SANTO DOMINGO (República Dominicana). –En el proceso fueron condenadas 8 personas, entre ellas William Lizandro Rosario Ortiz, quien deberá cumplir 5 años de prisión. 

Al acoger argumentaciones jurídicas presentadas por el Ministerio Público, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó los recursos de casación incoados por los condenados por su participación en el fraude del sorteo de la Lotería Nacional investigado con la Operación 13.

El procesado William Lizandro Rosario Ortiz buscaba que la SCJ anulara la condena de cinco años de prisión que le impuso la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante su sentencia penal núm. 502-2024-SSEN-00030, del 14 de marzo de 2024.

La corte de apelación condenó al procesado por violación a los artículos 179, 180, 265 y 266 del Código Penal Dominicano; los artículos 3 y 5 de la Ley núm. 448-06, Sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, los cuales tipifican y sancionan los tipos penales de soborno a funcionario público, por haberse presentado pruebas suficientes que destruyen su presunción de inocencia.

La Suprema Corte también declara al coimputado Eladio Batista Valerio culpable de violar las disposiciones de los artículos 265 y 266 del Código Penal dominicano.

En ese sentido, condena a Batista Valerio a cumplir la pena de tres años de reclusión, con la suspensión total y condicional de su cumplimiento bajo las reglas del artículo 41 del Código Procesal Penal que disponga el juez de ejecución de la pena. “Queda expresamente advertido el imputado que si comete una nueva infracción o si desobedece las reglas podrá dar lugar a que la suspensión condicional sea revocada y la condena impuesta en su contra será ejecutada, obligándolo a su cumplimiento íntegro en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres”.

La Suprema condenó a William Lizandro Rosario Ortiz y a Eladio Batista Valerio al pago de las costas penales del proceso.

En el proceso también fueron condenados Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, siendo condenados a cinco años de reclusión cada uno, tres en los CCR Najayo Mujeres y Najayo Hombres y dos suspendidos.

De igual forma fueron condenados Miguel Mejía y Rafael Mesa, los cuales fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida.

La decisión de la SCJ fue notificada al Ministerio Público y marcada con el núm. SCJ-SS-25-1227, del 31 de octubre de 2025, fue dictada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, María G. Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Polanco.

En las audiencias ante la SCJ el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, la procuradora de Corte Mirna Ortiz Fernández y los fiscales Miguel A. Crucey Rodríguez, Andrés Octavio Mena, Yudelka J. Holguín Liz y Alexis Piña Echavarría.

Mediante la sentencia núm. 249- 04-2023-SSEN-00027, de fecha 6 de marzo de 2023, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, William Lizandro Rosario Ortíz había sido sentenciado a 7 años de cárcel.

El tribunal de primera instancia lo declaró culpable por violación a los artículos 179, 180, 265 y 266 del Código Penal Dominicano los artículos 3 y 5 de la Ley núm. 448-06, Sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, los artículos 3 numeral 2), 9 numeral 2), de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los cuales tipifican y sancionan los tipos penales de soborno a funcionario público, soborno activo y lavado de activo, por haberse presentado pruebas suficientes que destruyen su presunción de inocencia.

La oferta formativa 2026 fortalece la formación 4.0, las áreas STEM y el inicio de capacitaciones técnica en los politécnicos del MINERD.

HAINA, San Cristóbal. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) dio inicio formal a la docencia presencial y virtual correspondiente al año 2026, con la meta de capacitar a más de 918 mil participantes en todo el territorio nacional, mediante una oferta formativa alineada con las demandas del sector productivo y el desarrollo del país.

Este nuevo ciclo formativo se enmarca en el Plan Operativo Anual (POA) 2026, que contempla la ejecución de 49,129 acciones formativas, sustentadas en una oferta de 643 programas de capacitación, orientados a fortalecer las competencias técnicas y profesionales de jóvenes y adultos.

El acto estuvo encabezado por Rafael Santos Badía, saliente director general del INFOTEP, y contó con la presencia del ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien participa en su condición de presidente ex oficio del Consejo Directivo del INFOTEP.

Olivares, destacó que el INFOTEP es uno de los mayores aciertos del Estado dominicano en las últimas décadas, al convertirse en una institución clave para la preparación del capital humano que demanda el mercado laboral moderno.

“El INFOTEP es un referente de éxito para la República Dominicana y una de las mejores decisiones que ha tomado el Estado dominicano. Su visión y trayectoria han permitido formar el capital humano que hoy sostiene sectores clave de nuestra economía y responde con éxito a los desafíos del nuevo mercado laboral.”

