Mientras el mundo reacciona ante la impactante intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Transparencia Internacional pide priorizar el restablecimiento de la democracia, a fin de proteger los derechos del pueblo venezolano y abordar la crisis de corrupción estructural en el país.

A la ONG anticorrupción le preocupa que el gobierno estadounidense pueda estar buscando el control del petróleo de Venezuela y otorgando a las empresas estadounidenses un acceso privilegiado para su extracción. Ningún país debe abusar de su poder militar para intimidar a otro y obtener ventajas económicas exclusivas.

Años de desmantelamiento de los controles y equilibrios democráticos han convertido a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo, ocupando el puesto 178 de 180 países en el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

El capítulo venezolano de Transparencia Internacional, exiliado desde marzo tras la escalada de la represión estatal contra la sociedad civil, pide que se reconozca a Edmundo González como presidente tras el resultado de las elecciones de julio de 2024. También pide a la comunidad internacional que facilite un proceso de transición fluido para restaurar las instituciones democráticas y un liderazgo responsable.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, afirmó:

«Años de corrupción generalizada y actividades ilícitas en Venezuela han provocado un aumento vertiginoso de la pobreza y la malnutrición. Millones de familias sobreviven con alimentos, agua y electricidad limitados, al tiempo que se enfrentan a la extorsión de bandas armadas y funcionarios estatales. Para cambiar esta realidad, ahora necesitamos un Estado honesto y transparente que rinda cuentas verdaderamente a la población venezolana, que respete los derechos humanos, garantice un sistema judicial independiente y proteja los recursos públicos en beneficio de todos. Debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano de vivir en una democracia libre».

Transparencia Venezuela también pide la liberación inmediata de los presos políticos y advierte de la continua represión por parte del gobierno aliado de Maduro que sigue en el poder.

François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, afirmó:

«Las leyes internacionales están para protegernos: todos los gobiernos deben respetar el estado de derecho y los derechos fundamentales. La prioridad ahora debe ser restaurar una democracia sana en Venezuela para garantizar que su pueblo pueda forjar su futuro. Cualquier decisión sobre el petróleo y los recursos naturales de Venezuela debe ser transparente y tomada por líderes venezolanos legítimos que actúen en interés de su población, no por Estados Unidos».

Notas para los editores

• El capítulo de Transparencia Internacional en Venezuela se vio obligado a exiliarse en marzo de 2025 en medio de una creciente represión de la sociedad civil.
• El Índice de Percepción de la Corrupción anual de Transparencia Internacional mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en países de todo el mundo. La última edición se publicó en febrero de 2024.

Santo Domingo.– El Gobierno de la República Dominicana reiteró ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su firme rechazo a la proclamación de Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y llamó a la construcción de una transición democrática pacífica, soberana y liderada por los propios venezolanos, ante la delicada situación política, institucional y humanitaria que atraviesa Venezuela.

Durante su intervención ante los Estados miembros, el ministro de Relaciones Exteriores y Canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, recordó que la Organización de los Estados Americanos nació bajo la convicción de que“la solidaridad americana y la buena vecindad sólo pueden sostenerse sobre la base de la libertad individual, la justicia social y el respeto a las instituciones democráticas, fundadas todas ellas en el principio esencial de la dignidad humana”.

El canciller sostuvo que ese espíritu fundacional debe guiar hoy las deliberaciones del hemisferio, en momentos en que la región vuelve a enfrentarse a una situación compleja y prolongada que afecta a una nación hermana. En ese sentido, advirtió que no debe minimizarse la magnitud del problema venezolano.

“No nos llamemos a engaño. La crisis política, institucional y humanitaria de Venezuela ha desbordado sus fronteras desde hace años. Ha impactado a nuestras sociedades y ha generado profundas divisiones en esta organización”,afirmó Álvarez ante los Estados miembros.

