SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como solicitó el Ministerio Público, los jueces rechazaron la solicitud de los acusados sobre la extinción de la acción penal.

A solicitud del Ministerio Público, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la sentencia que rechaza la pretensión del mayor general Adán Cáceres Silvestre y compartes de evadir el juicio penal que se le sigue por corrupción administrativa.

El tribunal de alzada rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo argumentada por el procesado y confirmó en todos sus aspectos la Resolución Penal marcada con el núm. 249-02-2025-SRES-00089, dictada el 5 de agosto del pasado año por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por no haberse verificado los vicios argüidos por el recurrente.

El Ministerio Público estuvo representado por José Manuel Aguiló Talavera, procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y Jonathan Pérez, fiscal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El tribunal fue integrado por los jueces de la corte Isis Muñiz (presidenta), Nancy Joaquín y Teófilo Andújar, quienes rechazaron el pedimento del acusado por corrupción.

“Este tribunal rechaza el pedimento de extinción de la acción penal por duración máxima”, indicó el pleno del tribunal al dar a conocer la decisión.

El recurso de apelación fue interpuesto el 30 de septiembre del pasado año por Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), a través de los abogados constituidos y apoderados especiales Cristian Alberto Martínez, Romer Antonio Jiménez, Jesús Ramos Ramos y Francisco Álvarez Aquino.

Cáceres Silvestre, principal acusado del caso, encabezó la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos por más de RD$4,500 millones del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo emitieron en primera instancia la resolución penal que rechaza la extinción de la acción penal del proceso.

La decisión fue fundamentada en precedentes del Tribunal Constitucional, que ha establecido que para declarar la extinción de la acción penal se deben valorar parámetros razonables que justifiquen la dilación de un proceso, tomando en cuenta el contexto de la justicia dominicana, caracterizado por limitaciones operativas y múltiples recursos procesales que pueden retrasar la conclusión de los casos.

También, se estableció que en la fase preliminar se produjo una prórroga de la investigación, en la cual el plazo del artículo 299 del Código Procesal Penal fue extendido de cinco (5) a noventa y cinco (95) días hábiles, medida que fue adoptada para proteger el derecho de defensa en un proceso de gran magnitud, lo que justificó la extensión de los plazos.

En ese mismo orden, las juezas indicaron que durante la etapa de juicio se produjeron múltiples aplazamientos entre el 26 de octubre de 2023 y el 27 de junio de 2024, fecha en la cual inició la presentación oral de la acusación por parte del Ministerio Público.

Los citados aplazamientos respondieron a causas atribuibles a las defensas de los imputados, como la incomparecencia de personas jurídicas a través de sus representantes legales, la designación de defensores públicos, la concesión de plazos adicionales para que los nuevos abogados conocieran la acusación y las pruebas, las renuncias y cambios de defensores, la incomparecencia de defensas técnicas y las licencias médicas de imputados.

El tribunal, igualmente, indicó que no existe constancia de que algún aplazamiento o suspensión, tanto en la fase preliminar como en el juicio, haya sido provocado por el Ministerio Público o el actor civil querellante.

La decisión señala que: “Tras el análisis de todos estos elementos, entiende el tribunal que no puede determinar en el conocimiento del caso seguido al acusado Adán Benoni Cáceres Silvestre y compartes, que ha existido una dilación indebida, sino que el discurrir del proceso se ha dado dentro de los márgenes de la ley y respetando el derecho de todos los involucrados, lo que ha justificado la extensión del plazo previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal”.

El proceso contra la red de corrupción 

El Ministerio Público solicitó el pasado 5 de febrero al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional imponer penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola.

Además, solicitó 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) conmemoró su decimoséptimo aniversario con una misa de acción de gracias y una ofrenda floral en el Altar de la Patria en honor a los fundadores de la nación.

Las actividades iniciaron con una eucaristía en la Capilla Siervas de María, en el Distrito Nacional, en la que se agradecieron los logros alcanzados en la persecución de delitos eléctricos y la protección del patrimonio público.

Los actos fueron encabezados por el titular interino de la PGASE, José Aníbal Carela, quien resaltó el respeto de la institución por los valores patrios y su enfoque en la transparencia y la justicia en el ejercicio de sus funciones.

La PGASE fue creada mediante el Decreto No. 107-09 como órgano de la Procuraduría General de la República, con la misión de perseguir el fraude eléctrico mediante la aplicación de la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En un solemne acto cargado de patriotismo, el Ministerio Público se sumó al Distrito Educativo 0702 de Salcedo para rendir homenaje a los padres fundadores en  el marco de las actividades del Mes de la Patria.

