Guadalajara, México,- Con la distinguida presencia del embajador Juan Bolívar Díaz, la República Dominicana presentó en su stand de la FIL Guadalajara 2025 tres importantes obras de destacados autores nacionales.
En primer lugar, se introdujo el libro ¨En la sombra del Autismo¨, de Alci Polanco; seguido por ¨El bolero en Iberoamérica¨, de Felucho Jiménez; y finalmente ¨Cuentos y poemas¨, de Rita Indiana, presentado por su editor, Miguel D. Mena.
Tras las presentaciones en la feria. se celebró un enriquecedor coloquio en el restaurante dominicano Lluvia Café, donde se profundizó en las obras y se compartió un grato encuentro con la comunidad dominicana residente en esta cuidad.
La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) valora la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de ratificar a tres jueces en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la decisión unánime de mantener en funciones a su actual presidente. La continuidad institucional del TSE es un elemento positivo para la estabilidad del sistema electoral, más aún en un órgano cuyas decisiones impactan directamente en la democracia, los partidos políticos y la resolución de controversias electorales.
Sin embargo, ROI considera necesario llamar la atención sobre varios aspectos del proceso que generan preocupación pública legítima. Durante días circularon rumores que se convirtieron en noticia, de que los tres hombres que integran actualmente el TSE, estos son su presidente, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y los jueces Pedro P. Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, serían reelectos, mientras que las dos únicas mujeres que lo integran, las juezas Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez y Rosa Pérez de García, serían las únicas sustituidas, a pesar de estas contar con un historial de desempeño valorado positivamente.
El resultado final -donde ambas fueron efectivamente reemplazadas, por las mismas personas que avisaba la noticia del pasado 28 de noviembre-, refuerza interrogantes que el CNM debe responder con absoluta transparencia ¿cómo los medios de comunicación y la comunidad jurídica conoce del proceso de decisión del CNM antes de ser público? los procesos deliberativos ¿contienen posibles sesgos de género, donde las mujeres son los puestos de cambios por las negociaciones políticas?
En ese sentido, ROI exhorta al Consejo Nacional de la Magistratura a publicar a la mayor brevedad posible el acta completa de deliberaciones, incluyendo las motivaciones que sustentan tanto las ratificaciones como las sustituciones. El país requiere conocer los criterios utilizados, especialmente cuando las decisiones afectan a dos juezas cuya labor ha sido reconocida por sectores jurídicos y por la ciudadanía.
Asimismo, observa como un hecho sin precedentes en la historia del CNM que no se anunciara la designación de los cinco jueces o juezas pendientes de la Suprema Corte de Justicia, ni la fecha en que el CNM volverá a reunirse para tomar esta decisión. Esto genera incertidumbre y abre espacio a especulaciones innecesarias.
Como acostumbra a hacerlo, tan pronto se realice el anuncio de los jueces y juezas que conformarán la SCJ, la Red hará público su informe final sobre este proceso, que incluirá el perfil de cada una de las personas designadas en esas altas cortes.
ROI recuerda que la transparencia, la previsibilidad institucional y la motivación adecuada de las decisiones son pilares esenciales del Estado de derecho. La ciudadanía tiene derecho a conocer no solo los resultados, sino también los fundamentos que los respaldan.
La Red reitera su compromiso de monitorear este proceso y de mantener un escrutinio público responsable, orientado a fortalecer la confianza en las instituciones y a promover designaciones basadas en mérito, independencia y equidad de género, como corresponde en una democracia constitucional.
ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
Santo Domingo, Rep. Dom. – Evitar que el país entre a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no es solo un asunto técnico, sino una decisión estratégica para proteger la reputación del país, la estabilidad del sistema financiero y la confianza de los inversionistas, advirtió la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), al analizar los efectos que tiene para las economías figurar en ese registro.
La ABA explicó que el GAFI evalúa el cumplimiento de las 40 Recomendaciones que sirven de estándar mundial para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Indicó que si un país muestra deficiencias significativas, aunque exista voluntad de mejora, puede ser incluido en la llamada lista gris, lo que genera una señal de alerta para los mercados internacionales y los bancos corresponsales.
