Santo Domingo.- Estas adaptaciones al régimen de empresas públicas, alineadas a las disposiciones de la Ley núm. 479-08.

El presidente de la República dispuso mediante el Decreto núm. 55-26 y el 60-26, ambos del 30 de enero de 2026, el fortalecimiento y la readecuación institucional de dos entidades clave para el desarrollo nacional: la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT).

Estas adaptaciones al régimen de empresas públicas, alineadas a las disposiciones de la Ley núm. 479-08, General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, tienen como objetivo mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios públicos de transmisión eléctrica y transporte terrestre masivo.

En el caso de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el Decreto núm. 55-26 impulsa un proceso de fortalecimiento institucional orientado a consolidar su carácter de empresa pública estratégica, garantizar la continuidad y calidad del servicio público de transmisión eléctrica y adoptar un modelo de gestión moderno y eficiente, alineado con los desafíos de la transición energética y digital. La medida se realiza preservando plenamente su continuidad jurídica, operativa y patrimonial, sin afectar derechos, obligaciones, contratos ni activos existentes.

Asimismo, se fortalecen sus órganos de dirección y supervisión, se incorporan estándares modernos de gobernanza corporativa y se refuerzan los mecanismos de rendición de cuentas, dotando a la empresa de mayor autonomía técnica y operativa, al tiempo de mantener su adscripción al Ministerio de Energía y Minas y su sujeción a la rectoría y control del Estado. Este enfoque permitirá apoyar la expansión, modernización y digitalización de la infraestructura de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones por fibra óptica, en coherencia con el Plan Energético Nacional y la Estrategia Nacional de Desarrollo.

De igual forma, mediante el Decreto núm. 60-26, el Presidente dispuso la creación de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), que sustituye la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), en cumplimiento del artículo 356 de la Ley núm. 63-17 de  Movilidad, TransporteTerrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. Esta decisión reorganiza el modelo institucional del transporte terrestre masivo, separando las funciones de operación y mantenimiento de los sistemas, a cargo de la nueva empresa, de las actividades de desarrollo y ejecución de infraestructura, que quedan bajo la responsabilidad exclusiva del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram).

Este decreto establece, además, un proceso expreso de supresión y liquidación institucional de la Opret, garantizando una transición jurídica, administrativa y operativa ordenada. Dicho proceso asegura la continuidad del servicio público de transporte masivo, la preservación de los derechos y obligaciones vigentes, la transferencia organizada de activos, contratos y relaciones jurídicas, así como la protección del personal conforme al ordenamiento jurídico aplicable, en atención a evitar cualquier afectación a los usuarios durante la transición institucional, bajo la coordinación de una Comisión Especial creada para dirigir, supervisar y acompañar el proceso de reforma y liquidación institucional.

Con estas medidas el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento y modernización institucional del Estado, la mejora continua de los servicios públicos y la consolidación de un modelo de gestión más eficiente, transparente y orientado al interés general, en beneficio del desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Santo Domingo.– Dentro de estos se encuentran la LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIAda, los Convenios Marco, la Asociación para la Innovación y la Contratación en Atención a Resultados.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en su calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), emitió este viernes la Resolución Núm. PNP-01-2026, la cual establece las disposiciones generales para el inicio de la implementación de la nueva Ley Núm. 47-25 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante el Decreto Núm. 52-26.

Mediante dicha resolución, la institución explicó que todos los procedimientos de contratación iniciados antes del 29 de enero de 2026, así como sus contratos y liquidaciones, se regirán por la normativa vigente al momento de su convocatoria, es decir, de la Ley Núm. 340-06. Esta medida garantiza la seguridad jurídica de los procesos en curso durante el cambio de régimen legal.

Implementación operativa gradual

La DGCP informó que la implementación de los nuevos procedimientos de contratación previstos en el nuevo marco legal se realizará de manera progresiva en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

Dentro de estos se encuentran la licitación pública abreviada, los convenios marco, la asociación para la innovación y la contratación en atención a resultados, para cuya implementación se emitirá una reglamentación especial y documentación estandarizada.

En tanto, las modalidades de selección ordinaria que permanecen vigentes son la licitación pública nacional e internacional, la subasta inversa, el sorteo de obras, la compra menor (ahora contratación menor), las compras por debajo del umbral (ahora contratación directa sujeta al umbral) y la comparación de precios (ahora contratación simplificada).

Umbrales topes

La DGCP informó que se mantienen vigentes los umbrales del año 2025 (Res. PNP-01-2025) hasta tanto, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos emita los valores ajustables de contratación pública del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), de conformidad con el párrafo 6 de la Sección H del Anexo 9.1.2 (b) (i) de dicho tratado y esta Dirección General emita otro acto administrativo con los montos actualizados para este año 2026.

Régimen de sanciones e inhabilidades ya son aplicables

La DGCP enfatizó que la implementación progresiva de los nuevos procedimientos no podrá ser invocada para suspender, limitar o inaplicar los principios rectores, los derechos de los oferentes, las obligaciones de las instituciones contratantes ni las disposiciones fundamentales previstas en la Ley Núm. 47-25 y su reglamento de aplicación.

