La privatización de la salud se inició con Trujillo, fue acelerada por Balaguer y luego mantenida por los demás gobiernos, mercantilizando el sistema público de salud, manteniendo modalidades tradicionales de gestión y prestación de los servicios.
A principios del siglo XX, las Juntas de Sanidad, creadas en 1908, fiscalizaban la higiene y salubridad pública. En 1919, durante la Intervención Norteamericana, se creó la unidad de Salud Pública, convertida en la Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia y en 1941 en la Secretaría de Sanidad y Asistencia Pública. En 1956 se estableció el Código Trujillo de Salud Pública con un enfoque dictatorial, curativo, excluyente y asistencial.
Para 1930 existían 9 hospitales y 1 laboratorio nacional. El 70 % de la población vivía en el campo y carecía de servicios médicos, visitando a los curanderos y tomando remedios caseros. Las comadronas atendían la gran mayoría de los partos con una mortalidad general y materno-infantil muy alta. Libro Historia y Fundamentos del SDSS, Cap. III.
Según el Dr. Héctor Mateo, la mayoría era analfabeta, andaba descalza y tenía una esperanza de vida de apenas 48.4 años. Todavía muy pocas personas acudían a los mismos, salvo en casos extremos. Los médicos visitaban a los pacientes en sus hogares, bajo la modalidad de médicos de cabecera.
Trujillo obligó a vacunarse y prohibió andar descalzo, a fin de asegurar una mayor demanda para la FADOC, su fábrica de calzado. Las prostitutas tenían que someterse a un chequeo semanal. En marzo de 1948 se creó la Caja del Seguro Social, con grandes limitaciones y exclusiones, propias de la dictadura, adscrita a la Secretaría de Salud Pública.
Cobertura limitada, exclusiones e inicio del cobro en los hospitales públicos
Para el 1960, el país ya tenía 44 hospitales, 136 dispensarios médicos, un orfanato, 14 granjas o asilos, un manicomio y dos laboratorios. Salud Pública sólo tenía 60 médicos, menos de uno por municipio y 68 enfermeras. La cobertura hospitalaria se limitaba a los servicios básicos sin incluir atención médica especializada del tercer y cuarto nivel. Ello explica la creación post Trujillo de varios patronatos e institutos autónomos especializados, por iniciativa de la sociedad civil y de médicos meritorios.
Los cimientos de la privatización de la medicina pública provienen de una decisión de Trujillo. Los hospitales tenían un área de asistencia social, donde los enfermos podían recibir servicios gratuitos, previa evaluación socioeconómica. Para el resto de las familias, el dictador estableció el cobro de tarifas por el acceso a los hospitales, iniciando el proceso de privatización de la atención médica, como señala el Dr. Daniel Guzmán (QEPD).
Aunque hubo avances en relación al estado inicial de la salud pública, durante la dictadura, nunca se conoció la realidad sanitaria. No existían estadísticas confiables y nadie se atrevía a cuestionarlas ni a quejarse de la calidad de los servicios. Muchos médicos fueron antitrujillistas y decenas fueron encarcelados, asesinados y desaparecidos.
Trujillo construyó varios hospitales y modernizó la salud pública para perpetuarse en el poder, tratando de neutralizar las denuncias y campañas internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos. Pero utilizó su poder dictatorial para imprimirle un carácter excluyente, privatizador y clientelista al sistema nacional de salud.
Estableció un modelo de atención curativo, costoso y excluyente, ya desfasado en relación a las corrientes modernas de la medicina pública: 1) un horario limitado para facilitar la práctica privada de los médicos y directores de Salud Pública y del IDSS; 2) contratación de médicos sin supervisión, ni rendición de cuenta; 3) asignación de presupuestos históricos a los hospitales, sin relación con los servicios prestados, para satisfacer las demandas de gremios y proveedores favoritos; y 4) control político y burocrático de los hospitales, entre otras. La privatización de la salud se inició con Trujillo, fue acelerada por Balaguer y luego mantenida por los demás gobiernos, mercantilizando el sistema público de salud. Como señala la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), “las reformas e inversiones se han orientado a la modernización tecnológica, pero han quedado atrapadas en las modalidades tradicionales de gestión y prestación”.
