SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un tribunal condenó a 30 años de prisión a una mujer que embistió a otras tres, causando la muerte a una de ellas y provocando heridas de gravedad a las otras dos, en un hecho ocurrido en el barrio Los Arqueanos de  Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Leslie Yirel Medina Ramírez (La Beba), de 22 años de edad, fue sentenciada por la muerte de Elideiny Rodríguez Vicente, de 22 años de edad, y por causar heridas a la (entonces) embarazada Anyeika Jorfenix Liriano González y Liz Caroline Mateo, ambas de 18 años de edad.

El expediente instrumentado por el fiscal investigador Jesús Manuel Núñez, explica que la mañana del 22 de diciembre de 2024, mientras las tres mujeres caminaban juntas con destino a sus residencias, por la calle Emma Balaguer, del barrio Los Arqueanos de Villa Mella, fueron impactadas a alta velocidad por un vehículo blanco conducido por la procesada.

Un día antes, la encartada las había amenazado de muerte, vociferando que no iban a ver el año 2025, bajo el alegato de que Liriano González estaba embarazada de la pareja sentimental de la procesada.

El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses revela que Rodríguez Vicente murió a causa de hemorragia interna y trauma contuso múltiple, mientras que Liriano González, con seis semanas de embarazo, sufrió politraumatismo con componente craneal, toracoabdominal pélvico y Liz Caroline Mateo un trauma toracoabdominal y de miembro inferior derecho.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Francisco Vinicio, mostró al tribunal suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad penal de la hoy condenada, quien violentó los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano, sobre homicidio voluntario.

Por disposición de los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Ana Miledys Taveras e Isaías R. Martínez P., del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, la condena deberá ser cumplida por la agresora en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Una de las víctimas del hecho, ocurrido en Santo Domingo Norte, estaba embarazada.

Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 30 años de prisión a una mujer que embistió a otras tres, causando la muerte a una de ellas y provocando heridas de gravedad a las otras dos, en un hecho ocurrido en el barrio Los Arqueanos de  Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Leslie Yirel Medina Ramírez (La Beba), de 22 años de edad, fue sentenciada por la muerte de Elideiny Rodríguez Vicente, de 22 años de edad, y por causar heridas a la (entonces) embarazada Anyeika Jorfenix Liriano González y Liz Caroline Mateo, ambas de 18 años de edad.

El expediente instrumentado por el fiscal investigador Jesús Manuel Núñez, explica que la mañana del 22 de diciembre de 2024, mientras las tres mujeres caminaban juntas con destino a sus residencias, por la calle Emma Balaguer, del barrio Los Arqueanos de Villa Mella, fueron impactadas a alta velocidad por un vehículo blanco conducido por la procesada.

Un día antes, la encartada las había amenazado de muerte, vociferando que no iban a ver el año 2025, bajo el alegato de que Liriano González estaba embarazada de la pareja sentimental de la procesada.

El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses revela que Rodríguez Vicente murió a causa de hemorragia interna y trauma contuso múltiple, mientras que Liriano González, con seis semanas de embarazo, sufrió politraumatismo con componente craneal, toracoabdominal pélvico y Liz Caroline Mateo un trauma toracoabdominal y de miembro inferior derecho.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Francisco Vinicio, mostró al tribunal suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad penal de la hoy condenada, quien violentó los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano, sobre homicidio voluntario.

Por disposición de los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Ana Miledys Taveras e Isaías R. Martínez P., del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, la condena deberá ser cumplida por la agresora en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

Santo Domingo.– El evento, que se celebrará el 15 de marzo, coronará a Mariano Hernández y Zoila Luna como rey y reina, y contará con agrupaciones de Colombia y Brasil.

El Desfile Nacional de Carnaval 2026, previsto para el 15 de marzo, estará dedicado a la provincia de Puerto Plata, con el propósito de exaltar la historia y los rasgos distintivos de una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del país, marcada por su impronta marítima y por el taimáscaro, símbolo identitario de la demarcación.

La dedicatoria coloca en primer plano una tradición que, aunque hunde sus raíces en los orígenes coloniales del carnaval dominicano, consolidó su identidad contemporánea en Puerto Plata a partir de 1991. Ese año, un grupo de jóvenes creó el concepto del taimáscaro para diferenciar la propuesta local de otras plazas carnavalescas como La Vega y Santiago de los Caballeros. Desde entonces, esta figura se afianzó como el personaje central y distintivo del carnaval puertoplateño.