Señaló que el éxito del INFOTEP ha sido determinante para el desarrollo de sectores estratégicos como el turismo, la industria y, más recientemente, la transformación digital.
Mientras que Santos Badía dijo que el programa integral de formación diseñado para el 2026 busca impactar de manera directa la economía dominicana, al preparar a cientos de miles de jóvenes y adultos para su incorporación a empleos dignos y bien remunerados.

“Para este 2026 hemos programado 49,129 acciones formativas, con las que alcanzaremos a más de 918 mil dominicanos y dominicanas, incorporando formación 4.0, áreas STEM, Formación Dual, Formación Continua en Centro, así como capacitaciones en los Politécnicos del MINERD, un esfuerzo que impactará directamente la economía nacional y permitirá que miles de personas transformen sus vidas a partir de la formación y capacitación recibidas”, indicó.

En el ámbito de la modalidad virtual, informó que se incorporan 84 programas, ampliando el acceso a la formación técnico profesional y facilitando la participación de personas desde distintas regiones del país, independientemente de su ubicación geográfica o condiciones laborales.

Cobertura nacional y capacidad operativa

La docencia 2026 se desarrollará a través de una red nacional integrada por 60 centros propios del INFOTEP y 234 Centros Operativos del Sistema (COS), con el respaldo de 3,085 docentes y facilitadores, distribuidos en todo el territorio, responsables de asegurar la calidad, pertinencia y alcance de los procesos formativos.

En este contexto, el INFOTEP reafirma su compromiso de incrementar la empleabilidad, elevar la productividad nacional, reducir las brechas de acceso a la formación técnico profesional y fortalecer las capacidades técnicas, productivas y humanas de jóvenes y adultos, en consonancia con las nuevas demandas del empleo y la innovación.

Asistencia al sector empresarial

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento del aparato productivo, el INFOTEP prevé brindar asistencia a 5,610 empresas durante el año 2026, lo que representa un incremento del 13 % respecto a la meta alcanzada en 2025.

Esta atención incluirá 1,068 microempresas, 1,451 pequeñas, 1,588 medianas y 1,503 grandes empresas, distribuidas en todo el territorio nacional.

Acto de inicio

El acto de inicio de la docencia presencial y virtual se realizó en el Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez, de la Dirección Regional Valdesia, ubicado en Haina, con la presencia de autoridades municipales y gubernamentales, representantes del sector productivo, juntas de vecinos, actores institucionales y colaboradores de la institución.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparencia Internacional en Berlín, en el día de hoy, muestra un escaso avance y en muchos casos retrocesos en la lucha mundial contra la corrupción pública en más de una década.

La República Dominicana avanzó por quinto año consecutivo, al alcanzar 37 puntos, ocupando el puesto 99, mientras en el 2020 había obtenido la más baja, con 28 puntos y el puesto 136.

El informe de Transparencia Internacional señala que “La corrupción está empeorando en todo el mundo y afecta incluso a democracias consolidadas, que están registrando un aumento de la corrupción en un contexto de debilitamiento del liderazgo”. Los datos de TI muestran que el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12, hace una década, a tan solo cinco este año.

Los datos muestran que incluso las democracias, que por lo general obtienen mejores resultados en la lucha contra la corrupción que las autocracias o las democracias imperfectas, están experimentado un preocupante deterioro en su desempeño en el índice.  “Otro patrón preocupante es el aumento de las restricciones impuestas por muchos Estados a las libertades de expresión, asociación y reunión. Desde 2012, 36 de los 50 países con descensos significativos en las puntuaciones del IPC también han experimentado una reducción del espacio cívico.”

Principales hallazgos sobre la corrupción global

El IPC clasifica a 182 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy muy limpio).

La puntuación promedio mundial en 2025 fue de 42 sobre 100, su nivel más bajo en más de una década, lo que apunta a una preocupante tendencia descendente, incluyendo en países que tradicionalmente sacaban buenas notas.

“La gran mayoría de los países no está logrando mantener la corrupción bajo control: más de dos tercios —122 de 180— obtuvieron una puntuación inferior a 50.”

Por octavo año consecutivo, Dinamarca tiene la puntuación más alta del índice (89), seguida de cerca por Finlandia (88) y Singapur (84).

Los países con las puntuaciones más bajas tienen, en su inmensa mayoría, sociedades civiles gravemente reprimidas y altos niveles de inestabilidad como Sudán del Sur (9), Somalia (9) y Venezuela (10).