El ministro Álvarez precisó que la coyuntura actual es “especialmente delicada y peligrosa”, por lo que los países del hemisferio están llamados a actuar con la mayor responsabilidad colectiva, “para evitar una escalada indeseable, para proteger a la población venezolana y para resguardar la estabilidad regional”, precisó.

Al referirse al proceso electoral celebrado en Venezuela, Álvarez fue categórico al señalar que “tras las elecciones del 28 de julio de 2024, República Dominicana no reconoció la proclamación de Nicolás Maduro”. Agregó que, junto con otros Estados, el país exigió “la publicación íntegra de las actas electorales y su verificación internacional”.

Explicó que, como respuesta a ese reclamo legítimo, el 30 de julio de 2024 fueron expulsados de Venezuela los representantes diplomáticos y consulares de la República Dominicana, así como los de otros seis Estados, lo que evidenció, a su juicio, el deterioro de las relaciones institucionales y democráticas en ese país.

El canciller recordó además que el 16 de agosto de 2024, con motivo de la toma de posesión del segundo mandato del presidente Luis Abinader, el Gobierno dominicano promovió la Declaración de Santo Domingo, suscrita por 22 países y la Unión Europea.

Dicha Declaración exigió la publicación de las actas oficiales del escrutinio y demandó el respeto a los principios democráticos, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos los venezolanos, como condición indispensable para una convivencia política legítima.

Álvarez recordó lo que en esa ocasión expresó el presidente Luis Abinader de manera enfática: “Resultan altamente condenables los atropellos contra las instituciones democráticas y el uso de la violencia política que estamos observando en Venezuela. Estas actuaciones autoritarias son profundamente injustas y echan abajo las conquistas sociales logradas con el esfuerzo de generaciones. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia, donde sea, cuando sea y ante quien sea”.

A la luz de estos antecedentes, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que la posición dominicana es clara y responde a una estricta coherencia con sus valores democráticos.

“Así como no reconocimos la legalidad de la proclamación de Nicolás Maduro, tampoco podemos conferir legitimidad a un régimen de facto que pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular. República Dominicana no convalida hechos consumados”, sostuvo.

No obstante, Álvarez advirtió que el país tampoco puede aprobar que se siga poniendo en riesgo la paz social ni la integridad del pueblo venezolano, al tiempo que reiteró la necesidad de evitar escenarios de mayor confrontación.

En ese contexto, identificó dos prioridades inmediatas para la comunidad internacional: “Primero, la preservación del funcionamiento básico de las instituciones del Estado y, segundo, la construcción gradual de una hoja de ruta seria, realista y cuidadosamente planificada que apoye una transición democrática”.

Al concluir su alocución, el canciller dominicano indicó que dicha transición debe enmarcarse, sin ambigüedades, en los principios más elementales del orden internacional, entre ellos la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias, como base para una salida democrática y duradera a la crisis venezolana.

Santo Domingo.- El Gobierno dominicano expresó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, en coherencia con la posición adoptada ante las elecciones del 28 julio de 2024 en Venezuela, cuando no reconoció la legalidad de la proclama presidencial de Nicolás Maduro tras llamados a publicar las actas electorales, tampoco puede conferir legitimidad a un régimen de facto que pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular venezolana. “República Dominicana no convalida hechos consumados”.

La posición dominicana fue presentada de manera virtual por el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo, en representación del canciller Roberto Álvarez, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada este martes para abordar la situación en Venezuela. 

“Ahora bien, y esto es esencial, tampoco podemos aprobar que se siga poniendo en riesgo la paz social ni la integridad del pueblo venezolano. En este momento identificamos dos prioridades inmediatas: primero, la preservación del funcionamiento básico de las instituciones del Estado y, segundo, la construcción gradual de una hoja de ruta seria, realista y cuidadosamente planificada que apoye una transición democrática”, precisó el diplomático dominicano.

El viceministro Caraballo agregó que esa transición debe enmarcarse, sin ambigüedades, en los principios más elementales del orden internacional: la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Estos principios, consagrados en la Carta de la OEA, en el Pacto de Bogotá y la Carta Democrática Interamericana, deben reflejarse en cualquier salida a la situación actual de Venezuela.