Con el objetivo de promover en los estudiantes el respeto por los símbolos patrios y el orgullo de ser dominicano, el acto inició con el izamiento de la Bandera dominicana y la entonación del Himno Nacional, en la explanada del Palacio de Justicia de la provincia Hermanas Mirabal.

La actividad se celebra bajo el lema “Recorridos patrios con propósito” y representa un compromiso ciudadano que promueve la participación activa de la comunidad educativa, autoridades civiles, militares y la sociedad en su conjunto, recordando que la patria se construye con educación y valores.

En el recorrido patriótico estuvieron presentes la senadora de la provincia, María Mercedes Ortiz; representantes del Poder Judicial, la Defensoría Pública, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes y la Procuraduría de Medio Ambiente.

Durante el acto, la fiscal titular de Hermanas Mirabal, Zoila Rodríguez Ynfante, destacó la importancia de honrar los símbolos que representan la soberanía, la libertad y la identidad del pueblo dominicano, como la Bandera Nacional, herencia histórica de libertad. “Como servidores públicos, debemos ejercer con patriotismo, integridad, transparencia y vocación de servicio en nuestras funciones”, recordó.

De su lado, la directora del Distrito Escolar 0702 de Salcedo, maestra Yvelisse Rodríguez, motivó a la comunidad educativa y a todos los presentes a promover los valores patrios en el marco de un servicio público transparente y apegado al legado de los fundadores de la Patria.

Afirman nueva zona franca demandará trabajadores calificados para ocupar más de 10 mil empleos.

San Pedro de Macorís. -Empresarios, industriales de zona franca y entidades gubernamentales, respaldaron la instalación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) en la comunidad de Santa Fe, asegurando que fortalecerá el talento local y el sector productivo de la provincia San Pedro de Macorís.

Diversos representantes del sector empresarial y público valoraron la instalación del centro de formación y capacitación del INFOTEP en Santa Fe, San Pedro de Macorís, al considerarlo una respuesta concreta a la creciente demanda de talento técnico en la provincia.

El presidente de la Asociación de Industrias de la Zona Franca de San Pedro de Macorís, Simón Medina, afirmó que el Instituto Técnico Gastón Fernando Deligne permitirá suplir personal cualificado acorde con las necesidades actuales de las empresas.

“El crecimiento acelerado de las zonas francas y su proceso de diversificación nos ha llevado a demandar personal con competencias cada vez más variadas. Hace unos 20 años predominaba casi exclusivamente la manufactura textil; hoy el panorama es distinto, con la presencia de industrias de dispositivos médicos, electrónica y otras actividades especializadas que requieren personal técnico altamente cualificado en diversas áreas”, apuntó Medina.

De su lado, el presidente de Dominican Garden Products, Eduardo Bogaert, destacó que la expansión del parque Zona Franca del Este 23 demandará miles de nuevos empleos técnicos.

“Estimamos que esa nueva zona franca demandará unos 10 mil nuevos empleos bien remunerados. La zona sigue creciendo y eso es lo importante”, señaló.

n tanto, el gerente general de VIT Surgical, Abel Martínez, subrayó la necesidad de contar con mano de obra certificada.

“Se requiere personal técnico capacitado en manejo de materiales, operación de maquinaria y en procesos de inspección, evaluación y validación. No necesariamente se trata de perfiles de ingeniería, sino de personas debidamente formadas y con dominio específico del área en la que se desempeñarán”, destacó.

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Daniel Liranzo, consideró que el centro aportará habilidades técnicas avanzadas para fortalecer la productividad.

“Una de las necesidades que enfrenta el sector es la disponibilidad de talento humano calificado. Cada técnico que logra capacitarse encuentra trabajo dentro de la zona franca y así se suple la demanda de empleo que cada día se genera”, declaró.

Finalmente, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, afirmó que la iniciativa representa una oportunidad estratégica para la provincia.
“Muchas empresas no se instalan en la provincia porque no hay personal calificado. No debemos atentar contra la estabilidad de los empleos aquí en San Pedro”, manifestó.

Nuevas oportunidades para jóvenes de San Pedro

El INFOTEP informó que para este año 2026, tiene previsto impactar un total de 17,557 participantes sólo en la provincia de San Pedro de Macorís. Del mismo modo, busca abrir las puertas al público de su nuevo centro con talleres de: Confecciones, Joyería, Informática, Impresión Digital, Taller de Diseño Gráfico, Taller de Electricidad, Taller de Informática, Taller de Electrónica, Refrigeración, Electricidad, Mecánica Industrial y Soldadura.

El centro beneficiará los sectores Guayacanes, Ramón Santana, Consuelo, Quisqueya, San José de los Llanos y el municipio cabecera San Pedro de Macorís, así como los distritos municipales El Puerto y Gautier.