En ese sentido, ratificó que el Régimen de unhabilidades, sanciones administrativas y penales para los servidores públicos y proveedores, así como el Régimen especial de revisión de decisiones administrativas e investigaciones en materia de contrataciones públicas, ya son aplicables bajo la nueva ley.

Capacitación

Finalmente, la DGCP reafirmó su compromiso con la profesionalización y capacitación de los actores del sistema de contrataciones, por lo que recordó que, a través de su Campus Virtual, está disponible el curso “Principales Novedades de la Ley Núm. 47-25”.

Asimismo, informó que se iniciará un cronograma intensivo de formación dirigido a los Comités de Contrataciones y Unidades Operativas de todas las instituciones sujetas a la ley, cuyas fechas serán informadas oportunamente.

Para más información y acceso al texto íntegro de la resolución, los interesados pueden visitar la sección Marco Legal del portal institucional: https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/leyes-y-decretos/

Sobre la Ley 47-25

La nueva normativa, que entró en vigencia el 28 de enero de 2026, busca modernizar la gestión de las compras estatales, reforzar la transparencia y promover procesos más abiertos, justos y competitivos.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Establece que el Ministerio Público ya cubrió el propósito de ese pedimento, al realizar un informe pericial como parte de la etapa preparatoria.

El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional rechazó autorizar un peritaje particular en el Caso del Jet Set, como solicitaron los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por cometer homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, tras la investigación del colapso del techo de la discoteca que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas, el pasado 8 de abril de 2025.

“El juez declaró inadmisible dicha solicitud de peticiones por ser extemporánea”, explicó el fiscal Miguel Collado a los periodistas que abordaron al Ministerio Público a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

“Establecía, el juez, que esa solicitud de peticiones debió conocerse inicialmente en la etapa de investigación, que ya es una etapa precluida. Y, también estableció, que el pedimento hecho en esa resolución de peticiones ya fue cumplido por el Ministerio Público”, resaltó Collado.

El fiscal adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público precisó que lo solicitado por los imputados ya está establecido en el informe pericial de instituciones nacionales y técnicos dominicanos y extranjeros aportado por el Ministerio Público en su acusación.

“Ellos solicitaban que se realizara un nuevo informe pericial, con relación a los hechos que dieron lugar al lamentable caso del derrumbe del Jet Set. El Ministerio Público en su acusación, específicamente la prueba pericial número uno, presentó el informe pericial realizado por peritos, no solamente nacionales, sino peritos internacionales, quienes llegaron a la conclusión de las causas de dicho desplome, causas que conocen tanto las defensas como toda la parte querellante”, precisó.

En la audiencia, el juez Raymundo Mejía indicó que su decisión está basada en la extemporaneidad de la solicitud, la cual fue declinada por el juez Amuri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, tribunal control de este proceso judicial.

Al pedimento del Ministerio Público también se adhirieron los abogados que representan a las víctimas del desplome del techo de la discoteca, quienes indicaron que, además de presentar una solicitud fuera de tiempo, la defensa de los procesados no presentó documentos que avalen la expertise de los técnicos peritos sugeridos.

El Ministerio Público, en el expediente acusatorio, establece, que los acusados agravaron su responsabilidad penal al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura.

Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando, en cambio, el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

En su acusación el Ministerio Público incluye los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo).

El Ministerio Público sustenta que, en sus acciones, como responsables de la operación del local de diversión ubicado en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

El órgano acusador sustenta la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

El juez Raymundo Mejía recordó que el inicio de la audiencia preliminar está fijado para el próximo 16 de febrero.

SANTO DOMINGO (República Dominicana). – Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, la Tercera Sala Penal del Tribunal de Primera Instancia de Santo Domingo Oeste condenó a 20 días de prisión, bajo la modalidad de pena suspendida, así como el pago de 20 salarios mínimos a un hombre que incurrió en fraude eléctrico.

La condena le fue impuesta a Santo Arias Betancourt, quien tras la solicitud realizada por los fiscales Daysi A. García y el  Mario Cabral, adscritos a la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), deberá pagar una indemnización ascendente a 20 salarios mínimos en favor de Edesur Dominicana.

En la audiencia, presidida por el juez Julio César de los Santos Morla, el órgano persecutor del delito demostró que Arias Betancourt faltó a la Ley General de Electricidad (125-01) al cometer fraude eléctrico en perjuicio de la Distribuidora de Electricidad del Sur, Edesur Dominicana.

Falleció este viernes el dirigente político Ramón Alburquerque, a los 76 años, mientras recibía atenciones médicas en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), donde permanecía ingresado por complicaciones derivadas de un cáncer de hígado.

Alburquerque había sido tratado en los Estados Unidos y fue trasladado al país el pasado 16 de enero para continuar su tratamiento. La información sobre su fallecimiento fue confirmada por su hija, Mónica Alburquerque Mora, a través de la red social X.

Ramón Alburquerque fue presidente del Senado, representante de Monte Plata, expresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y uno de los miembros fundadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM). También ocupó importantes cargos públicos, entre ellos secretario técnico de la Presidencia, presidente de Refidomsa y de la Comisión Nacional de Energía.

Los detalles sobre las honras fúnebres serán ofrecidos oportunamente por sus familiares o por el PRM.