SANTO DOMINGO (República Dominicana).- William Lizandro Rosario Ortiz deberá cumplir una sentencia definitiva de 5 años de prisión que le fue impuesta por delitos de corrupción.

El Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional al procesado William Lizandro Rosario Ortiz, condenado a 5 años de prisión por su participación en el fraude del sorteo de la lotería judicializado a partir de la puesta en marcha de la Operación 13.

Contra Rosario Ortiz fue ejecutada la Orden de Retención emitida en virtud de la sentencia número SCJ-SS-25-1227, de fecha 31 de octubre de 2025.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó un recurso de casación incoado por Rosario Ortiz para que le fuera anulada la condena de cinco años de prisión que le impuso la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante su sentencia penal núm. 502-2024-SSEN-00030, del 14 de marzo de 2024.

La corte de apelación condenó al procesado por violación a los artículos 179, 180, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, y los artículos 3 y 5 de la Ley núm. 448-06, Sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, los cuales tipifican y sancionan los tipos penales de soborno a funcionario público, por haberse presentado pruebas suficientes que destruyeron su presunción de inocencia.

Rosario Ortiz fue acusado, junto a otras personas, de concebir, coordinar y ejecutar el plan para manipular un sorteo de la Lotería Nacional, estableciendo roles diferenciados y estrategias comunes dentro de un concierto criminal previamente planificado.

El Ministerio Público lo procesó como el principal organizador y sobornante activo para la ejecución del sorteo fraudulento, coordinando los pagos y la ejecución del plan con sus colaboradores. El expediente indica que tuvo un rol activo en la coordinación y manipulación del sorteo, ejerciendo influencia indebida sobre los demás participantes.

En el mismo fallo contra Rosario Ortiz la Suprema Corte de Justicia también conoció otro recurso en el que declaró al coacusado Eladio Batista Valerio culpable de violar las disposiciones de los artículos 265 y 266 del Código Penal dominicano.

En ese sentido, condenó a Batista Valerio a cumplir la pena de tres años de reclusión, con la suspensión total y condicional de su cumplimiento bajo las reglas del artículo 41 del Código Procesal Penal que disponga el juez de Ejecución de la Pena.

La Suprema condenó a William Lizandro Rosario Ortiz y a Eladio Batista Valerio al pago de las costas penales del proceso.

El condenado Rosario Ortiz deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

En el proceso judicial que se conoció a partir de la puesta en marcha de la Operación 13 por parte del Ministerio Público también fueron sentenciados Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, siendo condenados a cinco años de reclusión cada uno, tres en los CCR Najayo Mujeres y Najayo Hombres y dos suspendidos.

Igualmente, fueron condenados Miguel Mejía y Rafael Mesa, los cuales fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En atención al pedimento de las autoridades de República Dominicana, el Reino España extraditó la noche de este lunes al ciudadano dominicano Miguel Ángel Álvarez García, quien tiene un proceso penal abierto por asesinato y porte ilegal de armas de fuego en el Distrito Nacional.

Álvarez García, también conocido como Armando Gómez Sánchez (Manteco, Mantequilla, el Gordo, el Grande y el Compañero), es acusado de ordenar el asesinato de Cristofer Díaz Rodríguez ocurrido en la calle Ramón Cáceres esquina Américo Lugo, del Ensanche La Fe, en el Distrito Nacional, el 6 de noviembre de 2024.

El extraditado, quien fue traído al país en un vuelo a través del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), fue escoltado por miembros de la OCN-Interpol en Santo Domingo y presentado ante la Fiscalía del Distrito Nacional para continuar con el proceso judicial.

Con relación al caso, el expediente señala que para cometer el hecho el extraditado se asoció con Sandy Gabriel Alcántara (Chamaco), quien fue identificado como la persona que le disparó a Cristofer Díaz Rodríguez.

Las investigaciones hechas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, les condujeron a establecer que Álvarez García ordenó el asesinato de Díaz Rodríguez y a tales fines se asoció con Sandy Gabriel Alcántara (Chamaco) y Manuel Antonio Mora (Enchumbao), ambos con prisión preventiva, así como con José David Rojas Mueses (la Boa) y José Luis Díaz Reyes (Vacano), estos dos últimos prófugos.

El proceso de extradición fue ejecutado en una acción conjunta de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos del Ministerio Público junto a la Fiscalía del Distrito Nacional.

La extradición fue concedida luego de que el Ministerio Público cumpliera con los trámites legales correspondientes.

