Santo Domingo, 8 abr (EFE).- Poco después de la medianoche del 8 de abril de 2025, mientras el merenguero dominicano Rubby Pérez amenizaba una multitudinaria fiesta en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, el techo se derrumbó y convirtió la celebración en una tragedia que dejó 236 muertos y un centenar de heridos que, un año después, reclaman justicia.
Durante casi una semana, la capital dominicana se convirtió en un ir y venir de ambulancias, patrullas policiales e intervenciones de las autoridades informando del número de víctimas, que no hacía más que aumentar.
Cicatrices que no cierran
El dolor sigue intacto en personas como Deyanira Sosa, madre de Melissa Tejeda Sosa, de 26 años, quien murió en la mayor tragedia en años en la República Dominicana.
«Era uno de los lugares más emblemáticos y, aparentemente, seguro donde venían personas a divertirse en un ambiente sano», lamentó la mujer en declaraciones a EFE.
Para Sosa, «este ha sido un proceso muy doloroso», especialmente cuando tiene que acudir a las audiencias en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set y acusados por el Ministerio Público de homicidio involuntario, una figura fuertemente criticada por los afectados, debido a que el propio órgano ha indicado que ambos mostraron «una inmensa irresponsabilidad y negligencia» al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del establecimiento colapsara.
Es «desgarrador» asistir a las vistas «a pedir justicia» a pesar de que, subrayó, «tenemos elementos y pruebas de que fue por negligencia» de los hermanos Espaillat, responsables de uno de los mayores conglomerados de medios de comunicación en el país.
El pasado lunes, tras un aplazamiento en enero y otro en marzo, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el inicio formal de la audiencia, a la que acudieron decenas de víctimas y parientes de fallecidos para reclamar justicia.
Al hacer un resumen de la acusación, el Ministerio Público, que solicitó juzgar a los dos imputados, afirmó que durante años los dueños del Jet Set realizaron obras en la infraestructura sin notificarlo a «ninguna» institución, «por lo que no hay registros de inspecciones de los procesos de remodelación de dicha edificación», lo que «constituye una inobservancia a la ley» y «una muestra de negligencia de parte de los mismos», afirmaron los fiscales.
Los hermanos Espaillat ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes, según la acusación en contra de ambos, que pisaron la prisión unos escasos días en junio, antes de que un juez les concediera la libertad condicional.
De hecho, en la única entrevista concedida hasta ahora a un medio de comunicación tras el accidente, Antonio Espaillat admitió el 23 de abril pasado que los plafones del techo «siempre» se caían y que el mismo día del derrumbe se cambiaron algunos de ellos, lo que atribuyó a «diferentes razones», al tiempo que reconoció que nunca se examinó el techo para constatar la situación real, pese a las filtraciones.
Esperanza en medio del dolor
Sobrevivientes de la tragedia y representantes de fallecidos se han unido en el Movimiento Justicia Jet Set, que ha convocado varias actividades por el aniversario de la tragedia, una fecha que, según un comunicado publicado este martes por la familia Espaillat «representa un momento de recogimiento para toda la sociedad, pero especialmente para quienes vivieron el hecho en primera persona».
Ana María Ramírez, rescatada de entre los escombros tres horas después del derrumbe, y que forma parte de dicho movimiento, confió en declaraciones a EFE que «este caso no se olvide» y que el Gobierno tome medidas para evitar que en el futuro ocurran tragedias similares.
«Tenemos esperanza de que con la unidad, la magnitud de los hechos y la presión internacional se marque un precedente y se llegue a una justicia real», apuntó Ramírez, quien perdió a una amiga aquella noche. EFE
