Ante la actitud pasiva y cómplice de las directivas de las dos cámaras y de los partidos políticos, Participación Ciudadana reclama investigación por parte del Ministerio Público, de los congresistas y ex congresistas que no han presentado su declaración jurada de patrimonio.
Información suministrada por la Cámara de Cuentas, a solicitud de Participación Ciudadana, revela que 20 diputados/as de los elegidos en el 2024 y 78 de los que salieron en el mismo año, no han presentado sus declaraciones juradas.
Los diputados actuales que no han cumplido con esta obligación establecida en la Ley 311-14 son: SOCORRO MONEGRO (PARLACEN), SERGIO MOYA, RAMÓN GORI (PARLACEN), RAFAEL CHALAS (PARLACEN), PEDRO CORPORÁN (fallecido), NAMIBIA DIDIEZ (PARLACEN), MELVIN LARA, KINSBERLY TAVERAS, JUANA CASTILLO, JOSÉ RODRIGUEZ, JHEYSON GARCIA, ISMAEL REYES (PARLACEN), EUGENIO CEDEÑO, EUDY DE LA CRUZ, ESMERALDA MANCEBO, ENMANUEL POLANCO (PARLACEN), CARMEN MOREL, CARLOS GIL, ANGEL SÁNCHEZ y ADELSO RUBEN CONTRERAS.
Todos los senadores actuales han cumplido, pero hay 7 ex senadores que continúan en violación a la ley, pues no han presentado su declaración de salida. Ellos son: BAUTISTA ROJAS, DAVID SOSA, IVAN SILVA, JOSÉ DEL CASTILLO, LENIN VALDEZ, MARTIN NOLASCO y RAMÓN PIMENTEL. El listado completo de los legisladores omisos figura en la certificación de la Cámara de Cuentas que hemos colocado en nuestra página como anexo de esta nota de prensa.
El régimen de consecuencias para los legisladores que, en vez de ser ejemplos en el cumplimiento de las leyes se convierten en transgresores, debería comenzar en sus propios partidos. También el Ministerio Público debería aplicar el artículo 19 de la ley citada, que dispone: “el Ministerio Público dará inicio a la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a hacer la declaración jurada de patrimonio, en el caso de haber finalizado el período o haber sido removido del cargo sin cumplir con los requerimientos de esta ley conforme al plazo establecido en la misma.”
Finalmente, Participación Ciudadana espera que la sociedad recuerde los nombres de los infractores y recaiga sobre ellos la sanción social y electoral correspondiente.
CONSEJO NACIONAL