El nombre taimáscaro surge de la unión de “tai”, en alusión a los taínos, y “máscaro”, en referencia a los diablos enmascarados de tradición española. Su concepción estética y escénica pone de relieve la convergencia de las tres raíces culturales dominicanas: la taína, presente en el nombre y en los motivos decorativos; la española, reflejada en el diseño de la máscara y el vestuario, y la africana, vinculada a la música y al movimiento.

Entre sus rasgos más singulares destaca el simbolismo marítimo. A diferencia de otros carnavales que incorporan cascabeles, el taimáscaro utiliza caracoles marinos integrados al traje, cuyo sonido evoca la identidad costera de Puerto Plata. El atuendo consta de cinco piezas —pantalón, camisa, capa, babero y fajín—, además de la máscara que completa el conjunto.

Junto con el taimáscaro, el Carnaval de Puerto Plata integra personajes tradicionales presentes en otras celebraciones del país, como el Robalagallina, los africanos o tiznaos y las representaciones de indios. Las principales actividades se desarrollan en el malecón de la ciudad.

Protagonistas del DNC

Durante el anuncio oficial del Desfile Nacional de Carnaval 2026 se informó que el fotógrafo Mariano Hernández fue designado rey del carnaval, mientras que la comunicadora Zoila Luna ostentará el título de reina.

Asimismo, se dio a conocer que el reconocido carnavalero y artesano Juan Francisco Vásquez Acosta (Juampa) será el personaje homenajeado del desfile. Nacido en Cotuí en 1961, cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en el carnaval dominicano, destacándose en desfiles locales, regionales y nacionales, donde sus creaciones han sido premiadas en múltiples ocasiones.

Juampa fue galardonado con el Premio Nacional Felipe Abreu de Carnaval en 2011 y elegido rey del Desfile Nacional de Carnaval en 2018. Es además coautor del libro “El arte en la cabeza: rostro e identidad”.

Los organizadores proyectan la participación de unas 170 comparsas y alrededor de 9,000 integrantes —entre bailarines, músicos, artistas y artesanos— en un montaje concebido como una gran vitrina de la cultura popular dominicana, donde confluyen personajes tradicionales y expresiones de creatividad popular.

La convocatoria de este año contará además con invitados internacionales, entre ellos el Carnaval de Negros y Blancos, de Colombia, reconocido por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial, y la Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, entidad fundada en 1984 y responsable de organizar el desfile de las escuelas de samba del grupo especial en el sambódromo de la ciudad carioca.

Asimismo, participará una delegación del Carnaval de la Playa de Ponce, Puerto Rico, y de la National Federation of Masqueraders and Fancy Dress de Ghana.

Esta última estará encabezada por su majestad real Nana Ama Amissah III, reina madre suprema del Reino de Mankessim, en la República de Ghana, país de África Occidental.

La organización subrayó que el objetivo del desfile es reunir en un solo espacio las expresiones regionales de cada provincia, respetar la autenticidad de comparsas y personajes, fortalecer la industria creativa vinculada a la elaboración de caretas, disfraces y música, y potenciar la proyección internacional de la cultura dominicana durante 2026.

Santo Domingo.- La ADP le complace que no se hable de fusión de ministerios y se aborde en discusión franca la transformación de la educación dominicana.

El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sostuvo un encuentro con el ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos, en el cual se presentó y entregó el documento titulado “Llamado al magisterio nacional y la ADP”, que motiva la apertura de un proceso de diálogo sobre la reforma al sistema educativo nacional.

El encuentro se realizó en la sede del Mescyt, a petición del ministro Santos, quien solicitó al CEN de la ADP que le realizara una visita de cortesía con la presencia de los expresidentes y exsecretarios generales de la ADP. También participaron los 5 viceministros del Mescyt. 

El presidente de la ADP, profesor Eduardo Hidalgo, dijo que analizarán y discutirán el texto del documento, incorporándolo al debate institucional. 