En un comunicado de prensa el Ministerio Público reitera su agradecimiento a las autoridades del Reino de España por su respaldo continuo a las acciones que se llevan a cabo para enfrentar la criminalidad y evitar la impunidad, logrando el arresto del prófugo, quien escapó a ese país luego de que ocurriera el caso.

El extraditado Álvarez García es acusado de violar los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales relacionados.

San Francisco De Macorís. -En un esfuerzo para continuar desarrollando la formación integral y la expansión de diversos programas formativos a toda la zona que comprenden esta jurisdicción, la dirección Regional Cibao Nordeste del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), coordina acciones con la dirección Regional 07 del Minerd con sede en esta ciudad.

La información la dio a conocer el director regional del INFOTEP Fernelys Berigüete, quien manifestó que este encuentro se llevó a cabo con el objetivo de dialogar sobre la formalización de acuerdos y alianzas interinstitucionales que fortalezcan la educación técnica en esta Regional 07.

Berigüete indicó, que dicha reunión en la que además participaron otros colaboradores y funcionarios de la entidad que en esta demarcación preside, estuvieron presentes el director regional de Educación 07, Wilson Rafael Ortega.

Dijo que dicha iniciativa busca también promover la realización de futuros talleres formativos en los centros politécnicos de la región, así como la capacitación de estudiantes de 5.º y 6.º grado de los 12 centros politécnicos que conforman la Regional 07, quienes podrán egresar certificados en distintas áreas técnicas.

En el encuentro participaron, además, del equipo coordinador de programas, la subdirectora Cristobalina Medina, quienes resaltaron la importancia de estos acuerdos para impulsar la formación técnica y profesional de los estudiantes, alineada con las demandas del mercado laboral y el desarrollo regional.

Otras personalidades que estuvieron en dicho encuentro, fueron, los directores distritales José Stalin García Rivera, del Distrito Educativo 07-06, y Rodolfo Martín Cruz Martínez, del Distrito Educativo 07-07, así como del técnico regional de Politécnicos, Ramón García.

Datos

Durante la jornada, las autoridades reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada en favor de una formación técnica de calidad, que contribuya al fortalecimiento de las competencias de los jóvenes y al crecimiento sostenible de la región.

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) suscribieron un convenio de cooperación para fortalecer la prevención, orientación y defensa de los derechos de las personas trabajadoras y mejorar los servicios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

El director ejecutivo del IDOPPRIL, doctor Agustín Burgos Tejada, firmó el acuerdo junto a su homólogo de la DIDA, Elías Báez de los Santos.

El mismo contempla una agenda conjunta para la educación y capacitación técnica, la organización de congresos y actividades formativas de alcance nacional e internacional. Además, el desarrollo de campañas de sensibilización y la producción de materiales educativos dirigidos a trabajadores y empleadores.

Durante el acto, el Dr. Burgos destacó que esta alianza “fortalece la capacidad institucional para prevenir riesgos laborales, garantizar prestaciones oportunas y promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo basada en la cooperación y el conocimiento técnico”.

De su lado, el director general de la DIDA valoró la iniciativa. Afirmó que el acuerdo representa “un paso concreto hacia una mayor articulación del sistema, donde la prevención, la información, la educación y la defensa de derechos se desarrollan de manera coordinada, con el trabajador en el centro de la gestión pública”.

Asimismo, el titular de la DIDA subrayó que la coordinación interinstitucional es esencial en materia de riesgos laborales, accidentes y enfermedades profesionales, ya que permite ofrecer respuestas oportunas y eficaces en beneficio de la población afiliada.

El acuerdo también contempla la optimización de los mecanismos de coordinación para la gestión y seguimiento de casos vinculados al Seguro de Riesgos Laborales (SRL). Esto incluye protocolos de derivación y acompañamiento jurídico-técnico, orientados a garantizar una protección efectiva de los derechos de los trabajadores.

También pactaron la creación de un Observatorio Interinstitucional sobre Seguridad Social y Riesgos Laborales, que generará informes periódicos, indicadores técnicos y recomendaciones para fortalecer la cultura preventiva y la mejora continua del sistema.

Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de continuar impulsando acciones en favor de la protección integral de la clase trabajadora.

Acompañaron al Dr. Burgos el señor Juan Brito, asesor de la Dirección Ejecutiva; la doctora Érika Moreno, directora de Salud; Dra. Francis Brito, directora de Prevención; el ingeniero José Alejandro Alejo, director de Servicio al Usuario; y la licenciada Omayra Melo, en representación de la Dirección Legal.

