López Solís afirma que familiares de trabajadores fallecidos recibirán asistencia y beneficios que otorga la Ley 397-19.

SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), doctor Fausto López Solís, informó a un equipo de médicos auditores y investigadores de esa entidad en el Gran Santo Domingo ha sido enviado a todos los centros de salud donde fueron trasladados los trabajadores heridos en el trágico derrumbe del techo de la Discoteca Jet Set.

“Al tiempo de expresar nuestros sentimientos de solidaridad con las familias de los fallecidos, con los heridos y sus familiares, anunciamos que el IDOPPRIL estará en cada uno de los hospitales y clínicas privadas donde han sido trasladados los trabajadores lesionados durante este trágico evento que ha provocado el dolor de toda la nación, a fin de ofrecer apoyo y protección a nuestros afiliados”, manifestó el doctor López Solís.

El funcionario dijo que un equipo amplio de médicos auditores y de investigadores estará haciendo los levantamientos de lugar para que los músicos, camareros, personal de seguridad y administrativo que se encontraba realizando su jornada laboral como cada lunes en esa prestigiosa discoteca reciban el apoyo total del Seguro de Riesgos Laborales (SRL).

“La pena nos embarga, pero no escatimaremos esfuerzos para que todos los trabajadores afectados o sus familiares reciban la protección del IDOPPRIL. Es el deseo del Presidente Luis Abinader de que todos los que realizaban algún tipo de trabajo durante esta lamentable tragedia reciban a la mayor prontitud todos los beneficios que otorga la Ley 397-19”, afirmó el director del IDOPPRIL.

Al menos 15 personas murieron y más de 100 resultaron heridas, al desplomarse esta madrugada el techo de la discoteca Jet Set en la capital, informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Hasta el momento han sido rescatadas 46 personas, que recibieron atenciones médicas, dijo la Policía Nacional.

En la discoteca, muy popular por sus fiestas de los lunes a la que acuden personalidades locales, había cientos de personas mientras cantaba el popular merenguero dominicano Rubby Pérez, cuyo paradero no ha sido precisado.

El presidente Luis Abinader lamentó la tragedia y aseguró que "todos los organismos de socorro han brindado la asistencia necesaria y están trabajando incansablemente en las labores de rescate. Nuestras oraciones están con las familias afectadas.

En el lugar se encuentran los directores, del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el general Juan Manuel Méndez; de la Policía Nacional, mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta y en representantes del Ministerio de Defensa.

En la operación participan unidades del Sistema 911, el cuerpo de Bomberos, personal de la DICRIM, la Defensa Civil, así como equipos médicos y de rescate.

EFE

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader lamentó la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set en la madrugada de este martes tras el colapso del techo del centro de diversión ubicado en el kilómetro 6 de la avenida Independencia.

"Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. Hemos seguido el caso minuto a minuto desde que ocurrió. Todos los organismos de socorro han brindado la asistencia necesaria y están trabajando incansablemente en las labores de rescate. Nuestras oraciones están con las familias afectadas", afirmó el mandatario a través de un mensaje en su cuenta de X.

Según reportes, hasta las 4:40 a. m. habían sido rescatadas 46 personas del lugar de los hechos, donde el jefe de Estado activó todos los organismos de socorro para dar asistencia.

En el lugar se encuentran el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general (r) Juan Manuel Méndez; el de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y en representación del ministro de Defensa, teniente general, Carlos Antonio Fernández Onofre, el comandante general de la Armada de República Dominicana y del Comando Conjunto Unificado, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez.

En la operación participan unidades del Sistema 911 y de los bomberos, junto con personal de la Dicrim y de la Defensa Civil, así como equipos médicos y de rescate.

El hecho ocurrió en la acostumbrada fiesta que se realizaba en el lugar todos los lunes, en esta ocasión con el reconocido merenguero Ruby Pérez.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que imponga una condena de 20 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, acusado de liderar el entramado de corrupción administrativa que distrajo del erario más de RD$5,000 millones.

El órgano acusador, además, requirió que Medina Sánchez fuera condenado al pago de 400 salarios mínimos.

De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, Juan Alexis Medina Sánchez dirigió un entramado ilícito basado en contratos fraudulentos, tráfico de influencias y testaferrato.

En esa misma línea, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los procuradores fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González, solicitó ante las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, que le impongan 15 años de prisión a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, así como el pago de 200 salarios mínimos.

Igualmente, pidió 10 años de prisión para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; y para la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez. Esta misma pena fue solicitada contra Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.

De igual forma, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para: Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.

