SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Este jueves, en el conocimiento de la medida de coerción solicitada a raíz de la judicialización de la Operación Cobra tres de los imputados admitieron ante el juez que pagaron sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otros  funcionarios de esa entidad estatal.

“Esta medida de coerción ha sido de tal magnitud que tres de los imputados han admitido su participación en los hechos y han admitido también su colaboración al Ministerio Público”, dijo la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Dijo que los que admitieron los hechos ante el juez Rigoberto Sena lo hacen “aportando elementos de pruebas y admitiendo que los mismos pagaron sobornos a miembros del SeNaSa, incluyendo a su exdirector, el doctor Hazim”.

Ortiz destacó la fortaleza del expediente presentado en contra de los diez arrestados en el marco de la Operación Cobra por aprovecharse del SeNaSa para desfalcar al Estado dominicano con miles de millones de pesos y que solo en sobornos recibieron más de 2 mil millones de pesos.

Además de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, en el caso figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación compleja. Aseguró que existen más que razones para que el caso sea declarado complejo, “una de esas razones es la pluralidad de víctimas, estamos hablando de un seguro de salud que tiene bajo su cobertura más de 7 millones de dominicanos”.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezó, junto a Mirna Ortiz, el equipo litigante que representó al órgano acusador en la audiencia. El equipo también estuvo representado por los procuradores fiscales Héctor García, Rosa García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán.

“En la tarde de hoy (jueves) hemos presentado la medida de coerción de esta Operación Cobra, presentando además un legajo importante de pruebas que contienen más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales”, dijo Ortiz a la prensa que la abordó en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Añadió que “en la tarde de mañana (viernes) continuaremos con la presentación de las defensas que es lo que resta y luego la réplica del Ministerio Público, y en ese momento quedará el tribunal en condiciones de emitir su decisión”.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, recesó para este viernes, a las 2:00 de la tarde la audiencia de conocimiento de solicitud de medida de coerción.

El juez Rigoberto Sena informó de la decisión pasadas las 11:00 de la noche y cuando la mayoría de los imputados ya habían presentado sus argumentos de defensa.

El Ministerio Público busca sanciones penales contra los responsables de desfalcar al Estado con miles de millones de pesos, a través del SeNaSa y, además, el decomiso del dinero sustraído a esa administradora de riesgo de salud (ARS).

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

En el marco del Desayuno Navideño del Clúster Turístico de Santo Domingo (CTSD), celebrado en el Hotel Mauad, la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD) suscribió un Acuerdo de Colaboración Interinstitucional orientado a fortalecer el posicionamiento de Santo Domingo y de la República Dominicana como destinos líderes en turismo deportivo y urbano.

El convenio establece una plataforma conjunta para impulsar eventos deportivos de alto impacto, desarrollar proyectos innovadores, promover iniciativas culturales y urbanas, y fortalecer la articulación público-privada. La firma estuvo a cargo de Juan Martín de Oliva, presidente del CTSD, y Yerik Pérez, presidente de ADOTURD.

Sobre la alianza, Yerik Pérez afirmó:
“Este acuerdo marca un paso decisivo para integrar el deporte dentro de la estrategia turística de la capital. Santo Domingo posee las condiciones para convertirse en una ciudad referente de eventos deportivos en toda la región”.

Principales líneas de acción
• Promoción conjunta de Santo Domingo como destino deportivo, cultural y recreativo.
• Diseño de productos turísticos que integren deporte, patrimonio y experiencias urbanas.
• Intercambio técnico e institucional para elevar estándares y capacidades.
• Coordinación de iniciativas con entidades gubernamentales, municipales y actores del sector privado.

Este acuerdo busca generar nuevas oportunidades de negocios, atraer un mayor flujo de visitantes y fortalecer la cadena de valor del turismo deportivo.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General de la República presentó el Modelo Operativo para la Investigación de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (MOITT), una iniciativa que fortalece los protocolos del  Ministerio Público en la persecución de esos delitos y que cuenta con la cooperación técnica de  Naciones Unidas y del gobierno de Canadá.