El diplomático dijo ante la OEA que la coyuntura actual es especialmente delicada y más peligrosa, por lo que exige de los Estados del hemisferio un ejercicio de máxima responsabilidad colectiva, para evitar una escalada indeseable, proteger a la población venezolana y resguardar la estabilidad regional. 

A la luz de los acontecimientos recientes, señaló Caraballo, la OEA debe mostrarse unida y acordar una fórmula eficazde acompañamiento al pueblo venezolano, que permita restablecer la confianza en las instituciones interamericanas.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra un hombre imputado de agredir con un arma blanca a otro ciudadano, en un hecho ocurrido en el sector La Ciénega.

La jueza Ana Lee Florimón dispuso el pago de una garantía económica de RD$25,000, así como la imposición de presentación periódica, impedimento de salida del país y el sometimiento a vigilancia, como parte de las medidas de coerción dictadas contra el imputado.

El imputado fue identificado como César Augusto Mesa Arismendy, también conocido como César Augusto Arismendy Mesa, mientras que la víctima responde al nombre de Alejandro Peguero Pérez, quien resultó con heridas de consideración, conforme a la evaluación médica realizada tras la agresión.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2025, luego de una discusión entre ambas partes, momento en el que el imputado agredió a la víctima con un arma blanca, provocándole lesiones que requirieron atenciones médicas en un centro de salud del Distrito Nacional.

Como resultado de las diligencias investigativas, el 2 de enero de 2026 fue ejecutada una orden judicial de arresto contra el imputado, la cual fue materializada por agentes de la Policía Nacional en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 309 y 310 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 86 de la Ley núm. 631-16, sobre el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.

Santo Domingo.- El presidente de la República dispuso una nueva reconfiguración del tren gubernamental mediante el Decreto núm. 3-26, con el que fueron designados Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Nelson Arroyo como director general de Aduanas; y Víctor “Ito” Bisonó como ministro de Viviendas y Edificaciones. Las designaciones buscan fortalecer áreas estratégicas vinculadas al crecimiento económico, el comercio exterior y la política habitacional.

Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, nuevo ministro de Industria, Comercio y Mipymes, desde agosto de 2020 se había desempeñado como director general de Aduanas. En el ámbito político, es fundador del PRM y su actual secretario nacional de Finanzas, además de miembro de la Dirección Ejecutiva, y fue director político de la campaña presidencial de Luis Abinader en 2020. Es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con una maestría en Derecho Internacional del Centro de Estudios Estratégicos de París. Fue profesor universitario en PUCMM, APEC y Unibe entre 2003 y 2016, y socio gerente de la firma Staff Legal, SRL, desde 2004 hasta 2020. 

Nelson Arroyo, que pasa a ser director general de Aduanas, se desempeñó durante el período 2020–2024 como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), cargo que ocupó hasta su reciente sustitución. Nació en el municipio de Moca, provincia Espaillat. Es doctor en Derecho por la Universidad Central del Este y fundador de la firma Arroyo & Asociados. Su trayectoria política incluye su elección como regidor de San Pedro de Macorís en 1998, como gobernador civil en el año 2000 y como diputado al Congreso Nacional entre 2006 y 2016, donde presidió la comisión de Cámara de Cuentas y fue miembro de la Comisión de Justicia. Además, ha sido vocero de bancadas tanto del PRD como del PRM.

Víctor “Ito” Bisonó, ahora ministro de Viviendas y Edificaciones, es un servidor público con más de 30 años de trayectoria institucional. Fue ministro de Industria, Comercio y Mipymes desde agosto de 2020 y cuatro veces diputado del Distrito Nacional entre 2002 y 2020. Ha impulsado importantes marcos legales en materia de competitividad, energías renovables, sociedades comerciales e institucionalidad, y ha formado parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Su gestión pública se ha caracterizado por un enfoque técnico, pragmático y orientado a resultados.