-Entre rescatados figuran seis menores de edad.

La Policía Nacional, en coordinación con la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos, rescató la madrugada de este miércoles a ocho personas que habían quedado atrapadas en su vivienda debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

El operativo fue desplegado luego de que el señor Lantigua Polanco notificara que varios miembros de su familia se encontraban imposibilitados de salir de su residencia, ubicada en el sector José Francisco Peña Gómez (Barrionuevo), así como en zonas aledañas como Los Solares, debido a la acumulación de agua.

Fue así que las autoridades lograron poner a salvo a ocho personas: seis menores de edad (cuatro varones y dos hembras) y dos mujeres adultas, una de ellas en estado de embarazo. Todos fueron evacuados con éxito y sin que se reportaran novedades o lesiones.

La intervención fue encabezada por el director regional de la Policía Nacional en María Trinidad Sánchez, general Miguel Mata Rodríguez, junto al subdirector regional, coronel Carlos Julio León Mota, y el comandante del Departamento Operativo I, coronel licenciado José Rafael Gómez Fernández.

También participó el cabo Sosa Reyes, supervisor de los servicios en Nagua, además de otros miembros policiales.

En la labor de rescate estuvieron presentes el director provincial de la Defensa Civil, Franklin Tavera Difo, junto a su equipo de trabajo, así como unidades del Cuerpo de Bomberos.

La Policía Nacional reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con los organismos de socorro para salvaguardar vidas y brindar asistencia oportuna a las comunidades afectadas por las condiciones climáticas adversas.

Santiago. – El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) reafirmaron su compromiso de colaboración interinstitucional para promover entornos de trabajo más seguros en el país.

Durante un encuentro, ambas entidades destacaron la importancia de las acciones articuladas para impulsar iniciativas orientadas al bienestar de la clase trabajadora.

Asimismo, para el fortalecimiento del sector empresarial, mientras contribuyen a una sociedad más productiva y enfocada en el bien común.

El director ejecutivo del IDOPPRIL, doctor Agustín Burgos, reiteró que la institución actúa como un ente protector tanto del sector público como del privado. Subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo la prevención de riesgos laborales de la mano con las organizaciones empresariales.

En tanto que el presidente de la ACIS, ingeniero Marcos Santana, resaltó que esa organización constituye un espacio clave para construir sociedad desde el sector empresarial. Esto, mediante acciones conjuntas que fomenten el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del tejido productivo.

Durante el intercambio, se abordaron temas estratégicos como el acompañamiento a las compañías en el desarrollo de protocolos de prevención. Además, la capacitación especializada en seguridad y salud laboral, y la importancia de mejorar la recopilación de datos para prevenir accidentes laborales y de trayecto.

Asimismo, se destacaron iniciativas orientadas a optimizar los sistemas de registro y análisis de incidentes. Estas incluyeron la actualización de formularios para medir impactos, la elaboración de mapas de calor que permitan identificar zonas de mayor incidencia y el impulso de investigaciones científicas para comprender los factores de riesgo.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público capturó a un hombre condenado a seis años de prisión por un tribunal del distrito judicial de San Cristóbal tras ser hallado culpable de provocarle la muerte a otro en el año 2023.

Bruno Lorenzo Carmona (Wilkin) fue arrestado en la citada provincia para ejecutar en su contra la sentencia definitiva que le condena por provocar la muerte, a causa de heridas de arma de fuego, a Braulio Encarnación Terrero.

La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio (Ucaprec), encabezada por la procuradora fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la orden judicial de captura y arresto, emitida por la jueza interina Miolany Herasme Morillo, de la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal.

El Ministerio Público presentó a Lorenzo Carmona ante el referido tribunal para su remisión al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR), en la provincia San Cristóbal, donde cumplirá la sentencia.

Sobre el caso, el expediente indica que previo al crimen el procesado y la víctima discutieron. Posteriormente, Lorenzo Carmona disparó con una pistola al hoy occiso, en un hecho ocurrido en el tramo de la calle 5 de abril – Villa Fundación.

Luego de ocurrido el crimen, Lorenzo Carmona fue sometido a la justicia en fecha 30 de mayo de 2023, por violar los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano y 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales y Relacionados.

En el proceso, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, emitió, en fecha 23 de enero de 2025, la sentencia penal número 301-03-2025-SSEN-00008, que lo condenó a seis años de prisión.

Posteriormente, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, mediante la sentencia 1571-2025-SPEN-00243, del 29 de octubre de 2025, confirmó la sentencia dictada en primera instancia, tras rechazar un recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado. La secretaría de dicha corte también certificó que no se presentó recurso de casación contra la citada sentencia.