“El MOITT es una herramienta innovadora que fortalece la capacidad del Estado para investigar y desarticular redes criminales vinculadas a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”, dijo la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

Bejarán Álvarez encabezó el acto de lanzamiento del modelo cuya elaboración cuenta la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y del gobierno de Canadá, a través del programa “Fortaleciendo Acciones Transnacionales y Respuestas Regionales contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (STARSOM)”.

“Su aplicación permite coordinar de forma más ágil a las autoridades especializadas, así como entidades de seguridad y migratorias, facilitando el intercambio de información, las investigaciones conjuntas y la protección oportuna de víctimas”, indicó.

“Con el MOITT, el país da un paso decisivo hacia respuestas más rápidas, coordinadas y efectivas frente a los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes”, sostuvo.

El lanzamiento del MOITT marca un hito para 2025 y para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Acción contra la Trata. “Su construcción fue totalmente participativa, integrando a fiscalías, cuerpos policiales y autoridades especializadas, en un ejercicio sin precedentes de articulación técnica y consenso institucional”, destacó Bejarán Álvarez.

Indicó que el MOITT no solo establece un nuevo estándar de investigación coordinada, sino que consolida la voluntad del Estado de traducir cooperación en resultados operativos concretos.

El modelo brinda herramientas avanzadas para la gestión de la información, armonizándola con el Estándar Internacional de Clasificación para Datos Administrativos sobre la Trata de Personas (ICS-TIP).

Bejarán Álvarez resaltó lo altamente participativo del proceso de su elaboración, el cual involucró a diez instituciones, incluyó encuentros grupales y más de una docena de sesiones de trabajo con fiscales e investigadores especializados en trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

“Este modelo nace del trabajo colectivo de instituciones que decidieron dejar de actuar aisladas y apostar por la coordinación, la inteligencia compartida y las buenas prácticas nacionales e internacionales. Nace de la necesidad de dotar al país de un instrumento moderno que ordena, estandariza, tecnifica y fortalece cada fase de la investigación penal en estos delitos”, explicó.

Resaltan el modelo

El acto de lanzamiento, realizado en uno de los salones del Hotel Catalonia, contó con la participación de Jacqueline Delima Baril, embajadora de Canadá en República Dominicana; Opino Díaz, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores; Carlos Pérez, oficial de Prevención y Justicia Criminal para Latinoamérica de la UNODC, y la coronel Francina Hernández, encargada de investigación de trata y tráfico de la Policía Nacional.

Delima Baril aseguró que el lanzamiento del modelo marca un hito importante en los esfuerzos de la República Dominicana para fortalecer su sistema de justicia penal y enfrentar los graves retos que plantea la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes.

“Canadá se enorgullece de haber apoyado el desarrollo de este modelo a través del programa de fortalecimiento de capacidades contra el crimen para mejorar la capacidad investigativa”, dijo.

De su lado, Carlos Pérez destacó que para el UNODC uno de los grandes logros ha sido que este modelo operativo haya sido adoptado por el Consejo Superior del Ministerio Público en su sexta sesión extraordinaria celebrada en agosto. “El hecho de que este modelo haya sido adoptado permitirá darle una sostenibilidad y ser un instrumento que en el futuro será utilizado durante muchos años por las autoridades del Ministerio Público en la República Dominicana”.

Mientras que Opino Díaz enfatizó sobre la importancia del MOITT para la investigación de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, siendo una herramienta que representa una evolución crucial en la forma en que el Estado dominicano enfrenta estos crímenes.

Agregó que “la lucha contra estos delitos requiere un compromiso de cooperación y diálogo con la participación activa de todos los actores del sistema, siempre colocando en el centro a las personas y sus derechos”.

Francia Hernández destacó la importancia de este modelo al que calificó como un instrumento clave para fortalecer la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. “Este modelo mejora la coordinación entre instituciones, eleva la calidad de las investigaciones mediante el análisis criminal y buenas prácticas, y, sobre todo, garantiza un enfoque centrado en la protección y la dignidad de las víctimas.