República Dominicana con relación a América Latina y el mundo

Del continente americano participaron 33 países, con una puntuación promedio de 42 puntos. La República Dominicana, en este grupo ocupa la posición 18, por debajo de Canadá, Uruguay, Barbados, Bahamas, Estados Unidos, Chile, Saint Vincent y Granadina, Dominica, Santa Lucia, Costa Rica, Grenada, Jamaica, Trinidad y Tobago, Cuba, Guyana, Suriname y Colombia. Sin embargo, esta por encima de: Argentina, Belize, Brasil, Panamá, El Salvador, Perú; Bolivia, México, Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. Diez de estos países bajaron significativamente su puntuación en los últimos años, siendo República Dominicana el único del continente que aumentó, pasando de 28 en el 2020 a 37 en el 2025.

Participación Ciudadana considera que, aunque el país ha avanzado en este índice, todavía no hay mucho que celebrar. Por el contrario, en estos momentos el optimismo está amenazado por los escándalos de corrupción que se han conocido recientemente y que es muy posible que afecten nuestra puntuación en los próximos años.

Para que sigamos aumentando la confianza es necesario enviar mensajes muy claros de que estos avances no son vulnerables, sino que se asientan en instituciones públicas transparentes y honestas, mayor control del gasto público, acciones rápidas contra los funcionarios que se involucren en faltas éticas y, sobre todo, que la justicia actúe con presteza y eficacia contra todos aquellos a quienes se le demuestre actos de corrupción.

¿Cómo se obtiene el IPC?

El IPC puntúa a 182 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de la corrupción en el sector público. Las puntuaciones reflejan las opiniones de los expertos y las encuestas de los empresarios, no del público. Los capítulos nacionales no intervienen en la elaboración del IPC.

El IPC se calcula utilizando datos de 13 fuentes externas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de riesgo y consultoría, grupos de expertos y otros.

El IPC utiliza una escala de 0 a 100; 100 es muy limpio y 0 es muy corrupto.

• Cambio de metodología

Consejo Nacional

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 84-26, mediante el cual realizó nuevas designaciones en áreas estratégicas del Estado, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión pública.

La disposición presidencial designa a Rafael Evaristo Santos Badía como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Santos Badía, quien se desempeñaba hasta el momento como director general del Infotep, es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE), técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU, y posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la UASD, así como en Relaciones Internacionales por la UTE.

Docente y experto del sector sindical y del tripartismo dominicano, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito legislativo, educativo y de la concertación social. Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, participó en el Plan Decenal de Educación y ha sido miembro de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social magisterial. Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, grado Caballero, entre otras distinciones.

El referido decreto también establece la designación de Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República. Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con especialidad de posgrado en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la PUCMM. Posee más de 24 años de experiencia en el sector público, destacándose por la creación e impulso de importantes sistemas de control, gestión financiera y supervisión del gasto público.

La disposición deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Pepca solicita imposición de penas que incluyen multas y la degradación cívica para el grupo que distrajo fondos de las arcas del Estado.

El Ministerio Público depositó la apelación a la sentencia que sólo impone siete años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y solicitó que, en cambio, que al procesado por corrupción administrativa se le imponga una condena de 20 años de cárcel y al pago de una multa de 400 salarios mínimos.

La procuradora de Corte, Mirna Ortiz, indicó que con este recurso el órgano acusador reafirma su desacuerdo con las penas impuestas por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, el cual, además, absolvió a varios de los procesados.

“Hemos depositado, ante la Presidencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el recurso de apelación a la decisión emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo”, señaló Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El Ministerio Público solicita que a Medina Sánchez se le imponga, asimismo, la degradación cívica, conforme a lo establecido en el Código Penal para destituir o excluir a los condenados de las funciones, empleos o cargos públicos, así como otras limitaciones de derecho establecidas por el legislador para resguardar el interés de la sociedad.

Para José Dolores Santana Carmona el Ministerio Público solicita que se le impongan 15 años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.

En el caso de Fernando Aquilino Rosa Rosa, absuelto por el Segundo Tribunal Colegiado, solicita que se le impongan diez años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.

También solicita una condena de 10 años, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica para Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del procesado Juan Alexis Medina Sánchez, y para Wacal Vernabel Mendez Pineda.

En cuanto a Carlos Jose Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina, Carlos Martin Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez (Angelo), el Ministerio Público pide la imposición de diez años de reclusión mayor y el pago de una multa de 200 salarios mínimos.

El órgano acusador pide una pena de cinco años de reclusión, y el pago de una multa de 200 salarios mínimos, para Ramón Brea Morel (Jhonny Brea), mientras que, para Lima Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramirez Pacheco y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez busca cinco años de prisión, el pago de una multa de 200 salarios mínimos y la degradación cívica.

En cuanto a Aquiles Alejandro Christopher Sánchez el Ministerio Público solicita la imposición de dos años de prisión suspendida y la degradación cívica, y a Rafael Antonio Germosén Andújar a la pena de cinco años de prisión suspendida, el pago de una multa de 200 salarios mínimos y la degradación cívica. 