Por la DIDA participaron, además, Bernardo del Carmen, coordinador del despacho general; Marlen Bereoa, directora Jurídica; Julissa Magallanes, directora de Promoción y Capacitación; Joandel Marte, encargado de Promoción, y Jéssica Cruz, asistente del director general.

Presuntamente, varios señalamientos por abuso sexual enfrenta un doctor del municipio de Las Guáranas, en San Francisco de Macorís, quien no sería la primera vez que enfrenta acusaciones de esta naturaleza. Aunque el caso de una joven haitiana habría sido el detonante de su apresamiento, trascendió que existirían otras denuncias en su contra.

El profesional de la medicina se encuentra bajo custodia en el cuartel general de la Policía Nacional de esta ciudad, tras ser objeto de graves acusaciones por presuntos delitos sexuales cometidos contra pacientes que asistían a su consulta.

La detención se produjo luego de que una joven de nacionalidad haitiana, de 20 años, interpusiera una querella formal. Según el testimonio de su padre, la joven acudió a una policlínica local para realizarse una ecografía debido a un presunto embarazo.

El denunciante relató que el médico presuntamente habría aprovechado el momento de la revisión para abusar de ella. Asimismo, indicó que el galeno habría intentado coaccionar a la víctima, amenazándola con llamar a las autoridades migratorias para su deportación si se atrevía a denunciar lo ocurrido.

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso el ascenso del general Andrés Modesto Cruz Cruz, (PN), al rango de mayor general y su designación como nuevo director general de la Policía Nacional, mediante el Decreto núm. 111-26.

La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el Decreto actual deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23.  

En la misma decisión, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta fue colocado en honrosa situación de retiro, por el cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional y designado asesor del presidente de la República en materia policial.

El mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna. Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026). Previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director Regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando.

Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez. Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional.

Santo Domingo.- La Dirección General de Migración, en una operación conjunta con el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, desplegó un operativo de gran escala en el sector Los Minas de Santo Domingo Este, en el cual fueron detenidos 454 nacionales haitianos en condición irregular.

La intervención fue ejecutada previa coordinación con el Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Procuraduría General de la República y Policía Nacional, bajo el mando del general de brigada Eddy Pérez Peralta (PN), director regional SDE PN; coronel Rafael Hernández Rivera (ERD), director de Interdicción DGM, y el coronel Darling Mota Tolentino (FARD), subdirector de Inteligencia DGM, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04 y reforzar la seguridad ciudadana.

Las acciones se concentraron inicialmente en el sector Katanga, como punto neurálgico de la zona, extendiéndose a otros sectores como Vietnam, y demás calles y avenidas circundantes.

Según el informe oficial, un total de 454 personas fueron retenidas, entre los cuales se contabilizaron 280 hombres, que fueron interceptados mientras las autoridades peinaban la zona en busca de asentamientos irregulares y personas actuando al margen de la ley.

Todos los detenidos fueron trasladados de inmediato al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, ubicado en San Cristóbal, donde a su llegada se inició el protocolo correspondiente de identificación, depuración, investigación y registro biométrico, asegurando que cada caso sea manejado con estricto apego a los derechos humanos.

Los inmigrantes que no puedan justificar un estatus migratorio legal en el país serán deportados a su país de origen luego de completado el debido proceso establecido por nuestro marco legal.

El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), director general de Migración reiteró el compromiso de la institución que dirige con el control migratorio en todo el territorio de la República Dominicana.

Santo Domingo.– La operación se ejecutó en las costas de la provincia Peravia y contó con la participación activa de unidades marítimas, aéreas y terrestres.

En lo que constituye otro contundente y decisivo golpe a las estructuras del narcotráfico internacional, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD) y de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), coordinados por el Ministerio Público y con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos (U.S. Southern Command), incautaron un importante cargamento de 2,049 paquetes (más de dos toneladas) de presunta cocaína, durante una operación conjunta y combinada desplegada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Los equipos operativos, apoyados por fuerzas aliadas, desarrollaron un amplio y riguroso dispositivo de vigilancia e intensa persecución aérea, marítima y terrestre, que permitió interceptar una embarcación tipo “Go Fast”, la cual se dirigía hacia costas dominicanas en actitud sospechosa, con varios individuos a bordo.