El profesor Hidalgo ratificó la opinión de la ADP de rechazo al proceso de fusión del Minerd y el Mescyt y afirmó al ministro Rafael Santos que le complace se haya obviado en este momento tomar el proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional, a fin de viabilizar una discusión franca y plural para definir juntos una ruta de consenso para abordar la necesaria transformación de la educación dominicana.

“El CEN ha venido discutiendo este tema de la fusión con una postura firme de rechazo. En esas discusiones hemos dicho que una buena señal es el retiro del proyecto de ley de fusión depositado en el Congreso Nacional”, declaró el presidente de la ADP. 

Afirmó que la ADP siempre se ha incorporado a los procesos de debate que en distintos momentos se han instalado en el país, incluido el Congreso del Plan Decenal de Educación que trajo como resultado la presente Ley General de Educación 66-97 y el currículo vigente.

El profesor Hidalgo dijo que la ADP nunca ha estado al margen del debate y del diálogo, incluso asistiendo a todos los escenarios en que se han planteado, incluido el conocimiento del pacto educativo en el cual la ADP jugó un rol relevante. “Lo único que la ADP reclama es un trato respetuoso y de igualdad para ser parte activa y propositiva del debate”, expresó Hidalgo. 

El presidente de la ADP informó al ministro Santos que estas dos semanas próximas no tendrán tiempo para conocer el documento debido a que la ADP está muy ocupada con la organización del primer Congreso Pedagógico, que implica hacer las jornadas de reflexión en todas las escuelas, liceos y politécnicos del país.

De su lado, el ministro Santos dijo que esta es una visita importante por la relación indisoluble que él tiene con la ADP y, con esa vocación sindical, tiene que jugar su papel de defender su postura “y por eso entendemos que la ADP tiene que fijar su posición, con mucho cuidado, y nosotros como ministros estamos aquí sin dejar atrás el pasado. La ADP no viene a apoyar al ministro de Educación Superior, sino que viene a una invitación de cortesía que le hice y con todo su CEN, junto a los pasados presidentes y exsecretarios generales, vamos a hablar juntos sobre el futuro de la educación dominicana”, declaró el ministro Santos. 

Durante la reunión, el funcionario destacó la relevancia histórica y el papel del gremio magisterial en la defensa de la educación y de los docentes, señalando que la relación entre el Mescyt y la ADP es “profunda e indisoluble”.

“Esta no es una visita cualquiera. Entre el Mescyt y la ADP existe una relación histórica muy significativa. Somos conscientes de que la ADP, por su naturaleza de gremio defensor de la educación y de los maestros, siempre tendrá ideas propias, algunas coincidentes y otras diferentes, lo cual enriquece el debate democrático”, expresó.

Santos Badía afirmó que el diálogo respetuoso y plural es fundamental para el fortalecimiento de las políticas públicas educativas, subrayando que las diferencias de criterios forman parte natural de una sociedad democrática.

“Donde hay vida hay debate, hay intercambio de ideas. El consenso es fácil cuando todos piensan igual; lo verdaderamente importante es saber escuchar y respetar las posiciones distintas”, indicó.

Asimismo, manifestó su aprecio personal y profesional por la ADP, organización de la que recordó formar parte históricamente, al tiempo que valoró la presencia del comité ejecutivo nacional del gremio como una oportunidad para conversar sobre los retos y oportunidades del sistema educativo dominicano.

San Francisco de Macorís. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) realizó un encuentro con empresarios del sector de la panadería de la provincia Duarte para impulsar la incorporación de nuevas empresas al Programa de Formación Dual (PRODUAL), como parte de su estrategia de vinculación con el sector productivo.

La actividad fue organizada a través del Departamento de Servicios Empresariales de la Dirección Regional Cibao Nordeste, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el INFOTEP y las empresas, promover su integración al modelo de formación dual y fomentar la capacitación técnico profesional alineada con las necesidades reales del mercado laboral.

La iniciativa responde a las directrices estratégicas de la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, orientadas a impulsar una formación técnico profesional pertinente para el desarrollo productivo del país.

Durante la jornada se destacó la importancia de fortalecer el sector de la panadería mediante la formación de técnico en Producción de Panadería y Repostería, orientada a desarrollar talento humano calificado que responda a las demandas de las empresas y genere oportunidades de inserción laboral.

