Santo Domingo.– Con nuevas acreditaciones, alianzas estratégicas y liderazgo regional, el ODAC consolida la calidad como motor de desarrollo económico.

En un contexto de alta competencia regional y de mayores exigencias en los mercados internacionales, la República Dominicana cerró el año 2025 con avances relevantes en su capacidad para competir, exportar y atraer inversiones, impulsados por el fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad.

Durante el año, el Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) avanzó de manera sostenida en su misión de acreditar organismos de evaluación de la conformidad competentes y confiables, mediante nuevas acreditaciones, ampliaciones de alcance y evaluaciones técnicas rigurosas. Estos esfuerzos impactan directamente sectores estratégicos como la industria, la agroexportación, la salud, el comercio y el medio ambiente, elevando los estándares bajo los cuales operan productos y servicios en el país.

Más calidad, menos barreras al comercio

Entre los principales hitos de 2025 destaca la acreditación a AGQ Labs, primer laboratorio de ensayo con alcance de muestreo para alimentos y aguas en la República Dominicana, un avance que fortalece la seguridad de los mercados, reduce barreras técnicas al comercio y mejora la capacidad nacional para responder a las exigencias de los mercados internacionales.

A esto se suma la acreditación al Clúster de Aguacate Dominicano,  primer organismo certificador de productos con Denominación de Origen, una herramienta clave para diferenciar la oferta exportable dominicana, agregar valor a los productos nacionales y fortalecer su posicionamiento en mercados cada vez más competitivos.

Procesos confiables que generan confianza

En el plano operativo, el ODAC cumplió el 100 % de su Plan Anual de Evaluaciones, garantizando procesos rigurosos, imparciales y transparentes. Este nivel de cumplimiento refuerza la confianza de los sectores productivos, los consumidores y los inversionistas en los servicios acreditados y en el sistema que los respalda.

La acreditación se consolida así como algo más que un requisito técnico: se convierte en un mecanismo que reduce riesgos, mejora la productividad y fortalece la toma de decisiones económicas.

Un año clave para el posicionamiento internacional

El 2025 marcó también un punto de inflexión para la proyección internacional del país, al convertirse la República Dominicana en sede de la 34.ª Asamblea General de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC, por sus siglas en inglés), un encuentro que reunió a representantes de más de 26 países de América, el Caribe y Europa.

Este evento posicionó al país como un actor relevante dentro de la infraestructura regional de la calidad, fortaleció la cooperación internacional y envió un mensaje claro a los mercados: la República Dominicana apuesta por estándares confiables, reconocidos y alineados con las mejores prácticas internacionales.

Alianzas que fortalecen la economía

Durante el año, el ODAC impulsó acuerdos interinstitucionales con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Servicio Nacional de Salud (SNS), ampliando la base técnica nacional y fortaleciendo capacidades en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social.

Estas alianzas contribuyen a crear un entorno más competitivo, con mejores servicios, mayor confianza y más oportunidades para los sectores productivos del país.

La calidad como ventaja económica

Al cierre de 2025, el ODAC reafirma que la calidad no es un concepto abstracto ni un trámite administrativo, sino una ventaja económica concreta que facilita el acceso a mercados, fortalece la competitividad empresarial y protege a los consumidores.

El balance del año deja un mensaje claro: cuando la calidad avanza, el país progresa. Los logros alcanzados durante este periodo reflejan una gestión orientada a resultados, transparencia y mejora continua, sentando bases sólidas para continuar fortaleciendo la acreditación como una ventaja competitiva  al servicio del país.

Sobre el ODAC

El Organismo Dominicano de Acreditación es la entidad responsable de acreditar a los organismos de evaluación de la conformidad en la República Dominicana. Esto incluye laboratorios, entidades de inspección y organismos de certificación que verifican la calidad y seguridad de productos, servicios y sistemas.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y ratificó la condena contra el procesado por muerte de Yuniol Ramírez y extorsión desde la OMSA.

Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena de 20 años de prisión contra Argenis Contreras González por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y por incurrir en extorsión desde la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito rechazó el recurso de apelación interpuesto por las defensas técnicas de Contreras González en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

“Este era un segundo recurso de apelación de un segundo juicio y el tribunal acogió los elementos que presentamos en la audiencia”, resaltó el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien representó al órgano persecutor en la audiencia.

Los representantes de Contreras González interpusieron el recurso de apelación el 16 de mayo del presente año. Los jueces Daniel Julio Nolasco Olivo, July Elizabeth Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo rechazaron el recurso al valorar los elementos presentados por el Ministerio Público.

