente Abinader el ministro de Defensa, teniente general, Carlos Antonio Fernández Onofre; así como los representantes del Ministerio de Interior y Policía, de Salud Pública, de Obras Públicas, de Vivienda y Edificaciones, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Comipol), Liga Municipal Dominicana, Defensa Civil, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y Cruz Roja Dominicana.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, fue enfática al declarar que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas, por lo que hará todo lo necesario para evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.

Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.

Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.

“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.

Rechazo al contraperitaje por innecesario y absurdo

La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.

Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba al Jet Set, debido a que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.

Sostuvo que, si realmente los acusados sienten la muerte de cientos de seres humanos y ven el caso Jet Set como una de las tragedias más dolorosa, si están compungidos y tienen respeto por la dignidad de las víctimas, como expresaron en un comunicado, entonces deberían evitar entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos. “Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.

Dijo que la solicitud de contraperitaje formulada por la defensa carece de utilidad procesal y pertinencia técnica, constituyendo una maniobra manifiestamente dilatoria que busca desviar la atención de la causa real del colapso del techo de la edificación.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica y pre-colapso que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.

Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.

“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, indicó.
Las víctimas también tienen derecho a un debido proceso

La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.

Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.

“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.

“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.

Compromiso con el debido proceso

La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.

Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.

Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) informó que, debido a las fuertes precipitaciones que afectan al territorio nacional, ha dispuesto un cambio temporal en el horario de atención presencial en varias de sus oficinas.

El director ejecutivo de la institución, doctor Agustín Burgos, explicó que las oficinas ubicadas en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Romana y el litoral sur ofrecerán servicios presenciales únicamente hasta la 1:00 de la tarde de este miércoles.

Indicó que, a partir de esa hora, los servicios continuarán de manera ininterrumpida a través del Centro de Autorizaciones, garantizando así la atención a los afiliados.
Asimismo, precisó que las demás oficinas del país operarán en su horario habitual.

Burgos destacó que esta medida responde a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y se implementa bajo los lineamientos del presidente Luis Abinader. Esto, con el objetivo de salvaguardar la seguridad y el bienestar de los afiliados, quienes constituyen la principal prioridad de la entidad.
El funcionario enfatizó la importancia de mantener la continuidad de los servicios a la clase trabajadora dominicana, incluso ante situaciones adversas provocadas por fenómenos climáticos.

El IDOPPRIL exhortó a sus afiliados a seguir las medidas preventivas recomendadas en situaciones de emergencia y a mantenerse informados a través de los canales oficiales para futuras actualizaciones.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “Bajo ningún concepto procede en este proceso declarar la extinción penal”, sostiene Mirna Ortiz.

El Ministerio Público solicitó este martes a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la pretensión del general Adán Cáceres Silvestre y compartes de evadir la aplicación de justicia mediante la extinción penal del proceso judicial que pesa en su contra por sustraer fondos en perjuicio de los contribuyentes y de varias dependencias del Estado.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que “bajo ningún concepto procede en este proceso declarar la extinción penal”, como pretende el general Cáceres Silvestre y otros acusados por corrupción administrativa en el expediente que se deriva de las operaciones Coral y Coral 5G.

Ortiz explicó que el Ministerio Público desmontó durante la audiencia en el tribunal, y una vez más, “la teoría que pretende implantar la defensa, no solamente en el tribunal, sino también a través de medios de comunicación y bajo distintas vías”.

“La extinción de la acción penal, y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional dominicano, incluso en su última decisión de marzo de 2026, no es ni puede ser un cálculo matemático; no es que, llegado los cuatro años, se extingue el proceso; hay una serie de razones y requisitos como la complejidad de los procesos y la conducta de los imputados que influye en la determinación de los plazos”, señaló.

“Evidentemente que, en un caso complejo como este, declarado por un tribunal, y en el cual el 90% de las dilaciones del proceso provinieron por parte de los imputados, no podemos hablar de extinción”, enfatizó.

Dijo que, incluso, el propio tribunal, compuesto por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, ha reconocido la validez de los argumentos del Ministerio Público cuando el general Cáceres Silvestre y compartes presentaron el mismo argumento sobre extinción penal y los jueces lo rechazaron en dos ocasiones.

“Y de esa misma manera también lo ha reconocido, tanto la Corte de Apelación como la Suprema Corte de Justicia, o sea, que bajo ningún concepto y bajo ningún alegato este proceso puede ser declarado extinto”, precisó.

Durante la audiencia de este martes, Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto al fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos, Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, pidió al tribunal rechazar la nulidad propuesta y reafirmó que la incautación de un local adquirido con fondos sustraídos al Estado jamás se puede considerar una acción inconstitucional contra la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyos feligreses siempre pueden reunirse en cualquier espacio que escojan y sobre que tengan legítimo derecho.
El tribunal aplazó el juicio para el próximo 14 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana.

El proceso judicial

El pasado mes de febrero, luego de presentar sus conclusiones en el proceso el Ministerio Público solicitó la imposición de penas de hasta 20 años de prisión multas de entre 400 y 200 salarios mínimos para los procesados por corrupción a partir de la judicialización de las operaciones Coral y Coral 5G que enfrentaron a una red que sustrajo al Estado más de RD$4,500 millones.

Las penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos fueron solicitadas en contra de los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola.

De igual manera, solicitaron la misma pena para los acusados coronel Rafael Núñez de Aza, general Boanerges Reyes Batista y capitán Franklin Antonio Mata Flores.

También, solicitaron la imposición de 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para la procesada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.

El Ministerio Público solicitó, asimismo, la imposición de diez años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, para el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, al sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.

Además, pidió 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).

En su pedimento, el Ministerio Público, también solicitó la clausura y suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.

También, para las compañías Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L.

Asimismo, la disolución e imposición de una multa de 10 millones de pesos de la razón social Rawel Importadores S.R.L.
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de los bienes incautados, entre los cuales se incluyen villas, casas y vehículos de lujo.

Santo Domingo.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que durante el operativo de Semana Santa se registró la cifra más baja de homicidios de los últimos años, con un total de 19 muertes hasta el 5 de abril.

Al término de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana de este martes 7 de abril, encabezada por el presidente Luis Abinader, la funcionaria atribuyó estos resultados al refuerzo operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, con énfasis en la prevención y disuasión. Esta cifra representa una reducción de un 51 % en comparación con 2023 y una disminución promedio de 41 % frente a años anteriores, cuando se llegaron a registrar hasta 39 homicidios en la Semana Mayor.

Los días de mayor incidencia, coincidiendo con un mayor despliegue estratégico de agentes, fueron el Domingo de Ramos, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección.

Del total de 19 muertes, siete estuvieron vinculadas a la delincuencia, cuatro a conflictos sociales, tres permanecen bajo investigación y cinco correspondieron a acciones legales.

El operativo contó con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Comisión Militar y Policial (Comipol), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).