Me siento obligado a solidarizarme con la demanda judicial incoada por los queridos colegas Marino Zapata, Edith Febles, Altagracia Salazar, y la productora de televisión Mariasela Alvarez contra cuatro de las personas que recientemente encabezaron una campaña de difamación, en base a un invento, sin aportar siquiera un mínimo sustento.
Yo también fui objeto de la infame campaña, que me presentó como “Agente Especial de la USAID, Director Jefe de la Delegación RD, con salario mensual de 21,100”. Participé en el proceso para las demandas judiciales que han incoado esos cuatro colegas, pero me hice a un lado por recomendación de los abogados, quienes opinaron que por mi actual trabajo, que me mantiene fuera del país, podría ser convertido en blanco favorito de los demandados para tramitar incidentes que retrasarían el conocimiento del proceso judicial. Es la única razón por la que no firmo la demanda.
Sin embargo, deseo compartir públicamente la declaración emitida el 11 de mayo por los indicados colegas en el sentido de que estas demandas no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
También suscribo el criterio de que los señores Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves.
Así mismo comparto el propósito de los demandantes de buscar sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se aborden con argumentos y pruebas, no con agravios.
Bajo el criterio de que "no puede confundirse la libertad con la impunidad", me adhiero al llamado de los colegas “a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal”.
Juan Bolívar Díaz Santana
Periodista
México, 12 de mayo del 2025