El modelo de formación dual combina la capacitación en los centros del INFOTEP con el aprendizaje práctico en las empresas, integrando formación y producción en un mismo proceso formativo.

Con esta iniciativa, la Dirección Regional Cibao Nordeste reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sector empresarial y la formación técnico profesional de calidad, impulsando alianzas estratégicas que contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo social de la región Nordeste del país.

En el encuentro participaron representantes y propietarios de distintas panaderías de la provincia Duarte, así como delegados de la Cooperativa de Productores de Harina (COOPROHARINA), quienes conocieron los beneficios del modelo de formación dual y las oportunidades de participación para sus empresas.

Estas acciones se desarrollan bajo la coordinación del director de la Dirección Regional Cibao Nordeste del INFOTEP, Fernelys Berigüete, como parte de la política institucional de fortalecimiento de la formación dual y la vinculación con el sector empresarial.

Por parte del INFOTEP estuvieron presentes Cecilio Mejía, encargado del Departamento de Servicios Empresariales; Rosangel Mercedes, encargada de división; Marvelin Tejada, asesora del Programa Dual (PRODUAL); y Olmedo Jáquez, asesor legal de la Formación Dual.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al evaluar la pertinencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), un tribunal condenó a 15 años de prisión a tres personas que formaban parte de la red trata de personas desmantelada con la Operación MC Girasoles.

A unanimidad, los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dictaron la sentencia condenatoria en contra de los venezolanos Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario José May Mendoza y Jhorman Derek Cortes Solano, acusados de incurrir en trata de personas agravada, bajo la modalidad de explotación sexual.

El tribunal dispuso que los tres condenados cumplan las penas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, así como el pago de una indemnización para cada víctima por un monto de RD$500 mil pesos.

La PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, estableció en el expediente acusatorio que la red criminal fue desmantelada con la Operación MC Girasoles, llevada a cabo en junio del año 2024.

Al responder preguntas de la prensa luego de emitido el fallo, la fiscal Aleika Almonte, de la PETT, destacó que el tribunal tomó en cuenta la responsabilidad penal de los encartados con base a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Almonte explicó que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público se mantienen firmes y, en una eventual etapa recursiva, la Corte tendrá la oportunidad de verificarlos y confirmar la responsabilidad penal de los imputados.

Sobre los fundamentos del tribunal para emitir la sentencia, detalló que consideró suficientes las pruebas aportadas, estableciendo que el Ministerio Público pudo demostrar la acusación y demostrar la configuración de los tipos penales por los cuales fueron encartados.

En el caso también trabajó Ángela Díaz, abogada de las víctimas.

La titular de la PETT explicó que esa unidad mantiene su compromiso de continuar fortaleciendo la persecución penal contra las estructuras criminales dedicadas a la trata de personas. “Se trata de un delito que constituye una grave violación a los derechos humanos y una amenaza para la seguridad nacional”, dijo Bejarán.

Los jueces Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista, dictaron la sentencia con base en los medios de pruebas aportados por el órgano acusador. Fijaron la lectura íntegra para el próximo 29 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde.

En las motivaciones los jueces establecieron que los testigos coincidieron en varios puntos, destacando que coincidieron en el hecho del lugar donde las víctimas se encontraban, en los objetos que se ocuparon en la residencia, ropas, sustancias que resultaron ser controladas, preservativos, documentos personales, balanzas y trituradoras que el Ministerio Público estableció en sus argumentos que eran para triturar sustancias controladas.

Luego de analizar las pruebas, el tribunal estableció que los tipos penales establecidos por el Ministerio Público se encuentran configurados con esos elementos probatorios que aportó.

El pasado jueves, luego de presentar sus conclusiones, las fiscales Aleika Almonte y Ginna Matías, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, solicitaron la imposición de penas de hasta 25 años de prisión contra los procesados, así como el pago de multas por 175 salarios mínimos y de las costas del proceso, así como el decomiso de bienes. Luego el tribunal fijó el fallo para este lunes y se retiró a deliberar.

El expediente indica que la operación se ejecutó luego de que el Ministerio Público rescatara a tres víctimas de nacionalidad colombiana, quienes manifestaron al órgano persecutor que estaban encerradas en dicho lugar, mientras recibían maltrato físico y emocional, además de que eran obligadas a sostener relaciones sexuales a cambio de dinero con diferentes clientes que visitaban el lugar donde se encontraban y en contra de su voluntad.