En un análisis publicado en la reciente edición de su revista institucional ABANCE, bajo la firma de Lidia Ureña, gerente de Regulación de la ABA, se planteó que, de acuerdo con estudios del Fondo Monetario Internacional, la inclusión en la lista gris puede reducir las entradas de capital en 7.6 puntos del PIB y la inversión extranjera directa en tres puntos del PIB, debido a la pérdida de confianza de los inversionistas. El Banco Mundial también advierte que esta condición provoca mayor fricción en los pagos internacionales, encareciendo operaciones y limitando el acceso a financiamiento, expuso.
Señaló que, en la práctica, esto se traduce en mayores costos para las empresas locales, más requisitos en las transacciones internacionales, y en una menor disposición de los bancos extranjeros a mantener relaciones de corresponsalía. En consecuencia, los sectores productivos que dependen del comercio exterior y de la inversión extranjera suelen ser los más afectados, añadió.
Destaca República Dominicana ha avanzado desde su última evaluación
En su análisis, Lidia Ureña resaltó que la República Dominicana ha logrado importantes avances desde su última evaluación mutua en 2018, fortaleciendo su marco legal, la coordinación institucional y los mecanismos de supervisión. Entre estos, citó que el país completó la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), liderada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), y se encuentra ejecutando los planes de acción derivados de dicho proceso.
Estos esfuerzos, destacó el artículo, son señales claras del compromiso nacional para mantener la confianza de los organismos internacionales, los inversionistas y las instituciones financieras globales.
La ejecutiva de la ABA recalcó que mantenerse fuera de la lista gris significa preservar la reputación del país, evitar mayores costos financieros y mantener abiertas las puertas de inversión y corresponsalía bancaria. En ese orden, sugirió que, de cara a la quinta ronda de evaluaciones, la línea a seguir es fomentar el apoyo a los sectores más vulnerables, mantener los diagnósticos al día, fortalecer a las instituciones y sostener una coordinación público-privada con metas, plazos y evidencias.
Cumplir con los estándares del GAFI no es solo una obligación regulatoria, sino que “se trata de que un sistema robusto genera confianza, atrae inversión y mejora el clima de negocios”, puntualizó.
A través de la publicación, el gremio bancario recalcó su compromiso con la prevención de los delitos financieros y la promoción de una cultura de cumplimiento que permita a la República Dominicana mantenerse fuera de la lista gris, consolidando su posición como un país confiable, estable y atractivo para la inversión.
Santo Domingo, 2 dic (EFE).- La República Dominicana prorrogó la exención de la obligación de portar pasaportes con vigencia mínima de seis meses para fines turísticos a ciudadanos de países de la Unión Europea, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos e Inglaterra.
De esta forma, los nacionales de dichos países podrán entrar como turistas en la República Dominicana con pasaportes que tengan una vigencia menor de seis meses durante el periodo que dichos documentos tengan validez.
La Dirección General de Migración (DGM) explicó este martes que esta medida fue puesta en vigencia en mayo del 2024 y ahora se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2026 para «facilitar el ingreso de turistas de estos países que son los principales mercados para República Dominicana».
También es extensiva esta medida «a los ciudadanos de otras nacionalidades que tengan autorización para ingresar a la lista de países favorecidos con este privilegio», añadió la DGM en un comunicado de prensa.
De acuerdo con las autoridades dominicanas, esta decisión busca «eliminar barreras» y «asegurar un proceso de entrada más ágil para los visitantes de mercados emisores clave, que el año pasado aportaron más del 80 % de los turistas que visitaron el país». EFE
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Los procesados por trata de personas con fines de explotación sexual deberán cumplir penas de 20, 15, 10 y 7 años de prisión.
A solicitud del Ministerio Público, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago confirmó la sentencia que, en el proceso conocido como Casa Blanca Night Club, impone 20, 15, 10 y 7 años de prisión a los acusados de integrar una organización criminal dedicada a la trata de personas agravada, lavado de activos y porte y tenencia de armas ilegales (de guerra).
Igualmente, la corte rechazó la solicitud incidental sobre extinción de la acción penal presentada por Jolbert José Ramírez Palomo en un intento fallido por evadir las sanciones penales en su contra y al cual se adhirieron los demás procesados por el caso.
