SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La niña de 11 años de edad falleció ahogada el 14 de noviembre en hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión a la que la llevó el centro de estudio.

El Ministerio Público solicitó este domingo la imposición de medidas de coerción contra cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci que fueron arrestados por su vinculación al homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión a la que la llevó el centro educativo.

En la instancia depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago el órgano persecutor solicita imponer una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora dedicada a tales fines, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos.

Las medidas fueron solicitadas contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

El Ministerio Público sostuvo que las citadas medidas de coerción son las más idóneas y proporcionales con los hechos imputados, las cuales están contenidas en el artículo 226, numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Procesal Penal. 

El caso ha recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario, que constituye una violación al artículo 319 del Código Penal dominicano. De igual forma, le fue otorgada la calificación de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, por conducta típica al contenido del artículo 351-2 del Código Penal dominicano. La conducta de las imputadas también es típica al contenido del artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La muerte de la niña se produjo el 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Colegio Leonardo Da Vinci, el cual está ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.

Por instrucción de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la investigación del hecho está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).

El Ministerio Público tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.

Asimismo, se ha podido evidenciar en un vídeo que hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de Sthepfora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.

El Ministerio Público ha solicitado al Ministerio de Educación, la realización de una inspección conjunta del Colegio Leonardo Da Vinci, con el objetivo de identificar cualquier práctica que atente contra el interés superior del niño.

La Vega. – El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y la Universidad Católica del Cibao (UCATECI) concluyeron con éxito el Primer Diplomado en Prevención de Riesgos Laborales. Se trata de una iniciativa que fortaleció las competencias de colaboradores de ambas instituciones y de empresas de la provincia.

El programa, desarrollado durante varios meses, incluyó diez módulos formativos que abordaron temas esenciales para la seguridad y salud en el trabajo. Entre ellos, el marco legal vigente en la República Dominicana, la evaluación de riesgos, la investigación de incidentes, el uso adecuado de Equipos de Protección Personal (EPP) y la gestión de factores psicosociales en el entorno laboral.

Los participantes, provenientes de diferentes sectores productivos de La Vega, completaron clases teóricas y prácticas orientadas a la aplicación de conocimientos en sus áreas de trabajo. La capacitación buscó fortalecer la cultura preventiva en la región y promover condiciones laborales más seguras.

Durante el acto de cierre, los asistentes expresaron su satisfacción por los conocimientos adquiridos y valoraron el esfuerzo conjunto de UCATECI e IDOPPRIL para impulsar espacios de formación especializados en prevención de riesgos laborales.

Con esta primera edición, ambas entidades marcan un precedente en la capacitación profesional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, anticipan nuevas oportunidades formativas para continuar elevando los estándares de protección laboral en el país.

El IDOPPRIL reiteró su compromiso de seguir promoviendo programas educativos y recursos técnicos que contribuyan a la reducción de accidentes y enfermedades laborales en la República Dominicana.

Santo Domingo.- La nueva normativa cumple la decisión del Tribunal Constitucional, agiliza procesos y fortalece derechos de todas las partes.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el presidente de la República, Luis Abinader, promulgó en la mañana de este domingo 7 de diciembre de 2025 la Ley núm. 97-25, mediante la cual se realiza una importante reforma al Código Procesal Penal, dando cumplimiento a la sentencia TC 0765 24, que ordenó sustituir la Ley 10-15.

Peralta Romero indicó que esta reforma, por demás, apuesta por una normativa acorde con los principios democráticos y asume distintos criterios que el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han venido creando en la materia.

Destacó que la nueva ley moderniza el texto vigente hasta hoy, ya que fortalece parte importante de los 28 principios del proceso penal. Igualmente, consolida un modelo procesal más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de derecho.

El texto, apuntó, que fue promulgado hoy será publicado en la Gaceta Oficial en el día de mañana. De conformidad con nuestra normativa en la materia, entrará en vigor a partir del próximo martes en el Distrito Nacional, y, a partir del miércoles, en el resto del país.