Durante los allanamientos que dieron con el arresto de Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario José May Mendoza y Jhorman Derek Cortes Solano, el Ministerio Público recolectó diferentes tipos de drogas ilegales.

Las investigaciones del órgano acusador revelaron que las víctimas eran obligadas a vender y distribuir sustancias narcóticas entre los clientes de esta red criminal.

En su método de operación, el expediente también establece que la referida red se dedicaba a captar víctimas para traerlas al país bajo la promesa de conseguirles diferentes tipos de trabajo, y una vez aquí, se les informaba que habían contraído una deuda de cuatro mil dólares que debían pagar brindando servicios sexuales a clientes que lo solicitan, siendo además ofrecidas a los clientes por medio de catálogos digitales a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Afirman que esa sentencia, además de inconstitucional, viola compromisos internacionales de protección de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático

La Coalición Mundial por los Bosques (GFC), y su contraparte local, la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, consideró hoy que la justicia dominicana debe anular urgentemente la sentencia de amparo dictada por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena reducir las áreas protegidas del Parque Nacional Jaragua, en la República Dominicana, para desarrollar proyectos privados de explotación turística, ya que este forma parte de la Reserva de Biosfera de la UNESCO.

Explican que dicha sentencia fue aprobada el 20 de noviembre de 2025, pero solo fue divulgada públicamente en febrero de este año 2026

“La decisión, que favorece a un consorcio privado de desarrollo de infraestructuras e inversiones inmobiliarias, viola la Constitución dominicana (artículos 16 y 6) , la Ley General del Medio Ambiente y la Ley Sectorial de Áreas protegidas. Asimismo, pone en riesgo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Con base en estas violaciones, así como en anomalías y falta de transparencia en el proceso, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana deben anular la sentencia”, explican ambas instituciones a través de un comunicado.

Darío Solano, coordinador de la Red Afros y miembro de la Junta Directiva de la Coalición Mundial por los Bosques (GFC), expuso que esta exigencia de anulación es apoyada por el movimiento ambientalista, así como por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales del país.

“El Parque Nacional Jaragua es una de las áreas protegidas más grandes del Caribe y alberga bosques con altos niveles de biodiversidad, muchos de los cuales están en peligro o amenazados. Son más de 70 mil hectáreas de bosques que estarían siendo impactadas para el beneficio del turismo depredador”, dijo Darío Solano.

Agrega que esa sentencia, además de inconstitucional, viola compromisos internacionales de protección de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático. Apunta que el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal establece claramente una meta para conservar de manera efectiva los ecosistemas forestales, aguas y zonas costeras y marinas. “También asumimos compromisos para lograr una mayor coherencia de acción climática, por lo que esta decisión es un grave retroceso”, aseveró.

Sostuvo que en la República Dominicana la modificación de la extensión de un parque nacional demanda la aprobación de una ley orgánica por dos terceras partes del Congreso Nacional. “Esta sentencia podría abrir un terrible precedente para profundizar el acaparamiento de tierras, la violación de derechos y la degradación de las zonas marinas y los ecosistemas naturales. En un momento de profunda crisis climática y con temperaturas récord de calentamiento global, esta sentencia es un atentado contra la vida”, advirtió Solano.

“Vemos con mucha preocupación esta sentencia del tribunal. El turismo masivo y elitista, muchas veces promovido como un catalizador para el desarrollo económico y la conservación ambiental, puede producir impactos irreversibles en los pueblos indígenas, comunidades locales, pueblos afrodescendientes, mujeres, jóvenes y ecosistemas”, dijo Kwami Kpondzo, coordinador de la Campaña de Industrias extractivistas, turismo e infraestructura de la GFC.

Agrega que se deben decolonizar la conservación, confrontar a las élites corporativas y priorizar la soberanía indígena, afrodescendiente y comunitaria”. La GFC insta al Tribunal Superior Administrativo (TSA) y a todos los órganos competentes en la República Dominicana a actuar de manera expedita para suspender esta sentencia de amparo, garantizar la protección ambiental, promover la justicia climática y respetar las leyes nacionales, compromisos internacionales y los derechos comunitarios.