Santo Domingo.- ntrega más 20 hospitales y logra aumento 8.78 % en producción servicios de enero a noviembre, en comparación con el mismo período del 2024.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) logró en 2025 un significativo avance en el plan de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, con la entrega de más de 20 hospitales con importantes intervenciones, entre estas: nuevas construcciones, remozamientos generales, ampliaciones de Emergencias, readecuaciones de áreas y habilitación de unidades de servicio, con los que superan los 90 hospitales entregados por la actual gestión de gobierno.

Entre los hospitales inaugurados y entregados por el SNS destaca el Traumatológico de Azua, que junto con el Traumatológico de Higüey entregado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived),  ha permitido una ampliación de un 67 % de la Red Nacional de Traumas.

El SNS puso en servicio tres Unidades de Pie Diabético, habilitadas en el  Hospital de Imbert, en Puerto Plata; el Provincial Inmaculada Concepción, en Sánchez Ramírez, y el General Regional Marcelino Vélez Santana, en Santo Domingo, que sumadas a otras siete unidades que están en proceso conformarán la Red Nacional de Pie Diabético.

Igualmente, entregó el año pasado tres Unidades Oncológicas en el  Hospital Provincial Inmaculada Concepción, en Sánchez Ramírez; el Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata, y el Regional Universitario José María Cabral y Báez, en Santiago, las cuales, en unión a otras cinco que están en proceso, conformarán la Red Nacional de Oncología.

Como resultado del plan de fortalecimiento, los hospitales han experimentado un aumento histórico en la producción de servicios en los últimos años. De enero a noviembre del 2025 se ofrecieron 42,609,046 millones de servicios en las áreas: consultas externas, emergencias, pruebas de laboratorios, imágenes y cirugías, lo que refleja un aumento de 8.78 % con respecto al mismo período del año pasado, donde el total fue de 39,168,859.

Fruto de estas y otras importantes acciones, el SNS cerró el 2025 reconocido con Medalla de Plata en la XXI Edición del Premio Nacional a la Calidad del Sector Público, que otorga el Ministerio de Administración Pública (MAP) por su excelencia y mejora continua en la calidad.

El titular del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama destacó que estos y otros significativos avances que experimenta el sector de salud inciden directamente en la calidad de la atención ofrecida a la población e impactan principalmente en cuatro dimensiones fundamentales: acceso, equidad, seguridad y experiencia del usuario.

“Estas acciones han reducido brechas entre provincias, disminuido tiempos de espera, costos de transporte y barreras geográficas, asegurando que las poblaciones en situación de vulnerabilidad tengan un acceso más amplio a los servicios esenciales, lo que representa un avance concreto hacia un sistema más cercano y universal”, puntualizó Lama.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader juramentó este martes a Antoliano Peralta como ministro de Justicia y a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, durante un acto celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Con estas designaciones, el mandatario refuerza áreas estratégicas del Gobierno vinculadas al fortalecimiento institucional, el respeto al Estado de derecho y la consolidación del sistema de justicia.

Durante el acto, el juramentado ministro de Justicia, Antoliano Peralta, agradeció al presidente Abinader la confianzadepositada en su persona para asumir responsabilidades claves para la institucionalidad del Estado y expresó su satisfacción de que los trabajos desarrollados desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo continúen bajo la dirección de una figura de reconocida estatura moral como Jorge Subero Isa.

Peralta destacó que el Ministerio de Justicia constituye una pieza fundamental dentro del sistema de separación de poderes en la República Dominicana, al asumir funciones que, conforme a la Constitución y las leyes, corresponden al Poder Ejecutivo y que históricamente estuvieron vinculadas al Poder Judicial.

En sus declaraciones, explicó que el Ministerio de Justicia nació con la República y que, por razones históricas, fue disuelto por última vez durante el período de gobierno conocido como el Triunvirato, por lo que su restablecimiento responde a un anhelo largamente esperado por la sociedad dominicana.

Al referirse a las principales atribuciones de la nueva institución, adelantó que el sistema penitenciario nacional pasará a ser coordinado y supervisado por el Ministerio de Justicia, luego de haber estado de manera irregular bajo la regencia del Ministerio Público. Asimismo, señaló que la coordinación del sistema de derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales del país en esta materia serán responsabilidades directas de ese ministerio.

De igual modo, indicó que el Ministerio de Justicia tendrá a su cargo la coordinación de la defensa del Estado dominicano ante demandas judiciales, mediante la organización de una Oficina de Defensa de la Administración Pública, con el objetivo de enfrentar de manera estructurada los procesos que históricamente han generado importantes pérdidas para el Estado.

Finalmente, Antoliano Peralta agradeció a todos los que han confiado en su gestión y reiteró su reconocimiento al presidente Abinader, al tiempo que, expresó su esperanza de cumplir con las expectativas depositadas en esta nueva etapa institucional.

En tanto, Subero Isa expresó su firme compromiso de contribuir al fortalecimiento de la ética, la honestidad y la prevención del delito desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, tras ser designado por el presidente Abinader para ocupar esa posición.

