Santo Domingo, 25 abr (EFE).- República Dominicana prosigue con la detención y repatriación de haitianos indocumentados, pese a las críticas recibidas, y este viernes informó del arresto de casi 900 de ellos y la expulsión de otros 785 en situación migratoria irregular en un solo día.
Según la Dirección General de Migración (DGM) dominicana, el jueves fueron detenidos 877 haitianos en varios puntos del país y otros 785 indocumentados fueron repatriados, a pesar de los llamamientos de organismos internacionales y organizaciones para evitar las expulsiones ante la crisis multidimensional y la extrema violencia en Haití que solo el año pasado causó más de 5.600 muertes.
En un comunicado, Migración aseguró que los arrestos se llevan a cabo «bajo un estricto protocolo garante de las prerrogativas y la dignidad, así como del respeto y la seguridad de las personas, en particular de las mujeres, envejecientes y de los menores», quienes «solo se repatrían si están acompañados de familiares adultos».
En estas operaciones participan, además de la DGM, organismos como el Ejército de República Dominicana, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea o el Ministerio Público, entre otros.
En octubre pasado, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la expulsión masiva de migrantes en situación irregular, unos 10.000 por semana, lo que afecta en su práctica totalidad a los haitianos, y, según datos oficiales, desde entonces más de 180.000 haitianos han sido deportados.
Este mes se anunciaron nuevas medidas, entre ellas un polémico protocolo que entró en vigor el pasado lunes en 33 hospitales públicos dominicanos conforme al cual se verifica que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio y que cubran el costo de los servicios recibidos. En caso contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados.
Esta disposición afecta en gran medida a mujeres embarazadas y parturientas.
Críticas ante unas medidas polémicas
El jueves, el Consejo Presidencial de Transición de Haití condenó «con la mayor firmeza toda forma de discriminación y toda violación de los derechos fundamentales» a sus ciudadanos en República Dominicana, alertó de que las condiciones en las que se llevan a cabo las expulsiones son «especialmente preocupantes» e instó a las autoridades dominicanas a «respetar los derechos humanos» de sus nacionales.
Frente a ello, el Gobierno dominicano respondió que las repatriaciones de haitianos en situación migratoria irregular se realizan en el marco de la ley, con respeto a la dignidad y los derechos humanos, y que responden a la responsabilidad «irrenunciable» del Estado de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos.
El protocolo de verificación migratoria en hospitales ha generado críticas desde diferentes sectores, entre ellas la del secretario general de la ONU, António Guterres, una medida que, según su portavoz Stéphane Dujarric «puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria -entre ellas mujeres a punto de dar a luz- y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros».
También Amnistía Internacional consideró que ello «no solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de acudir a hospitales, poniendo vidas en peligro» y, en su lugar, indicó que el Gobierno dominicano «debe adoptar medidas concretas contra la discriminación racial, garantizar el acceso a protección internacional para las personas necesitadas y asegurar un entorno libre de estigmatización».
En respuesta, Abinader dijo que Amnistía Internacional «vaya a trabajar en Haití, que vayan a ocuparse de la situación de los derechos humanos en Haití, que no abandonen a Haití. Y a la comunidad internacional también que lo haga», para añadir: «Mi responsabilidad es defender a la República Dominicana». EFE
