SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El juez de la atención permanente Rigoberto Sena Ferreras, impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Para los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el juez impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

Wilson Camacho representó al Ministerio Público junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como a los fiscales Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Alexis Piña, Ernesto Guzmán y Aurelio Valdez.

“Es una decisión histórica que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en tres elementos: uno de esos elementos ha sido la gravedad de los hechos que el juez ha reconocido y que, incluso, los ha calificado como crueles y muy graves, los ha entendido como una traición, los ha llamado una locura colectiva y los ha comparado, incluso, como una forma holocausto, entendiendo lo que planteó el Ministerio Público de que se trata de hechos extremadamente graves”, dijo Camacho.

“El segundo elemento que tomó en cuenta el tribunal fue la contundencia de la investigación del Ministerio Público, la cual reconoció y tomó como base para fundamentar su decisión, incluso, citando documentos y testimonios presentados por el Ministerio Público”, resaltó.

“Lo tercero fue que (el juez) valoró la colaboración que fue prestada al Ministerio Público y sobre esa base dictó prisión preventiva para siete de los imputados y los envió a Najayo Hombres y Najayo Mujeres, respectivamente; y arresto domiciliario y garantías económicas e impedimento de salida para otros tres”, indicó.

“En sentido general, los diez imputados presentados en este proceso están privados de libertad”, sostuvo Camacho, al ser abordado por los periodistas que cubrieron la audiencia de la noche de este domingo.

En ese contexto, explicó que en adelante el Ministerio Público se apresta a “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todas estas personas respondan ante el banquillo de los acusados por los hechos atroces que han cometido, y en segundo lugar los abogados a trabajar día y noche como lo hacemos siempre, sin descanso, para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso”.

El Ministerio Público reafirma su condición de órgano independiente y reitera que todo el que sustrajo el patrimonio público será procesado.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Durante el conocimiento de la medida de coerción por corrupción administrativa a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy no fue acreditada ante el juez por ningún médico forense la supuesta situación de salud que alega el imputado con el propósito de evadir la prisión preventiva que se corresponde a la gravedad y magnitud de los hechos cometidos en perjuicio de todos los afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

“La condición de salud que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense”, indica el Ministerio Público.

“El imputado y su defensa recurren ahora al tema de salud para evadir el proceso, pero todos los testigos establecen que el imputado se desempeñaba con toda normalidad en el SeNaSA y en su vida social privada”, señaló el Ministerio Público.

“Ahora el procesado alega unas complejidades de salud de las que no se ha aportado  evidencia”, precisa.

Recordó que el procedimiento para que un tribunal pondere un informe médico, en materia judicial, es que un perito designado por el Ministerio Público o tribunal establezca la condición de salud del procesado, situación que no ha ocurrido en el caso del principal imputado de los arrestados en la Operación Cobra.

Hazim Albainy encabezaba la red de corrupción administrativa que sustrajo miles de millones  a costa del Estado dominicano y a través del SeNaSa, entidad en la que desfalcaron  con más de 15 mil millones de pesos.

Durante la audiencia del caso celebrada el pasado viernes, en la que el Ministerio Público solicitó que se le impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que se declare el proceso de tramitación compleja, Hazim Albainy alegó una condición de salud que su defensa salió a pregonar ante los medios informativos.

El órgano del sistema de administración de justicia estableció ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que la prisión preventiva es la medida más adecuada para aplicar a varios imputados, encabezados por Hazim Albainy y el consultor Jurídico del SeNaSa Germán Robles, quienes figuran entre los imputados que solo en sobornos recibieron más de 2 mil millones de pesos.

El Ministerio Público establece que en relación a Hazim se dan todos los criterios de gravedad de un caso altamente complejo y grave, entre las que destacan:

-La pluralidad de víctimas e imputados

-El grave daño causado a la sociedad.

-La condición de funcionario de Hazim Albainy, lo que implicaba una posición de garante del correcto funcionamiento y servicios de salud frente a los millones de afiliados a la ARS pública.

-La naturaleza de los delitos, al tratarse de hechos que afectan un bien jurídico de gran relevancia, como lo es el derecho fundamental a la salud.

-Las falsificaciones y adulteración de documentos que hicieron los imputados por años para ocultar sus acciones criminales.

-Se trata de una red de crimen organizado que operó con la sistematicidad y estructuración que caracterizan a una organización criminal.

-El hecho de que el principal imputado tomó acciones para la ocultación de bienes que obtuvo producto de sus acciones criminales.

-Las maniobras planificadas con alevosía que desplegó Hazim Albainy para evitar que investigados en el proceso hablaran con el Ministerio Público.

El proceso

Pasada la 1:00 de la madrugada del sábado, el juez Rigoberto Sena decidió fijar para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción.

Durante el conocimiento de la audiencia tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal. De acuerdo con sus testimonios pagaron sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como a otros exfuncionarios de esa entidad estatal.

En el proceso el Ministerio Público ha presentado un legajo importante de pruebas que contienen más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales que vinculan a los imputados con los hechos.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Cinco de los procesados por falsificación de documentos públicos irán a juicio.

Luego de acoger la aplicación del procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público, un juez de instrucción de Santiago condenó en juicio abreviado, y a penas de 6, 5 y 3 años de prisión, a ocho personas procesadas a partir de la Operación Colibrí, la cual enfrentó la red que tramitó miles de documentos falsos, públicos y privados.

En el juicio fueron condenados a seis años de prisión Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas, mientras que Yanuel Morales Rodríguez (Google) fue sentenciado a 5 años y José Carlos Montero a 3 años de prisión, quienes aceptaron su culpabilidad en el caso durante el proceso penal abreviado realizado por las fiscales litigantes Esther María González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE),  y Liliana Guillén, en representación de la Fiscalía de Santiago.