Subero Isa manifestó que, dentro de los límites que establecen la ley y los reglamentos, trabajará de manera conjunta con las autoridades correspondientes para que los funcionarios del Poder Ejecutivo actúen conforme a los principios fundamentales de la ética y la transparencia.

Destacó, además que, la prevención debe ser un eje central de la gestión pública, al señalar que “la ciudad más limpia es aquella que no se ensucia; el país donde menos delincuencia hay no es donde más se sanciona, sino donde no se cometen”.

Asimismo, agradeció al presidente Abinader la confianza depositada en su persona y reconoció la labor de quien le antecede en el cargo, el jurista Antoliano Peralta Romero, a quien definió como un gran funcionario y amigo, resaltando que su experiencia y reputación constituyen un valioso aporte para la administración de justicia desde su nueva posición.

Sobre Peralta Romero

Antoliano Peralta Romero a lo largo de su trayectoria profesional se ha destacado como abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral, además de haber ocupado importantes funciones gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana. 

Peralta es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y cuenta con un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Hasta su designación como ministro de Justicia, se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, función para la cual fue designado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020.

Sobre Subero Isa

Jorge Subero Isa cuenta con una destacada carrera en la vida institucional del país. Se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011, período en el que encabezó importantes procesos de modernización del sistema judicial, fortaleció la carrera judicial y contribuyó a la consolidación de la independencia del Poder Judicial. Además, ha sido catedrático universitario, conferencista y autor de múltiples obras jurídicas, principalmente en las áreas de derecho constitucional y administrativo.

Santo Domingo, R. D.- Durante el período presidencial 2020–2025, la Contraloría General de la República (CGR) logró ampliar, de manera sustancial, la cobertura del control interno en la administración pública, con la apertura de 98 nuevas Unidades de Auditoría Interna y la realización de 184 auditorías en el 2025.  

Al ofrecer los detalles, el contralor general de la República, Félix Santana García,  destacó que en cumplimiento de las disposiciones del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, la Ley orgánica 10-07,  la Contraloría coordina y supervisa la ejecución de 42 auditorías realizadas por firmas privadas, garantizando independencia técnica, rigor metodológico y apego a las normas vigentes, lo que marca un antes y un después en la forma de auditar el sector público.

Expresó que este incremento evidencia un fortalecimiento significativo de la capacidad operativa de la Contraloría, y un compromiso firme con la fiscalización oportuna y efectiva.

Santana García dijo que, por primera vez, el control gubernamental también ha alcanzado directamente a los gobiernos locales o cabildos en los cuales, entre enero y junio de 2025, fueron realizadas 68 auditorías, abarcando tanto evaluaciones de carácter general como auditorías focalizadas en nóminas.

Manifestó que estas acciones contribuyen a fortalecer la institucionalidad municipal y a promover una gestión más ordenada y transparente en el nivel local, donde el impacto de los recursos públicos se percibe de forma más inmediata por la ciudadanía.

Indicó que 18 ministerios del Gobierno Central se encuentran en proceso de auditoría, y 5 están debidamente programados para ser iniciadas.

Explicó que a esto se suma la realización de 22 auditorías adicionales a Unidades Ejecutoras del Gobierno Central, con presupuestos superiores a los mil millones de pesos, lo que pone de manifiesto un enfoque estratégico orientado a los entes con mayor impacto presupuestario.

Asimismo, indicó que la CGR ha ejecutado 34 procesos de seguimiento a las auditorías, con el objetivo de verificar la implementación de las recomendaciones formuladas, corregir debilidades identificadas y evitar la reincidencia de irregularidades.

Precisó que este enfoque reafirma que la auditoría no se limita a la detección de hallazgos, sino que se orienta a generar mejoras reales y sostenibles en la gestión pública.

El contralor destacó que durante el 2025 se realizaron 184 auditorías, frente a 67 del 2024, lo que representa un crecimiento de 118 auditorías adicionales en la cobertura de entidades auditadas.

Santana García expuso que las auditorías practicadas han permitido identificar hallazgos estructurales recurrentes, que requieren atención prioritaria por parte de las instituciones auditadas.

Señaló que estos hallazgos constituyen insumos fundamentales para la toma de decisiones correctivas y para el fortalecimiento institucional, con la implementación de un programa de seguimiento para corregir dichas debilidades.

En ese mismo orden, la Unidad Antifraude constituye un pilar estratégico dentro de la política nacional de integridad impulsada por el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, con un impacto directo en la lucha contra la corrupción. A través de sus funciones de detección, investigación y paralización de prácticas irregulares o fraudulentas en las instituciones del Estado, esta Unidad analiza auditorías especiales y ejecuta acciones preventivas orientadas a proteger los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión gubernamental.

Asimismo, dijo que la Contraloría ha reforzado su labor preventiva con la implementación de herramientas tecnológicas, como el Sistema Unificado de Gestión de Pagos (Sugep), que fortalece el control y la validación de los pagos del Estado, y el Índice de Control Interno (ICI), que permite evaluar el nivel de madurez y cumplimiento de los sistemas de control interno en las instituciones públicas.