Con la ratificación de la condena, Contreras González continuará cumpliendo la sentencia condenatoria en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.

El Ministerio Público demostró la responsabilidad penal de Contreras González en el asesinato de Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) e impartía docencia en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En octubre de 2017, el cadáver de Ramírez Ferrreras fue encontrado en la cañada Arroyo María, en Hato Nuevo, Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, amarrado con cadenas y candados a un block de cemento.

Luego del crimen, Contreras González huyó hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos realizados por el Ministerio Público para lograr que fuera retornado y llevarlo ante los tribunales.

Por estos actos, Contreras González fue hallado culpable y condenado por los delitos de homicidio y ocultamiento de cadáver del abogado.

La Policía Nacional informó que fue suspendido de sus funciones y puesto a disposición del Ministerio Público un agente de la institución, tras verse involucrado en el incidente en el que perdió la vida el joven Miguel Ángel Miranda Flete, de 23 años, ocurrido durante una intervención policial realizada el jueves 25 de diciembre, en el sector Pekín, de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El oficial identificado como segundo teniente Vicente Encarnación Jersin fue remitido bajo custodia policial, junto a su arma de reglamento, al Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía de Santiago, donde fue investigado en relación con las circunstancias en las que se produjo el disparo que ocasionó la muerte del referido ciudadano.

La institución recordó que el fallecimiento del joven se produjo el 29 de diciembre de 2025, mientras recibía atenciones médicas, a consecuencia de una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, conforme a certificación médica oficial.

La víctima había permanecido ingresada en distintos centros de salud desde el día del hecho.

El incidente se produjo cuando miembros de la Policía Preventiva realizaban labores de disuasión de una fiesta clandestina en la vía pública, contexto en el que se registró una situación irregular, resultando además herido un oficial policial.

No obstante, las circunstancias específicas relacionadas con el uso del arma de fuego quedaron bajo investigación del Ministerio Público, órgano competente para determinar posibles responsabilidades.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos, y aseguró que colaboró de manera plena con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de este lamentable hecho.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader designó este martes, mediante el Decreto núm. 722-25, a los miembros de la comisión técnica del Consejo del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de su reglamento interno. 

La comisión estará coordinada por Juan Alexis Díaz Santana e integrada además por Nora Elizabeth Sánchez Padilla, Pedro Ramírez, Federico Lalane José y Manuel Alexis Read Ortiz. 

La designación se sustenta en la certificación emitida el 22 de diciembre de 2025 por el secretario ejecutivo del Consejo del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa), mediante la cual se acredita la modificación del artículo 53 del Reglamento Orgánico del SeNaSa, aprobada por dicho Consejo.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de  La Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a Tairi Vásquez Severino y Jhan Carlos Rivera Martínez, imputados de ser miembros de una red de secuestro y lavado de activos.

El órgano persecutor les imputa a Vásquez Severino y Rivera Martínez por su participación en calidad de testaferros y prestanombres de Alfredo Vásquez Severino y Ambioris Vásquez Severino, quienes junto a otros miembros de esta red secuestraron a una persona de 47 años de edad en La Otra Banda, Higüey, provincia La Altagracia, y solicitaron 20 millones de pesos por el rescate.

Ambos imputados fueron apresados mediante un allanamiento realizado de manera conjunta por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo técnico de las Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Policía Nacional

La jueza Francis Reyes Dilone dispuso que la medida fuera cumplida por los imputados en la cárcel de mujeres de La Altagracia y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya para hombres.

Los fiscales litigantes Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y representante de la Unidad Antisecuestro, y Surielly Guerrero, de la Fiscalía de La Altagracia, motivaron la solicitud, en base a los méritos de las pruebas recabadas.

Se recuerda que los imputados, con el dinero obtenido del secuestro, adquirieron dos vehículos de alta gama en una agencia de vehículos en Santo Domingo Este, mismos que estaban bajo el dominio de uno de los imputados al momento de su arresto en mayo de este año.

La víctima fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, de golpes, heridas y afectación a la libertad ambulatoria por cuatro días, causantes de fuertes traumas emocionales.

De igual manera, obligaron a la familia de la víctima a buscar más de 6 millones de pesos y hacer traspasos de vehículos a nombre de relacionados a los imputados, como método para evitar dejar rastros que los incriminaran.

Por su parte, las titulares de Antilavado del Ministerio Pública, Ramona Nova, y de La Altagracia, Claudia Garrido, expresaron que esta es una decisión dictada en derecho y confían en que el sistema de justicia castigará a los procesados de manera ejemplar por la participación de los imputados en los hechos.