Ministra Raful destaca ante la Comisión Europea el compromiso de República Dominicana en la lucha contra el tráfico de migrantes

La ministra de Interior y Policía dominicana, que representó al país en la Conferencia Internacional de Alto Nivel de la Alianza Global para Contrarrestar el Tráfico Ilícito de Migrantes, advirtió sobre la creciente amenaza que representan las redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y subrayó los avances de la República Dominicana en la lucha contra estos grupos.

Además, sostuvo reuniones con Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, y Bernard Quintin, ministro de Seguridad e Interior de Bélgica, para fortalecer la cooperación en seguridad fronteriza, investigación criminal y prevención del tráfico de migrantes.

Bruselas, Bélgica. — La ministra de Interior y Policía de la República Dominicana, Faride Raful, participó hoy en la Conferencia Internacional de Alto Nivel de la Alianza Global para Contrarrestar el Tráfico Ilícito de Migrantes, convocada por la Comisión Europea. 

Durante su intervención, la ministra advirtió sobre la creciente amenaza que representan las redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y subrayó los avances de la República Dominicana en la lucha contra estos grupos, haciendo énfasis en la importancia de fortalecer la cooperación internacional y garantizar la protección de las víctimas como eje central de la respuesta estatal.

 “La gestión del presidente Luis Abinader ha colocado el combate al tráfico de migrantes y la trata de personas como una prioridad de Estado”, afirmó Raful, única ministra de América Latina y el Caribe invitada al encuentro. 

A continuación, presentó datos concretos que ilustran el compromiso del país en el combate contra este flagelo: “En 2024 se iniciaron más de 200 investigaciones, 275 personas fueron procesadas, se acumularon 228 años de condena, se rescataron 137 víctimas y se logró un aumento del 77 % en la cooperación internacional”.

Durante su intervención, la ministra advirtió sobre la creciente amenaza que representan las redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y subrayó los avances de la República Dominicana en la lucha contra estos grupos, haciendo énfasis en la importancia de fortalecer la cooperación internacional y garantizar la protección de las víctimas como eje central de la respuesta estatal.

 “La gestión del presidente Luis Abinader ha colocado el combate al tráfico de migrantes y la trata de personas como una prioridad de Estado”, afirmó Raful, única ministra de América Latina y el Caribe invitada al encuentro. 

A continuación, presentó datos concretos que ilustran el compromiso del país en el combate contra este flagelo: “En 2024 se iniciaron más de 200 investigaciones, 275 personas fueron procesadas, se acumularon 228 años de condena, se rescataron 137 víctimas y se logró un aumento del 77 % en la cooperación internacional”.

Durante la conferencia, presidida por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y que reunió a ministros y delegaciones de más de 60 países, la ministra Raful destacó que la República Dominicana mejoró su posición en el Trafficking in Persons Report, informe anual del Departamento de Estado de EE. UU. Asimismo, señaló que hace apenas una semana la Dirección General de Migración juramentó 865 agentes especializados en reacción rápida, con presencia en las 31 provincias, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente al tráfico de migrantes y la trata de personas.

 “Las redes de tráfico de migrantes generan más de 10 mil millones de dólares anuales. Esa cifra nos dice algo fundamental: no estamos frente a delitos aislados, sino ante cadenas transnacionales de valor criminal cuyo combustible esencial es el dinero.”, recalcó Raful. Durante la sesión, dedicada al enfoque “Follow the Money” —orientado a combatir los flujos financieros ilícitos que sostienen estas redes transnacionales—, la ministra presentó la experiencia dominicana en investigaciones financieras, trazabilidad de activos y cooperación interinstitucional. Sobre este último punto, enfatizó que el intercambio de información entre países constituye “una de las vías más contundentes para perseguir y desarticular estas estructuras criminales”.

 Al margen del evento, la ministra Raful sostuvo reuniones con Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, y Bernard Quintin, ministro de Seguridad e Interior de Bélgica, para fortalecer la cooperación en seguridad fronteriza, investigación criminal y prevención del tráfico de migrantes. Su participación reafirma el liderazgo de la República Dominicana en la región en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, así como su compromiso con la consolidación de marcos de gobernanza basados en derechos humanos, cooperación internacional y responsabilidad compartida.