Tras más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido, las unidades actuantes lograron neutralizar la embarcación, de aproximadamente 30 pies de eslora, a varias millas náuticas al sur de las costas del referido municipio. En su interior fueron ocupadas 69 pacas, que contenían un total de 2,049 paquetes de la sustancia, envueltos en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos.

De acuerdo con los primeros informes, la lancha, equipada con dos motores fuera de borda de 150 caballos de fuerza cada uno, sin nombre ni matrícula, habría arribado a costas dominicanas procedente de Sudamérica, modalidad empleada por las redes criminales para intentar introducir grandes alijos de drogas al territorio nacional.

“Se trata del cargamento de mayor volumen confiscado en el interior de una lancha por vía marítima, lo que evidencia una vez más el firme compromiso del Gobierno de la República Dominicana en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado”.

Durante la operación fueron arrestados seis ciudadanos dominicanos, quienes serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas, por violación a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

La DNCD, con el firme respaldo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, los organismos de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, continúa fortaleciendo su capacidad operativa, logrando confiscar, en lo que va del año 2026, más de 3.2 toneladas de distintas sustancias narcóticas, lo que reafirma el liderazgo de las autoridades dominicanas en el combate regional contra el tráfico ilícito de drogas.

Los paquetes ocupados fueron enviados bajo estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-La magistrada Gisela Altagracia Cueto González, con más de 40 años de servicio en el Ministerio Público, ofreció las palabras de agradecimiento en nombre de los diez fiscales galardonados por el Consejo Superior en la primera edición del Premio al Mérito.

Con una dilatada carrera de 52 años en la función pública, la magistrada Gisela Altagracia Cueto González recibió un reconocimiento por su trayectoria en el “Premio al Mérito” del Ministerio Público celebrado la noche del domingo.

Cueto González inició su carrera de servicio como secretaria en la Tesorería del Ayuntamiento de Luperón, de su natal Puerto Plata, pueblo en donde fue maestra de Quinto y Sexto cursos de Primaria en la  Escuela Primaria Urbana Pedro Alejandrino Pina.

Graduada de Licenciada en Derecho en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 1971, trabajó como secretaria auxiliar de  la Cámara de Diputados y encargada, entre 1976 y 1979, de Redacción y Corrección de Proyectos de Leyes. 

Entre agosto de 2004 pasó a la función de Procuradora General Adjunta a cargo del Departamento de Asistencia Jurídica Internacional y Extradición, función que desempeñó hasta 2019, cuando pasó a ser Encargada de la Procuraduría Especializada para la Persecución de Delitos Electorales hasta 2023.

Gisela Cueto ofreció las palabras de agradecimiento en la premiación, celebrada por el Consejo Superior del Ministerio Público en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, para reconocer su trayectoria de décadas en la institución, al igual que a  Ana María Luisa Burgos Crisóstomos y Casilda Alida Báez, quienes también  han llegado a la posición de procuradora adjunta. 

En el evento, se reconoció y celebró, asimismo, la trayectoria de los procuradores de corte Jesús María Fernández Vélez, Ramón Mejía, Félix Castillo Nolasco, Rita María Dolores Durán Imbert y Adolfo Martínez, así como las magistradas Luisa Marmolejos y Somnia Vargas Tejada.

A continuación las palabras de la magistrada Gisela Cueto:

Muy buenas tardes, decía yo, pero yo veo que es noche, señora procuradora general de la República y miembros del Ministerio Público aquí presentes.

Muy buenas noches, señores invitados que han tenido la bonhomía de corresponder a la invitación que le hiciera el Consejo del Ministerio Público para estar aquí apoyándonos.

Señores, parece que hemos invertido bien nuestras vidas o somos muy afortunados o ambas cosas; nos homenajean por solo haber hecho lo que debíamos hacer. 

Digo esto, porque, probablemente, ¿cuánta gente mejor que nosotros viven y mueren haciendo el bien sin que nadie les reconozca?

En lo que a nosotros concierne, hago un contraste entre este lugar tan glamoroso y el quehacer del Ministerio Público. 

¿Qué contraste? 

¿Cómo es nuestra vida?, ¿cuánto estrés?, ¿cuánto restar tiempo de calidad a la gente que amamos?, ¿cuánto estrés?,  a veces afectándose nuestra propia salud. Pero, aun así, somos afortunados.

Señores, el trabajo del Ministerio Público exige trabajar sin respetar horarios ni días de fiesta. Nuestros hijos sienten nuestra ausencia, la conexión con nuestros amigos y, como dije hace un momento, suma estrés en detrimento de nuestra propia salud. 