Dijo que, entre los elementos destacables del texto promulgado está la ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, incluyendo justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, disponible ahora para hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.

El consultor jurídico expresó que es igualmente notorio que la reforma fortalece el derecho de defensa y las garantías al elevar los principios fundamentales y modernizar los procedimientos. Se refuerza la presunción de inocencia, se asegura la asistencia técnica integral para partes vulnerables, y se garantiza una aplicación más humana mediante el principio de favorabilidad procesal.

Añadió que, los derechos del investigado se activan desde los primeros actos, como la citación o la inmovilización de fondos, y se amplía el plazo para que la defensa presente su escrito. Además, se otorgan más oportunidades para que la defensa solicite contraperitaje, y se fijan plazos máximos de dos años para los archivos provisionales, que antes no tenían límite.

Asimismo, en el régimen de medidas de coerción, la reforma establece reglas más claras sobre el arresto y las órdenes de comparecencia, e impone un mayor rigor en el control judicial en la revisión obligatoria, respondiendo a las exigencias de necesidad, razonabilidad y estricta motivación para la restricción de libertad. Se incluye el criterio explícito de plazo razonable, estableciendo un máximo de cuatro años para casos ordinarios y cinco años para casos complejos, con criterios claros para su cómputo. Adicionalmente, se garantiza un recurso de apelación efectivo al eliminar el “nuevo juicio” y otorgar facultades a las cortes para instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, asegurando un doble grado de jurisdicción real y funcional.

En definitiva, sostuvo, el reformado Código Procesal Penal está orientado a mejorar la administración de justicia penal y modernizar profundamente el sistema, impulsando una transformación basada en la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso entre las partes, con el objetivo de lograr una justicia más rápida, eficaz y centrada en la solución del conflicto. Por demás, presenta una necesaria armonización con el nuevo Código Penal, que se expresa en la adecuación a la nueva clasificación de infracciones.

En ese sentido, explicó, las extensas sesiones de trabajo que dieron como resultado esta importante reforma, participaron, además de los legisladores, importantes sectores de la sociedad y el Estado, lo que permitió que se arribaran a consensos importantes. Estuvieron presentes en el proceso el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y distintos representantes de la comunidad jurídica.

Con estas transformaciones, que se une la Ley de Extinción de Dominio y la reforma al Código Penal, entre otras normas de reciente impulso, la República Dominicana consolida una justicia penal más humana, moderna y efectiva, en sintonía con los estándares constitucionales y los desafíos del sistema judicial contemporáneo.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader afirmó este domingo que, desde el inicio de su gestión, asumió un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público, que pertenece a todos los dominicanos.

El mandatario explicó que, al recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), ordenó de inmediato una investigación para esclarecer la situación.

“Lamentablemente, dicha investigación confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley”, expresó el presidente Abinader.

Asimismo, reiteró su determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sean llevados ante la justicia y que se aplique todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado. Informó, además, que instruyó a SeNaSa a constituirse en actor civil para recuperar hasta el último peso robado.

“El pueblo dominicano puede tener plena confianza en nuestro compromiso: en este Gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad”, concluyó el jefe de Estado.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Más de 20 fiscales auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional ejecutaron 12 allanamientos a miembros de una red de corrupción que afectó al SeNaSa con miles de millones de pesos.

El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, con la cual inicia un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

En la operación ha sido arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y otras siete personas imputadas de defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.

Un total de 25 fiscales, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, practicaron 12 allanamientos como parte de la operación que llevó al arresto también de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, adelantó que el Ministerio Público realiza grandes esfuerzos para que los que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del patrimonio público.

Recordó que la administradora de riesgos de salud (ARS) SeNaSa pertenece a todos, por lo que se trata de una afectación a un bien colectivo que impacta el derecho constitucional a la salud.

“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales”, dijo Reynoso.