Dirección de Comunicaciones

La jornada evidencia el impacto de la formación técnico profesional en la inserción laboral y el crecimiento económico de la provincia.

Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), a través de su Dirección Regional Cibao Nordeste, desarrolló una feria de empleos en coordinación con el Grupo Ramos, destinada al reclutamiento de personal para la próxima apertura de una tienda comercial en el municipio de Tenares.

Durante la jornada, realizada en el Centro Tecnológico Hermanas Mirabal, se recibieron 65 solicitudes de aspirantes, de las cuales 59 fueron calificadas para ocupar las posiciones disponibles.

Esta alta tasa de calificación refleja, según explicó Fernélis Berigüete, director regional Cibao Nordeste del INFOTEP, el impacto que tiene la formación técnico profesional en la preparación de mano de obra competente y alineada a las necesidades del sector productivo.

Entre las vacantes ofertadas se encontraban puestos de líder senior de tienda, líder junior, encargado de protección de activos, auxiliares de tienda y caja, gerente de prevención y seguridad, junto a diversas posiciones operativas y administrativas requeridas para el funcionamiento de la nueva tienda.

Berigüete destacó que la participación masiva de aspirantes provenientes de diferentes sectores de la provincia Hermanas Mirabal muestra la confianza de la población en los procesos de formación técnico profesional, así como la creciente demanda de personal calificado para impulsar el dinamismo económico de la región.

La feria se desarrolló desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, en un proceso que forma parte de la puesta en marcha del nuevo establecimiento del Grupo Ramos, una infraestructura de más de 650 metros cuadrados, ubicada en la calle Duarte de Tenares, próxima al Banco Popular.

Esta sucursal integrará las marcas Sirena, Aprezio y Sirena Market, ampliando la oferta comercial y generando nuevas oportunidades de empleo formal.

El director regional resaltó que el Centro Tecnológico Hermanas Mirabal se ha consolidado como un punto estratégico de apoyo al desarrollo laboral de la zona.

Recordó que, desde su apertura, ha realizado dos ferias de empleo, gestionando más de 200 oportunidades laborales para empresas que requieren técnicos, trabajadores capacitados y jóvenes en proceso de inserción laboral.

Dentro de 8 años más de 1,300,000 trabajadores llegarán a la edad de retiro recibiendo una pensión muy insuficiente. Urge una reforma para desactivar esta bomba de tiempo por justicia y para mantener la gobernanza del país

La semana pasada señalamos que el sistema de reparto tuvo una época dorada en la que capitalizó el ahorro, obtuvo altos intereses y aceleró la acumulación del fondo de retiro. Pero décadas después entró en una etapa regresiva al consumir las reservas y utilizar los aportes para pagar las pensiones. Una situación que se torna más crítica aún, en la medida en que se reducen los cotizantes por pensionado.

Pero también el sistema de capitalización individual requiere de una reforma urgente porque las pensiones serán muy bajas, debido a seis factores: 1) a la reducción del aporte original del 12% al 9.97%; 2) a la no entrega del bono de reconocimiento a los ex afiliados al IDSS; 3) al aumento en 8 años de la esperanza de vida entre el 2001-2035 encareciendo el costo de cada pensionado; 4) al alto costo administrativo de las AFP; 5) a la inestabilidad laboral debido al carácter estructural de la informalidad; y 6) a la ausencia del Régimen Contributivo Subsidiado para los trabajadores por cuenta propia.

Para superar esa situación, la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT) propuso a la Comisión Bicameral ocho grandes cambios:

1. Elevar gradualmente la cotización a la cuenta de capitalización individual del 8.4% actual al 11.2%, para duplicar la tasa general de reemplazo;
2. Aumentar el Fondo de Solidaridad Social (FSS) del 0.4% al 3.8%, para garantizar una pensión mínima y básica a todos los trabajadores con aportes superiores a 15 años;
3. Establecer un aporte estatal del 1.0% al Fondo de Solidaridad Social (FSS) para cubrir el bono de reconocimiento.
4. Reducir la comisión de las AFP al 0.5% anual por el aumento de los aportes.
5. Disponer la indexación anual de todas las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
6. Entregar el fondo total acumulado a los afiliados migrantes con residencia y trabajo
7. Devolver el 50% del fondo acumulado a los afiliados con aportes inferiores a 15 años, con derecho a una pensión solidaria proporcional.
8. Mantener el seguro médico de todos los pensionados del SDSS.

