Santo Domingo. – La Contraloría General de la República (CGR) emitió la circular núm. IN-CGR-CIR-2026-0004, dirigida a todas las instituciones públicas bajo el ámbito de aplicación de esta institución, con el objetivo de fortalecer el control, la trazabilidad y la transparencia en los procesos de pago derivados de contratos de cesión de crédito y operaciones de factoring.
La disposición, firmada por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, tiene el propósito de garantizar la legalidad y correcta identificación de los actores que intervienen en las operaciones financieras del Estado, en procura de una mayor transparencia y control de los procesos.
El funcionario indicó que serán devueltos los expedientes que no cumplan con los requisitos que establece la circular para gestionar pagos a terceros vinculados a contratos de obras, bienes y servicios, en los que los proveedores hayan cedido sus derechos de cobro a favor de otra persona o entidad.
El documento instruye a las instituciones contratantes a verificar que el beneficiario del derecho cedido (el cesionario) se encuentre debidamente registrado como beneficiario deductor ante la Tesorería Nacional y en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef), como condición previa para la autorización de pagos.
Asimismo, en los casos en que dicho registro no exista, las entidades deberán gestionar su formalización ante la Tesorería Nacional, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa vigente sobre el procedimiento administrativo para el registro de pagos por cesiones de crédito.
La circular también precisa que, para fines de registro en el Sigef, los pagos deberán ser imputados inicialmente al proveedor o beneficiario original, aplicando las retenciones e impuestos correspondientes, mientras que los valores cedidos deberán reflejarse a favor del cesionario como beneficiario deductor.
En el caso de los ayuntamientos y otras entidades que no operan dentro del Sigef, la Contraloría recomendó adaptar estos lineamientos en sus sistemas internos de registro, a fin de asegurar la consistencia de la información financiera y la correcta actualización de los saldos contractuales.
Espinosa indicó que la institución continuará implementando los mecanismos y procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento de las referidas disposiciones, como parte de un plan dirigido a seguir fortaleciendo el control interno en las instituciones públicas.