En su decisión, el alto tribunal también exime del pago de las costas del recurso incoado por el Ministerio Público a través del procurador adjunto Juan Medina de los Santos, en representación especial de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; la abogada Ángela Díaz Vargas, como parte querellante actuando en nombre y representación de las víctimas; Pedro Medina, procurador general de corte, y José Manuel Calzado, fiscal que representó la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
A la vez, la corte, integrada por los jueces Wilson Francisco Moreta Tremols, Martha del Carmen Martínez López y Anelis del Carmen Torres Mago, condenó a los procesados al pago de las costas generadas por sus recursos de apelación.
El Ministerio Público desarticuló, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Santiago, las operaciones de la organización criminal encabezada por Juan Antonio Fernández Fernández, la cual explotaba sexualmente a las víctimas en el Night Club Casa Blanca, utilizando una red de moteles de su propiedad localizada en Santiago y La Vega.
Durante los operativos se rescataron unas 45 víctimas del flagelo de trata de personas.
Por el caso fueron procesadas y condenadas cinco personas que impugnaron la sentencia. Sus recursos de apelación fueron desestimados y confirmada en todas sus partes la Sentencia Penal No. 371-04-2022-SSEN-00099, de fecha 23 del mes de junio del año 2022, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago.
La sentencia en primera instancia condena a Juan Antonio Fernández Fernández a 20 años, al pago de una multa de 175 salarios mínimos y una indemnización de RD$14,000,000 en favor de dos de las víctimas.
También, condena a Grismelda Acarilis Merejo Salas a 15 años de prisión y el pago de 175 salarios mínimos y María Magdalena Batista Batista a 10 años y el pago de 50 salarios mínimos.
Jolbert José Ramírez y Jairo Rafael Correa recibieron condenas de 7 años de prisión, así como el pago de 75 salarios mínimos.
La organización criminal se trasladaba a distintas ciudades de Colombia y Venezuela para captar y traer a Santiago a las víctimas que eran llevada a Casa Blanca Night Club, en donde algunas eran amarradas de las patas de las camas, les eran impuestas multas por llegar tarde y por no estar a tiempo cuando eran requeridas por un cliente o algún integrante de la organización criminal.
Las mujeres eran ofertadas a hombres y, además, utilizadas para publicitar el mismo lugar donde eran explotadas. En las habitaciones de la red de moteles se incluían catálogos en los cuales se exhibían fotos de las víctimas en ropa interior para que los potenciales clientes las escogieran y solicitaran a través del teléfono, indicando el número de página.
Santo Domingo.– El Ministerio de Defensa (MIDE) inició este martes la entrega del “Cheque Sueldo por Año” a los militares que pasaron recientemente a la honrosa condición de retiro, cumpliendo con el anuncio realizado oportunamente y reafirmando el compromiso institucional de dignificar y proteger a quienes sirvieron durante décadas a la defensa y seguridad de la República Dominicana.
La actividad tuvo lugar en las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA) y estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), acompañado del director del ISSFFAA, contralmirante Henry Antonio Guzmán Taveras (ARD).
Durante el acto, el ministro Fernández Onofre resaltó que esta entrega no constituye un regalo, sino un derecho adquirido por cada militar, conforme al artículo 169 de la Ley 139-13, que establece la compensación por años de servicio dentro del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Explicó que este beneficio proviene de los aportes realizados por los propios miembros mientras se encontraban en servicio activo.
El titular del MIDE señaló que esta entrega representa no solo un deber legal, sino una obligación moral de la institución con quienes durante años sostuvieron con honor la bandera nacional y encarnaron la disciplina, los valores y el espíritu de servicio que distinguen a las Fuerzas Armadas.
Asimismo, enfatizó que esta jornada constituye un ejercicio de rendición de cuentas, transparencia y respeto hacia los retirados, reiterando que, mientras esté al frente de la institución, la seguridad social militar seguirá fortalecida para garantizar que el personal activo y en retiro se mantenga protegido y acompañado.