Para las personas morales Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), S.R.L., Editorama, S.A.S., R&T Construcciones e lnversiones, S.R.L., el órgano acusador pide que se le prohíba contratar con el Estado, su disolución, clausura y cierre, así como la cancelación de sus licencias, derechos y autorizaciones administrativas y estatales, además de una Multa de 200 salarios mínimos.

Decisión del tribunal en primera instancia 

En el proceso, las juezas establecieron que en la recolección de las pruebas se cumplió con el debido proceso de ley, Medina Sánchez, quien dirigía el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, por lo que fue condenado a siete años de prisión.

El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.

Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.

También, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas Solution Services CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.

Juan Alexis Medina Sánchez y los demás condenados deberán cumplir la prisión en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, además de que deberán pagar las costas penales del proceso.

En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.

En tanto, fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez

También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.

Santo Domingo.- La plataforma permitirá a la entidad y a las propias instituciones identificar debilidades, anticipar riesgos y asegurar una aplicación real y sostenible de dichas normas.

La Contraloría General de la República (CGR) avanza hacia un nuevo modelo de supervisión y fortalecimiento del control interno en el Estado dominicano, con la puesta en marcha del Sistema de Validación del Funcionamiento del Control Interno y la Sectorización de las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), proyectos que marcarán un antes y un después en la forma de evaluar, validar y acompañar la gestión pública.

El contralor general de la República, Félix Santana García, explicó que “ambas iniciativas, desarrolladas desde la Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría, responden a una visión institucional orientada a que el control interno deje de concebirse como un requisito formal y se consolide como una herramienta efectiva de prevención de riesgos, mejora continua y protección real de los recursos del Estado, en beneficio directo de la ciudadanía”.

Indicó que el Sistema de Validación del Funcionamiento del Control Interno Nobaci, es una plataforma digital que permitirá medir, validar y monitorear en tiempo real si los controles internos de las instituciones públicas están operando de manera efectiva, más allá de su existencia en documentos, manuales o matrices.

El funcionario sostuvo que el referido sistema transformará el enfoque tradicional del control interno, que durante años ha estado centrado en el cumplimiento declarativo, para dar paso a un modelo operativo, preventivo y sustentado en evidencias objetivas. La plataforma permitirá a la Contraloría y a las propias instituciones identificar debilidades, anticipar riesgos y asegurar una aplicación real y sostenible de las Normas Básicas de Control Interno.

“El control interno no puede limitarse a un expediente bien organizado o a una matriz correctamente llenada. Un control solo es efectivo cuando está bien diseñado, se ejecuta de forma consistente y produce el resultado esperado”, afirmó el contralor al referirse al alcance del nuevo sistema.

Asimismo, expresó que la plataforma permitirá el registro digital de los controles, el flujo automatizado de revisiones y aprobaciones, la carga y custodia de evidencias, la generación de alertas tempranas y paneles de monitoreo, así como la trazabilidad completa de cada control evaluado. Esto se traducirá en una medición objetiva, verificable y en tiempo real, lo que optimizará el tiempo del personal técnico y la validación trimestral confiable de la aplicación de las Nobaci.

Santana García dijo que la implementación del nuevo sistema se hará en este año 2026, en seis etapas: actualización de matrices y guías normativas, diseño y desarrollo de la herramienta digital, prueba piloto con diez instituciones, ajustes derivados de la experiencia, emisión de la resolución y, finalmente,  la capacitación, acompañamiento técnico y puesta en marcha a nivel institucional.

De igual forma, el funcionario sostuvo que la Contraloría también trabaja en el proyecto de Sectorización de las Normas Básicas de Control Interno, una evolución estratégica del modelo nacional que busca adaptar el marco Nobaci a las particularidades operativas, regulatorias y de riesgo de los distintos sectores del Estado.

Precisó que, desde su creación, las Nobaci han contado con un enfoque institucional general y con un modelo específico para los gobiernos locales, y que en el  2025, la institución dio un paso decisivo con la creación de las Nobaci Salud, lo que le sirvió de base para la implementación a partir del 2026 de una nueva fase de expansión del modelo sectorizado con la creación de dos nuevos esquemas: Nobaci Coraa, dirigido a las corporaciones de acueducto y alcantarillado, y Nobaci Defensa, orientado a las instituciones que integran el sistema de defensa y seguridad del Estado.

“La sectorización de las Nobaci nos permite construir controles más inteligentes, más útiles y más efectivos, porque no todos los riesgos son iguales ni todas las instituciones operan de la misma manera”, puntualizó el contralor.