“La Operación Cobra llegará hasta el final de este caso. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a todos los ciudadanos también retornen al Estado dominicano cada peso sustraído del Patrimonio Público”, añadió.

El Ministerio Público ha podido recabar evidencias, de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el Director Ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.

Las acciones de la Operación Cobra son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y participa un equipo de fiscales expertos en investigaciones de criminalidad organizada.

Santo Domingo. – El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, quedó arrestado la noche de este sábado tras varias horas de interrogatorio en la Procuraduría General de la República, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción administrativa cometidos durante su gestión, entre agosto de 2020 y agosto de 2025.

Junto a Hazim también fueron apresados el empresario Eduardo Read Estrella, del Grupo Read y propietario de la empresa Khersum SRL, así como otras personas cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente. Entre los interrogados figura igualmente un médico, del cual tampoco se han ofrecido detalles.

Allanamientos y capturas

Previo al arresto, una cadena de allanamientos simultáneos fue llevada a cabo por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, encabezada por Wilson Camacho, y por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por Mirna Ortiz.

Los operativos se realizaron durante la madrugada y la tarde del sábado, con el objetivo de recabar pruebas y evidencias relacionadas con el presunto entramado. Durante estas intervenciones, unas 12 personas habrían sido detenidas para fines de investigación.

Según fuentes vinculadas al proceso, Hazim, su sobrino Rafael Martínez Hazim y el doctor Read Estrella estarían vinculados a una estructura mafiosa presuntamente dedicada a gestionar contratos millonarios sin transparencia para servicios destinados al régimen subsidiado del seguro estatal.

Contratos cuestionados

Al empresario Eduardo Read se le vincula con la adjudicación de un contrato por miles de millones de pesos para ofrecer servicios de atención primaria a afiliados del régimen subsidiado, a través de la empresa Khersum SRL.

Investigaciones periodísticas, entre ellas un reportaje de Nuria Piera, revelaron que Khersum recibía más de 60 millones de pesos mensuales, aun cuando los servicios no se entregaran a los afiliados.

Evolución del proceso

El interrogatorio a Hazim inició a las 5:00 p.m. y su arresto se produjo alrededor de las 10:30 de la noche. Su abogado, Miguel Valerio, confirmó que su cliente permanecerá detenido mientras el Ministerio Público presenta la solicitud de medida de coerción, lo cual ocurrirá en un plazo máximo de 48 horas.

Se espera que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la medida en los próximos días.

El Ministerio Público no descarta que más personas sean incluidas en el expediente, mientras la investigación continúa profundizándose a partir de los hallazgos realizados en los allanamientos.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Establecen una mesa de trabajo permanente para garantizar la tutela efectiva de los derechos a los NNA.

La Procuraduría General de la República y el Ministerio de Educación (Minerd) han fortalecido su compromiso con el Interés Superior del Niño, al establecer una Mesa de Trabajo permanente para garantizar la tutela efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el sistema educativo.

El acuerdo, enfocado en la prevención y respuesta oportuna, garantiza la acción inmediata de las autoridades ante cualquier caso.

La mesa de trabajo fue establecida tras una reunión entre la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García. En el encuentro participaron la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker; la viceministra de Apoyo Administrativo, Marie Laure Aristy, y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsable de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).

El acuerdo subraya la importancia de la cooperación interinstitucional y el enfoque preventivo, teniendo como objetivo principal elaborar una guía para abordar temas que afecten a la población estudiantil.

En cuanto a los temas a tratar, se incluye la violencia en el espacio escolar y sus entornos, bullying, entre otros, además del inicio de trabajos operativos: Los trabajos se iniciarán por la provincia de Santiago, en donde de acuerdo a los indicadores, se requiere una atención especial.

También, se realizará monitoreo constante: Ambas instituciones acordaron realizar inspecciones conjuntas de centros educativos donde han ocurrido incidentes, estableciendo un monitoreo permanente con un informe de novedades en tiempo real.