El ministro de Defensa también reconoció el esfuerzo extraordinario del ISSFFAA para organizar este proceso con eficiencia, responsabilidad y claridad, y expresó sus disculpas por el tiempo de espera, al tiempo que reafirmó su compromiso personal de defender y preservar la solidez del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas.
El proceso de entrega continuará conforme al cronograma establecido, a fin de garantizar que cada beneficiario reciba su compensación de manera organizada y oportuna.
El Ministerio de Defensa reiteró que estas acciones forman parte de la visión institucional orientada a honrar a quienes honraron a la patria, reconociendo su trayectoria y asegurando un retiro digno para los hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio militar.
Santo Domingo.– El Gobierno resalta el impacto económico y social del consorcio en más de un siglo de servicio al país.
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este martes el acto en el que el Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI) fue reconocido como “Agroempresa del Año 2025”, distinción otorgada por el Consejo de Directores de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).
La vicemandataria destacó la historia del consorcio y su aporte sostenido a la economía y a las comunidades donde opera. Afirmó que CAEI ha sido un referente en la generación de empleos dignos y en la ejecución de programas sociales que fortalecen a las familias y dinamizan los territorios.
“Desde el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, reafirmamos nuestra determinación de continuar apoyando al campo y a la industria nacional, para que prosperen, exporten más y sigan siendo motivo de orgullo para la República Dominicana”, expresó Peña.
Este reconocimiento es el máximo galardón que entrega la JAD a uno de sus socios, destacando los aportes que CAEI ha realizado durante 143 añosde labor, impulsando innovación, sostenibilidad y buenas prácticas dentro de la industria azucarera.
Roberto Serrano, presidente del Consejo de Directores de la JAD, expresó que el premio reconoce el trabajo de empresas y productores que contribuyen al desarrollo agropecuario en todo el país. Señaló que se busca resaltar el aporte de quienes modernizan la producción, fortalecen la sostenibilidad y amplían la competitividad internacional.
En ese mismo sentido, Osmar C. Benítez, presidente ejecutivo de la JAD, aseguró que CAEI “representa una institución moderna y profundamente responsable, cuya visión combina producción eficiente, manejo sostenible, energía limpia, investigación y desarrollo comunitario”.
La empresa es pionera en el uso de herramientas de agricultura moderna, integrando sensores terrestres, imágenes satelitales, automatización, modelos predictivos y manejo avanzado de datos para fortalecer la productividad.
Su impacto social, económico y ambiental se concentra principalmente en la provincia San Pedro de Macorís, donde la empresa desarrolla iniciativas de formación laboral, jornadas de educación ambiental, proyectos de limpieza de costas y acciones de protección de la biodiversidad. CAEI también forma parte de la Coalición Multisectorial para la Conservación de la Cuenca del Río Higuamo, que impulsa proyectos de saneamiento y reforestación.
La ceremonia de entrega del reconocimiento se realizó en el Salón Anacaona del Renaissance Jaragua Hotel & Casino, con la participación de líderes del sector agropecuario, representantes de organismos internacionales y funcionarios del Gobierno.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los jueces de un tribunal colegiado de Santo Domingo Oeste condenaron a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una niña de nueve años de edad en el sector Caballona de esa demarcación.
Yeremy Minaya González deberá cumplir la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de La Victoria.
La fiscal Rosa Terrero, adscrita a la Unidad de Prevención de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, indicó que el procesado aprovechaba que la madre de la víctima estuviera trabajando para abusar sexualmente de la niña.
En audiencia las fiscales litigantes Francheska Alcántara y Sugely Valdez presentaron diferentes pruebas documentales, periciales y testimoniales, que fueron acogidas y valoradas por los jueces para dictar la sentencia condenatoria en contra del procesado.
Los jueces Juan Pablo Ortiz, Nelcy Ortega y Leonarda Quezada, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, declararon a Minaya González culpable de violar varios artículos del Código Penal dominicano y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Santo Domingo.- La iniciativa fue supervisada por la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas, garantizando que las armas decomisadas no regresen a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía (MIP), con el apoyo de Metaldom y bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego, destruyó 3,945 armas de fuego decomisadas por el Estado, entre ellas revólveres, escopetas, pistolas, rifles y armas de fabricación casera.