En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Rafael Antonio Germosén Andújar, solicitaron cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

El Ministerio Público, además, requirió una condena de tres años contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

El órgano del sistema de justicia solicitó que todos los acusados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por 10 años, al decomiso de todos los bienes incautados producto de las actividades ilícitas, y a la degradación cívica consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía reconocidos por la Constitución. También, solicitó que las penas sean cumplidas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, según corresponda.

En relación con Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos, bajo las condiciones de residir en un domicilio fijo, abstenerse de desempeñar cargos, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, mercado de valores o entidades públicas, y presentarse periódicamente ante el juez de la Ejecución de la Peña del Distrito Nacional. Asimismo, se solicitó el decomiso de valores (dinero) entregado voluntariamente por el acusado, o de bienes equivalentes, conforme a la Ley de Lavado de Activos, ascendentes a 15 millones de pesos.

La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, dijo que las sentencias solicitadas están acordes con la gravedad de los hechos cometidos por parte de Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, los cuales, conforme a las pruebas presentadas comprometen su responsabilidad penal.

Detalló que el Ministerio Público solicitó el decomiso de los bienes obtenidos con fondos que fueron drenados del erario, mediante las contrataciones irregulares, probadas durante más de un año en que han cursado las audiencias del presente juicio.

En tal sentido, Mirna Ortiz, hizo un llamado a la reflexión en torno a los casos de corrupción. “En cada peso drenado al Estado debemos pensar en las obras inconclusas, niños sin acceso a la educación y personas que no encuentran medicamentos o camas en los hospitales. Tenemos que vernos a nosotros mismos, como parte del Estado dominicano, que contribuimos a través del pago de impuestos y que no merecemos que un grupo sea el que se aproveche y beneficie ilegítimamente de esos recursos”.

Agregó “esperamos obtener las condenas que hemos solicitado y queda en manos del tribunal el otorgamiento de estas”.

explicó que el Ministerio Público ha demostrado con abundantes pruebas la existencia de una estructura criminal organizada que, a través de tráfico de influencias, testaferros, maniobras fraudulentas, contratos simulados y violaciones a las normas de contrataciones públicas, logró distraer millas de millones de pesos del erario en perjuicio de distintas instituciones del Estado.

Cargos que enfrentan los acusados

A Juan Alexis Medina Sánchez se le acusa de crear un entramado societario que sirvió como medio para obtener ventajas económicas en contrataciones con el Estado, en coalición con funcionarios, mediante tráfico de influencias, uso de documentos falsos y maniobras fraudulentas, entre ellas la simulación de contratos y el uso de prestanombres. Se le imputa incurrir en lavado de activos, desfalco, enriquecimiento no justificado y financiamiento ilícito de campañas políticas.

José Dolores Santana Carmona está acusado de ser parte de esta red como prestanombre y representante de varias empresas del entramado liderado por Medina Sánchez, facilitando la circulación de fondos ilícitos y sirviendo como intermediario para la adquisición de bienes que luego eran colocados a nombre de terceros.

Wacal Vernabel Méndez Pineda también figura como prestanombre y representante legal de empresas controladas por Medina Sánchez, participando activamente en maniobras de lavado de activos, simulación de contratos y adquisición de bienes producto de las actividades ilícitas del entramado.

Fernando Aquilino Rosa Rosa, en su calidad de director del Fonper, permitió la adjudicación de contratos y pagos irregulares a favor de empresas vinculadas al acusado principal, facilitando el envío de recursos públicos en beneficio del grupo criminal.

Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y también funcionaria del Fonper, está acusada de coalición de funcionarios, complicidad en el desfalco y otras maniobras para beneficiario al entramado liderado por su hermano, incluyendo la aprobación de pagos irregulares desde esa entidad.

Mientras que Carlos José Alarcón se desempeñaba como contador y facilitador de las operaciones contables que permitieron encubrir las actividades ilícitas del grupo. Está acusado de lavado de activos, complicidad y falsedad documental para maquillar el origen de los fondos obtenidos ilícitamente.

Ramón Brea Morel (a) Jhonny Brea fungía como representante de una de las empresas utilizadas por Alexis Medina para contratar con instituciones del Estado, participando en simulaciones de operaciones comerciales y ayudando a canalizar fondos del erario a través del esquema corrupto.

Lina Ercilia de la Cruz Vargas está acusada de complicidad en la red, al figurar como titular de cuentas y propiedades adquiridas con fondos ilícitos. Según el Ministerio Público, sirvió como testaferro en parte de las operaciones de ocultamiento de bienes.

Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez (a) Ángelo están acusados de lavado de activos y testaferrato.

José Idelfonso Correa Martínez está acusado de lavado de activos y porte ilegal de armas.

Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco está acusado de corrupción administrativa, asociación de malhechores, soborno, falsedad, desfalco y lavado de activos.

Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez está acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.