Afrontamos el riesgo con temeridad. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo no soy una persona arrojada, peleadora, guapa… 

Sin embargo, nadie sobre la tierra ha podido retorcer mi brazo para hacer lo que yo creo que no debo. 

No tenemos nada que dar, servimos. 

Somos servidores del pueblo. Somos un elemento de equilibrio. No tenemos nada que regalar. Entonces, solamente debemos cumplir con nuestra obligación de hacer el bien. 

Hacer el bien, porque hacer el bien implica nuestro trabajo. Es implicativo hacer el bien, incluso a las personas que delinquen, a las personas que violentan la ley. 

Nosotros estamos construyendo una sociedad donde sus hijos tengan holgura para vivir.

Digo yo, el trabajo de un fiscal jamás podrá ser mejor ponderado que por uno de nosotros, alguien que haya estado en nuestros zapatos. 

Lastimosamente, es fácilmente advertible que no se dispensa el trato en igualdad de condiciones a gente que trabaja en el sistema de administración de justicia con menos riesgos, menos estrés, menos esfuerzo, con menos situaciones apremiantes con las que lidiar en el día a día de su quehacer profesional.

Aunque no podemos pecar de injustos, si comparamos lo que era el estado de cosas al inicio de nuestra carrera, que en este momento. Sin embargo, todavía no estamos al nivel que deberíamos. 

Pregúntenle a Casilda (Báez), pregúntenle a Ana Burgos, cómo nosotros teníamos que trabajar con velas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva; que cuando los presos se revolteaban, había de todo, por todas partes, con mucho calor… muchas exigencias y montones y montones de trabajo. 

Son temas muy controversiales, el tema de la desigualdad, y este día no es para controversias, sino, para alegrarnos, congratularnos y para disfrutar esta tarde glamorosa en la que se nos homenajea por haber hecho lo que debíamos hacer. 

Sería una mezquindad de nuestra parte el no agradecer al Consejo Superior del Ministerio Público la distinción de las que esta tarde nos hace acreedores, solo nos resta instar a los miembros de Carrera, tanto salientes, como los que continúan en el ejercicio, a no cejar en nuestro afán porque la ley se cumpla en su plenitud y a honrar con la dignidad de nuestra vida y de nuestro proceder nuestra insignia, nuestra bandera, nuestro himno para que podamos enarbolarlos con sano orgullo.

¡Muchísimas gracias!

Santo Domingo. -La designada directora general llamó a preservar el legado institucional y fortalecer el trabajo conjunto en favor de la formación técnico profesional.

En el marco de la emisión del decreto 95-26, firmado por el presidente Luis Abinader, mediante el cual se dispone su designación como directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla Pineda dirigió un mensaje de agradecimiento y compromiso a todos los colaboradores de la institución.

Durante su intervención, la designada titular expresó profunda gratitud por el respaldo recibido y destacó la importancia de la unidad institucional para dar continuidad al proceso de fortalecimiento que vive la entidad.

“Reafirmo mi compromiso de fortalecer la labor que realizamos desde el INFOTEP y de impulsar su expansión para que cada vez más dominicanos y dominicanas tengan acceso a formación técnico profesional de calidad”.

Morla Pineda agradeció de manera especial a los miembros de la Junta de Directores y al sector empresarial por la retroalimentación y el voto unánime que respaldó su designación, señalando que ese apoyo constituye un estímulo para continuar trabajando con responsabilidad y sentido de servicio.

“Nuestro propósito es llegar más lejos, impactar más comunidades y seguir aportando talento calificado al aparato productivo nacional, porque cuando capacitamos transformamos vidas y dinamizamos la economía de nuestro país.”

Asimismo, resaltó la importancia de preservar el legado construido en los últimos años y de seguir impulsando una gestión orientada a la calidad, la innovación y la ampliación de oportunidades para la población dominicana a través de la formación técnico profesional.

En un tono cercano y reflexivo, reiteró su confianza en el trabajo en equipo como eje para consolidar los avances alcanzados y proyectar al INFOTEP hacia nuevas metas, siempre en coherencia con su compromiso social y productivo.

Sus palabras fueron transmitidas de manera virtual a nivel nacional y pronunciadas de forma presencial desde el auditorio del edificio corporativo ECI, en un encuentro que reunió a directivos y personal administrativo.

Morla Pineda estuvo acompañada por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, quien previamente se desempeñó como director general del INFOTEP.