Estas reformas estructurales corrigen las actuales limitaciones y distorsiones del sistema de capitalización individual, imprimiéndole un sello fuertemente solidario: 1) elevando la pensión completa del 35% al 75%; 2) duplicando las pensiones del 25% al 60% de todos los afiliados con 15 años o más de cotización; y 3) asegurando una pensión básica a los trabajadores con aportes menores a 15 años, actualmente si nada.

Cambios graduales durante 8 años para fortalecer la solidaridad social y duplicar el nivel actual de las pensiones

Se propone un leve aumento del aporte anual durante 8 años, a fin de que pueda ser asimilado por los trabajadores de bajos salarios y las pequeñas empresas. De igual forma, aumentar gradualmente el retiro a los 65 años a los más jóvenes, respetando los derechos adquiridos por los trabajadores mayores de 50 años.

Los principales países de América Latina han aumentado las cotizaciones y extendido los años de aportes: Costa Rica, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile y México, entre otros. El aporte promedio en la Unión Europea equivale al 27% del salario con un retiro a los 65 años.

Nuestra propuesta acentúa el carácter mixto de nuestro sistema, combinando dinámicamente la solidaridad social del reparto con la rentabilidad recurrente de la capitalización individual. Además, armonizando la responsabilidad colectiva y la individual, garantizando un equilibrio fiscal sostenible y menos costoso a largo plazo.

Insistimos en una reforma urgente e integral porque los actuales sistemas previsionales no fueron diseñados para transformaciones tan radicales y aceleradas. En consecuencia, urge adaptarlos a los cambios demográficos, a la revolución tecnológica, a la inteligencia artificial y a la longevidad.

Para avanzar hacia una pensión básica universal conviene afiliar a los trabajadores autónomos para garantizar la continuidad del ahorro previsional, Es necesario adaptar los requisitos de afiliación, recaudo y pago de este importante componente de la PEA, a partir de sus peculiaridades y características productivas.

De no realizar una reforma adecuada y sostenible, dentro de 8 años más de un 1,300,000 trabajadores llegarán a la edad de retiro recibiendo una pensión muy insuficiente. Es una bomba de tiempoque debemos desactivar por justicia y antes de que afecte la gobernanza del país.ADS/616/11/12/2025

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público informó este miércoles que someterá un recurso de apelación en rechazo a la medida de coerción que la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago, impuso a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci imputadas por el homicidio involuntario de la niña Stephora Anne- Mircie Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión organizada por el centro educativo.

En respuesta a la solicitud del órgano acusador, que solicitó la imposición de una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos, el tribunal respondió imponiendo una garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento a salir del país contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo Leonardo Da Vinci; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Entre tanto,  el juzgador ordenó la libertad sin imponer medidas de coerción a favor de Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo.

El Ministerio Público reitera que las medidas de coerción que solicitó son las más idóneas y proporcionales con los hechos imputados a las cuatro procesadas, por lo que se abocará a apelar esta decisión.

“No estamos conformes con la decisión; nos enfocamos ahora en recibir la notificación con la decisión para presentar el recurso correspondiente”, dijo tras su salida de la sala de audiencias la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsable de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).

Junto a Llaverías subió también en representación del Ministerio Público, la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, y la fiscal Yarily Toribio.

El caso ha recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario, que constituye una violación al artículo 319 del Código Penal dominicano. De igual forma, le fue otorgada la calificación de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, por conducta típica al contenido del artículo 351-2 del Código Penal dominicano. La conducta de las imputadas también es típica al contenido del artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sobre los hechos

La muerte de la niña se produjo el pasado 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Instituto Leonardo Da Vinci, ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.

El Ministerio Público tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.

Asimismo, se ha podido evidenciar en un vídeo que hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de Sthepfora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.