Rafael Antonio Germosén Andújar es acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.

Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó este lunes en manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el proyecto de ley que modifica la Ley núm. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. 

Se recuerda que el pasado domingo 6 de abril, el presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional ante la crisis en Haití. 

Una de las acciones anunciadas por el mandatario fue la presentación de una reforma al marco legal migratorio existente, la cual debe ser conocida con carácter de urgencia por el Congreso Nacional. 

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo manifestó que, con este depósito, el presidente cumple de forma inmediata con la cuarta de las medidas anunciadas. 

Explicó que el objetivo de esta iniciativa es modificar de manera puntual los artículos 2, 5, 6 y 7 del texto legal, con el fin de precisar los elementos que constituyen el tráfico ilícito de migrantes, establecer nuevas penas y adicionar circunstancias agravantes tanto para el autor principal como para el cómplice. 

Peralta Romero indicó que, en el artículo 2,  se amplía la definición y se agregan los elementos constituyentes de tráfico

ilícito de migrantes, debido a que la contenida en la ley vigente impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público y aplicación de las normativas correspondientes.

Asimismo, el artículo 5 introduce la tipificación de delitos por omisión, estableciendo que se considerarán penalmente responsables aquellas personas que, por deber legal o vínculo con la víctima, omitan actuar para evitar el daño. 

Se detallan condiciones específicas, como la asunción voluntaria de protección o vigilancia, o la creación previa de una situación de riesgo para el bien jurídico protegido. La omisión será penalizada cuando el daño producido sea equiparable al resultado de una acción directa. 

En el artículo 6, se redefine la participación del cómplice en la comisión del crimen de tráfico ilícito de migrantes. 

De igual forma, el artículo 7 incorpora nuevas circunstancias agravantes aplicables tanto al delito de tráfico ilícito de migrantes como al de trata de personas. Estas incluyen la relación entre el autor y la víctima, el grado de vulnerabilidad de la víctima, la gravedad del daño causado y los medios utilizados para cometer el delito. 

También se incrementan las penas cuando concurren estas agravantes, tanto para los autores principales como para sus cómplices. 

De ser aprobada la iniciativa del Poder Ejecutivo, se producirá un endurecimiento significativo de las sanciones a los infractores y se fortalecerá el marco legal contra este flagelo. 

“El delito de tráfico ilícito de migrantes pasaría de una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un rango de 12 a 20 años de reclusión, con multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía”, explicó el consultor jurídico. 

Asimismo, se incrementan las sanciones para los cómplices y se incorporan agravantes adicionales, como el uso de armas, el daño a personas adultas mayores o la muerte de la víctima del tráfico, “estas circunstancias podrían conllevar penas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos”. 

Por su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que se trata de un problema nacional que preocupa a todos los ciudadanos. Señaló que el presidente de la República, en su alocución, expresó con claridad que este proyecto de ley debe ser aprobado con carácter de urgencia. “En un tiempo relativamente corto, vamos a aprobar este proyecto de ley, dada la importancia que representa para la República Dominicana”, expresó.

Pedro Brand.- En atención directa a las solicitudes expresadas por los munícipes durante el programa “El Gobierno Contigo”, el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) iniciará este martes el remozamiento de las instalaciones deportivas en 14 centros educativos del municipio Pedro Brand, pertenecientes al Distrito Educativo 15-06.

La iniciativa surge luego  del recorrido del presidente Luis Abinader por la zona, realizado el pasado 13 de marzo, donde escuchó las necesidades de la comunidad en el marco del programa gubernamental.

Como respuesta, el Inefi se trasladó para atender una de las principales demandas de los ciudadanos: el rescate de las canchas escolares. 

Las instalaciones a intervenir fueron identificadas a través de un levantamiento realizado por el director de la Regional 15, del Ministerio de Educación, Eddy Chávez, quien coordinó, junto con el Inefi, la selección de los centros con mayor urgencia de intervención.

El director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez, destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso del Gobierno con la población.

“Las instituciones del Estado estamos llamadas a responder con hechos a lo que las comunidades expresan en ‘El Gobierno Contigo’. Por eso, desde el Inefi asumimos con responsabilidad el remozamiento de las canchas escolares de Pedro Brand, para devolverle dignidad y funcionalidad a estos espacios deportivos fundamentales para el desarrollo de nuestros estudiantes”. 

Rodríguez informó, además, que luego de estas primeras intervenciones en Pedro Brand, el Inefi continuará su agenda de reparaciones en otras localidades del Gran Santo Domingo, como Los Alcarrizos, Santo Domingo Este y sectores de la Circunscripción 2 del Distrito Nacional, como Cristo Rey, en una labor continua para fortalecer la infraestructura deportiva escolar del país.