Explicó que continúan fortaleciendo los controles internos de distintas instituciones, para lo cual ha sido puesto al servicio de la población un nuevo software denominado Denuncia Contraloría y Verifica CGR, y que en los próximos días pondrá en ejecución otro software conocido como Sistema de Fiscalización Georreferenciada de Obras (Sifgo), en ambiente de la inteligencia artificial, mediante el cual se conocerá, en tiempo real, el nivel de inversión de las obras del Gobierno, y también el avance físico y financiero de ellas.

En este contexto, manifestó que la Contraloría General de la República cumple de manera integral su rol de auditar, fiscalizar, alertar, recomendar, dar seguimiento y acompañar a las instituciones del Estado, como lo establece la legislación dominicana.

Recordó que la Ley 10-07 de la Contraloría establece, en sus artículos 25 y 26, que el titular de cada entidad u organismo público es el principal responsable del diseño, implementación, mantenimiento y funcionamiento efectivo del control interno en su institución.

Dijo que es importante aclarar que la existencia de Unidades de Control Interno, aun cuando cuenten con el acompañamiento técnico de la Contraloría, no exime ni sustituye la responsabilidad directa de la máxima autoridad administrativa, conforme con las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), que emanan de la Contraloría.

 Agregó que esta delimitación de responsabilidades resulta esencial para una comprensión correcta del sistema y para evitar interpretaciones erróneas sobre el alcance del rol de la Contraloría.

Finalmente, la Escuela Nacional de Control Interno (ENCI) se ha consolidado como un espacio de crecimiento profesional tanto para los colaboradores de la Contraloría como para servidores de otras instituciones del Estado. Solo en el 2025 se realizaron 113 eventos de formación técnico-profesional, equivalentes a 843 horas formativas, impactando a 2,449 servidores públicos, quienes han fortalecido sus competencias para afrontar los desafíos actuales de la administración pública y contribuir a una gestión más moderna, responsable y transparente.

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso una serie de cambios en el tren gubernamental mediante el Decreto núm. 2-26, con nuevas designaciones en los sectores agropecuario, fiscal, de género y de políticas sociales, como parte de una reorganización administrativa para el período de gobierno en curso.

De acuerdo con la disposición, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme fue designado ministro de Agricultura. Espaillat Bencosme es ingeniero agrónomo, egresado cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector arrocero nacional. Ha estado vinculado a procesos de modernización agrícola y fue reconocido en 2021 por la Junta Agroempresarial Dominicana como Agroempresario del Año.

En el ámbito fiscal, el referido decreto nombra a Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Urrutia Sangiovanni es contador público autorizado, con maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Es socio fundador de la firma Moore ULA y ha participado en la elaboración y revisión de marcos legales vinculados al sistema tributario y societario del país.

Asimismo, Gloria Roely Reyes Gómez fue designada ministra de la Mujer. Reyes Gómez es abogada, con formación en Derecho Internacional y Microfinanzas, y fue diputada por la circunscripción número 5 del Distrito Nacional durante el período 2016-2020. Previamente se desempeñó como directora general del programa Supérate, donde estuvo a cargo de la ejecución de políticas de asistencia y desarrollo social.

En el área social, el decreto establece la designación de Mayra Jiménez como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate. Jiménez fue ministra de la Mujer desde el año 2020 y cuenta con experiencia en foros regionales e internacionales vinculados a políticas de igualdad y derechos de las mujeres. De igual modo, Geanilda Vásquezasumirá como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. Vásquez es doctora en Derecho, con maestría en Gerencia Pública, y ha ocupado diversas posiciones en la administración pública, incluyendo funciones diplomáticas y de gestión institucional.

El presidente informó que con estas nuevas designaciones el Gobierno inicia una nueva etapa que traiga transformaciones para seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos.

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 1-26 mediante el cual designó a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y nombró a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y adecuación del sistema jurídico del Estado al marco legal vigente. 

Con esta disposición, el mandatario coloca al frente de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a una figura de amplia trayectoria y reconocido prestigio, responsable de brindar asesoría legal directa a la Presidencia y de garantizar la coherencia constitucional y normativa de las decisiones gubernamentales.

Jorge Subero Isa cuenta con una destacada carrera en la vida institucional del país. Se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011, período en el que encabezó importantes procesos de modernización del sistema judicial, fortaleció la carrera judicial y contribuyó a la consolidación de la independencia del Poder Judicial. Además, ha sido catedrático universitario, conferencista y autor de múltiples obras jurídicas, principalmente en las áreas de derecho constitucional y administrativo. 

El decreto también dispone la designación de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, en el marco de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025. Con este nombramiento, el Gobierno avanza en la consolidación de esta nueva cartera, llamada a desempeñar un rol clave en la coordinación del sistema de justicia y en el fortalecimiento del Estado de derecho. 

Antoliano Peralta Romero, a lo largo de su trayectoria profesional, se ha destacado como abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral, además de haber ocupado importantes funciones gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana. Es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y cuenta con un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Hasta su designación como ministro de Justicia, se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, función para la cual fue designado mediante el Decreto núm. 324-20, añdel 16 de agosto de 2020.