Respecto a los imputados Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya, luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, el tribunal ordenó su envío a juicio.

La investigación del caso estuvo a cargo de la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago, el Ministerio Público adscrito a la Junta Central Electoral  y contó con el apoyo de agentes encubiertos adscritos a la Dirección de Seguridad Civil ante la Junta Central Electoral, y como querellantes a la Consultoría Jurídica del órgano electoral y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional.

Los imputados admitieron su culpabilidad en la falsificación de documentos públicos, incluyendo actas de nacimiento, cédulas de identidad y títulos universitarios y de propiedad, así como licencias de conducir y permisos para porte de armas, con el objetivo de venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.

El juez Job García Hurtado, del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, admitió el acuerdo, disponiendo la suspensión de la pena de manera parcial, tomando en cuenta el tiempo que duraron en prisión los imputados. Entre las reglas establecidas durante la suspensión de la pena se encuentra: residir en el último domicilio aportado por el acusado y en caso de cambio de residencia deberán notificarlo al juez de Ejecución de la Pena.

Además, los procesados deberán abstenerse de realizar maniobras, actos o acciones para cometer estafas por cualquier medio que constituya una conducta dolosa, típica y antijurídica en perjuicio de la sociedad, incluyendo los medios electrónicos y aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación o formación que les permitan desarrollar un trabajo digno y acorde con las buenas costumbres.

La decisión señala que en caso de incumplimiento de las reglas deberán cumplir la pena en prisión.

El grupo delictivo operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago, dedicándose a tramitar los documentos falsos, los cuales pusieron en riesgo la seguridad jurídica del país.

Más de 600 páginas del expediente describen el modo en que esta estructura se conformó, aliando a sus filas a personas que jugaban diversos roles para la falsificación de los documentos.

La Fiscalía de Santiago, en diligencias que realizó junto a un equipo de expertos y oficiales encubiertos de la Junta Central Electoral, aportó más de 800 elementos de pruebas, incluyendo los plásticos que incautó mediante allanamientos judicialmente avalados, que eran utilizados para imprimir los distintos tipos de documentos oficiales.

La investigación del Ministerio Público arrojó, además, que los trabajos captados por los denominados “buscones” o tributarios eran tramitados a quienes los ejecutaban, dependiendo de su especialidad, incluyendo a quienes tramitaron de manera irregular las actas del Registro Civil Dominicano.

Los procesados se encargaban de borrar el contenido de las actas originales preservando el papel de seguridad en que las mismas eran impresas, para luego imprimir la información falsa, generando un documento con todas las características de seguridad del original.

La calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al proceso es por la violación a los artículos 265, 266, 147, 150, del Código Penal Dominicano; artículo 13, de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; que tipifican la asociación de malhechores, falsificación de escritura autentica o pública y falsedad en escritura privada.

Santo Domingo.- Reafirma compromiso con el equipamiento y profesionalización de las instituciones castrenses.

El presidente Luis Abinader, en compañía del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, compartió este sábado su tradicional almuerzo con oficiales y soldados de la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana, a quienes agradeció por el servicio que le prestan a la nación y les garantizó que seguirán contando con su respaldo para el cumplimento de su misión.

El primer almuerzo fue en la sede de la Armada, donde al mandatario se le entregó un reconocimiento elaborado por la Industria Militar Dominicana por su respaldo a la institución y como muestra de lealtad a sus investiduras.

Al dirigirse a los militares, el jefe de Estado destacó el trabajo que realizan los marinos en defensa de las costas y colaborando en la lucha contra el narcotráfico.

“Agradecerles su trabajo, su dedicación, su defensa a la patria, porque cuando nosotros enseñamos la cantidad de incautaciones por narcotráfico, nos felicitan, y eso se debe en gran parte al trabajo especializado de la Armada, defendiendo así la calidad de vida de nuestra gente y defendiendo nuestra patria de todas esas acciones delictivas”.

En las palabras de bienvenida, el comandante general de la Armada, almirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, agradeció al presidente Abinader por presidir una vez más el almuerzo dedicado a la tripulación naval, “valiosos miembros de la armada de República Dominicana, hombres y mujeres de mar, herederos de la gloria de Cambiazo y Acosta”.

 “Al mirar atrás, el año que pronto finaliza, nos embarga un profundo sentimiento de orgullo y gratitud por el gran trabajo realizado que ha sido reconocido nacional e internacionalmente, por el compromiso inquebrantable y la abnegación con la que cada uno de ustedes, desde sus puestos de servicio y deber, han contribuido al cumplimiento de nuestra misión institucional”, expresó el jerarca militar.

Luego, el mandatario se trasladó a la Base Aérea de San Isidro para compartir con los responsables de salvaguardar el espacio aéreo de la República Dominicana.

Continúa mejoría en calidad de vida de los soldados

En su mensaje a los soldados de la Fuerza Aérea, el presidente Abinader recordó que los almuerzos se convirtieron en una tradición para recordarles el orgullo que siente su gobierno por el trabajo realizado en defensa de la patria, evidenciado en una paz y armonía en todos los aspectos, que son admiradas por otros países.

“Gracias gracias por su trabajo; por toda la protección al país desde la frontera, y su acción contra los actos delictivos”.

Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar con la mejoría de sus condiciones de vida y el equipamiento institucional.

En ese sentido, el comandante de la Fuerza Aérea, Floreal Suárez, reiteró su agradecimiento al mandatario, “quien ha dado muestra en su mandato de su solidaridad con la institución en lo referente a su desarrollo profesional y en el equipamiento”.