El Minerd mantiene una metodología de trabajo con la Procuraduría que le ha llevado a comunicar los casos de delitos que vinculen a algún empleado de esa dependencia.

Este marco de colaboración busca garantizar el interés superior del niño como derecho fundamental y asegurar que el entorno escolar sea un espacio seguro y libre de cualquier tipo de violencia o afectación.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Beilin Antonio de Peña (Buda), quien está siendo activamente perseguido, cumplía una coerción por matar a Raymond Emilio Castillo (Raymond) y herir de bala a Shakira Naomi Lorenzo.

El Ministerio Público y la Policía Nacional arrestaron a siete agentes de vigilancia penitenciaria (VTP) que planificaron y actuaron en la fuga de Beilin Antonio de Peña (el Buda), imputado por dos delitos graves de homicidio, desde el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, Moca.

Los VTP Oscar Luis Andrés, de 33 años de edad; Alexander Ogando Cuevas (supervisor), de 31; Juan Pablo de Jesús Encarnación, de 30; Francis Alberto Soto Agramonte, de 31; Wilferson Aybar Acevedo, de 23; Jonthanael de los Santos Rodríguez, de 28, y Sabala Rosario Valdez, de 35, serán presentados ante un tribunal por el Ministerio Público.

Los agentes VTP están acusados de asociación de malhechores, obstrucción de la justicia, así como violación a los artículos 265, 266, 237 y 238 del Código Penal dominicano, en perjuicio de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y del Estado dominicano.

El prófugo Beilin Antonio de Peña (el Buda) guardaba prisión por matar a Raymond Emilio Castillo (Raymond) y herir de bala a la joven Shakira Naomi Lorenzo, el 21 de julio de este año.

La fuga del interno se produjo la madrugada del 21 de noviembre de este 2025.

El proceso investigativo incluyó un allanamiento a la residencia de un ciudadano, cuya identidad se hace reserva, ubicada en la carretera principal de Llena, Moca, amparado en la orden judicial No. 598-1-2025-SAUT-00360.

El entrevistado confirmó que había rentado una yipeta Hyundai Santa Fe, color rojo, placa G766870, al agente penitenciario Ogando Cuevas (detenido), quien fungía como supervisor del CCR La Isleta. El vehículo fue devuelto en horas de la madrugada del día siguiente a la renta, coincidiendo con la fecha de la fuga.

Al ver la noticia del escape en redes sociales, el propietario reconoció al prófugo como la persona que acompañaba al agente penitenciario durante la renta del vehículo. Tanto el detenido como el vehículo quedaron bajo control del Ministerio Público.

Equipos de investigación de Espaillat y Barahona, junto al Ministerio Público y la Policía Preventiva, ejecutaron la orden de allanamiento No. 598-1-SAUT-00362 con el objetivo de recuperar armas, pertrechos y otros elementos vinculados a la fuga.

En la intervención se ocupó una computadora portátil y una tableta, cinco celulares de distintas marcas, RD$47,000 en efectivo y tres dólares, así como dos sellos oficiales de seguridad penitenciaria, dos tarjetas de débito, dos cédulas de identidad, dos placas y dos matrículas de vehículos, además de ocho vouchers de retiro de dinero, una motocicleta Super Gato CG250 y una pasola Honda Lead 110 (sin registro).

Búsqueda del prófugo

Mientras el caso referente a los autores internos y externos ha sido formalmente esclarecido y resuelto, la Policía Nacional mantiene activa la persecución del prófugo Peña.

De Peña fue ingresado al sistema penitenciario el 18 de septiembre de este año, en calidad de prevenido y acusado de violar los artículos 2, 295, 296, 302 y 304 del Código Penal dominicano y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La Policía Nacional había apresado a De Peña en el Aeropuerto de Punta Cana cuando intentaba salir del país como parte de las acciones de persecución en su contra por los hechos criminales que cometió en San Marcos, Puerto Plata, mientras las víctimas se encontraban dentro de un vehículo frente a un negocio.