Entre los artefactos destruidos había 1,580 pistolas y revólveres, 233 escopetas, 2 fusiles, 691 piezas de armas, 200 armas de fabricación cacera y 1,239 cargadores de armas.
La intervención de este martes fue realizada como parte del compromiso gubernamental de reducir la circulación ilegal de armas de fuego, fortalecer la seguridad pública y asegurar que los artefactos incautados nunca vuelvan a las calles.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó el proceso junto a autoridades de la Procuraduría General, el Ministerio de Defensa (MIDE) y la Policía Nacional.
“Desde el Ministerio de Interior y Policía hemos asumido el compromiso del Estado dominicano con la Hoja de Ruta para el Control de Armas, tanto a nivel nacional como internacional, para acabar con el tráfico de armas ilícitas. Cada arma destruida representa una vida que pudo haberse perdido y un delito que hemos evitado. Estas armas, que alguna vez fueron utilizadas para el crimen, hoy dejan de circular definitivamente, en cumplimiento de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados de la República Dominicana y en contribución a la construcción de un país más seguro y ordenado», expresó la ministra Faride Raful.
El acto tuvo lugar en las instalaciones de Metaldom, en el Parque Industrial Duarte, donde la empresa opera una unidad especializada en recolección y procesamiento de chatarra ferrosa, donde las armas se destruyeron mediante un moderno proceso de compresión.
Durante la actividad, el director país de Metaldom, Fernando De La Vega, destacó la importancia del sector industrial en este tipo de iniciativas. “Estamos comprometidos con un modelo de negocio que apuesta por la economía circular. Por eso nos sumamos a esta iniciativa que permite, desde la industria, transformar problemas en soluciones, promoviendo, además de seguridad, armonía con nuestros entornos”.
En el acto también participaron el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, además de la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de INICIA, Anyarlene Bergés, así como representantes del sector empresarial y de la sociedad civil.
Entre los invitados estuvieron Laura Peña Izquierdo (Copardom) y la presidenta de ECORED, Christy Luciano.
El Ministerio de Interior y Policía reafirmó que este tipo de acciones fortalecen la legitimidad del proceso de desarme y contribuyen de forma directa con la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana.
En febrero de este mismo año, durante una reunión de la OEA en Washington, donde la ministra Raful representó al país, República Dominicana, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá adoptaron la Hoja de Ruta para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos, un nuevo instrumento regional que busca fortalecer los marcos normativos existentes y las capacidades frente a lo que ha sido catalogado como una de las mayores amenazas para la seguridad y el desarrollo de la región.
La iniciativa, impulsada por la OEA, en alianza con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), cuenta con el apoyo técnico del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el soporte financiero de la Unión Europea.
La Policía Nacional identificó a los responsables del secuestro y posterior asesinato de José Ignacio Meléndez Medrano, alias “Satana”, cuyo cuerpo fue hallado con heridas de arma de fuego en Los Novas, San Cristóbal, tras ser reportado como desaparecido el 19 de noviembre.Los implicados en el crimen son:
Cristóbal Omar de los Santos Miranda, alias “Omar”
Yeury Yonel Linárez Jerez, alias “Yonel”
Rafael Araujo, alias “Rafaelito”
Un cuarto individuo identificado solo como “Saúl”
Los cuatro están señalados como autores materiales del secuestro y homicidio de Meléndez Medrano. Las autoridades advierten que los presuntos responsables son considerados extremadamente peligrosos, se desplazan fuertemente armados y podrían hacer uso de la violencia para evadir la justicia.
Según las investigaciones preliminares, el móvil del crimen estaría relacionado con viejas rencillas entre la víctima y el grupo de cuatro hombres, quienes actuaron de manera coordinada antes de darse a la fuga.
El caso es investigado por la Dirección Central de Investigación (DICRIM), a través de su Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, que mantiene operativos activos en la zona.
La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, intensifica las labores de búsqueda y localización de los prófugos. La institución hace un llamado a la ciudadanía para que brinde cualquier información que facilite su captura, garantizando absoluta confidencialidad.
